HAVANA CLIMA

Manifestantes del 11J

“Celebraron el juicio sin los presos”: irregularidades en corte de apelación de manifestantes del 11J

MIAMI, Estados Unidos. — Familiares de manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J) en el municipio de Güira de Melena, provincia de Mayabeque, denunciaron que el juicio de apelación de las sentencias se desarrolló este viernes sin la presencia de los presos.
El hecho fue difundido por el activista Marcel Valdés, quien compartió en redes sociales un video filmado por los propios familiares de los reclusos.
“Hoy como todos saben se hizo el juicio de apelación de los manifestantes del 11 de Julio del municipio Güira de Melena, sucedió algo inaceptable: celebraron el juicio sin los presos, los familiares están indignados”, escribió el joven en su perfil de Facebook.
En las imágenes compartidas por Valdés los familiares de los presos mostraron su inconformidad con lo sucedido en el juicio de apelación.
“Se acaba de terminar la vista oral de todos los presos de Güira. No estamos conformes con lo que sucedió porque no trajeron a los detenidos. Sin embargo, a los que están en la calle sí los trajeron y les preguntaron si tenían algo que decir”, declaró Yuleidy López González, esposa del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11J.
“Queríamos que nuestros familiares estuvieran aquí porque ellos son presos, no son perros, y tenían muchas cosas que decir en las protestas. Los abogados hicieron bien su trabajo. Esperemos, a ver qué determina la Fiscalía”, agregó .
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Régimen castiga con dos años de prisión a padre de manifestante del 11J

MIAMI, Estados Unidos. — Ángel Rolando Castillo Sánchez, padre del joven cubano Rowland Castillo, uno de los menores encarcelados por manifestarse el 11 de julio de 2021 (11J) en Toyo (La Habana), fue condenado a dos años de privación de libertad, informó hoy Diario de Cuba.
De acuerdo con el medio independiente, la sentencia fue emitida este miércoles en un proceso judicial exprés.
“Hoy le hicieron un juicio inesperado en el tribunal de La Palma, sin avisar a ningún familiar. Le pusieron un abogado de oficio porque hay un menor que dice que él lo amenazó para hacer un video en favor de la libertad de mi nieto Rowland Castillo”, reveló a Diario de Cuba María Teresa Pérez, abuela de Rowland Castillo.
El menor de edad en cuestión se nombra Giuseppe Belaunzaran Guada, quien confesó a quien le confesó Castillo Sánchez en una grabación en video que había sido sentenciado por manifestarse el 11J, pero que no había ido a prisión por tener un abuelo oficial del aparato represivo del régimen.
Yudinela Castro, madre de Rowland Castillo, relató al medio independiente detalles sobre la vista oral contra Ángel Rolando Castillo Sánchez.
“En el juicio, Castillo habló sobre la relación que tenía con el menor. Dijo delante de él que Giuseppe le decía tío, y en varias ocasiones le llevó máquinas de afeitar y medias para Rowland en la prisión”, declaró la mujer.
“Tanto Giuseppe como Rowland se han criado juntos desde chiquiticos. La madre de Giuseppe fue quien hizo la denuncia y ahora dice el menor que Rolando lo obligó a grabar el video por el que lo están acusando”, contó Yudinela.
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“El juicio estuvo manipulado”
Según los testimonios recogidos por Diario de Cuba, durante el juicio Ángel Rolando Castillo Sánchez negó las acusaciones en su contra. Sin embargo, las autoridades judiciales lo declararon culpable.
Yudinela Castro aseguró que “el juicio estuvo manipulado” y que el objetivo era frenar las peticiones de libertad que ha estado haciendo Castillo Sánchez para su hijo y demás jóvenes manifestantes del 11J en Toyo.
De momento, el padre se mantiene plantado en el centro penitenciario conocido como Vivac.
“Él sigue plantado por la liberación de Rowland y se ha negado a recibir atención médica”, declaró Yudinela a Diario de Cuba.
ARTÍCULO DE OPINIÓNLas opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.
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“Lo sentencian por ser disidente”: 15 años de cárcel para el periodista Jorge Bello

MIAMI, Estados Unidos. — El periodista independiente Jorge Bello Domínguez, manifestante del 11 de julio (11J) en Güira de Melena, provincia de Artemisa, fue condenado a 15 años de prisión por el delito de desacato.
Yuleydi López González, esposa del reportero, indicó que la sentencia fue emitida el pasado 8 de abril. La mujer explicó en redes sociales que durante el juicio se hizo evidente el “mal trabajo del tribunal”, que ni siquiera tomó en cuenta a los testigos presentados por la defensa de Bello Domínguez, excolaborador de CubaNet.
El juzgado solo escuchó los testimonios del acusado Freddy Luis Díaz, más conocido como Pichu, y del mayor Arisdelbis Pupo Amaro, oficial de la Seguridad del Estado.
“En el juicio oral, cuando Bello Domínguez pide la palabra y le pregunta al oficial dónde y en qué momento fue el desacato, él no supo que responder”, reseña López González.
Para la mujer se trató de una situación insólita que dejó al descubierto la falta de garantías jurídicas en Cuba, así como la ausencia del debido proceso.
“¿Cómo van a acusar a Bello Domínguez solo por testimonios cuando las pruebas mostraron todo lo contrario…?”, cuestionó la esposa del preso político, recluido en el Combinado del Este.
La mujer del reportero aseguró que “a Jorge Bello Domínguez nadie le pagó” por manifestarse el 11J y que la severa sanción en su contra obedece a su condición de opositor.
“No se puede creer en la justicia cubana, porque a Bello Domínguez lo están sancionando sencillamente por ser un disidente, un opositor, que eso en este país es peor matar a una persona”, agregó Yuleydi.
Los 33 manifestantes del 11 de julio en Güira de Melena fueron juzgados por un tribunal militar en el municipio habanero Diez de Octubre entre el 7 y el 11 de marzo de 2022.
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Madre de hermanas presas del 11J denuncia ensañamiento del régimen contra sus hijas

