HAVANA CLIMA

Juicios

Gobierno de Cuba solidarizado con Cristina Fernández de Kirchner

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, trasmitió su “apoyo y solidaridad” a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para quien esta semana un juez ha solicitado 12 años de prisión.Desde su cuenta en Twitter, el mandatario transmitió su “solidaridad” y escribió: “Vencerás al reto como venciste otros antes. Con la verdad y la razón”..@CFKArgentina, bajo despiadado acoso mediático, vuelve a enfrentar un proceso judicial políticamente motivado.Recibe desde #Cuba toda nuestra solidaridad, querida Cristina. Vencerás el reto como venciste otros antes. Con la verdad y la razón. #TodosConCristina pic.twitter.com/BNtxMxwAi3— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 24, 2022La agencia cubana Prensa Latina (PL) destaca que también desde la misma plataforma, el canciller cubano Bruno Rodríguez repudió el proceso contra la también titular del Senado argentino, quien denunció en la víspera ser víctima de un acecho sin precedentes.En tanto, el director general de América Latina y el Caribe del ministerio de Relaciones Exteriores, Eugenio Martínez, subrayó, según la fuente, que estos procesos políticamente motivados “contra líderes y organizaciones de izquierda y progresistas son un intento por revertir procesos auténticamente populares que enfrentan la dictadura del neoliberalismo plegada a los intereses del gran capital”.Durante la novena y última audiencia acusatoria de la conocida como Causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani solicitó una condena de 12 años de prisión para la exjefa de Estado y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.En este proceso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández de Kirchner (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz.Acusada de corrupción la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de KirchnerSegún el procurador, Fernández, que gobernó Argentina entre 2007 y 2015, fue la “jefa” de una asociación ilícita conformada por funcionarios públicos de “alta jerarquía” -para quienes el fiscal también solicitó diversas penas-  y que actuó por los móviles del “ánimo de lucro y la codicia”.“Nada, absolutamente nada de lo que dijeron [los fiscales] fue probado. Cuando dije que tenían la sentencia escrita, me quedé corta”, dijo Fernández de Kirchner desde su despacho de la presidencia del Senado antes de salir a saludar a sus seguidores, quienes se dieron cita este martes ante el congreso.

Leer más »

El Derecho y la Ley en Cuba a un año del 11-J

El 11 de julio de 2021 tuvo muchos significados para la sociedad cubana. También los ha tenido para el mundo del Derecho. A las manifestaciones, mayormente pacíficas, que se realizaron en decenas de ciudades del país, el gobierno dio una respuesta jurídica-política que ha zarandeado la precaria legitimidad que la legalidad y el Estado de Derecho conservaban en Cuba.

