propiedad privada

La crisis estructural de la industria no azucarera en Cuba

30/06/2022

Para nadie es un secreto que la economía cubana afronta una crisis estructural desde hace más de tres décadas. En este tiempo ha aumentado considerablemente la vulnerabilidad externa y se ha reforzado el subdesarrollo, entendido como incapacidad para el desarrollo. Desde los años noventa, tras la implosión del llamado campo socialista, comenzó a derrumbarse el tejido productivo nacional, tanto en la industria como en la agricultura. La dirigencia cubana apostó por un cambio estructural a favor del desarrollo del turismo, con escasos encadenamientos productivos internos.
En la actualidad, se ha deteriorado notablemente el patrón de inserción internacional del país, que depende de las importaciones para mal afrontar la mayor parte de sus necesidades, tanto de materias primas como de bienes de consumo en general, y muy especialmente de alimentos. Esto es insostenible económicamente, pero también desde el punto de vista social y político. Por eso resulta imprescindible superar la crisis que afecta al sistema productivo y abarca a la agricultura, la industria azucarera y la industria manufacturera no azucarera. Al análisis de esta última está dedicado el presente texto.

Antes de 1959 la economía cubana era altamente dependiente de la industria azucarera y aseguraba su inserción internacional a través de exportaciones de azúcar, tabaco y algunos otros bienes primarios. Sin embargo, es sabido que a partir de la década del cuarenta se habían comenzado a desarrollar varias ramas de la industria transformadora, entre ellas, la producción de alimentos, bebidas, manufactura del tabaco, textiles, prendas de vestir, calzado, papel y sus productos, imprenta e industria editorial, madera y sus productos, muebles y accesorios, cuero y sus productos, jabonería y perfumería, caucho e industria del plástico, productos químicos, metalurgia y manufacturas diversas.
A partir de informaciones del Tribunal de Cuentas, puede constatarse que en 1954 dichas industrias solo requerían un 11,5% de componentes importados.(1) Entre 1952 y 1956 se habían creado 154 nuevas plantas industriales, dieciséis generaban exportaciones y 117 sustituían importaciones.(2) Según datos del Consejo Nacional de Economía, en 1958 el 21% de la fuerza laboral empleada lo hacía en actividades industriales, y de acuerdo con Claes Brundenius, en su libro Revolutionary Cuba: The Challenge of Economic Growth with Equity (1984), en el año anterior al triunfo revolucionario, la industria no azucarera representaba el 32,2% de la producción material estimada.
El Gobierno Revolucionario —a través de la ley 890 de octubre de 1960— nacionalizó, mediante expropiación forzosa, la mayor parte de las empresas industriales, comerciales y de trasporte del país. Luego las nacionalizaciones se hicieron extensivas a otras empresas subsidiarias y colaterales, con lo que la estatización de los medios de producción fue casi total desde inicios de la Revolución. La mayor parte de las empresas, algunas previamente intervenidas, fueron puestas bajo la dirección de revolucionarios con escasos conocimientos profesionales y técnicos, lo que unido al idealismo predominante condujo a graves errores en su dirección, a la caída de la producción y de la eficiencia.