MIAMI, Estados Unidos. — Bárbara Isaac Roque, madre de las jóvenes Lisdany y Lisdiani Rodríguez Isaac, denunció el ensañamiento de la policía política contra sus hijas por manifestarse el pasado 11 de julio en Placetas, provincia de Villa Clara.
Las hermanas Rodríguez Isaac, ambas de 23 años, fueron detenidas en su vivienda el 15 de julio de 2021. Desde entonces, se han mantenido recluidas. Según la madre, sus hijas siempre han estado en la mira del delegado del territorio, Héctor de La Fe Freire.
“Él se ha ensañado mucho con las vejigas mías, pero esas niñas nunca se metieron con él. Incluso, me llegó a decir personalmente que él se iba a encargar de que no salieran en buen rato para la calle”, comentó Isaac Roque a CubaNet.
Las hijas de la Bárbara sobreviven en prisión en condiciones muy difíciles. La propia madre reveló que ha recibido ayuda de la familia de Andy García debido a que no tiene condiciones para garantizarles todo lo que necesitan.
La madre teme, además, por la salud de sus hijas debido a las bajas temperaturas registradas en la Isla en las últimas semanas.
“El agua en ese lugar es lo más fría que hay. Ellas hablaron para que les calentaran agua, pero no quisieron calentarles el agua. Eso las expone a coger catarro y, cuando te pones a ver, cogen catarro y dicen que cualquier cosa que le pase es por COVID-19”.
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Bárbara Isaac Roque también denunció las condiciones en que transcurrió el juicio contra sus hijas, el cual —asegura— estuvo armado para dar un escarmiento al pueblo de Placetas.
“Medio pueblo estuvo ahí, pero solo procesaron a 19 personas. Quieren meter miedo a gente”, señaló la madre.
Isaac Roque sostiene que sus hijas no hicieron nada, y que las pruebas están en los mismos videos utilizados por la Seguridad del Estado para inculparlas.
“Se lo dije a mi abogada. Ellas no hicieron nada. Ellas no hicieron nada de lo que él puso ahí”, dijo la madre en referencia a la implicación del delegado en el caso de las hermanas Rodríguez Isaac.
“Eso fue un abuso porque ellas no hicieron nada. Porque yo estaba con ellas ahí desde que empezó la manifestación hasta que se terminó”.
Según Bárbara, la arbitrariedad del caso se reflejó en que la fiscal ni siquiera sabía identificar a las hermanas por su nombre.
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“Hicimos una cadena que ellos rompieron a golpes”: así fue la represión frente al Tribunal de Diez de Octubre

MIAMI, Estados Unidos. — El joven activista Arián Cruz ofreció a CubaNet detalles sobre lo sucedido el pasado lunes frente a la sede del Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, en la que decenas de activistas y familiares de manifestantes del 11J fueron reprimidos por agentes de la policía política cubana.
Los activistas habían llegado a las inmediaciones del juzgado, ubicado en la calle Carmen, entre Juan Delgado y Goicuría, en el reparto La Víbora, para acompañar a los familiares de los detenidos.
Según Cruz, el acceso al lugar resultó bastante sencillo, hecho que sorprendió a los activistas, debido a que algunos de ellos se encuentran bajo vigilancia permanente.
“Fuimos llegando de manera espontánea. Incluso nos asombramos de que estuviéramos todos juntos ahí, porque la seguridad estaba pendiente de muchos de nosotros, como Carolina (Barrero), que siempre está vigilada, o Daniela Rojo”.
El joven relata que la comitiva se movilizó hacia el Parque Juan Delgado. Allí se dieron las manos y se unieron en una gran ronda exigiendo libertad para los acusados y para todos los presos políticos.
“Se sintieron muy agradecidos (…). Nosotros ya veníamos acompañando a lagunas familias, por lo tanto, ya nos conocían”.
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Sin embargo, el operativo policial no demoraría en llegar.
“Ellos empezaron a llegar paulatinamente. Primero llegó el agente Yordan, uno de los más violentos. Después nos percatamos que estaba la famosa guagua del terror, la misma que se llevó a los chicos el 27 de enero de 2021”.
Arián Cruz también precisó que el Tribunal estaba totalmente militarizado y que en el lugar “había muchos policías”.
El activista sostuvo que “fue muy duro para los padres ver a sus hijos cabizbajos, con las shakiras puestas, y la manipulación de los casos por parte de las autoridades judiciales”.
Tras la realización de la vista oral, los padres se unieron a los activistas en el parque Juan Delgado. Fue entonces cuando la Seguridad del Estado intentó desbaratar la resistencia pacífica.
“Hicimos una cadena muy grande que ellos rompieron a golpes”, declaró Cruz.
Sobre las acusaciones por sedición contra los manifestantes del 11J, el activista señaló: “Los padres no logran entender eso y nosotros tampoco lo logramos entender. Es inaudito que se esté juzgando a esos muchachos por sedición. Es increíble”.
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Familiares de los manifestantes del 11J: los nuevos opositores en Cuba