La bienvenida en 2019 a una Constitución con derechos humanos, supremacía constitucional, Estado socialista de derecho, consagración del habeas corpus y reglas del debido proceso, podía hacer creer que la respuesta a situaciones como las del 11 y 12 de julio de 2021 encontraría formas jurídicas distintas; sin embargo, la reacción del gobierno no dio margen a la prudencia ni a la moderación. El Derecho cubano, atado de forma asfixiante a directrices ideológicas y políticas concretas distintas a las que la Constitución y la ética informan, no pudo resolver —ni científica ni técnicamente— los dilemas jurídicos derivados de aquellos días.
Todos los ordenamientos jurídicos nacionales, del país que sea, han sido producidos por un aparato de poder estatal y tienen lastres políticos e ideológicos. El Derecho no se declara, entonces, independiente de una maquinaria política, pero su legitimidad depende, sin excepciones, de que él mismo produzca los límites de la intervención del Estado, y de los gobiernos que se sucedan, en el desempeño de la legalidad y en la administración de justicia.
El Derecho cubano es, por ende, el del Estado socialista; al menos el del Estado que emergió de la Constitución de 2019: un derecho de la reforma liberal de la economía cubana, jamás completada, y de la reforma de la democracia, jamás comenzada. Si se estudia el ordenamiento jurídico insular, encontraremos en él contradicciones típicas de las etapas de transición del socialismo con un estado todopoderoso, al socialismo con una economía mixta, con propiedad privada, que apuesta por la inversión extranjera y elimina el vocabulario y principios del constitucionalismo soviético.
Votaron por el “Sí” a la Constitución de 2019, un total de 6.816.169 cubanos, lo que representa el 73.31 % de los electores. (Foto: BBC)
Por otro lado, el Derecho cubano padece graves problemas de unidad interna de su ordenamiento jurídico, pues en él coinciden propuestas de leyes como el Código de las Familias —avanzado, progresista, técnicamente complejo, al rescate de la autonomía de la voluntad para la solución de muchas relaciones jurídicas familiares—, con otras como el Código Penal, que conserva la pena de muerte frente a una Constitución que consagra el derecho a la vida, y penaliza conductas eminentemente civiles, como la manifestación política y la utilización de fondos extranjeros, legalmente recibidos, para desarrollar cualquier actividad que los intérpretes del Derecho consideren contraria al orden político vigente.
A este momento hemos llegado tras décadas de una férrea administrativización del Derecho civil cubano, en un ambiente donde el tráfico jurídico patrimonial —en el que debían resolverse la aplicación de las normas de los derechos de obligaciones y contratos, de propiedad, de sucesiones por causa de muerte, mercantil—, fue amarrado a decisiones menores del Ministerio de Justicia y a otras normas especiales, que redujeron estas ramas del Derecho a indicaciones que los notarios y notarias debían conocer con más profundidad que la ley.
En el ámbito penal la crisis tampoco es nueva. Las políticas penales han sido más importantes que la franca interpretación de la ley durante toda la historia de la institucionalización socialista. Se ha llegado a concebir abominaciones como el Índice de Peligrosidad Pre-delictiva, afortunadamente abrogado en la nueva Ley de Procesos Penales, o como los Delitos Priorizados, estos no reconocidos en la ley pero sí presentes en la vida cotidiana de los operadores del derecho penal en Cuba.
Un delito que se considere priorizado debe juzgarse de forma distinta a la que indica la ley, sus consecuencias trascienden el momento de la instrucción, y de su posible condena porque llega hasta a la prohibición de los beneficios penales que un sancionado merece. Si el delito es priorizado, el sancionado puede encontrarse ante un callejón sin salida.
Aquí también los controles administrativos han sido inmensos. Los jueces son inspeccionados por sus sentencias absolutorias, los fiscales por no mantener la petición de un marco sancionador alto para el acusado, y la propia administración de justicia se ha organizado para priorizar la sanción de los procesados y no precisamente el hallazgo incontestable de la verdad.
La Constitución de 2019 mantuvo la regla, ya existente en la de 1976, de que los Tribunales reciben directrices del Consejo de Estado. Con esto se redondea la influencia del Partido en la administración de justicia, porque en Cuba el Partido dirige al Estado y a la sociedad toda. A tenor con ello, queda en entredicho el principio, también constitucional, de independencia de los jueces.
Tal práctica pudo constatarse en el video, difundido recientemente por Diario de Cuba, de una reunión efectuada en el año 2018 entre dirigentes del Tribunal Supremo, la Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior. En ella, el presidente del Tribunal Supremo declara a viva voz que la administración de justicia se pacta entre los diferentes órganos intervinientes en el proceso penal y deja claro cómo los Tribunales Populares ayudan a la Fiscalía a arreglar sus expedientes y conclusiones provisionales acusatorias con el fin de sancionar de manera categórica a los acusados.