No obstante, la industria ocupó un lugar central en la estrategia económica de los primeros años de la Revolución, en correspondencia con las ideas desarrollistas predominantes en América Latina y teniendo en cuenta la experiencia de otros países socialistas. Sin embargo, la excesiva centralización de las decisiones operativas y administrativas, el abandono de criterios financieros, los excesivos costos y el despilfarro predominante, lastraron rápidamente la actividad industrial.
La ruptura de vínculos económicos con Estados Unidos obligó a la mayor parte de la industria cubana, tanto a una reconversión tecnológica como a un cambio radical de proveedores de materias primas, maquinarias y equipos de repuesto. Pasó entonces a depender de suministros recibidos desde la Unión Soviética y otros países de Europa Oriental, en muchos casos tecnológicamente inferiores a sus similares procedentes de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón.
De hecho, se incrementó el componente importado en una serie importante de industrias. En su artículo «La planificación del comercio exterior» —Cuba Socialista, # 28 de 1963—, el futuro presidente del Banco Nacional Raúl León Torras, afirmaba que en 1962 la dependencia de insumos importados afectaba al 79% de la refinación de petróleo, 58% de la industria química, 44% de la metalurgia, 40% de la minería, 22% de la textil, 21% de la energía eléctrica, 12% de la construcción, 8% de la industria alimenticia y 4% de la azucarera.
A pesar del énfasis en el desarrollo industrial, la producción bruta de este sector tuvo una caída promedio anual de 2,7% entre 1960 y 1964. En consecuencia, a partir de la segunda mitad de los sesenta la estrategia de desarrollo se reorientó hacia la industria azucarera, aprovechando así el establecimiento de acuerdos ventajosos con la Unión Soviética, que posteriormente se readecuaron con el ingreso de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) a partir de 1972.
Ello no significaba abandonar la idea de la industrialización, sino utilizar la industria azucarera y a su mercado seguro y estable en los principales socios económicos de Cuba, como pivote del desarrollo posterior de una industria más diversificada. Más allá de tales intenciones, el resultado fue un reforzamiento del carácter monoproductor y monoexportador de la economía cubana.
No obstante, la industria no azucarera cubana se benefició de inversiones estatales y, sobre todo en los años ochenta, aparecieron algunas producciones industriales de relativamente baja calidad, orientadas al consumo nacional. Entre los principales rubros pueden mencionarse la industria alimentaria, con producciones de lácteos, embutidos, pastas alimenticias, cervezas, rones y aguardientes, maltas y refrescos, carnes deshuesadas y en conserva, pescados y mariscos; jabonería y perfumería; textiles; pinturas; materiales de construcción; fertilizantes; ensamblaje de ómnibus, camiones, vagones de ferrocarriles, montacargas; así como aparatos electrónicos para el hogar: televisores, radios y refrigeradores.
También se inició la fabricación de combinadas azucareras, aunque hacia el final de la década comenzó su descenso. En la segunda mitad de los ochenta se apreciaban descensos sostenidos en varios de los rubros industriales no azucareros.
Con el advenimiento del llamado Período Especial, la industria manufacturera cubana entró en su más profunda crisis, debido a múltiples factores, sobre todo: obsolescencia tecnológica; alta dependencia de componentes importados; escasez de combustibles, materias primas, maquinarias y demás insumos; así como escasa capacidad de ahorro e inversión del Estado cubano, propietario de todas las fábricas industriales de envergadura.
(Foto: Cibercuba)
A ellos debe añadirse el escaso interés de inversionistas extranjeros por dicho sector ante las dificultades del país para conectarse a cadenas globales, debido tanto a las restricciones impuestas por las sanciones económicas estadounidenses como a dificultades tecnológicas.
La situación actual de la industria manufacturera en la Isla es catastrófica. De acuerdo con cifras de UNCTADStat, basadas en datos oficiales cubanos, ella ha tenido una variación promedio anual de -1,14% en el período comprendido de 1989 a 2020. Entre 1990 y 1999 fue de -1,95%, desde 2000 hasta 2009 de 3,4% y entre 2010 y 2020 de -0,3%.(3)
La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de Cuba ha publicado recientemente el capítulo dedicado a la industria manufacturera del Anuario Estadístico 2021. El índice físico de producción de la industria no azucarera en 2021, respecto a 1989, es de 60,5, el más bajo del último lustro.
Ciertas industrias, como las de bebidas, productos del tabaco o fabricación de muebles, que en los últimos años habían logrado superar los niveles de 1989, volvieron a caer por debajo de la producción alcanzada en aquella fecha, que resultó previa al Período Especial pero que ya reflejaba una tendencia hacia el descenso. En algunos rubros, como equipos de transporte, aparatos eléctricos, papel y sus productos, cuero y sus productos, fertilizantes, productos textiles y prendas de vestir; los niveles de producción varían entre 0,1% y 8,8% del alcanzado a fines de los años ochenta.
El relanzamiento de la industria no azucarera cubana
La economía cubana en general y la industria en particular, enfrentan una grave crisis de la que no podrán salir si no se producen profundos cambios estructurales. El modelo de una industria estatal administrada centralmente probó su ineficacia porque la estatización de los medios de producción no condujo a su socialización, algo que ha lastrado toda la experiencia socialista contemporánea. No tiene sentido persistir en un modelo fracasado que lo único que hace es perpetuar y profundizar el subdesarrollo y agravar el deterioro del nivel de vida de la población.
Con una economía esencialmente en manos del Estado, la inversión bruta fija ha sido de solo 8,28%(4) respecto al producto interno bruto entre 2000 y 2020, lo cual resulta a todas luces insuficiente para conducir a un proceso de crecimiento económico sostenido. Como es sabido, en los últimos años la prioridad inversionista del gobierno han sido los servicios empresariales, las actividades inmobiliarias y de alquiler, que incluyen todo el andamiaje de hoteles y servicios asociados al turismo; ello, a pesar de la persistencia de niveles insuficientes de ocupación hotelera.
Mientras, la industria, la agricultura, la educación y la salud han recibido muchos menos recursos de inversión. Entre 2017 y 2021, las actividades inmobiliarias y hoteleras atrajeron el 50,5% de la inversión del país, en tanto la industria no azucarera ha recibido el 11,3%, la azucarera 1,2%, agricultura 2,8%, educación 0,8% y salud 1,3%.
(Gráfico: Pedro Monreal)
Más allá de los insistentes cuestionamientos realizados por algunos economistas y otros profesionales sobre lo erróneo de esta política, la dirección del gobierno no ha sido conminada a explicar sus decisiones ante los organismos de control político —como debería ser la Asamblea Nacional— o de control fiscal —como debería ser la Contraloría General de la República—, a pesar de que los errores en política económica se traducen normalmente en deterioro del bienestar de la población.
Sin duda alguna se impone una reorientación de la política inversionista del gobierno hacia los sectores productivos y aquellos que tienen un mayor impacto en el bienestar material y social. Sin embargo, hasta ahora el reconocimiento público de sus errores y el enfrentamiento de sus responsabilidades no ha sido el punto fuerte de las autoridades cubanas.
Después de una larga sucesión de errores entre los cuales vale mencionar la Zafra de los Diez Millones que nunca se cumplió, la infructuosa siembra de café en el Cordón de La Habana, el desmonte de la mitad de las tierras sembradas de caña y el cierre de la mitad de los centrales azucareros, la dolarización parcial de la economía, unidos a los defectos de los mecanismos de dirección de la economía impuestos a contrapelo de la realidad; no quedan opciones diferentes al desmonte de una economía estatizada que no funciona.
La industria cubana no tiene futuro en manos de una burocracia incompetente. Sin embargo, entregarla a manos privadas sin la existencia de mecanismos democráticos transparentes, lo único que facilitará es que la supuesta propiedad del pueblo sea feriada a favor de intereses corruptos, no importa de dónde provengan. Por tanto, será necesario pensar en la combinación de alternativas verdaderamente socialistas con el estímulo a la inversión privada.
Ello podría lograrse, entre otras medidas, mediante la creación de cooperativas obreras en ciertas empresas industriales; establecer el control democrático y directo de los trabajadores como representantes de la sociedad en aquellas que no se establezcan como cooperativas; «equitización» de empresas industriales, como ocurrió en Vietnam, donde se convierte a los trabajadores en propietarios de una parte considerable de las acciones emitidas por las empresas; arriendo mediante contratos a largo plazo de empresas estatales o de las partes que mantenga el Estado de las empresas «equitizadas» a inversionistas y gerentes privados para su gestión.
Finalmente, es imprescindible abrir la posibilidad al sector privado nacional y extranjero de crear empresas industriales privadas, eliminando las inmensas restricciones que pesan en la actualidad sobre las micros, pequeñas y medianas empresas.
Un proceso de esta naturaleza debe producirse en el contexto de la democratización de la sociedad, de forma tal que se evite la privatización corrupta de la propiedad que la Constitución define como «de todo el pueblo», pero que no lo es en realidad si el pueblo no puede decidir sobre ella.

Las Mpymes se aprobaron ¿y ahora cuál es su desempeño?

17/06/2022

Después de un largo bregar en el contexto de la crisis económica cubana, al fin apareció la Gaceta Oficial No. 94 Ordinaria de 19 de agosto de 2021 del Ministerio de Justicia, donde se define el establecimiento de las Mpymes en la economía insular.
¿Porque ahora y no antes su puesta en marcha? ¿Quiénes la frenaron durante tan largo tiempo si el aval político lo tenían ya? Son de las cosas que nunca nos dirán, o no sabremos, solo queda la imaginación, como tantos otros temas de la realidad nacional.
En abril de 2016, durante el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, se había presentado la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Dos párrafos mencionaban el tipo de empresas que deberían existir. El 181 se refería a: «Pequeños negocios realizados en lo fundamental por el trabajador y su familia». Y el 182 detallaba: «empresas privadas de mediana, pequeña y micro escalas, según el volumen de la actividad y cantidad de trabajadores, reconocidas como personas jurídicas».
El 8 de abril de 2021, el VIII Congreso del Partido aprobaba la Actualización de la conceptualización del modelo económico y social de desarrollo socialista. Ahí se vuelve a reconocer la propiedad privada sobre los medios de producción y se da luz verde a las personas naturales cubanas para crear micros, pequeñas y medianas empresas privadas, que fueron reconocidas como personas jurídicas.
Pero no fue hasta el 6 de agosto del 2021 que el Consejo de Estado aprobó los decretos-leyes que dieron luz verde a la creación de las Mpymes y a la ampliación de las cooperativas y del trabajo autónomo, para su posterior publicación en la Gaceta Oficial.
Una sucinta historia de la necesidad de ese tipo de empresa, especialmente la privada, fue publicada por algunos académicos desde el Centro de Estudios de la Economía Cubana, sobre todo desde los 90’s, en pleno Período Especial.

