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Igualdad social en Cuba, un hecho no demostrado

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La reducción de la desigualdad es, actualmente, una meta común en varios países a la hora de elaborar políticas públicas. Para diagnosticar la magnitud de la desigualdad, o su comportamiento ante determinadas acciones gubernamentales, se necesita tener alguna medida.
Con ese fin, las ciencias y la comunicación política se auxilian de indicadores, sobre todo cuantitativos. El más popular de ellos, hasta ahora, es el Índice de Gini, un indicador introducido por el estadístico italiano Corrado Gini en 1912 y que describe la desigualdad promedio de una sociedad. Pero este no es el único que ofrece información útil al respecto.
Un siglo después que Gini, el economista chileno José Gabriel Palma creó un algoritmo que la bibliografía especializada llamó índice de Palma. Su autor demostró que el Gini  tenía un sesgo estadístico porque «mezclaba peras con manzanas», por eso propuso una nueva herramienta.
Luego de analizar datos de diversos países, Palma aportó una metodología para un mejor estudio de la desigualdad a partir de concebir la sociedad como tres grandes subgrupos: 

los más pobres, conformado por el cuarenta por ciento con menos recursos.
las clases medias o los del medio, conformado por el cincuenta por ciento ubicado por encima del cuarenta por ciento más pobre.
los más ricos, conformado por el diez por ciento de la población ubicada encima del cincuenta por ciento anterior.