MIAMI, Estados Unidos. — Para muchos, el sistema implantado por el régimen cubano funciona como un fábrica de disidentes y opositores políticos. Sin embargo, a lo largo de los años no han sido pocos los que han preferido salvarse de la represión castrista manteniendo su descontento en silencio. Aún así, llega el momento en que hechos puntuales han obligado a los ciudadanos a tomar el toro por los cuernos.
El recién finalizado 2021 fue un año de definiciones en Cuba. Si en tiempos pasados el régimen de la Isla mantenía cierta sofisticación en sus mecanismos de represión, siempre tratando de someter a activistas y opositores, a raíz de las protestas masivas del pasado 11 de julio no quedó a los mandamases más opción que ejercer la violencia pura y dura en las calles. Las principales víctimas de esa cruzada fueron los manifestantes, quienes, casi indefensos, han debido enfrentarse al aparato político y judicial del castrismo.
La represión contra los manifestantes del 11J ha tenido como principal muro de resistencia a los propios familiares de los procesados, quienes han plantado cara al régimen defendiendo la inocencia de sus seres queridos, exigiendo garantías procesales y denunciando las violaciones de derechos humanos en Cuba.
 El caso de Bárbara Farrat
Bárbara Farrat Guillén ha sido uno de los rostros más visibles en la defensa de los presos del 11J. Su hijo, Jhonatan Torres Farrat, de 17 años, fue detenido el 13 de agosto de 2021, más un mes después de las protestas, por lanzar piedras contra agentes del orden que reprimieron a los manifestantes en el municipio de Diez de Octubre. En aquel momento fue acusado por los delitos de desorden público, desacato a la autoridad y atentado.
Desde entonces, Bárbara Farrat Guillén ha tomado las redes sociales denunciando la situación de su hijo en prisión, quien, además, padece de hipertensión y, derivada de esta, una hipertrofia en el lado izquierdo del corazón. Su activismo en las redes sociales ha llevado a Farrat a ser arrestada en varias ocasiones, la más reciente el pasado 23 de enero junto a integrantes de las Damas de Blanco que exigían la liberación de los presos políticos en Cuba.
Bárbara Farrat juró que sacaría a su hijo de la cárcel, convirtiéndose automáticamente en enemiga de la dictadura cubana.
“Esta dictadura no sabe con el sacrificio que yo lo crié sola, siendo un bebé enfermizo. Viví para él, para que tuviera lo básico, enseñándole a ser una persona de bien, para que ahora vengan a quitármelo. Lo parí muy joven pero lo crié con los mejores conceptos que podía tener como persona. Él estudia y nunca ha estado en un problema. Es un buen niño, yo lo eduque así porque Jhonatan Torres es mi vida entera”.
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 Familiares de Andy García: “No nos van a callar”
El joven Andy García Lorenzo, de 23 años, es uno de los 16 procesados por manifestarse en las protestas del 11J en la ciudad de Santa Clara.
El ahora preso político fue acusado de desorden público, desacato a la autoridad y atentado, presuntos delitos que cometió durante las manifestaciones del pasado año, y enfrenta una petición fiscal de siete años de cárcel.
Pese al confinamiento, García Lorenzo se ha mantenido firme y desde la cárcel ha exigido el fin de la dictadura cubana.
“Reitero mi confirmación y compromiso ante esta causa, sigo estando puesto y los ideales no se negocian, por lo que continuaré firme pese a lo que tenga que enfrentar. Y para esta dictadura digo como mismo lo hice el 11 de Julio: Acaben de entregar el poder, que cese el miedo importado y luego implantado de este comunismo en nuestro pueblo, en nuestra preciosa Isla”, señaló el joven en uno mensaje que compartiera su hermana en redes sociales el pasado 7 de enero.
Como mismo ha ocurrido con otros manifestantes del 11J, Andy García Lorenzo no ha estado solo: le han acompañado sus familiares, quienes, además, impulsan la iniciativa “Ayuda a los valientes del 11J”, una campaña para recaudar fondos para entregar alimentos y otros insumos a los opositores y disidentes que permanecen tras las rejas en Cuba.
Debido a sus constantes reclamos por exigir la liberación de Andy García, la familia santaclareña se ha vuelto blanco de la represión del régimen: han sufrido actos de repudio, detenciones y les han impedido salir de su vivienda.
“Estamos conscientes de lo que son capaces ellos de hacer. No es que no tengamos miedo, lo tenemos, pero estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y preferimos hacer lo correcto que callarnos y (…) hacernos los ciegos ante tanta injusticia (…) Preferimos ser personas dignas, personas que enfrentan la verdad y aguantar las consecuencias porque creemos que es una injusticia la que se está cometiendo”, declaró a CubaNet en noviembre Roxana García Lorenzo, la hermana de Andy García.
Los familiares del preso político cubano Andy García Lorenzo fueron arrestados el viernes 14 de enero de 2022 cuando se dirigían al Tribunal Provincial de Villa Clara para acompañar a los manifestantes que fueron juzgados esas semanas. En esa ocasión, sus teléfonos celulares fueron confiscados por la policía política. Días antes, los familiares de Andy habían compartido en redes sociales imágenes del operativo policial alrededor de la sede de La Audiencia.
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Santa Clara: Trabajadores juzgados por participar en el 11J no tienen garantías ni apoyo sindical