Sobresalen entre ellos los siguientes textos:

(1998) «La pequeña y mediana empresa cooperativa o privada en Cuba: viabilidad o utopía». Donde se planteaba la necesidad de las pymes (pequeñas y medianas empresas) en la economía desde una perspectiva histórica y, en segundo lugar, exploraba las potencialidades y las alternativas institucionales (forma cooperativa, capitalista, semi pública, otras formas mixtas) de este tipo de empresas en aquel contexto de reestructuración de la economía en el Período Especial.
(2012) «El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en Cuba: Una necesidad impostergable», donde se explicaba que, además, no era algo novedoso en la realidad nacional, si se tenía en cuenta que antes de 1959 lo que prevaleció en Cuba fueron las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas.
(2012) «Apertura al cuentapropismo y la microempresa, una pieza clave del ajuste estructural». Se exponía ahí que la categoría «trabajador por cuenta propia» era muy específica y ello frenaba la iniciativa individual. Que sería preferible una lista de categorías generales que dieran espacio a otros cuentapropistas y microempresarios. Se afirmaba que las actividades permitidas eran poco intensivas en conocimiento y no permitían aprovechar la inversión en educación que había hecho el país por décadas.
(2016) «Cuba en 2030: el papel de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en la aspiración al desarrollo». Las principales reflexiones del trabajo eran que las actividades aprobadas por el Gobierno para ejercer las actividades por cuenta propia hasta la fecha, eran insuficientes y no habían tenido en cuenta el potencial profesional con que cuenta Cuba; que sería provechoso el crear un Banco de Desarrollo u otras instituciones financieras de microcrédito, especializadas en atender el segmento de mercado de las mpymes, y que en la nueva ley de empresas a promulgarse en el 2022, apareciera un acápite que fomentara el establecimiento de conexiones entre la empresa estatal y las mpymes.
(2017) «Small and Medium Sized Enterprises in Cuba: A Necessary Step», en el cual se insistía en la aprobación de una vez de las necesarias pymes para el incremento de ciertas producciones.
(2020) «Las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo: ¿Cuba y su espera?». Se lamentaba de que en el país no se hubieran desarrollado las pequeñas y medianas empresas, a pesar del aval político que poseían y del hecho de que, aun al estar incluidas en la conceptualización del modelo económico aprobado por el Partido Comunista de Cuba (PCC) en 2016, no se les había dado prioridad en la política industrial en curso.

Una parte de la opinión pública y académica tenía el convencimiento de que en todos esos años la aprobación de las mpymes no avanzó por conflictos ideológicos en el seno del PCC y del Estado acerca del papel del sector privado en su modelo de sociedad.
El desacuerdo condujo a la inconsistencia y discontinuidad de las políticas económicas y a la obtención de magros resultados económicos. Si ese tipo de empresas hubiera logrado muy rápidos efectos en las comunidades donde están enclavadas, habrían permitido mejorar el empleo a nivel local por vía extensiva, o sea, generar nuevos empleos especialmente para los jóvenes con el consiguiente aumento de ingresos a esa población, y tal vez los jóvenes emprendedores no valorarían la opción migratoria.
Como dijera más de una vez el colega Pedro Monreal, la legalización de las pymes privadas fue, por amplio margen, el «eslabón perdido» del programa oficial de cambios económicos en Cuba.

1/4 En materia de PYMES seguimos “sin novedad en el frente”. Es un problema serio porque a corto plazo las PYMES ofrecen las mejores probabilidades para mejorar la productividad promedio, tanto a nivel de ellas mismas como al facilitar la reducción de plantillas estatales
— Pedro Monreal (@pmmonreal) November 24, 2020

La realidad es que al fin se aprobó la Gaceta Oficial No. 94 Ordinaria de 19 de agosto de 2021, que contiene seis Decretos Leyes del Consejo de Estado y un decreto del Consejo de Ministros, más diecisiete resoluciones de diferentes ministerios, en calidad de documentos rectores que permitirán obtener los resultados que la economía cubana espera de ellos. Valga decir que su contribución para incrementar producciones de bienes y servicios será posible si no se entorpece su funcionamiento.
Por fin las personas naturales cubanas pueden constituir una empresa del tamaño que expresa el Decreto ley, bajo la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada (SRL)
En la legislación aprobada aparece el artículo 5.4, que expresa: «Las mipymes como sujeto de derecho contratan bienes y servicios como los demás sujetos reconocidos en la legislación vigente, en igualdad de condiciones y les son aplicables las disposiciones vigentes en la materia». Esto es muy positivo pues las colocaría en igualdad de condiciones con el resto del tejido empresarial.
El artículo 6 define que las mipymes tienen, como parte de su autonomía, las facultades siguientes:

Exportar e importar de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Gestionar y administrar sus bienes.
Definir los productos y servicios a comercializar, así como sus proveedores, clientes, destinos e inserción en mercados.
Operar cuentas bancarias y acceder a cualquier fuente lícita de financiamiento.
Definir su estructura, plantilla y cantidad de trabajadores.
Determinar los ingresos de sus trabajadores respetando los mínimos salariales establecidos en la legislación laboral vigente; entre otros.

El artículo 48 aclara que pueden ser socios de las mipymes de propiedad privada las personas naturales residentes permanentes en Cuba, mayores de dieciocho años, lo cual en sí ya anulaba a las personas físicas cubanas no residentes en la Isla; es decir, a los cubanos que viven fuera; en concreto, a la emigración. Niega entonces la posibilidad a las mpymes privadas de establecerse directamente como empresas mixtas o cualquier modalidad similar.
Las actividades que podían realizar las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia, son aquellas consideradas lícitas, con excepción de las incluidas en el listado de actividades no autorizadas que están dentro del Clasificador Nacional de Actividades Económicas. Es decir, hay diecinueve secciones de ese clasificador que tipifican las prohibiciones.
Es ahí donde creo que se dejaron de aprovechar reservas importantes de la sociedad. Existen actividades que por razones evidentes deben ser reguladas en esta etapa inicial; pero hay otras que se encuentran limitadas en exceso, con la agravante de que se descartan las mayores potencialidades intelectuales del país; es decir, los profesionales (sobre todo los jóvenes), que tendrán que seguir buscando en la emigración una forma de reconocimiento a su capacidad de trabajo.
Hay actividades, como la arquitectura, que se encuentran limitadas en exceso, con la agravante de que se descartan las mayores potencialidades intelectuales del país.