Todo esto ha sucedido en un contexto político de expansión del totalitarismo en el que el Derecho no es precisamente la baza preferida. La ojeriza manifiesta de los cuadros de dirección cubanos a las cuestiones jurídicas no es consecuencia únicamente de su acomodamiento en el burocratismo, sino del desprecio a los límites, a los valores de justicia, equidad, legalidad, transparencia, rendición de cuentas, y a cualquier enfoque de derechos humanos en la administración pública y en el funcionamiento interno del Partido.
Se ganó la batalla por la inclusión de los derechos humanos en la Constitución, pero la batalla por la realización de los mismos no ha traído similar victoria. Cuba es, desde la incorporación de esta institución en el proyecto constitucional de Chile, el único país de América Latina que no cuenta con una Defensoría del Pueblo. Somos asimismo un Estado sin control constitucional como actividad especializada en un órgano, ya que no existen en la Isla un Tribunal Constitucional ni otra institución política independiente que realice dicha función, que recae esencialmente en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Para colmo de males, la reciente Ley de Amparo cubana ha reducido la defensa judicial mediante recurso interpuesto a salas de lo constitucional en los tribunales, a los derechos que no puedan defenderse por otra vía procesal, es decir, que no cuenten con un proceso propio de protección. De tal forma, se reducen mucho las posibilidades de desarrollo de esta garantía, esbozada en la Constitución de 2019.
El Derecho ante los hechos del 11 de julio
En este contexto el Derecho cubano no hizo otra cosa que responder como podía. La orden de combate dada el 11 de julio por el presidente de la República, no solo fue para que el pueblo que apoyaba al oficialismo y las instituciones armadas del país se enfrentaran a los manifestantes, sino que se extendió al ámbito de la justicia.
Los días posteriores a los hechos de julio no anunciaban una respuesta legal ajustada a Derecho. Tampoco lo hacían las cientos de detenciones arbitrarias del 11, 12 y días venideros. Además, las manifestaciones fueron consideradas como organizadas desde territorio de los Estados Unidos y orquestadas por la contrarrevolución, lo que dejaba el escenario listo para la represión, también penal.
Es en momentos como estos que una administración de justicia independiente es necesaria y se echa de menos. A la hora en que políticos y miles de personas exigen respuestas punitivas, alguien debe poner un paño frío sobre la zona candente de tensión. Cuando debió darse el ejemplo de una Fiscalía que protegiera los derechos humanos y la Constitución, nos encontramos con miles de detenidos sin garantías del debido proceso, sin paradero conocido, sin derecho a una defensa con las manos desatadas.
A la hora en que políticos y miles de personas exigen respuestas punitivas, alguien debe poner un paño frío sobre la zona candente de tensión. (Foto: Adalberto Roque/AFP)
La petición fiscal de graves sanciones de privación de libertad por el delito de sedición a los acusados, demostraba que estos procesos no discurrían por un camino de independencia política e ideológica. Ningún fiscal en Cuba habría sido capaz de calificar las manifestaciones del 11 y 12 de julio como sedición, si no se les hubiese indicado cual solución ejemplarizante.
Los Tribunales también tenían las manos atadas. La propaganda política oficial que acompañó este proceso no permitía juzgar de forma independiente y neutral. Gran cantidad de personas menores de edad, pero imputables, habían sido detenidas; las sanciones que se solicitaban para ellas no eran lógicas, no eran educativas, no encontraban correspondencia con los hechos juzgados. Pero fueron sancionados, y cuando fue necesario reducir las sanciones, ello se hizo de la misma manera arbitraria con que se impusieron.
Muchos jueces, fiscales y abogados cubanos no quieren ser parte de ese carnaval dantesco, donde la justicia no importa y los juicios y procesos son resueltos en lugares y momentos distintos a los que manda la ley; pero ese es el ambiente real en el que trabajan y en el que tratan de ser honestos y honestas alguna que otra vez, cuando se les permite.
El Derecho cubano, la legalidad, el orden y la justicia, se tambalean desde mucho antes del 11 de julio de 2021. El golpe brutal que recibió la inocente quijada del Estado cubano hace un año, cuando supo que el pueblo sí se podía cansar, gritar, andar, levantar, exigir; no lo ha hecho aprender la lección con humildad y respeto por el soberano a quien se debe, sino que lo ha conducido a reforzar las bases políticas y legales para responder con más severidad a cualquier intento semejante de la gente.
Tampoco es inocente ya el pueblo de Cuba. No lo fueron nunca los pobres que se lanzaron a las calles en julio, los más necesitados y los más preteridos por el proyecto socialista cubano, que hace mucho abandonó su camino hacia la socialización y se concentró en una sola vía hacia el poder absoluto e incontestable de un Partido y una forma exclusiva e incuestionable de organización política, económica, y su correspondiente administración.
La gente aprendió, eso sí, que la ley del pueblo no existe. Que el Derecho en Cuba debe ser cambiado, tanto como la economía y como las formas de hacer política. Que la ley no basta, que hacen falta un Estado y un gobierno que la defiendan, que la respeten, que la dejen ser y proteger, aun cuando esto tenga que ser muchas veces contra los intereses de los poderosos.