De esa división salió una ley analítica que puede servir en ciencia social. Con independencia del país, a las clases medias (al cincuenta por ciento del medio) le corresponde, con ligeras variaciones, más o menos el cincuenta por ciento de la riqueza social.
Conrado Gini.
Con ello, Palma llegaba a la misma conclusión que una de las interpretaciones más olvidadas del Marx de El Capital. Según expuso el alemán, las clases del medio no son las determinantes en las relaciones polarizadas de riqueza y explotación, sino que estas se generan en la interacción entre el polo más pobre y el más rico de la sociedad. A diferencia de Marx, Palma hizo la demostración en el lenguaje de la estadística actual.
En otras palabras, el índice Palma expresa que las clases medias, con independencia del país, participan de la renta de forma tal que no inciden de manera causal sobre la desigualdad. En consecuencia, nos muestra que en las naciones más desiguales los ricos tienen más brechas con los pobres que en las menos desiguales. Por tanto, dadas las actuales relaciones del mundo, el Palma sugiere que el problema de la pobreza, en buena medida, es un problema de distribución, bien acotado entre los más ricos y los más pobres.
Semejante conclusión va más allá de la Economía. Invita a repensar concepciones propias de las filosofías políticas, al señalar que la distribución de la riqueza —si busca reducir la desigualdad—, debe concentrarse en la relación de los extremos, y que el aumento equitativo de todas las rentas individuales de los ciudadanos de una sociedad no elimina la desigualdad.
Más bien, empuja  las políticas económicas a concentrarse en un fenómeno que, en un sentido tradicional, está fuera de la distribución: el aumento de la renta nacional. Por tanto, en vez de generar más renta nacional, los países deben cuidar su distribución. Así, desde Palma, se puede desestimar el tradicional enfoque con énfasis en aumentar la cantidad de riqueza nacional.  
Asimismo, el Palma permite respaldar la idea de que la reducción de la pobreza implica transformaciones estructurales, dígase cualitativas, más que aumentos de producción. 
Así lo ilustra lo sucedido en América Latina durante el auge del rentismo a base de materias primas, se redujo la pobreza pero no precisamente la desigualdad. Simplemente, había ocurrido un aumento de la renta total de la nación, lo cual benefició a muchos pobres, pero en igual o menor medida benefició a los (más) ricos, es decir, no cambió la relación entre los extremos sociales; tal fue el caso de Venezuela durante el mandato de Chávez.
Por tanto, el Palma es sobre todo un índice que, visto en el tiempo, muestra si una gestión gubernamental o proceso social transformó verdaderamente la relación estructural entre el polo más rico y el más pobre (a veces con complicidad de los sectores medios), si solo hace una redistribución de ingresos por impuestos, o si no hace ninguna.
José Gabriel Palma.
Si tuviera mi winche…
En Cuba, país en el que el discurso oficial presume de grandes conquistas sociales y que ha limitado derechos económicos y creación de riquezas durante décadas en nombre de la igualdad, el Gini debiera ser una bandera empleada desde el gobierno para validar su labor como proceso revolucionario. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Según el economista Pedro Monreal, no se ha publicado nunca de manera oficial el valor de este indicador para la Isla.
Existen razones para pensar que si la propaganda oficial no lo divulga, es sencillamente porque no le conviene. Sin un Gini oficial, el gobierno cubano convierte uno de sus pilares ideo-políticos: la igualdad social, en un hecho no demostrado según estándares académicos internacionalmente aceptados.
No obstante, si hay razones para que el gobierno no ofrezca un Gini, más las hay para que no asuma el indicador Palma. Este último no anda con medias tintas, promediando la polarización entre ricos y pobres con el esquema de la clase media, sino que clara y directamente expresa un valor más realista de la desigualdad. En otras palabras, con los datos de un  Gini elevado se obtiene un Palma mayor.
De calcularse para Cuba se sabría si —una vez sacados de escena los propietarios—,1) alguna clase o grupo ocupó su lugar o no en cuanto a privilegios económicos, 2) qué ha hecho en el caso de que así sea, 3) y quiénes conformarían dicho grupo. 
Conocer eso ayudaría en buena medida a demostrar (o desmentir), muchas tesis que circulan en el debate político. Por ejemplo, comprobaríamos si es cierto que los ricos de Cuba se hallan en el emergente sector privado de servicios o en otro grupo; incluso, sabríamos en qué grupo se ubican, tanto los dirigentes del país y sus familiares, como las personas tachadas de mercenarias y asalariadas del imperio por razones políticas.
Con el referido indicador se puede calcular antes y después de la aplicación de impuestos sobre ingresos. Un Palma después de impuestos permite advertir cuánto el Estado corrige la desigualdad generada en el mercado a partir de políticas redistributivas (los nórdicos corrigen la desigualdad con los impuestos).
Un Palma antes de impuestos permite conocer la desigualdad asociada al funcionamiento del mercado, es decir, cuán desigual es propiamente el mercado (en Corea del Sur se busca aliviar la desigualdad en el propio mercado). En Cuba ni siquiera podemos situar cuánta desigualdad genera el mercado y cuánto la corrigen los impuestos
También se podría medir el impacto sobre la desigualdad que ha originado el modelo reduccionista de turismo decidido por el gobierno para desarrollar el país, y constatar quiénes fueron los más beneficiados con tal modelo.
En fin, la lista de aspectos de la gestión gubernamental que se lograría evaluar puede ser extensa.
Se podría medir el impacto sobre la desigualdad que ha originado el modelo reduccionista de turismo decidido por el gobierno para desarrollar el país. (Foto: Lisette Poole/The New York Times)
Los medios de producción
Aunque el gobierno no publique el Gini o el Palma, el verdadero problema está en que tampoco ofrece datos para que economistas e investigadores interesados en el tema puedan hacerlo. Sin embargo, la publicación de estos no sería la solución para obtener indicadores lo menos sesgados posible. El propio Palma se ha quejado de que en su país de origen la sub-declaración es tanta que, según los datos, los miembros de las familias más ricas apenas cobraron más de 300 mil dólares al año. 
En el caso de Cuba ese factor se potencia. Las metodologías empleadas por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), no han incorporado en toda su dimensión al sector privado (al menos en sus publicaciones), dejando fuera aspectos que sí se miden y publican para la economía estatal. A ello se añade que no son pocos los incentivos que tiene el sector privado para sub-declarar, más las distorsiones de registro asociadas a la brecha entre la tasa de cambio oficial y la informal.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el Palma se basa en la renta de los individuos. La forma de medirla entonces es por el ingreso personal, ya sea el salario de un simple trabajador o el de un gran empresario (este último incluye la parte de utilidades de sus negocios que va a sus cuentas personales).
Pero en Cuba, una parte de la renta personal no es generada como ingreso formal, sino que deviene del invento o la corrupción  (en dependencia del estatus del que la obtenga). Aun si se intentara deducir el invento como macroagregado, no se puede captar estadísticamente cuánto inventa cada grupo de ciudadanos.
Asimismo, no es un dato menor el que los dirigentes, además de su salario, dispongan como parte de su contenido de trabajo de una serie de recursos materiales. Hay que recordar que la base para medir la desigualdad es comparar las rentas individuales buscando probar el poder de consumo de los ciudadanos.
En un país como Cuba, donde el puesto de trabajo determina descansos en la playa, disponer de transporte, de combustible, de jabas con bienes de consumo a mejores precios; se marca una brecha en el consumo real, dígase, desigualdad.
Es este un mecanismo de renta diferenciada que funciona como una especie de renta en especie, aunque se le llame eufemísticamente estímulo, y ya esté normalizado. Y esa es una desigualdad en la renta que no puede ser captada, dada la forma en que está diseñado el Palma. Es decir, la renta en clave de privilegios de las clases dirigentes cubanas no se puede medir actualmente.
La última limitación tiene que ver con una condición esencial de la economía cubana: la escasez. En los países donde existe oferta suficiente y excedente de bienes de consumo (desde alimentos hasta casas), es decir, donde hay riqueza en bienes y dinero, la pobreza es cuestión de desigualdad; pero no ocurre así en un contexto en que la riqueza es insuficiente.
De modo que las conclusiones teóricas que derivan del Palma no pueden aplicarse mecánicamente a Cuba y reducir todo a la distribución, sino que antes habría que incluir los problemas pre-capitalistas de la Isla: si existe riqueza suficiente para todos (en bienes y en dinero). Para el caso cubano ambos aspectos pueden combinarse, por lo que es de suponer que el Palma no tendría el mismo nivel de suficiencia que en otros escenarios.
Donde hay riqueza en bienes y dinero, la pobreza es cuestión de desigualdad. (Foto: Cubaenmiami)
Disparar sin tener el winche
A pesar de todas las carencias de información mencionadas, la simple existencia del índice Palma arroja herramientas analíticas, sobre todo porque aporta interrogantes cómo las aquí expuestas. Pero aun sin disponer de los datos, emergen verdades teóricas que, con cuidado, se pueden aplicar a Cuba y sacar conclusiones.