En unos ocho meses —después de la aprobación del primer grupo el 29 de septiembre del 2021— Cuba transitó, de no tener empresas privadas a tener más de 3.375 para finales de mayo del 2022. Puede decirse que fue la luz verde a su creación, pero aún están cargando con muchos tropiezos iniciales. En un contexto con bajo crecimiento económico, un mercado mayorista insuficiente —en moneda local y libremente convertibles—, y compras que deben hacerse en el exterior, en moneda extranjera que el estado no le facilita a los emprendedores y estos deben adquirir en el mercado informal, entre otros factores.
El 29 de septiembre del 2021 se aprobaban las primeras treinta y cinco Mpymes, de ellas treinta y dos privadas en once de las quince provincias. Del total, trece eran de producción de alimentos, seis de manufactura, tres de reciclaje y otras tres incubadas en el Parque Científico y Tecnológico de La Habana. Por su origen, veinte eran una reconversión de trabajadores por cuenta propia y otras quince de nueva creación.
Debería producirse un mayor apoyo a las localidades más vulnerables para la concreción de pequeñas y medianas empresas a lo largo del territorio nacional, porque es lógico que en el despegue estarían en mejores condiciones las que mejores estaban, especialmente el grupo más grande por territorio a nivel de Mpymes que se encontraba en La Habana y en ciertas capitales provinciales.
Como promedio, en los negocios aprobados el cincuenta y siete por ciento corresponde a la reconversión de emprendimientos de trabajadores por cuenta propia que ya existían, mientras el cuarenta y tres por ciento son de nueva creación. Esto significa que, aunque las reconversiones implicarían un mayor nivel de actividad, se trata de algo que ya funcionaba (Cafeterías o Restaurantes), en tanto lo nuevo deberá ser visible de cara al público, ya que aún no se ven los resultados en términos de mayor volumen de producción y en reducir la inflación existente. El estado está intentando favorecer a los empresarios privados con una tasa de cambio más favorable respecto al cambio informal para las compras de sus insumos en las tiendas en MLC, que podría repercutir en bajar algunos precios de ventas. El tiempo dirá la conveniencia de esa propuesta.
Hasta el 25 de mayo del 2022 se habían aprobado treinta y tres grupos de solicitudes, que abarcan más de 3200 empresas, entre micro, pequeña y mediana, siendo el grupo más numeroso el de las pequeñas empresas de hasta diez trabajadores. N o se incluyen las cooperativas.
Total de MPYMES aprobadas por el Ministerio de Economía y Planificación, por grupos de aprobaciones.
Resalta que una gran parte de esas empresas ya autorizadas a funcionar, se encuentra en el grupo de las pequeñas, es decir hasta treinta y cinco trabajadores. Aunque se mantiene la aprobación de las medianas empresas que pueden llegar hasta cien trabajadores.
En la información analizada no aparecen desglosados por tipos los grupos 1, 2, 5, 7, 8 y 10. Del resto de los grupos se puede observar que el veinticuatro por ciento corresponde aproximadamente a las microempresas con menos de diez trabajadores, el cuarenta y nueve por ciento a las pequeñas, y un veinticinco por ciento a las medianas, que pueden llegar hasta cien trabajadores.
Una parte importante de las nuevas empresas privadas se dedica a los servicios, en primer lugar la gastronomía; le siguen servicios de construcción, reparaciones varias (equipos electrónicos, ordenadores, relojes, equipos de refrigeración, maquinaria, programación informática), y están también la transportación de pasajeros y carga.
En el caso de la producción, se destacan las empresas de materiales de la construcción, y las dedicadas a fabricar artículos de plástico, madera, metales, caucho, jabones y detergentes.
Una de las prioridades del país, la producción de alimentos, está representada en ciertos negocios de elaboración y conservación de carnes, incluido el pescado; conservación de frutas, legumbres y hortalizas; producción de lácteos y miel.
La constitución y desarrollo de nuevos actores-agentes económicos, como parte de un proceso que deberá crecer, necesitaría urgentemente de correcciones y adecuaciones.
¿Lecciones a tener en cuenta?
Las Mpymes deberán actuar bajo nuevas concepciones de dirección y gestión que abarquen el diseño del producto, la adquisición de medios para la producción, la calidad del mismo; de manera que lo haga competitivo con niveles crecientes de personalización del consumidor, entre otros aspectos.
Deben encaminarse los esfuerzos en la utilización del recurso humano altamente escolarizado que tiene Cuba y dársele la atención especializada a las empresas en las que se haga un mayor uso del conocimiento. Ello evitaría la descalificación de un capital humano que está emigrando hacia esferas donde se obtienen mejores ingresos, pero de poca calificación. Incluso, podría frenar la emigración al exterior, tanto para países con mayor nivel de desarrollo que Cuba como de menores niveles de desarrollo en América Latina.
Debería ofrecerse más apoyo para la creación de las Mpymes a los territorios vulnerables del país, especialmente en aquellas medianas empresas que son las que generan empleos, e incluso, proponer políticas de condonación de impuestos en los dos primeros años de creación de las empresas, con el propósito de que se consoliden y generen empleos, que es una de las aristas principales de estas entidades.
Es sumamente provechoso crear un Banco de desarrollo u otras instituciones financieras de microcréditos, especializadas en atender dicho segmento de mercado, y hasta pertenecer, o aceptar que actúen en Cuba, instituciones de microcrédito que operan a nivel internacional.
La legislación en ciernes sobre política industrial o sobre la ley de empresas —a aprobarse en 2022—, debe fomentar el establecimiento de conexiones entre la empresa estatal y las Mpymes, de forma tal que estas pudieran intervenir en alguna fase del proceso de producción con vista a la exportación.
Las autoridades cubanas han emprendido acciones para hacer crecer el segmento de las Mpymes en el mercado insular, pero aún quedan vacíos. Hasta que el país no avance hacia un mayor bienestar de su población, y se sustituyan las palabras «esfuerzo» por «resultados medibles», y que esa concreción se logre con un único tejido empresarial, no podremos valorar la aceptación de las Mpymes en términos de resultados.
Todavía el pasado reciente pesa en las mentes de los agentes privados. Apenas dos años atrás se criminalizaba a los emprendedores privados y se le decomisaban sus negocios, esa realidad deberá ser cosa del pasado, pero debe legislarse para que no vuelvan a ocurrir tales desaciertos.
Sin un mercado real y garantizado de insumos de materias primas (mayoristas), con pocas relaciones con la exportación o importación de materias primas o producto final, sin una tasa de cambio justificada para estos empresarios que acuden al mercado informal y sin una claridad de lo que el gobierno se refiere cuando establece que «no se permitirá la concentración de la riqueza», resulta muy difícil que este tipo de empresas contribuya al desarrollo económico que se desea a futuro.

