HAVANA CLIMA

responsabilidad parental

Apuntes sobre el Código de las Familias desde un pensamiento católico

Una profesora universitaria me escribió hace un tiempo para preguntarme si le podía hacer llegar la opinión de la Iglesia católica sobre el Código de las Familias. En el WhatsApp de respuesta le expresé: «Hoy día la imagen perfecta para ilustrar el pensamiento católico cubano es un poliedro, es decir, la unión de todas las posiciones disímiles sobre un determinado tema que en la unidad conservan la originalidad de su parcialidad. No hay una sola respuesta desde el catolicismo cubano con respecto al proyecto de Código en discusión».
Después, le compartí el mensaje del Comité Permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba sobre el asunto, pues es la opinión eclesial emitida de mayor institucionalidad.
El reto es poder leer el Código de forma sosegada e íntegra, pues surfean a nivel barrial y eclesial diversos criterios sobre él, incluso sin haberlo leído, lo que complejiza la salud del debate. Vale destacar que mientras el país permanece cerrado a tópicos concebidos desde lo más avanzado de Europa respecto a temas vinculados con derechos de la sociedad civil —como las protestas masivas legalizadas—, en el referido Código han entrado a colación varios asuntos del mayor interés para el sistema cultural europeo.
Un punto a reflexionar es que se debió haber transformado primero el Código Civil o, al menos, a la par del de las Familias. Este paso, por alguna razón, se ha ido aplazando, lo que provoca un desfase entre los dos procesos y se evidencia en discusiones en un espacio como el Código de las Familias, que se deberían haber tenido dentro del Código Civil.
Sin embargo, no ha sucedido así con el Código Penal, que ha sido legislado en medio de todo este marasmo de debates, y su lectura, de gran importancia social, ha quedado relegada a un segundo plano para el cubano promedio.
Es indiscutible que el Código trae varias reformas loables, como las vinculadas a la protección de adultos mayores, necesaria en un entorno social en el que estos suelen vivir con mayor vulnerabilidad. Siempre es difícil legislar en el campo familiar, pues se trabaja con la materia humana y es preciso admitir que no se puede hacer ningún documento legal con la capacidad de satisfacer las demandas personales de cada cubano. Por eso, no es justo negar de plano todo el proyecto, sin antes tener una opinión fundamentada sobre el mismo.
(Imagen: Revista Alma Mater)