Leer más »

Se demostró con hechos manipulación en juicio contra Lázaro Yuri Valle Roca

LA HABANA, Cuba.- “Para mí ese juicio fue un circo. Estuvo amañado, manipulado, fue una mentira, un farsa judicial del sistema cubano”, denunció ante las cámaras de CubaNet Eralidis Frómeta, esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, a quien el régimen está pidiendo seis años de cárcel por los supuestos delitos de propaganda enemiga, desacato y resistencia.
De acuerdo con sus palabras, durante la vista del juicio oral celebrado el pasado martes 28 de junio en el tribunal de 100 y 33 en el municipio Marianao, las autoridades del régimen rodearon la instalación para impedir la asistencia de activistas y periodistas que intentaran mostrar apoyo al reportero independiente.
“Todas las calles laterales del tribunal de 100 y 33 estaban tomadas por la Seguridad del Estado y sus brigadas de respuestas rápidas. Incluso, todos (los oficiales) portaban sus armas de fuego en la cintura… El tráfico fue desviado y no podían pasar las personas ni a pie, les pedían identificación y los viraban”, contó Frómeta.
La mujer explicó además que los testigos que debían declarar en favor del periodista Lázaro Yuri Valle Roca no fueron citados por las autoridades, lo cual consideró una violación al debido proceso.
La entrevistada también recordó que de los cinco testigos que debían testificar a favor de la fiscalía y en contra del reportero independiente, solo dos lo hicieron, aunque no testificaron en su contra.
“Los testigos declararon la verdad, que el cabecilla, quién convocaba a los activistas para las actividades y el evento que el periodista cubrió (lanzamiento de octavillas) se llama Ignacio Arias Martínez, acusado que no pusieron en el juicio. Ninguno de los acusados conocía a Yuri. El único que conocía a Yuri era este Ignacio que fue el que no presentaron a juicio”, declaró.
Asimismo, Frómeta detalla que la fiscalía mintió tras mencionar que en la casa del periodista se realizaban encuentros de planificación de “actividades contrarrevolucionarias”, lo cual, según refleja, no es cierto.
“Se demostró con hechos, porque la fiscalía no tuvo una sola prueba que mostrar allí en contra de Lázaro Yuri, que todo fue falso”, enfatizó.
De igual forma, alega que “a última hora” las autoridades imputaron a su esposo el delito de resistencia: “Ellos lo tienen que haber hecho pasado el término que dan para que los abogados se preparen (para la defensa) porque (este delito) no se encontraba en el documento de la petición fiscal”, especificó.
Entretanto, Frómeta recordó que el policía que golpeó a su esposo en la unidad de Zapata y C reconoció ante el juzgado la golpiza al reportero y expresó no haber recibido órdenes de sus jefes para hacerlo.
“Él dijo que lo había golpeado. Cuando el juez le pregunta que quién lo mandó, dijo que nadie, que lo hizo porque quiso. Allí lo cuestionaron mucho por esa golpiza que le dio a Yuri, y que esposado lo lanzó escalera abajo”, dijo.
Respecto a la salud de Lázaro Yuri su esposa refirió “que sigue delicada”: “Cada día le aparecen nuevos síntomas. De hecho el día del juicio estaba enfermo con diarreas, pero gracias a Dios me permitieron darle unas pastillas para trancar las diarreas”.
Sin embargo, asegura que a Lázaro Yuri Valle Roca no le brindan asistencia médica en el penal y que tampoco hay medicamentos disponibles para los reos.
“No hay ni un dentista y (él) está padeciendo ahora de un problema en una muela. No hay médico. No hay nada. Lo están dejando morir”, denunció. 
El pasado 15 de junio Lázaro Yuri Valle Roca cumplió un año de haber sido encerrado en la prisión de mayor rigor, el Combinado del Este, luego de documentar y posteriormente publicar el lanzamiento de octavillas con frases de José Martí y Antonio Maceo.           
[embedded content][embedded content]
               