La agonía del extremismo económico estatal

22/04/2022

Cuando los bolcheviques tomaron el poder en Rusia en 1917, su objetivo no era la estatización inmediata de una economía que solo en los grandes núcleos urbanos mostraba algunas empresas con alto nivel de concentración capitalista. Fue la política coyuntural del Comunismo de Guerra (1918-1921), implantada a consecuencia de la guerra civil y la invasión extranjera, la que condujo al dogma de la absoluta centralización económica. Después, ya todo fue aplicar la «experiencia victoriosa de la Unión Soviética» en cualquier lugar del mundo donde los comunistas conquistaron el gobierno.
Tras la aparición del campo socialista se llegaron a establecer supuestas regularidades de la construcción del socialismo (1957), encabezadas por el establecimiento de la propiedad social socialista sobre los medios fundamentales de producción. En la práctica, se trataba de la imposición plena del dominio estatal sobre la inmensa mayoría de los medios de producción.
¿Es similar el caso cubano a lo acontecido en las economías socialistas europeas y la URSS? ¿Qué consecuencias trajo para la Isla estatizar al extremo la vida económica? ¿Cuál es el estado actual de la gestión económica estatal centralizada y su tendencia manifiesta?

-I-
La revolución democrática que en 1959 derrocó a la tiranía de Batista, inició el tránsito al socialismo con la adopción de medidas favorables a las mayorías que tenían un carácter redistributivo, o de ampliación de la pequeña y mediana propiedad a cuenta de los grandes propietarios nacionales y extranjeros.
Entre las primeras estuvieron: confiscación en beneficio público de bienes malversados, reducción de las tarifas eléctrica y telefónica, planes de becas, incremento de presupuestos e inversiones en salud y educación. Entre las segundas: leyes de reforma urbana y agraria, acordes con la Constitución del 40. Nada que ver aún con la nacionalización socialista al estilo soviético.
La afectación a los monopolios estadounidenses y los oligarcas cubanos originó los primeros choques con los Estados Unidos, que fueron in crescendo en la medida en que se incrementaba el apoyo del Norte a acciones terroristas y alzamientos contra la reforma agraria. El inicio de ese conflicto, en plena Guerra Fría, abrió las puertas a la alianza y colaboración geopolítica con la otra antagonista: la URSS.
Los acontecimientos se precipitaron y la inicial «revolución democrática y socialista» se radicalizó, al punto de tornarse más papista que el Papa. Apenas un lustro después, a partir del nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas en el capitalismo republicano, Fidel planteaba la posibilidad de pasar directamente al comunismo a través del entusiasmo productivo y el desarrollo de la conciencia de las masas populares.
Para ello sería preciso establecer el dominio absoluto de la propiedad estatal y poner toda la mano de obra a su disposición, con o sin retribución, lo cual exigía liquidar abruptamente las demás formas de propiedad mediante diversas vías. Una de ellas fue la Ofensiva Revolucionaria en 1968, que estatizó 57.600 pequeñas propiedades en la ciudad y el campo; pero incluía también la estatización forzosa de fincas privadas, una ley contra la Vagancia (1965) y la creación de asentamientos semiurbanos de campesinos enajenados de sus tierras. De esa forma, Cuba sobrepasaría al resto de los países socialistas, incluyendo a la URSS, en la extensión de la propiedad bajo control del Estado.
A partir de entonces, el Gobierno/Partido/Estado pudo emplear todas las potencialidades del país en realizar cuanto experimento se le ocurría, muchos de ellos descabellados. La guinda del pastel fue la Zafra de los Diez Millones (1969-1970). En función de ese designio colosal se tensaron todas las fuerzas durante dos años. Su fracaso daría al traste con el proyecto de un socialismo/comunismo cubano independiente de la URSS.