Si deseamos abordar el procedimiento de votación para aprobar el Código de las Familias, corresponde hablar del referéndum, un proceso donde todos los cubanos somos corresponsables con la decisión final.
Llama la atención que en la descripción de los pasos a seguir para el desenlace óptimo, se nombra singularmente la figura del matrimonio. Esto no ocurre con otros conceptos esbozados en el proyecto. Con seguridad, ello deviene del debate causado por el conocido artículo 68, que derivó en un artículo 82 de la Constitución que no decía nada y pospuso la definición, esbozada ahora en el Código de las Familias como «la unión de dos personas sin distinción de sexo».
Las urnas definirán la opinión pública mayoritaria, pero la opinión pública es un estado que se construye en base, sobre todo, a los flujos de información que llegan al pueblo desde las élites políticas y la utilización que estas hacen de los medios de comunicación. En otros países estos procesos son absorbidos en gran medida por los partidos, pero en el caso de Cuba, con un modelo político  de partido único y control absoluto de la esfera mediática, no hay mucha variedad en la manera de abordar el tema desde los medios de comunicación.
Tal situación propicia que el elector vaya a las urnas con una perspectiva coaccionada. Para que esta sea libre necesitaría diversas fuentes de información que le permitan cimentar una visión propia, buena o mala, pero suya. Hace poco se trasmitió un programa televisivo en el que un pastor bautista cuestionaba el Código, mientras una pastora presbiteriana evidenciaba otra postura. Eso estaría bien si siempre fuera así, pero este tipo de debate es un ave rara en los medios.
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En un referéndum de quinientos artículos, las asambleas locales no parecen ser la fuente más adecuada, además, podríamos cuestionar cuántos se han leído el Código. Ir a las urnas a votar un Código cuyos impulsores saben que la mayoría de los votantes no va a leer, cambia en gran medida la democracia ideal alrededor del proceso.
Responsabilidad Parental
Entre los tópicos objeto de mayor debate en las redes, destaca el de la responsabilidad parental. Este nuevo concepto sustituye al de patria potestad. Según una de las miembros de la comisión redactora del nuevo Código, la Dra. Ana María Álvarez-Tabio Albó, «desde que los derechos bajan a nuestras casas y nos tocan a la puerta, no queda más que asignarlos a un proceso de construcción de su legalidad». (1) 
La responsabilidad parental se basa en el principio ―para resumir el asunto a los lectores― de que las madres y padres no tratan igual a sus hijos durante cualquier etapa de sus vidas, y la ley debe responder a esa obviedad.
Según la academia, el cambio de paradigma en la responsabilidad parental es hacia los derechos del niño, pues se le concibe como sujeto en desarrollo, capaz de ser avalado por sus propios derechos. La potestad en el derecho romano incidió, sobre todo, en dos acápites: la potestad marital, con la cual el marido podía hasta disponer de los bienes de su esposa, y la potestad sobre sus hijos, que le otorgaba la posibilidad de hacer con ellos lo que le pareciera mejor, incluso venderlos. Con el tiempo, dicho principio se ha ido transformando hasta quedar en el imaginario como el derecho de un adulto sobre un menor.
El lenguaje tiene un peso importante en las denominaciones que damos a las cosas; no es lo mismo decir «un incapaz», que «una persona con alguna discapacidad». En el nuevo Código se justifica el cambio de patria potestad por responsabilidad parental con marcada intención. (2)  La responsabilidad parental tiene que ver mucho con el principio de autonomía progresiva, que plantea que el niño se desarrolla biológicamente de manera constante y debe ir adquiriendo derechos en la misma medida.
El proyecto hace una distinción entre la titularidad de la responsabilidad de los hijos e hijas: nadie más que los padres la puede tener; pero afirma que el ejercicio de paternidad es otra cosa. La responsabilidad parental habla de la protección que madres y padres pueden guardar sobre sus hijos.
En Cuba, con el auge de las migraciones, muchos niños que estaban al cuidado de sus madres y padres, han quedado desprotegidos legalmente de tutor. En vista de eso, se introduce ahora la posibilidad de delegar el ejercicio de la guarda y cuidado de los menores a otros miembros de la familia. Antes, cuando había una separación, se legislaba automáticamente que la guarda y cuidado recaía en la madre; ahora no, bajo la responsabilidad parental se puede equiparar el derecho del padre al de la madre.
Se eliminará la definición de maltrato leve como una limitación que se arrastraba de la patria potestad, pues puede existir quienes golpeen levemente a sus hijos por años. Antes no se les podía quitar la custodia, ahora sí. En el nuevo Código se incorpora la figura del defensor familiar, cuya función es velar por los derechos de los menores desde las leyes autorizadas en el país.
También se brinda un valor jurídico a las figuras de madrastra y padrastro. Se les asignan deberes, pero también derechos a los que cumplan con ese reconocimiento familiar de cara al menor. La idea es ofrecerles la posibilidad de que, si alguna vez se rompe la relación de pareja, ellos puedan seguir teniendo relación con ese ser humano que han ayudado a crecer.
Es menester comprender la utilidad de adaptar, acorde a los signos de los tiempos, las normas jurídicas que acompañan a las familias cubanas. Por ejemplo, con el siglo xxi han surgido nuevos entornos a legislar, como la responsabilidad de los padres sobre los hijos en ambientes digitales. 
El interés superior y la autonomía progresiva cambian; por ejemplo, un menor que asegura que no quiere ir a la escuela porque desea trabajar, pero luego que causa baja de la escuela no trabaja, ¿qué sucederá con él?
El empoderamiento de niños y adolescentes en una sociedad donde se han perdido tantos valores, es un desafío. La institucionalidad cubana debe lograr una respuesta coherente a este empoderamiento del menor, y ello incluye la participación en cualquier litigio de un dirimente exterior nombrado por el Estado y ajeno a la familia, todo un reto.