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

Leer más »

EEUU: comienza juicio contra exmilitar argentino por “masacre de Trelew”

El juicio contra el exmilitar argentino Roberto Guillermo Bravo, acusado en su país de participar hace cincuenta años en la “masacre de Trelew” comenzará este lunes en Miami con la elección del jurado.Según reporte de la agencia Efe, Bravo, de 79 años y quien tiene también la nacionalidad estadounidense, será juzgado por su presunto papel en el tiroteo masivo sobre 19 insurgentes en agosto de 1972 durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973).Bravo afronta una demanda civil interpuesta en 2020 por los familiares de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho, quienes fallecieron durante los hechos de Trelew. Además le acusan los familiares de Alberto Camps, quien sobrevivió.It was decades before anyone was held accountable for the #TrelewMassacre. In 2012, 3 of the 4 alleged perpetrators were convicted in Argentina: 40 years later. One of the accused – Bravo – remained out of reach, living in Miami. pic.twitter.com/wakcVfjoPz— CJA (@CJA_News) June 13, 2022En 1972 un total de 25 miembros de grupos armados de izquierda huyeron de un penal en la base naval Almirante Zar, en Trelew, a unos 1500 kilómetros al sur de Buenos Aires. Los militares capturaron a 19 de ellos, mientras seis escaparon en un avión a Chile. De los arrestados, 16 murieron ametrallados y tres sufrieron graves heridas, según las autoridades argentinas.Un año despues, según refiere el diario argentino Página 12, Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar relataron su experiencia al periodista y poeta Francisco “Paco” Urondo, testimonio que se convirtió en  el libro La patria fusilada.Tres décadas después de que Argentina regresara a la democracia, los tribunales procesaron y declararon culpables a tres de los oficiales involucrados en la masacre.Sin embargo, Bravo “no se ha enfrentado a la rendición de cuentas, sino que vive en Estados Unidos desde 1973”, señala el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), grupo de derechos humanos que en 2020 presentó una demanda civil contra Bravo en los tribunales estadounidenses bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (TVPA, en inglés).Según el CJA, el ejército argentino dijo que los 16 murieron en un intento de fuga, pero María Antonia Berger, René Haidar y Alberto Camps, los sobrevivientes, “contaron una historia diferente e informaron al país que lo ocurrido en Trelew había sido una masacre”. El CJA detalla que en los años siguientes, los tres fueron asesinados o desaparecieron.Los abogados de los demandantes pedirán al jurado que declare responsable legal a Bravo y “conceda daños compensatorios” para las víctimas y familiares de los “opositores políticos” muertos y heridos.Hoy, la Senadora @ditulliojuli y el Senador Oscar Parrilli, recibieron a los familiares de los fusilados y fusiladas en la Masacre de Trelew, de la que se cumplirán 50 años dentro de dos meses. https://t.co/SVhf0JEmfn pic.twitter.com/MpO39zT9XT— Oscar Parrilli (@OscarParrilli) June 26, 2022Bravo, exteniente de navío, fue detenido en Miami en 2010 y quedó en libertad tras pagar una fianza de 1.2 millones de dólares. Según la fuente, se retiró en 1979 y obtuvo un trabajo en una compañía de equipos electrónicos de Estados Unidos a través de la cual recibió la residencia permanente en este país un año después, y en 1987 se convirtió en ciudadano.La CJA recuerda que los tribunales argentinos determinaron que la masacre fue “un crimen de lesa humanidad”, cometido en el contexto de una persecución generalizada y sistemática a opositores políticos de la dictadura de Lanusse. Por tanto, la amnistía y la prescripción no eran aplicables a la “Masacre de Trelew” y confirmaron las condenas.Efe/OnCuba.