LA HABANA, Cuba. — La Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) y su secretario, Iván Hernández Carrillo, tienen especial preocupación por los ciudadanos que están siendo juzgados por manifestarse el pasado 11 de julio (11J) y que poseen vínculos laborales.
Desde esa asociación advierten que esos empleados no tienen ningún respaldo por parte de las organizaciones de masas que supuestamente los deberían representar y que estas últimas no se pronuncian sobre los juicios porque se subordinan al poder hegemónico del Estado cubano.
Pese a que el gobernante Miguel Díaz-Canel y las autoridades judiciales de la Isla han intentado mostrar a los manifestantes del 11J como personas que viven al margen de la sociedad —como si no estar vinculados fuera un delito per se — fueron precisamente las inconformidades laborales las que llevaron a muchos de esos ciudadanos a gritar “Patria y Vida” en las calles.
Datos recogidos por Cubalex y el grupo de trabajo Justicia 11J reflejan que al menos 281 de los 1 084 manifestantes que fueron detenidos por participar en el 11J poseían algún vínculo laboral. Sin embargo, se desconoce el estatus de empleo del resto de los detenidos durante el estallido social.
En Santa Clara, por ejemplo, entre los Expedientes en Fase Preparatoria 687/2021, 689/2021 y 690/2021 hay 15 personas en total indefensión sindical. Uno de ellos aparece como “desocupado”, aunque la ASIC lo reconoce como cuentapropista.
Demis Valdés Sarduy es el sustento de su casa. Pese a que padece de una cardiopatía que puede costarle la vida, espera en la prisión de hombres de Guamajal una condena de seis años de privación de libertad (Expediente 690/2021) por los delitos de desacato, desorden público y propagación de epidemia.
Aunque la organización independiente asegura que es elaborador y vendedor de productos ligeros, en la petición fiscal aparece sin empleo.
Valdés Sarduy fue detenido junto a su hijo de cinco años en el hospital de Placetas. El video de cómo arrestaban a los dos —padre e hijo— se hizo viral. Pese a que los documentos legales han llegado a manos de los abogados plagados de errores, algunos parecieran ser a propósito de agravar la situación o estigmatizar a los manifestantes.
A Mercy Daniela Pichs Martínez (Expediente 689/2021) la quieren condenar a seis años. La ASIC la reporta como cuentapropista, pero las autoridades tampoco reconocen su vínculo laboral. “Se conoce que realiza trabajos de barbería con su tío”, alegan.
Con anterioridad, en el Auto de Medida Cautelar para justificar su encarcelamiento, la describen como “advertida y siendo procesada por actos de prostitución con anterioridad.
No ha sido la única manifestante del 11 de julio a la que le aparece “prostitución” como un antecedente penal. Cabe señalar que aunque en Cuba esta actividad es criminalizada, el ejercicio de la prostitución no aparece tipificado como delito en el Código Penal. Su peso es moral y con una marcada intención de prejuiciar a quienes tengan acceso a la documentación.
En el Expediente 689/2021 y entre aquellos que fueron juzgados la semana pasada en Santa Clara también se encuentran una enfermera y varios cuentapropistas.
Amanda Dalai Matamoros Cabrera era enfermera del policlínico Chiqui Gómez Lubián y hoy espera una sentencia de seis años de privación de libertad. Algo similar ocurre con José Miguel Gómez Mondeja, quien se desempeñaba como agente de seguridad de una de las tantas empresas estatales que se dedican al negocio de salvaguardar los bienes del Estado.
Algo parecido ocurrirá a los cuentapropistas, condenados desde antes a pagar elevadísimos impuestos sin atender a la magnitud de sus negocios.
Yunior Sebey espera una condena de ocho años. Maykel Fleites Rivalta, quien vendía artículos religiosos, espera ser condenado a siete años de prisión. En el caso de este último, fue considerado un peligro social por haber sido procesado con anterioridad por alteración del orden y especulación, según consta en el auto de medida cautelar.
Liván Hernández Sosa esperó juicio en prisión por haber sido procesado con anterioridad por varios delitos considerados graves y por ser “antisocial”. Ahora espera una condena de seis años. En el momento de las protestas trabajaba en el hospital pediátrico José Luis Miranda, de la ciudad de Santa Clara.
Yunior Sebey, Maykel Fleites Rivalta y Liván Hernández Sosa esperan sentencia en La Pendiente junto a un obrero y cuentapropistas de Caibarién que aparecen en la Petición Fiscal 687/2021 y que ya fueron condenados en la Sentencia No. 137/2021, hecha pública el pasado 27 de diciembre.
Al obrero José Rodríguez Herrada, de 50 años, lo condenaron a tres años y seis meses; a Magdiel Rodríguez García, auxiliar de recreación (una de las tareas permitidas por el Ministerio del Trabajo), a cuatro años y seis meses; a Ysel Fumero Tuero, operario de tenería, a dos años y seis meses; y al cuentapropista Carlos Michael Morales Rodríguez a dos años y 10 meses.
Esperan en la prisión de Guamajal otros manifestantes de la misma provincia en total indefensión legal y sin ningún tipo de representación sindical: Randy Arteaga Rivero, quien trabajaba como cuerpo de seguridad de una discoteca y hoy se enfrenta a una petición de siete años; John Luis Machado Marrero (19 años), acusado de atentado y ultraje sexual por bajarse los pantalones ante agentes de la policía, espera una condena de siete años.
En el caso de John Luis Machado Marrero, posee licencia para “reparar de artículos varios”. Las autoridades judiciales se contradicen al mencionar que había sido procesado por “juegos prohibidos”, pese a que no le constan antecedentes penales.
En igual situación están el transportista Pedro Manuel Nicodermo y Armando Guerra, quien se dedicaba a la recreación infantil. Ambos enfrentan una petición de seis años.
La situación laboral en Cuba no solo pasa por los salarios paupérrimos y las condiciones de los centros laborales, sino también por la falta de libertades. La idea de un sindicato que respalde a los trabajadores quedó en el ideal de una izquierda que se empeña en desconocer a Cuba como dictadura. Los sindicatos secuestrados por el poder absoluto del Partido Comunista (PCC) no tienen leyes que defiendan a sus trabajadores y los ejecutores de ese poder son los agentes de la Seguridad del Estado, que se dedican a interrogar y a coaccionar a los trabajadores en cada centro laboral cubano en función de una ideología so pena de despido.
Incluso si se anularan las condenas sobre los trabajadores anteriormente mencionados, estos no podrán regresar a sus puestos laborales porque hay un sistema y una estructura que estigmatiza y margina a quienes se le oponen.
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Concluso para sentencia juicio contra manifestantes del 11J en Diez de Octubre