Procesos asistidos de gestación
El Estado tiene el deber de garantizar a todas las personas las mejores condiciones para su salud, pero no puede imponerles cuándo tener hijos o cuántos. Respecto a la inseminación in vitro, no quedan establecidos varios aspectos, como qué se hará con los embriones sobrantes; entiéndase que los embriones son descendencia, o sea, hijos, y sobre eso solo deberían legislar los padres.
Las técnicas de reproducción asistida establecen que el donante puede elegir si participar o no, o si es anónimo o no. Hay Estados donde se prohíbe el anonimato, reconociendo así el derecho del menor a conocer sus orígenes. El anonimato pudiera ocasionar, en un caso extremo, que se produjeran relaciones incestuosas, y debería estar entre los asuntos a tener presentes en la nueva formulación que se llevará a referéndum.
La gestación solidaria se prevé en nuestro Código de forma altruista. Aquí el tema a debatir es que pueda ocurrir un secuestro afectivo para sacarle provecho a tal situación, asunto que escapa de la mera formalidad de un contrato civil. La gestación post-mortem tiene el riesgo del tema vinculado al interés del niño. La preocupación principal es su futuro, pues de manera planificada nacerá una criatura con un padre muerto, que no estará para responder a las demandas de su prole.
Luego de mencionar estos asuntos, polémicos de sí, es válido recordar que Cuba ha sido un país avanzado en materia de derecho familiar. Si vamos a la historia, podemos corroborar que en 1917 se aprobó una ley que permitía a las mujeres administrar sus bienes. En 1918 se dictó otra que concedía los mismos derechos jurídicos a mujeres y hombres en caso de divorcio.
El principio de igualdad en la corresponsabilidad parental fue aprobado desde 1950; hasta ese momento únicamente los hombres tenían derechos sobre sus hijos. En España, por citar un ejemplo, ese último tema fue aprobado una década después que en la Isla.
Que la sociedad cubana esté totalmente preparada para varias de estas nuevas disposiciones es algo difícil de afirmar previamente, pero es válido intentar actualizarse pues la vida cotidiana sigue enriqueciéndose de los conocimientos adquiridos. Es tarea de la Iglesia hacer que el Evangelio de Jesucristo llegue al corazón de las personas y las estructuras sociales; de ahí se desprende el derecho a opinar con base de cada católico cubano sobre el nuevo Código de las Familias.
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(1) Nota tomada por el autor en el encuentro En Diálogo, organizado por la revista Espacio Laical el jueves 6 de abril de 2022, en el Centro Cultural Félix Varela.
(2) Artículo 132: La Responsabilidad Parental es el conjunto de facultades que corresponden a los padres y madres para contribuir a la educación y formación de sus hijos.
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Estimados lectores:
Con tristeza debemos comunicarles que la gustada sección de la escritora Maylan Álvarez dejará de publicarse. Motivos ajenos (y contrarios) a su voluntad y a la nuestra la obligan a cerrar su espacio de sábados alternos. Sinceramente esperamos que cuando los tiempos sean más propicios (o menos adversos), pueda regresar con sus estampas, humor y agudeza. Hasta entonces, los brazos de La Joven Cuba están abiertos para ella.

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Reflexiones en torno al proyecto de Código de las Familias