Leer más »

EEUU: comienza juicio contra exmilitar argentino por “masacre de Trelew”

El juicio contra el exmilitar argentino Roberto Guillermo Bravo, acusado en su país de participar hace cincuenta años en la “masacre de Trelew” comenzará este lunes en Miami con la elección del jurado.Según reporte de la agencia Efe, Bravo, de 79 años y quien tiene también la nacionalidad estadounidense, será juzgado por su presunto papel en el tiroteo masivo sobre 19 insurgentes en agosto de 1972 durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973).Bravo afronta una demanda civil interpuesta en 2020 por los familiares de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho, quienes fallecieron durante los hechos de Trelew. Además le acusan los familiares de Alberto Camps, quien sobrevivió.It was decades before anyone was held accountable for the #TrelewMassacre. In 2012, 3 of the 4 alleged perpetrators were convicted in Argentina: 40 years later. One of the accused – Bravo – remained out of reach, living in Miami. pic.twitter.com/wakcVfjoPz— CJA (@CJA_News) June 13, 2022En 1972 un total de 25 miembros de grupos armados de izquierda huyeron de un penal en la base naval Almirante Zar, en Trelew, a unos 1500 kilómetros al sur de Buenos Aires. Los militares capturaron a 19 de ellos, mientras seis escaparon en un avión a Chile. De los arrestados, 16 murieron ametrallados y tres sufrieron graves heridas, según las autoridades argentinas.Un año despues, según refiere el diario argentino Página 12, Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar relataron su experiencia al periodista y poeta Francisco “Paco” Urondo, testimonio que se convirtió en  el libro La patria fusilada.Tres décadas después de que Argentina regresara a la democracia, los tribunales procesaron y declararon culpables a tres de los oficiales involucrados en la masacre.Sin embargo, Bravo “no se ha enfrentado a la rendición de cuentas, sino que vive en Estados Unidos desde 1973”, señala el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), grupo de derechos humanos que en 2020 presentó una demanda civil contra Bravo en los tribunales estadounidenses bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (TVPA, en inglés).Según el CJA, el ejército argentino dijo que los 16 murieron en un intento de fuga, pero María Antonia Berger, René Haidar y Alberto Camps, los sobrevivientes, “contaron una historia diferente e informaron al país que lo ocurrido en Trelew había sido una masacre”. El CJA detalla que en los años siguientes, los tres fueron asesinados o desaparecieron.Los abogados de los demandantes pedirán al jurado que declare responsable legal a Bravo y “conceda daños compensatorios” para las víctimas y familiares de los “opositores políticos” muertos y heridos.Hoy, la Senadora @ditulliojuli y el Senador Oscar Parrilli, recibieron a los familiares de los fusilados y fusiladas en la Masacre de Trelew, de la que se cumplirán 50 años dentro de dos meses. https://t.co/SVhf0JEmfn pic.twitter.com/MpO39zT9XT— Oscar Parrilli (@OscarParrilli) June 26, 2022Bravo, exteniente de navío, fue detenido en Miami en 2010 y quedó en libertad tras pagar una fianza de 1.2 millones de dólares. Según la fuente, se retiró en 1979 y obtuvo un trabajo en una compañía de equipos electrónicos de Estados Unidos a través de la cual recibió la residencia permanente en este país un año después, y en 1987 se convirtió en ciudadano.La CJA recuerda que los tribunales argentinos determinaron que la masacre fue “un crimen de lesa humanidad”, cometido en el contexto de una persecución generalizada y sistemática a opositores políticos de la dictadura de Lanusse. Por tanto, la amnistía y la prescripción no eran aplicables a la “Masacre de Trelew” y confirmaron las condenas.Efe/OnCuba.