MIAMI, Estados Unidos. – Las autoridades judiciales del municipio habanero de Diez de Octubre declararon concluso para sentencia el juicio realizado entre ayer y hoy a los manifestantes del EFP-145C, informó este martes en redes sociales Camila Rodríguez, integrante de la plataforma Justicia 11J.
Según dio a conocer la activista, “los abogados de los manifestantes solicitaron, en posición común, la sustitución del delito de sedición por otros, como atentado, desórdenes públicos y propagación de epidemias, sobre la base de la falta de elementos que puedan demostrar la realización de un hecho de naturaleza sediciosa”.
En la vista oral, celebrada en la sede del Tribunal Municipal de Diez de Octubre, se dio a conocer que la edad podría ser un atenuante en la probable sanción de los menores que están siendo procesados.
“Para los menores, la Fiscalía pidió la consideración de la edad como un factor para la reducción de la sentencia, en el caso de algunos de los menores de 20 años (según los dispuesto en el artículo 17.1 del Código Penal), en virtud de lo cual la sanción de los manifestantes pudiese quedar en siete años de privación de libertad. Uno de los abogados, que prefirió mantener el anonimato, refiere que en todos los casos no fue valorado este elemento, con lo cual sería arbitraria la aplicación del artículo citado”, añadió Camila Rodríguez.
(Captura de pantalla/Facebook)
El reporte de la activista precisa que en el juicio “no se fijó fecha exacta para la entrega de la sentencia”.
Como mismo ha ocurrido en otros territorios, las dos sesiones del juicio a los manifestantes del 11J contaron con fuerte presencia de efectivos militares.
“Las afueras del Tribunal estuvieron militarizadas, sobre todo en el momento de la salida de los manifestantes, cuando cerca de 20 policías no solo impedían el paso a los familiares hacia el camión que transportarían a los manifestantes en detención, sino también la vista hacia ellos. Al menos una docena de agentes de la Seguridad del Estado rondaron a los familiares que permanecían a la espera”.
Rodríguez apuntó que, durante la tarde de ayer, los defensores de derechos humanos Gerardo Lazcano y Ariel González Cuevas, quienes acompañaban a los familiares de los manifestantes y esperaban noticias sobre Roberto Ferrer Gener, fueron detenidos arbitrariamente.
“Ambos permanecieron hasta la noche en la oncena unidad, donde coincidieron con los activistas Daniel Triana, Carolina Barrero y Arián Cruz”, precisó la activista, quien destacó, además, que la vista oral no fue cubierta  por medios de prensa internacionales ni estatales ni independientes.
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“Todo rodeado”: Militarizan el Tribunal Provincial de Villa Clara por el juicio de los manifestantes del 11J