En consecuencia, desde 1971 se estableció en la Isla una versión extremista del modelo soviético de socialismo de Estado. Este se presentó como monopolio único —patrono, comerciante y empleador— en manos de un grupo burocrático-militar que hegemoniza la economía, la sociedad y la política mediante una planificación verticalista centralizada y con el empleo de todos los aparatos de control, físico y simbólico, de que dispone.
-II-
Medio siglo después, los resultados catastróficos de la estatización extrema saltan a la vista. Más allá de las consecuencias perniciosas del bloqueo estadounidense y los efectos de la situación pandémica, la economía insular sufre una crisis estructural y de gestión debido a sucesivas decisiones erróneas en política económica. Muchas de ellas no tienen que ver con el modelo tradicional del socialismo de Estado soviético, sino con medidas ineficaces aplicadas en las últimas dos décadas.
Desde 1994, en plena crisis del Período Especial, se adoptaron medidas descentralizadoras que incluían una elevada autonomía empresarial, autorización del uso del USD en el mercado interno, fomento de la inversión extranjera asociada al Estado y promoción del trabajo por cuenta propia (TCP). Sin embargo, no se fue más allá en pos de conservar —o retornar en cuanto se pudiera— el tradicional modelo socialista estatizado, ya desaparecido en Europa y que aquí hacía aguas desde mediados de los años ochenta.
Tras el establecimiento de la Venezuela bolivariana y la creación del ALBA, con la propensión del gobierno de Chávez a canalizar petrodólares hacia Cuba, la mayoría de aquellas medidas flexibilizadoras fueron eliminadas y sustituidas por la centralización absoluta de los ingresos en divisas y su utilización desde una cuenta única del Estado.
Poco duró esta nueva gallina de los huevos de oro. La crisis mundial de 2008, la enfermedad y muerte de Chávez y los problemas socio-económicos y políticos de la era Maduro, frustraron la aspiración de convertir a Cuba en un exportador de derivados del petróleo e impidieron seguir disfrutando de los ingresos millonarios provenientes de las Misiones Sociales de profesionales cubanos en Venezuela. La crisis del progresismo latinoamericano y la sustitución por gobiernos derechistas, acabaron por hundir los ingresos devenidos mediante convenios gubernamentales.
Con la propensión del gobierno de Chávez a canalizar petrodólares hacia Cuba, la mayoría de las medidas flexibilizadoras fueron eliminadas. (Foto: Radio Ángulo)
El incremento de fondos públicos durante la referida bonanza, lejos de canalizarse hacia una fuerte inversión en sectores productivos internos (agro, industria, minería, transporte, infraestructura, ciencia y tecnología), se dilapidó en los proyectos ilusorios, inconexos y voluntaristas de la denominada Batalla de Ideas.
La quimera de una economía de servicios llegó a tal punto que se desmontaron sectores claves de la economía y se vendieron como chatarra, entre ellos la agroindustria azucarera —uno de los pilares de la identidad nacional—, y las flotas mercante y de pesca. Al unísono, dejó de respetarse la paridad CUC/USD y se fomentó la voluntad importadora mediante una falsa tasa de convertibilidad de 1×1, que arruinaba a los productores nacionales y beneficiaba a las empresas monopólicas de comercio exterior.
Las reformas iniciadas por Raúl Castro en 2008 disminuyeron los gastos sociales del Estado en beneficio de la inversión inmobiliaria para GAESA, y el subsidio a irrentables empresas estatales y sus sacrosantas burocracias. Al unísono, ampliaron con reticencias y vaivenes el sector no estatal, pero siempre preservando asideros con empresas estatales que garanticen la subordinación de los nuevos actores mediante el plan nacional y contratos obligatorios.
No es en el discurso oficial, sino en la competencia con los demás sectores económicos —privado, cooperativo, inversión extranjera y mixta—, donde el sistema empresarial estatal tiene que demostrar que es «la forma de gestión dominante en la economía». La broma pesada, y divisa del super-monopolio ETECSA: «¡Gracias por elegirnos!», ha de ceder paso a un mercado de bienes y servicios libre y competitivo, en el que cada sector despliegue su potencial en las áreas donde sea idóneo.
Después del trienio terrible 2019-2021, con su espiral descendente de Coyuntura/Pandemia/Ordenamiento, las opciones de salida a la agonía del modelo estatizado-burocrático parecen confiarse a milagros futuros: crecimiento de la producción sin inversión, nuevos gobiernos izquierdistas en Latinoamérica con la bolsa abierta, o un cambio de actitud de Biden que nos regrese a la época de Obama.
Las conocidas reformas liberalizadoras, que se recomiendan desde hace décadas por investigadores y productores, se sustituyen sistemáticamente por nuevas formas de control de GAESA, devenida especie de senescal del Gobierno/Partido/Estado para atender todo lo relacionado con los ingresos en divisas; mientras, el resto de la economía y la sociedad yacen en la inopia.
Lástima que en esta agonía los que menos sufran sean precisamente los que durante años se hicieron pasar por los que saben. Ahora, cuando la renta nacional —fuente principal de su enriquecimiento ilícito—, disminuye a niveles mínimos, también sus familiares y acólitos invierten en el sector no estatal y/o abandonan el país. Pero no para fomentar emprendimientos internos, o buscarse la vida en otros lugares y ayudar a los viejos que dejaron atrás, sino para abrir negocios familiares trasnacionales donde lavar sus fondos mal habidos y garantizar la continuidad de su buen vivir, dentro y fuera del país.
A decir verdad, cosas como las que sufre Cuba actualmente no pueden achacarse a influencias de Lenin, Stalin o Breznhev. La falsa utopía insular de la estatización absoluta para llegar más rápido al comunismo, está terminando en la estafa de la reconversión de propiedades públicas y fondos enajenados al erario público en negocios de familias de la burocracia y sus prestanombres.
Aún existen posibilidades en Cuba para un diálogo nacional inclusivo que impulse las reformas necesarias a fin de encauzar sus destinos de manera próspera y sostenible. Los intereses mezquinos, que lucran con las dificultades y carencias del momento actual, no pueden ser más fuertes que la voluntad general del pueblo. No serán los oligarcas y demagogos los que prevalezcan cuando obreros, campesinos, intelectuales, estudiantes, artistas, militares, empresarios, empleados y TCP alcen su voz y decidan hacer cumplir sus más caros derechos y aspiraciones.

Las mpymes en Cuba. Retos y desafíos

04/01/2022

Del total de mpymes privadas el 58 % son reconversiones de tpc y el 47 % negocios de nueva creación.
Foto: Jorge Luis Baños_IPS