Leer más »

Cuba: confirmadas penas de hasta 18 años contra 30 manifestantes del 11J

La Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) informó cuatro sentencias firmes en contra de 33 participantes de las protestas antigubernamentales de julio pasado, quienes habían presentado recursos en contra de sus sanciones.En una nota difundida este jueves, la FGR señaló que el Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSJ) le notificó los días 14 y 15 de junio las resoluciones de estos casos, todos en las provincias de La Habana y Mayabeque.De acuerdo con la Fiscalía, “30 fueron sancionados con penas de privación de libertad (20 entre cinco y diez años, y 10 entre diez y 18 años), mientras que a dos se les subsidió estas penas por trabajo correccional sin internamiento, y a un caso por limitación de libertad; que no implican en estos dos casos —en principio, bajo condición de buena conducta—, su ingreso a prisión”.INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE LOS PROCESOS PENALES DERIVADOS DE LOS DISTURBIOS PROVOCADOS EL 11 DE JULIO DE 2021https://t.co/p1dbUq5vke— Fiscalía de Cuba (@FGR_Cuba) June 16, 2022Las sanciones se corresponden “fundamentalmente” con los delitos de sedición, sabotaje y desórdenes públicos.Uno de los recursos de casación a los que se refiere la FGR —y al que ha tenido acceso la agencia Efe—redujo las penas hasta por 15 años de prisión a 17 personas que se manifestaron en el barrio habanero de La Güinera. En total, estas penas suman 206 años de cárcel con casos individuales de hasta 17 años.Un caso que preocupa particularmente a las ONG que han dado seguimiento a las sentencias, como Justicia11J, es el del sexagenario Fredy Beirut, que ha recibido una pena de nueve años de privación de la libertad. Beirut, subraya Efe, fue condenado junto con su hija Katia, quien fue sancionada con 10 años de cárcel tras recibir una reducción de una década en su pena original.Los juicios en contra de los manifestantes del 11J se han ido sucediendo en Cuba desde finales de 2021. Según informó la Fiscalía hace tres días, los tribunales del país habían emitido 76 sentencias en firme contra 381 personas por las protestas, sin contar las cuatro que ha dado a conocer este jueves.Fiscalía cubana confirma sanciones contra 381 personas por protestas de julio de 2021Familiares de los condenados y ONG han criticado estas acciones, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas. Los medios extranjeros no tienen acceso a los juicios y Amnistía Internacional solicitó poder asistir a los procesos.Por su parte, el Supremo cubano asegura que se ha observado el debido proceso en todas las causas abiertas a raíz de las protestas del 11J.Efe/OnCuba.

Leer más »

Cuba: confirmadas penas de hasta 18 años contra 30 manifestantes del 11J

La Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) informó cuatro sentencias firmes en contra de 33 participantes de las protestas antigubernamentales de julio pasado, quienes habían presentado recursos en contra de sus sanciones.En una nota difundida este jueves, la FGR señaló que el Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSJ) le notificó los días 14 y 15 de junio las resoluciones de estos casos, todos en las provincias de La Habana y Mayabeque.De acuerdo con la Fiscalía, “30 fueron sancionados con penas de privación de libertad (20 entre cinco y diez años, y 10 entre diez y 18 años), mientras que a dos se les subsidió estas penas por trabajo correccional sin internamiento, y a un caso por limitación de libertad; que no implican en estos dos casos —en principio, bajo condición de buena conducta—, su ingreso a prisión”.INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE LOS PROCESOS PENALES DERIVADOS DE LOS DISTURBIOS PROVOCADOS EL 11 DE JULIO DE 2021https://t.co/p1dbUq5vke— Fiscalía de Cuba (@FGR_Cuba) June 16, 2022Las sanciones se corresponden “fundamentalmente” con los delitos de sedición, sabotaje y desórdenes públicos.Uno de los recursos de casación a los que se refiere la FGR —y al que ha tenido acceso la agencia Efe—redujo las penas hasta por 15 años de prisión a 17 personas que se manifestaron en el barrio habanero de La Güinera. En total, estas penas suman 206 años de cárcel con casos individuales de hasta 17 años.Un caso que preocupa particularmente a las ONG que han dado seguimiento a las sentencias, como Justicia11J, es el del sexagenario Fredy Beirut, que ha recibido una pena de nueve años de privación de la libertad. Beirut, subraya Efe, fue condenado junto con su hija Katia, quien fue sancionada con 10 años de cárcel tras recibir una reducción de una década en su pena original.Los juicios en contra de los manifestantes del 11J se han ido sucediendo en Cuba desde finales de 2021. Según informó la Fiscalía hace tres días, los tribunales del país habían emitido 76 sentencias en firme contra 381 personas por las protestas, sin contar las cuatro que ha dado a conocer este jueves.Fiscalía cubana confirma sanciones contra 381 personas por protestas de julio de 2021Familiares de los condenados y ONG han criticado estas acciones, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas. Los medios extranjeros no tienen acceso a los juicios y Amnistía Internacional solicitó poder asistir a los procesos.Por su parte, el Supremo cubano asegura que se ha observado el debido proceso en todas las causas abiertas a raíz de las protestas del 11J.Efe/OnCuba.