A raíz del inicio de la Consulta Popular en torno al ante-proyecto del Código de las Familias, varios sectores de la sociedad civil han manifestado preocupaciones, dudas y rechazos. El aparato propagandista del Estado cubano lo presenta como un proyecto profundamente progresista, que incorpora al ordenamiento jurídico las tendencias más contemporáneas en materia de Derecho de Familias.
Sin embargo, una ciudadanía que finalmente ha aprendido a sopesar bien las iniciativas de un gobierno no democrático, siente que este nuevo Código deja zonas oscuras que requieren un análisis detallado. ¿Es realmente progresista el nuevo Código? La respuesta, a grosso modo, es que sí.
El ante-proyecto de Código de las Familias —que ya va por su versión veinticuatro— es muy superior al vigente. Se propone resolver cuestiones postergadas por años. Para empezar, elimina el matrimonio infantil, reformula el reconocimiento de las uniones de hecho afectivas, establece la posibilidad de regímenes económicos matrimoniales nuevos, desarrolla el tema de las obligaciones de alimento y cuidado.
Igualmente, incorpora un concepto de familia más amplio así como los derechos que le asisten a sus miembros, incluye la «personalidad progresiva», proscribe el castigo físico o psicológico como forma de educar al menor, reconoce el matrimonio igualitario; amplía la participación y derechos de los abuelos y otros familiares en la guarda, cuidado y educación del menor; introduce la «responsabilidad parental» en sustitución del concepto de «patria potestad», entre otros muchos aportes más.
Entonces, si en efecto es tan avanzado, ¿cuál es el problema?, ¿por qué tantos sectores de la sociedad civil han expresado inquietudes al respecto? Hasta el momento podemos decir que existen tres matrices de opinión contrarias a la propuesta del nuevo Código.
La primera , y tal vez la más criticable, es la de los sectores ultra conservadores de la sociedad, que todavía rechazan de plano al matrimonio igualitario y que familias homoparentales adopten. Son criterios basados en tradicionalismos o fundamentalismos evidentemente homófobos.
(Foto: vistarmagazine)
Durante años el Estado cubano apeló a estas fuerzas, tendentes al inmovilismo, para apuntalar su dominio sobre la sociedad civil; especialmente las iglesias protestantes ganaron un reconocimiento y estatus privilegiado ante el establishment, tal vez demasiado. Este Código es una especie de «golpe de Estado» para esos grupos, con fuertes lobbies en el PCC, de manera que han empezado a organizar campañas anti-código.
Al segundo grupo de opinión, sin dejar de lado las reticencias frente a los derechos de las minorías LGBTIQ+, le preocupa la desaparición de la «patria potestad» y su sustitución por la «responsabilidad parental». Muchos padres perciben que esta nueva institución expropia el derecho que tienen de educar a sus hijos; temen que el Estado se inmiscuya en su crianza o que eventualmente «se los quite».
En el vigente Código de la Familia, tanto la suspensión de la patria potestad como su pérdida están contempladas, de modo que estas preocupaciones podrían ser exageradas; sin embargo, no deja de ser un hecho que a la luz del anteproyecto la crianza y educación del menor dejan de ser un privilegio de los padres para convertirse en una responsabilidad compartida con toda la familia y tutelada a través de Fiscalía, Tribunales y la Defensoría de la Familia.
Numerosos padres ven con desconfianza que el nuevo Código limite sus potestades sobre la crianza de los hijos. Y tienen razones para estar preocupados, aunque el problema en sí no es el Código, sino el sistema totalitario en el cual se inserta. Los tribunales y fiscalía que tendrán a cargo el monitoreo de los derechos familiares y la tutela jurídica de los mismos, no forman parte de un poder independiente, sino son apéndices de un sistema de unidad de poderes; es decir, cuando se hace referencia a tribunales, es equivalente al Estado. Y eso no es todo.
La Constitución establece claramente en su artículo 5 que el Partido Comunista es la «fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado», ergo, los órganos que velarán por la protección de la familia y el cumplimiento de las obligaciones de la «responsabilidad parental» son parte de un Estado cuyo funcionamiento es regido por un partido único y una ideología única.