El emprendimiento privado en Cuba, desde 1976, se ha manifestado mediante el trabajo por cuenta propia, y a partir del 2010 con la autorización de contratar fuerza de trabajo, se gestionaban como empresas, aunque no se les reconocía como tal.
La Constitución de la República en 2019 y antes la Conceptualización del Modelo económico y social cubano refrendaban la existencia de propiedad privada en forma de micro, pequeñas y medianas empresas (mpyme) , así como las cooperativas, que ya existían desde inicios de la revolución en el sector agropecuario.
En agosto del 2021 se publica la Gaceta Oficial No 94, Ordinaria, todo un paquete normativo donde destacan los referidos al perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia (tpc) a las mpymes privadas y estatales y a las cooperativas no agropecuarias (cna) respectivamente.
Se reciben estas normativas con beneplácito, es un paso indiscutiblemente positivo, muy esperado por los actores potenciales, como por profesionales y académicos, todos los cuales aplauden la decisión. No obstante, se considera que debió ser tomada unos años atrás y sobre todo antes del ordenamiento monetario.
Llegada tardía
Las razones para argumentar tal afirmación se concentran, entre otras en:
Resulta difícil realizar un cálculo sobre el impacto potencial en el PIB, con todas las limitaciones y restricciones que han existido. No obstante, es de suponer que este proceso conduzca a un incremento y variedad de bienes y servicios para la población y es loable señalar la diversidad de actividades en el sector de manufactura que muestran las solicitudes de mpymes y tpc.
Del total de mpymes privadas el 58 % son reconversiones de tpc y el 47 % negocios de nueva creación, lo que representan nuevos puestos de trabajo, aunque no necesariamente nuevos empleos.
El total de trabajadores empleados declarados, en las más de mil mpymes aprobadas, sobrepasan los 28.000 , de ellos el 30 % no tenían vínculo laboral anterior, es decir, eran personas que podrían haber estado buscando trabajo o no. Esos 28.000 empleos tributan a favor de la tasa de actividad económica.
Las cifras anteriores inducen a un crecimiento del empleo, que pudiera estar en el entorno del 20 al 30 %, habrá que observar la evolución posterior. Lo que sin lugar a dudas se puede afirmar es que la apertura a estos actores económicos provoca la formalización de personas hasta el momento operando de manera informal, a pesar de que el régimen tributario no incentiva al empleo.
Solo estos dos resultados, de otros que pudieran argumentarse, justifican haber permitido la creación de estos actores antes del ordenamiento.
La Economía es una sola e integrada por un sistema de empresas de las más diversas formas de propiedad y unidades presupuestadas
Barreras en el camino
Algunas cuestiones establecidas deberían ser modificadas, ya que representan barreras para que los actores desenvuelvan todas sus capacidades y aporten de modo decisivo en el crecimiento económico del país.
Ausencia de un enfoque estratégico sobre la participación de los actores en la transformación productiva (en realidad tampoco existe para el país), lo que no permite direccionar los incentivos hacia los negocios de interés, por tanto, se conciben a todos los negocios de forma homogénea en cuanto a sus condiciones y aportes.
La visión política existente en el país sobre la concentración de la propiedad, lo que limita el crecimiento, esto se manifiesta en: el listado negativo y no poder ser socios de más de una mpyme.
La propuesta de un listado negativo es un avance respecto a las 127 actividades permitidas que existían para los TCP y de igual forma elimina la discrecionalidad que se les podía imponer a las cooperativas en todo el largo proceso de aprobación al que eran sometidas.
No obstante, el listado de actividades prohibidas presenta áreas muy restringidas como la agricultura, el turismo, las comunicaciones y los servicios profesionales, entre las más importantes. Esto representa una limitación a la diversidad de MIPYMES y cooperativas para su aporte al desarrollo de la economía.
El mecanismo de exportación e importación mediante una empresa estatal que se mantiene para todos los actores, ha sido fuertemente criticado por los emprendedores que lo han utilizado. Los problemas más significativos identificados son:
Tiempos excesivamente largos de tramitación
Burocracia de la empresa estatal
Inexperiencia en la exportación e importación de pequeños lotes
Ausencia de actividad proactiva de búsqueda de clientes
Dinero de los emprendedores inmovilizado en cuentas mientras se tramita por las empresas la exportación e importación
El régimen tributario posee un enfoque recaudatorio e igualitario para micro, pequeña, mediana y gran empresa
El régimen impositivo establecido para las mipymes según la Resoluciones de las 345 a la 351 del Ministerio de Finanzas y Precios, es inequitativo toda vez que establece los mismos tipos de impuestos y las mismas tasas tanto para micro, pequeña o mediana empresa, e iguales a las de la empresa estatal, que por sus características son grandes y amparadas por el Estado.
En los países de la región como norma se traza un régimen fiscal diferenciado para las micro, pequeñas y medianas, éste muestra como características, entre otras: oficializar la informalidad, equilibrar las condiciones de las empresas de menor tamaño, etc.
En casi todos se aplican los mismos tipos de impuestos, (IVA, sobre la renta de sociedades, contribución a la seguridad social), y se mueven entre regímenes simplificados y generales, buscando reducir los costos de administración tributaria, toda vez que son muchos contribuyentes, pero que aportan muy poco.
Los aspectos antes señalados son factibles de ser modificados sin cambios significativos, que no sean de concepción sobre el papel y lugar de las formas de propiedad no estatal en el entramado económico del país.
Los desafíos
A todo lo anterior un desafío para la sostenibilidad de tales negocios a nuestro juicio está en dos aspectos:
La ausencia de una concepción de negocio en las propuestas que se realizan, de ahí la necesidad de habilitar asesorías y capacitación que abarque la diversidad de tipos de negocio.
La situación económica del país, algo que no es nuevo, aunque se haya agudizado después del ordenamiento y la pandemia. Ello seguirá retrasando la apertura de un comercio mayorista para todos los actores y de un mercado en divisa, cuya ausencia es contradictoria con la existencia de un comercio en MLC.
Sería recomendable realizar una hoja de ruta para la reestructuración del sistema empresarial del país, incluida la empresa estatal, a la cual no han logrado destrabarla.
La Economía es una sola e integrada por un sistema de empresas de las más diversas formas de propiedad y unidades presupuestadas, que sostienen en lo económico y social al país y aportan a la satisfacción de la población, por lo que es indispensable crear las condiciones para su desenvolvimiento, desde aquellas de enfoque estratégico, hasta las más operativas. Todas difíciles, pero no imposibles por el bienestar del pueblo. (2022)