MIAMI, Estados Unidos. – Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), oficiales de la Seguridad del Estado y fuerzas de élite conocidas como Boinas Negras rodearon este lunes el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara ―La Audiencia―, poco antes de iniciarse los juicios contra los manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J) de Santa Clara.
Familiares de Andy García Lorenzo, el joven de 23 años acusado por los supuestos delitos de “desorden público” y “desacato”, compartieron en redes sociales imágenes del operativo policial alrededor de la sede de La Audiencia.
Jonatan López Alonso, el cuñado de García Lorenzo, aseguró en Facebook que la PNR tenía el lugar “totalmente acordonado” junto a la Seguridad del Estado. “Se está cometiendo una gran injusticia con nuestros familiares en juicios sumarios que carecen de mínima garantía legal”, aseveró.
Edificio de La Audiencia, cercado por la Policía (Foto: Jonatan López Alonso/Facebook)
Por su parte, la activista y emprendedora santaclareña Saily González Velázquez anunció en las primeras horas de este lunes que se dirigía al edificio de La Audiencia a acompañar a los familiares de “los jóvenes más valientes de Santa Clara, los que salieron el 11J”.
“Ahora me dirijo al edificio de La Audiencia para acompañar a los familiares en este día tan difícil, ejerciendo mi derecho a transitar libremente por el país del cual soy ciudadana, según el artículo 52 de la Constitución de la República de Cuba, y el derecho a la reunión con fines lícitos y pacíficos expresado en el artículo 56”, escribió en Facebook.
“Cualquier intento de coartar el ejercicio de esos derechos es una violación por la cual responsabilizo desde ya a Miguel Díaz-Canel Bermúdez y a la Presidencia Cuba”, también dijo la activista.
“Cámara de vigilancia instalada hoy, que forma parte del operativo conjunto brutal de la Seguridad del Estado y la PNR en las afueras del Tribunal Provincial de Villa Clara para vigilar e intimidar a las familias de los presos del 11J”, denunció en Facebook Jonatan López Alonso.
Por su parte, Roxana García Lorenzo (la hermana de Andy García Lorenzo) aseguró en una directa de Facebook que agentes de la Seguridad del Estado la estuvieron persiguiendo “por todas las calles de Santa Clara” mientras se dirigía a La Audiencia.
Asimismo, denunció que desde las 4:00 de la mañana de este lunes la vivienda del rapero y activista Omar Mena, quien acompañaría a su familia durante el juicio, se encontraba rodeada por agentes de la Policía política.
“Responsabilizamos a la Seguridad del Estado por cada cosa que nos ocurra a nosotros, no solo a nuestra familia, no solo a mi hermano, sino a todas las amistades que se están sensibilizando con el caso”, aseguró Roxana.
(Noticia en desarrollo)
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Familiares de Andy García: “parecía que estaban juzgando a terroristas”