La primera de ellas señala la guerra al pequeño sector privado. Esa cuyo punto cumbre fue la llamada Ofensiva Revolucionaria y que pasó por los debates organizados por el Partido en 2011 sobre si permitir chinchales y cafeterías privadas o no, hasta hoy. Ha sido una pérdida de tiempo para el debate público si de combatir la desigualdad se trata, y más si se intenta culpar de la pobreza a ese grupo emergente, pues en él no está la respuesta a la desigualdad ni a la pobreza.

De no ser cierta la afirmación anterior, tendría entonces que estar demostrado que el incipiente sector privado contiene a ese diez por ciento más rico del país y, a la vez, que no son los mismos que conforman el gobierno. Es imposible que en una nación el medio se fortalezca sin el visto bueno del extremo. Particularmente en Cuba se trata de algo que la lógica de poder no permitiría.

Segundo, que los igualitarismos que han regido la política económica —con escasez o abundancia—, jamás iban a resolver la desigualdad. Más bien pueden acentuarla en la medida que no todos los grupos sociales necesitan la misma ayuda y no todos la internalizan igual. Sin embargo, el igualitarismo ha servido de cortina para silenciar los debates sobre la distribución de riqueza.
Tercero, teniendo en cuenta que por lo general, para convertirse en pequeño propietario privado asociado al turismo se necesitan medios de producción (heredados o ahorrados) que no están al alcance del cuarenta por ciento más pobre, sino del cincuenta del medio; al usar el Palma con estos supuestos se puede concluir que el modelo turístico de desarrollo poco ayuda a reducir la desigualdad, al menos sin una corrección tributaria.
Por último, paradójicamente, dado el papel de cortina de humo del igualitarismo, el gobierno ha centrado su comunicación en la necesidad de más renta nacional, cuando, como se ha expuesto, esa tampoco será la solución, tal y como demuestran los cortos períodos de mejores relaciones con otros países que favorecieron la renta total del país.

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