¿Habilita el nuevo Código la intromisión ideológica del Estado en el desarrollo de la familia? No, no lo hace; pero la Constitución, sí. El Partido no tiene límites en su actuar, al punto que se arroga la potestad de violar los propios derechos que la Constitución reconoce. Otro ejemplo del alcance de la mano del Partido en la interpretación y aplicación de la Ley está en el Decreto-Ley 370. En ninguna parte prohíbe expresar criterios contrarios al gobierno; sin embargo, se fuerza el sentido de sus artículos para acallar las voces disidentes. Nada impide que se haga algo semejante con la familia a través del Código.
(Imagen: Granma)
La tercera matriz de opinión, refiere que este Código no es más que una «cortina de humo» del régimen para desviar la atención de todas las violaciones de Derechos Humanos que comete, a la vez que ofrece un «lavado de cara» internacional. Esta visión asume que dentro del Estado y el Partido no hay luchas de poder, pero nada más lejos.
Por un lado juristas de la altura de Leonardo Pérez Gallardo y Yamila González Ferrer (por solo mencionar algunos nombres), han estado abogando por esta reforma desde hace años; por otro, el activismo LGBTIQ+ y pro familias, que en la última década ha ganado fuerza en Cuba (recordemos el 11M y el movimiento homónimo), ha contribuido a la presión dentro del Estado y obligado a la facción más retrógada a ceder ante la más moderada.
De hecho, existe cierta urgencia dentro del Estado para que el nuevo Código de las Familias sea aprobado a toda costa. Y no es menos cierto que la propaganda a favor del mismo sirve para desviar la atención del draconiano proyecto de Código Penal y de la tensa situación socio-política.
Hacia lo interno del poder en Cuba, esta reforma representa un pulso político entre las fuerzas más conservadoras y las moderadas —que desean continuar el programa raulista de transformaciones. De cara a la sociedad, el Estado quiere ganar a la comunidad LGBTIQ+; para nadie es un secreto que el reconocimiento legal del matrimonio igualitario mejorará la actitud de las minorías ante el régimen cubano, lo cual podría traducirse en menos apoyo a los activistas de la comunidad que son frontales al gobierno.
De cara al mundo, el nuevo proyecto tal vez sirva para obtener el apoyo de las izquierdas progresistas y adquirir una suerte de trofeo con el cual vender el éxito del modelo socialista. Quizás lo que más molesta a muchos —opositores incluidos—, es que se trata en general de un buen proyecto legislativo.
No obstante, es el propio sistema el principal enemigo del nuevo Código de las Familias. Para empezar, se trata de una ley muy inclusiva, pero hecha en un órgano excluyente y anti-democrático. La Asamblea Nacional del Poder Popular, con sus votos unánimes y su ideología única, no es plural ni representativa de la sociedad cubana, únicamente de la parte incondicional al Partido Comunista, que en los últimos dos años ha perdido notable influencia.
La Asamblea Nacional del Poder Popular, con sus votos unánimes y su ideología única, no es plural ni representativa de la sociedad cubana (Foto: @AsambleaCuba)
Como consecuencia, la sociedad civil no percibe esta nueva ley como lo que es, un producto para beneficiarla, sino como una imposición. Aun cuando se propone un discutible referéndum, parte de la ciudadanía no se siente identificada con el poder.
Tal vez, el único factor común que tengan las posiciones contrarias al Código es que no lo entienden, y que no les genera confianza nada que provenga del régimen. Ello no solo compromete la aceptación del Código, sino su aplicabilidad práctica. ¿Qué pasará cuando la aplicación del mismo genere choques con la moral media? ¿Es preciso votar el Código como un todo y no por partes? ¿La sociedad cubana estará lista para renunciar al concepto de «patria potestad»?
Ninguna de estas preguntas parece haber sido debidamente confrontada por el poder. El sistema está diseñado de forma vertical, lo cual provoca que cualquier criterio divergente sea desechado y combatido, aun si supone críticas constructivas.
Posiblemente las interrogantes fundamentales sean estas: ¿hasta qué punto un Estado que no respeta su propia Constitución y que no garantiza los derechos fundamentales será capaz de respetar y garantizar los derechos derivados de esta nueva Ley, o de cualquier otra?, ¿qué garantiza que no se intrumentalice el Código como se han instrumentalizado el resto de las leyes en función de los intereses de la casta gobernante? La respuestas son obvias.
Un Código tan progresista resulta anacrónico en un sistema político tan represivo, pues se están reconociendo derechos de tercera generación al mismo tiempo que se niegan derechos de primera generación. El verdadero problema no es, por ende, el nuevo Código de las Familias en sí —hasta ahora son muchos más sus aciertos que sus desaciertos—, sino el sistema mismo que lo crea, interpreta y aplicará a conveniencia.