MIAMI, Estados Unidos. – Jonathan López Alonso, cuñado de Andy García Lorenzo, dijo a Diario de Cuba (DDC) este lunes que “parecía que se le estaba haciendo juicios a terroristas que habían atentado, puesto bombas. Sabemos que ellos temen que se les arme algo allá afuera. Crearon miedo”.
García Lorenzo es uno de los 16 cubanos procesados en Santa Clara por las protestas pacíficas del pasado 11 de julio (11J). Su hermana, Roxana García Lorenzo, indicó a DDC que solo su madre pudo entrar al primer día del juicio en el Tribunal Provincial de Villa Clara, que durante todo el día se mantuvo rodeado de efectivos policiales.
“Solamente se permite a un solo familiar pasar a ser testigo del juicio, sin cámaras, sin celulares. Allá adentro no te permiten ni hacer gestos con la cara. Hoy duró hasta las 4:00 de la tarde, hubo un corto receso de media hora para almorzar. En ese momento mi mamá pudo salir, contarnos lo que había ocurrido”, señaló Roxana.
A Andy, de 23 años y acusado por los supuestos delitos de “desorden público” y “desacato”, le preguntaron “¿tú te arrepientes? Mi hermano les dijo que ‘yo de lo único que me arrepiento es de, en medio de la manifestación, haber salido y en varias ocasiones dar la cara y defender a la Policía”.
Roxana asegura que de lo único que su hermano se arrepiente es de “haber intervenido para que no golpearan a la Policía”.
Desde horas de la mañana de este lunes 10 de enero Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), oficiales de la Seguridad del Estado y fuerzas de élite conocidas como Boinas Negras rodearon este lunes el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara ―La Audiencia―, poco antes de iniciarse los juicios contra los manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J) de Santa Clara.
Los familiares de Andy García Lorenzo compartieron en redes sociales imágenes del operativo policial alrededor de la sede de La Audiencia.
Jonatan López Alonso, el cuñado de García Lorenzo, aseguró en Facebook que la PNR tenía el lugar “totalmente acordonado” junto a la Seguridad del Estado. “Se está cometiendo una gran injusticia con nuestros familiares en juicios sumarios que carecen de mínima garantía legal”, aseveró.
Edificio de La Audiencia, cercado por la Policía (Foto: Jonatan López Alonso/Facebook)
Por su parte, la activista y emprendedora santaclareña Saily González Velázquez anunció en las primeras horas de este lunes que se dirigía al edificio de La Audiencia a acompañar a los familiares de “los jóvenes más valientes de Santa Clara, los que salieron el 11J”.
“Ahora me dirijo al edificio de La Audiencia para acompañar a los familiares en este día tan difícil, ejerciendo mi derecho a transitar libremente por el país del cual soy ciudadana, según el artículo 52 de la Constitución de la República de Cuba, y el derecho a la reunión con fines lícitos y pacíficos expresado en el artículo 56”, escribió en Facebook.
“Cualquier intento de coartar el ejercicio de esos derechos es una violación por la cual responsabilizo desde ya a Miguel Díaz-Canel Bermúdez y a la Presidencia Cuba”, también dijo la activista.
Saily González Velázquez junto a familiares y amigos de Andy García Lorenzo, en las afueras de La Audiencia de Santa Clara (Foto: TonyLisy Espino/Facebook)
Por su parte, Roxana García Lorenzo (la hermana de Andy García Lorenzo) aseguró en una directa de Facebook que agentes de la Seguridad del Estado la estuvieron persiguiendo “por todas las calles de Santa Clara” mientras se dirigía a La Audiencia.
Asimismo, denunció que desde las 4:00 de la mañana de este lunes la vivienda del rapero y activista Omar Mena, quien acompañaría a su familia durante el juicio, se encontraba rodeada por agentes de la Policía política.
“Responsabilizamos a la Seguridad del Estado por cada cosa que nos ocurra a nosotros, no solo a nuestra familia, no solo a mi hermano, sino a todas las amistades que se están sensibilizando con el caso”, aseguró Roxana.
“Cámara de vigilancia instalada hoy, que forma parte del operativo conjunto brutal de la Seguridad del Estado y la PNR en las afueras del Tribunal Provincial de Villa Clara para vigilar e intimidar a las familias de los presos del 11J”, denunció en Facebook Jonatan López Alonso.
Más adelante, en una transmisión en directo de CubaNet, los familiares de los 16 manifestantes de Santa Clara enjuiciados este lunes denunciaron que las fuerzas del régimen les impedían acceder al parque de La Audiencia, donde habitualmente se puede esperar durante las sesiones del Tribunal. “No sabemos qué está ocurriendo allá adentro”, lamentó Roxana García Lorenzo.
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Guantánamo: régimen mantiene acoso sobre manifestantes del 11J y sus familiares

MIAMI, Estados Unidos. — Cinco meses después de las protestas antigubernamentales del 11 de julio, el régimen cubano continúa el ajuste de cuentas contra los manifestantes, en su mayoría pacíficos.
Rafael Puentes Cremé, activista guantanamero, aseguró a CubaNet que la policía política en esa provincia no ha cesado de acosar no solo a los protagonistas de la jornada, sino a también sus familiares.
“Los órganos de la Seguridad del Estado han puesto todas sus fuerzas en función de aislar, de reprimir e intimidar a los familiares de los manifestantes del 11 de julio”, aseguró Puentes Cremé, quien abordó la situación de algunos de los activistas que desde ayer están siendo procesados.
El opositor citó los casos de Yordis García Fournier, Exeynt Beirut Rodríguez, Yobel Sevila Martínez y Jesús David Rodríguez, para quienes la Fiscalía guantanamera pide condenas de hasta cinco años de prisión.
Puentes Cremé sostuvo que aunque los medios en Cuba sigan abordando los sucesos del 11 de julio como un hecho delictivo, las protestas se dieron porque en la Isla estaban creadas las condiciones objetivas y subjetivas para un estallido social.
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El opositor llamó a organizaciones internacionales como Naciones Unidas y otras defensoras de la democracia y los derechos humanos a reaccionar ante las violaciones que se llevan a cabo en la Isla.
“Que actúen sobre el gobierno de Cuba para que se invalide este proceso injusto contra estos ciudadanos cuya único delito es no soportar más la represión, las penurias y las necesidades”, agregó el activista.
En los últimos días el régimen cubano ha continuado los procesos judiciales contra los manifestantes del 11J, así como contra otros vinculados a la oposición en el país. Uno de los condenados fue el activista Osmani Pardo Guerra, quien este lunes recibió sentencia de un año de reclusión domiciliaria por el supuesto delito de Resistencia.
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Universitarios reclaman liberación del estudiante de arte Abel González Lescay