Primeras impresiones sobre el decreto ley 46 de las MIPYMES

01/09/2021

Resulta esperanzador constatar la reciente aprobación de Decretos-Leyes para el fortalecimiento del modelo económico-social cubano, como los que tratan sobre la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), o sobre las cooperativas no agropecuarias, o el trabajo por cuenta propia. Su aprobación se adelanta al calendario que existía para analizar algunas de estas normativas en próximas reuniones de la Asamblea Nacional.
Son muchos los aspectos positivos que comprenden el Decreto-Ley sobre las MIPYMES, resaltan —entre otros— el reconocimiento de la iniciativa privada mediante empresas con personalidad jurídica propia, bajo la figura de empresas de responsabilidad limitada. Hay muchos otros que se pueden encontrar en la normativa.
No me detengo en el no reconocimiento de la figura de las sociedades anónimas (S.A.), como tampoco en el tamaño de la mediana empresa, partiendo de la cantidad máxima de sus trabajadores, ni en la restricción para que una persona pueda ser socia en más de una MIPYME.
Las S.A. bien podrían ser el vehículo para incentivar la inversión extranjera, pero parece que ya la declaración de la iniciativa privada con carácter empresarial se consideró un grandísimo salto como para tener ahora que ampliar aún más su alcance. Asimismo, en muchos otros países la mediana empresa puede contar hasta con 250 trabajadores para considerarse como tal.
La imposibilidad de poseer varias empresas juega con el afán de no permitir la acumulación de riquezas, como fue aprobado en la Constitución. Se pueden comprender los motivos para ir dando pasos mesurados, aunque no todos estarían de acuerdo con esta lentitud en los procesos.
Me detendré en los aspectos que suscitan, a mi juicio, mayores dudas.
Se menciona que las MIPYMES podrán ser privadas, estatales o mixtas. Más adelante se aclara que las mixtas requerirán un régimen jurídico especial cuando las condiciones lo permitan, pero ya se regula que en las mixtas solo serán socios las personas jurídicas de diferentes tipos de propiedad. De esta forma, se niega la posibilidad de que una persona jurídica extranjera se asocie a personas naturales cubanas para constituir una MIPYME mixta.
(Imagen: MEP Cuba)
Esto traerá como consecuencia el estrechamiento del campo de acción para crear empresas de este tipo y ayudar a incrementar la captación de inversión extranjera directa, ya que, o algunos inversionistas extranjeros preferirán como socios a interlocutores privados, o el país podría no autorizar inversiones extranjeras en pequeñas y medianas empresas, con limitada cantidad de trabajadores, habida cuenta de que la inversión sería en un monto pequeño, no interesante para las preferencias de las empresas estatales. Al final, la inversión no se haría ni de una forma, ni de otra. ¿Quién pierde más?
La norma no aclara si las MIPYMES se crearán por tiempo ilimitado, como es normal en cualquier geografía. Sin embargo, al tratarse sobre la disolución de una MIPYME, se menciona que la empresa podrá disolverse cuando se extinga el plazo de vigencia de la misma, sin haberse inscrito la prórroga en el Registro Mercantil, lo que da a entender que las MIPYMES tendrán un plazo de vigencia y deberán someterse a procedimientos de evaluación y aprobación para continuar funcionando.
¿Se vuelve a incurrir en uno de los problemas que hoy también enfrenta la inversión extranjera en Cuba, cuando los inversionistas no pueden tener seguridad de si al cabo del tiempo se les permitirá continuar con sus negocios?
En el Anexo al referido Decreto se establecen las actividades a realizar. Se indica ahí que las MIPYMES privadas no podrán funcionar, por ejemplo, en las áreas de salud, telecomunicaciones, energía, defensa, prensa y otras que ya estaban vetadas para los trabajadores autónomos. Debe entenderse que si este listado de actividades no permitidas es muy amplio, de nada servirá que tengamos la mejor ley del mundo sobre MIPYMES; ella se convertirá en letra muerta y su impacto real en la economía del país será muy bajo.
Dada la estructura social de Cuba, se puede comprender la aspiración de que la empresa estatal continúe siendo preponderante y que los sectores estratégicos sigan en manos del Estado. Pero no parece haber motivos sólidos para limitar las actividades en todo aquello que no sea catalogado como estratégico.
Se debe tener en cuenta que, si la actividad privada se autoriza fundamentalmente para algunos servicios y producciones, no habrá posibilidades de redimensionar a las empresas estatales irrentables, de redirigir a masas de trabajadores a empresas más eficientes, de contar con empresas —estatales o privadas— de mayor dinamismo y MIPYMES con producciones de más alto valor agregado. Según las actividades a realizar, terminarán siendo TCP, con más trabajadores asalariados pero con escaso impacto en la generación del PIB nacional.
Por ejemplo, no se permite la «generación, transmisión y distribución de energía eléctrica», lo que, entendido a gran escala, resulta lógico mantener bajo control del Estado. Sin embargo, si se desea cambiar la matriz energética, cuidar el medio ambiente y ahorrar combustibles importados; parecería sensato permitir que las MIPYMES privadas produjeran/ensamblaran y montaran paneles solares en techos de viviendas y empresas, pudiendo vender a la red eléctrica estatal el excedente de electricidad generado.
Lo mismo sucede con el almacenamiento, el transporte por carretera, el cabotaje, las embarcaciones de placer con tripulación, el alquiler y arrendamiento de equipos recreativos y deportivos, o la gestión de boleras, clubes deportivos y otras actividades deportivas; por citar algunos ejemplos. ¿Son ellas priorizadas hasta el punto que no deban desprenderse de las manos del Estado? ¿No son algunas de ellas actividades donde se advierten deficiencias en el servicio, precisamente por falta de recursos del Estado?
(Imagen: Granma)
Se ha tenido que autorizar la presencia de empresas de capital totalmente extranjero, con flotas de camiones que ayuden a dar respuesta a la demanda de transportación de mercancías dentro del país. ¿Por qué una MIPYME privada no pudiera resolver este mismo problema? Probablemente una MIPYME privada autorizada a ejercer tal actividad, compraría y arreglaría camiones en desuso en manos de empresas estatales, o resolvería los problemas del bloqueo para importar camiones, o guaguas de transporte público, desde otros países.
Si existen actualmente camiones privados —producidos antes de 1959 aunque con múltiples remiendos ulteriores—, que brindan servicios de transportación de mercancías o personas, ¿qué impide que una MIPYME pueda importar un camión y/o una guagua más modernos y ofrecer este mismo servicio con menores roturas y mayor seguridad vial?
Como principio, si para alguna actividad se ha permitido la presencia de inversión extranjera, quebrando así el control estatal absoluto para ese sector, parece lógico admitir, y con mayor razón, que la misma actividad pueda ser gestionada por MIPYMES nacionales, aunque sean privadas.
No menos importante será el funcionamiento de las cuentas bancarias que abran las MIPYMES, y la moneda de facturación. En la actualidad, un TCP puede cobrar algo en su cuenta personal en MLC, o cambiar CUP a MLC en el mercado informal, siendo difícil de detectar esta anomalía realizada por una persona física. Ambas operaciones resultan importantísimas para pagar las materias primas de importación, insumos e inversiones y mantener en funcionamiento la actividad.
Para una empresa, que emite estados financieros y puede ser auditada con profundidad, esto sería más complicado. Pero está claro que, sin importaciones —da igual si son directas o a través de empresas estatales intermediarias—, la cual demanda divisas para su realización; la actividad de MIPYMES estaría muy restringida o limitada.
Sin cuentas en MLC, sin poder facturar en MLC, o con restricciones para canjear CUP a MLC y realizar pagos hacia el exterior; las MIPYMES tendrían similares limitaciones que las empresas estatales. Y si resulta difícil levantar estas trabas para las estatales, las nuevas MIPYMES no deben nacer lastradas con ese fardo de prohibiciones o limitaciones.

Se conciben MIPYMES estatales y privadas. Todos tendrán el mismo modelo de gestión. @AlejandroGilF @MEP_CUBA pic.twitter.com/ynXRDVoRoO
— Ministerio de Economía y Planificación de Cuba (@MEP_CUBA) June 18, 2021

En este sentido, la normativa también deberá prever la posibilidad de que las MIPYMES reciban financiación desde el exterior, tanto de instituciones como de personas físicas. Para nadie es un secreto que muchos potenciales socios de MIPYMES recibirían financiación de familiares en el exterior con el fin de comenzar el funcionamiento de la empresa.
Esto entraña poder pagar a suministradores externos, desde cuentas en el exterior de terceros, por ejemplo, del familiar que otorga el apoyo financiero para el emprendimiento, lo cual sería una forma de burlar el bloqueo.
No obstante, ello también supone reconocer la necesidad de las MIPYMES de realizar pagos hacia el exterior y amortizar las deudas contraídas. Si el país no cuenta con grandes ahorros, cabría esperar una insignificante creación de MIPYMES privadas, a menos que las mismas reciban apoyo inicial desde fuera de la Isla. En manos de los legisladores y reguladores está que eso suceda tras bambalinas, o de forma ágil y transparente.
Por último, una MIPYMES en Cuba no puede abstraerse del entorno económico en que se desenvuelve, que es el más complejo de los últimos tiempos: la economía decrece desde el 2019 y en 2021 mantendrá esa tendencia; el bloqueo esta aún intacto; la pandemia de la Covid-19 no deja vislumbrar un escenario optimista cercano; las exportaciones turísticas casi nulas y las de azúcar prácticamente en cero, o muy reducidas; las deudas pendientes a corto plazo, producto de las renegociaciones con el Club de París, presionarán muy pronto y la crisis de liquidez es cada día mayor.
Con esas señales es muy difícil prever, al menos inmediatamente, que las MIPYMES sean otro motor impulsor de la economía, a pesar de sus enormes potencialidades.

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