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Polémica digital sobre ley de familias en Cuba

Ciudadanía, especialistas y medios de prensa desarrollan iniciativas y campañas a favor del Código de las Familias.
Foto: Tomada de la Revista Alma Mater.

Desde que el 12 de enero pasado se publicara el proyecto de ley Código de las Familias en la Gaceta Oficial de la República, no ha cesado el debate en redes sociales y plataformas digitales en el país caribeño. Aunque el gobierno le ha llamado “el Código de los afectos”, es hasta la fecha una de las legislaciones más comentadas en los últimos años en la isla caribeña.
El texto se encuentra en proceso de consulta popular desde el primero de febrero hasta el 30 de abril, donde prima la diversidad de criterios en contra y a favor del instrumento legal, si bien la mayor polémica hoy se mueve en el entorno digital.
Varias campañas de apoyo o en detrimento del proyecto de ley circulan en las redes sociales en internet, donde los mayores debates se asocian a términos como autonomía progresiva, la responsabilidad parental, el interés superior del niño o la niña, la gestación solidaria, el matrimonio igualitario y la adopción por parejas homoparentales.
Para las principales autoridades, la propuesta es un instrumento de múltiples alternativas. “Es un Código de sumas y multiplicaciones”, consideró Oscar Silvera, Ministro de Justicia, durante su presentación en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Es un código inclusivo que toma en cuenta el valor de los afectos, de todos los tipos de familias que existen y de cada persona sin distinción.
En consonancia, especialistas y voces ciudadanas apuestan a su aprobación, sobre todo por su enfoque a la protección de las personas en situación de vulnerabilidad.
“Es un código inclusivo que toma en cuenta el valor de los afectos, de todos los tipos de familias que existen y de cada persona sin distinción. Es una construcción jurídica que apuesta por la inclusión, la diversidad, la protección de derechos y el bienestar familiar de todos los cubanos”, manifestó en su perfil de Facebook, Mirta Leyva, investigadora del estatal Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
Centros ecuménicos como el Memorial Martin Luther King Jr. mostraron su apoyo en redes sociales. Según un comunicado a sus redes Fe por Cuba y Educadores y Educadoras Populares, el Código es “una buena oportunidad para la comunión nacional, este abre la posibilidad de ensanchar, en el ámbito familiar, la pluralidad que nos enriquece como sociedad”.
Ante el creciente debate en redes sociales, Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión de Juristas de Cuba, realizó una amplia explicación  en su perfil de Facebook sobre aspectos debatidos como la responsabilidad parental y la autonomía progresiva.
Sin embargo, a pesar del fuerte apoyo gubernamental y ciudadano, existe otra franja ciudadana y sobre todo de organizaciones religiosas que se manifiestan en contra de la legislación, con iniciativas similares al movimiento surgido en Lima, Perú, #Conmishijosnotemetas, que se opone a la inclusión del enfoque de género en las políticas públicas.
Para comprender la dimensión y aristas del debate, IPS Cuba resume algunos de los temas más comentados y las principales posturas, con algunos enlaces relacionados, tanto de la ciudadanía como de especialistas:

Responsabilidad parental

Quienes votan no: El término disminuye sutilmente o anula la autoridad legal de los padres y madres sobre sus descendientes. Permite que el Estado tenga la máxima autoridad y separe a los niños y niñas de sus progenitores cuando lo considere. Sostienen que hijos e hijas son de sus progenitores, no del Estado.
Quienes votan sí: Responde a la realidad familiar cubana. Implica que madres y padres tienen igual nivel de responsabilidad eliminando el término “patria potestad” que coloca poder único e indiscutible al hombre. Aboga por la corresponsabilidad dentro de cualquier tipo de modelo familiar. También brinda la oportunidad de la responsabilidad parental a abuelos, abuelas, tíos, tías u otro tipo de familiar que se encuentre cuidando a niños, niñas y adolescentes por diversas razones. La suspensión o privación de la responsabilidad parental solo se realiza cuando sea estrictamente necesario como consecuencia del incumplimiento grave o del imposible ejercicio de estas responsabilidades. Será siempre un último recurso que se revisará periódicamente. La responsabilidad parental lejos de limitar, debilitar o afectar la responsabilidad materna y paterna, la fortalece y enriquece.
Actualmente se desarrolla una fuerte campaña en contra del Código defendida, mayormente, por algunos sectores religiosos.

Autonomía progresiva

Quienes votan no: Esto permite que las y los menores puedan tomar decisiones sin el consentimiento de sus progenitores o tutores pues ya no existe la patria potestad. Pueden escoger cambiarse de nombre, sexo o casarse sin el permiso de sus familias. Pueden decidir no obedecer a sus padres o madres. Un niño o niña por lógica no ha madurado como para saber lo que es correcto o no, lo hará si es influenciado o manipulado.
Quienes votan sí: Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, no son objetos, ni propiedad de sus madres, padres o tutores. Es importante tener en cuenta su autonomía progresiva: en la medida que crecen, maduran y van adquiriendo un criterio propio sobre las cosas, puedan tomar decisiones, asumir responsabilidades y ejercer sus derechos. El modelo de crianza debe ser el razonamiento, la escucha, la reflexión y no la imposición y la violencia. Muchas personas adultas le temen a la pérdida de autoridad, si los hijos e hijas son escuchados. Esto no es así cuando se hace bien, pero algo sí está claro: es otra forma de ejercer la autoridad. Implica desmontar el autoritarismo y dar paso a métodos democráticos y más horizontales. La madurez progresiva es un concepto que ayuda a concederle un mejor carácter de justicia a las decisiones que se adopten sobre niños, niñas y adolescentes, pero que no implica que se haga, de modo literal, lo que desean.

Matrimonio igualitario

Quienes votan que no: Es necesario mantener el diseño original de pareja entre hombre y mujer. Se debería mantener la definición del actual Código que estipula el matrimonio entre un hombre y una mujer.
Quienes votan sí: Las familias son tan diversas como las propias personas: no existe un diseño original del ser humano. Se debe reconocer el derecho de todas las personas a conformar una familia, en especial a la comunidad LGBTIQ+. Es un Código de pluralidad, que reconoce a todas las familias que existen en Cuba, y los problemas asociados a su desarrollo.

Adopción por familias homoparentales

Quienes votan no: El niño tiene derecho a que “se le devuelva lo que perdió, una madre y un padre (…) no una mujer, dos mujeres o dos hombres”. Esta adopción puede traer consecuencias en el crecimiento del niño o niña.
Quienes votan sí: Es injusto que familias homoparentales no puedan acceder, en igualdad de condiciones, al matrimonio, a la adopción, a las técnicas de reproducción asistida, a que simplemente se les reconozca como lo que son: familia. “Es mejor dos papás que ninguno, dos mamás que ninguna”. El objetivo es darle al niño o niña una familia con amor, sin importar la orientación sexual de los padres o madres.

Gestación solidaria

Quienes votan no: Abre la puerta a los vientres de alquiler. “Los hijos no son productos que se donan, no son objetos que se adquieren a través de la acción solidaria de una persona”. Es un acto inconcebible, una manipulación del lenguaje. Se usa el cuerpo de la madre como objeto y se cosifica al niño.
Quienes votan sí: Es una posibilidad de formar familias para mujeres con alguna patología médica que les impida la gestación, para personas estériles, hombres solos o parejas de hombres, siempre que no se ponga en peligro la salud de quienes intervienen en el proceder médico. No se puede pagar por este gesto solidario y solo procede entre personas unidas por vínculos familiares o afectivamente cercanos, mediante una autorizo judicial. (2022)

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