A través de la red social Facebook, Reclamo Universitario explicó que el joven músico y poeta, de 23 años, “no atentó contra ningún tipo de propiedad”, que “salió a manifestarse como cualquier otro ciudadano”.
La publicación denuncia que fue detenido durante la noche en su casa, en Bejucal; “conducido a la estación de policía desnudo y sufrió Covid-19 durante el arresto”.
“Los jóvenes de Reclamo Universitario, coherentes con el legado de Mella y la verdadera juventud revolucionaria, no abandonaremos jamás a ningún compañero de nuestras aulas… Lo queremos libre y en la universidad”, expresa el comunicado.
Lescay está bajo prisión domiciliaria desde el 18 de julio, acusado de desacato a la figura básica, desacato a la figura agravada y desorden público; delitos por los que le piden siete años de prisión.
En caso de ser declarado culpable podría perder su carrera en el Instituto Superior de Arte.
Por su parte, la periodista cubana Lisbeth Moya González se sumó al llamamiento con un manifiesto publicado en La Izquierda Diario.
“Llamo a la solidaridad internacional con Abel González Lescay, porque solo así seremos escuchados. La izquierda debe pensarse como una en el mundo”, expresó Moya González.
En sus declaraciones la escritora destacó que “casos como este acontecen en Cuba en estos días, casos absurdos e inconcebibles” y explicó que cuando habla de estos temas con integrantes de la izquierda de otros países, “les resulta inaudito que a alguien le exijan semejantes condenas por salir a ejercer el derecho a manifestación”.
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Vargas Llosa se une a artistas e intelectuales que exigen la liberación de los manifestantes del 11J

MIAMI, Estados Unidos. – El escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, se unió este 1 de septiembre a varias decenas de artistas e intelectuales cubanos y extranjeros que dirigieron una carta abierta a Miguel Díaz-Canel, en la que exigen la liberación del medio millar de manifestantes del 11J que continúan presos.
“Con esperanza y preocupación hemos observado las masivas protestas del pasado 11 de julio en Cuba. Esperanza porque una parte significativa del pueblo cubano por primera vez dejó oír su voz al unísono exigiendo la libertad y los derechos de los que hasta ahora han carecido y porque lo hicieron de forma pacífica y al mismo tiempo clara y firme”, comienzan los más de cien firmantes iniciales de la petición publicada en la plataforma change.org.
No obstante, también reconocen su “preocupación” y “disgusto” por “la respuesta brutal” que el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, y su Gobierno le dieron a las manifestaciones iniciadas el 11J, “negándose a oír los sencillos reclamos de su pueblo y llamando directamente a la violencia y la represión de unos ciudadanos contra otros”.
“Sr. Presidente, no se esfuerce en presentar a aquellos que protestaron como mercenarios al servicio de Estados Unidos. Reconozca en esas protestas la voz de un pueblo hastiado de falta de libertades, de mal gobierno y de estrecheces de todo tipo”, aseveraron.
“No niegue que esas decenas de miles que protestaron en toda la Isla son parte de un pueblo que ya no se identifica con el proyecto que propone y que se atreve a decirlo en voz alta pese a los riesgos demostrados que entraña hacerlo. Desde el pasado 11 de julio no tiene sentido hablar de unión monolítica entre su gobierno y su pueblo como no tiene sentido negarles la patria a los que protestan y ofrecerles en cambio muerte, represión y silencio”, agregaron.
“No se engañe ni nos trate de engañar. Es hora de que Cuba avance por caminos diferentes a los que usted y su Gobierno les han trazado a los cubanos. Para ello es imprescindible que se les respete su derecho a manifestarse y a elegir su destino, en lugar de buscar nuevas maneras de reprimir al pueblo cubano y silenciarlo”.
Finalmente, piden a Díaz-Canel que libere “al más de medio millar [de manifestantes] que a un mes de las protestas siguen en prisión o están siendo procesados por participar en ellas”
“Junto a ellos debe liberar a todos los cubanos que están en prisión por manifestar su desacuerdo con su gobierno. Si le importa tanto el pueblo cubano como la revolución que se hizo en su nombre empiece por escucharlo, por no reprimirlo cuando hable”, terminaron.
La petición fue inicialmente firmada por el escritor Enrique del Risco, la performer Tania Bruguera, el filósofo y escritor Fernando F. Savater, los grandes maestros de ajedrez Garry Kasparov y Lázaro Bruzón, el actor Andy García, el pintor Flavio Garciandía, la escritora Daína Chaviano, la poeta Reina María Rodríguez (Premio Nacional de Literatura de Cuba), la cantante Gema Corredera, el inmunólogo e investigador Eduardo López-Collazo, el escritor Abilio Estévez, y la actriz Ketty de la Iglesia, entre muchas otras personalidades.
Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, se ha mantenido como uno de los intelectuales más críticos con el régimen de La Habana. A finales de 2019, durante un seminario acerca de la crisis política y social en América Latina, el escritor aseguró que tenía la esperanza de que “en cualquier momento” el pueblo cubano diera una “sorpresa”.
Aunque la Isla “sufre hace 60 años una dictadura terrible que parece haber destruido las raíces [a favor de la libertad, a favor de la democracia]; yo creo que no, yo creo que esas raíces están allí”, también aseguró ese mismo año a Radio Televisión Martí.
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