Leer más »

Maykel Osorbo y LMOA “enfrentan una dictadura que tiene miedo de su propio pueblo”

MADRID, España.- La organización Human Rights Foundation (HRF) condenó los juicios realizados esta semana contra los artivistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara (LMOA) y Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo).
“Las acusaciones y los juicios en su contra son infundados y parte de una campaña más amplia del régimen cubano para perseguir a artistas, intelectuales y defensores de los Derechos Humanos relacionados con las históricas protestas contra la dictadura del 11 de julio que asolaron la Isla el año pasado”, expuso HRF.
A través de un comunicado, la organización defensora de los Derechos Humanos manifestó que “estos líderes enfrentan una dictadura que, aunque brutal, tiene un miedo terrible de su propio pueblo”.
“Debemos hacer todo lo posible para apoyar a los millones de cubanos que claman por la libertad y continúan presionando al régimen para que no solo ponga fin a su ola de represión y libere a todos los presos políticos, sino que también ponga fin a más de seis décadas de dictadura y llamar a elecciones libres y justas”, expresó el director de Human Rights Foundation, Javier El-Hage.
“Luis Manuel y Maykel han logrado inspirar a millones de cubanos a plantar cara a un régimen que ha intentado —sin éxito⁠— aplastarles el ánimo durante más de seis décadas. Y ahora la dictadura totalitaria de Cuba quiere hacer un ejemplo de estos dos héroes a favor de la democracia ofreciéndoles el mismo trato cruel que les ha ofrecido a tantos antes que ellos: salir de Cuba o enfrentar años de prisión”, agregó.
Human Rights Foundation hizo un llamado a la comunidad internacional a “no mirar hacia otro lado ahora”.
Juicios contra LMOA y Maykel Osorbo
Esta semana quedaron conclusos para sentencia los juicios contra Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez. Aunque el régimen no ha emitido una resolución, los opositores enfrentan peticiones fiscales de siete y diez años de privación de libertad por los delitos de “ultraje a los símbolos patrios de carácter continuado”, “desacato”, “difamación a las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”, “atentado”, “resistencia” y “desorden público”.
Otero se encuentra detenido desde el 11 de julio de 2021, cuando fue interceptado por agentes del régimen cubano en las inmediaciones del hotel Sevilla de La Habana durante las protestas antigubernamentales de ese día. Maykel Osorbo está privado de libertad desde hace más de un año.
Los juicios contra ellos transcurrieron bajo un fuerte operativo policial desplegado en las afueras del Tribunal Municipal Popular Marianao y con los periodistas independientes sitiados y bajo acoso.
Al concluir los procesos judiciales, Amnistía Internacional (AI) denunció al régimen cubano por prohibirle presenciarlos.
La organización defensora de los Derechos Humanos recordó que parte de su trabajo a nivel mundial es supervisar este tipo de procesos.
“En Cuba, nuestra labor es obstaculizada por el gobierno de Miguel Díaz-Canel. ¿Qué tiene que ocultar su gobierno?, cuestionó Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional lleva a cabo la supervisión de juicios como parte de su trabajo de derechos humanos en todo el mundo.
En #Cuba, nuestra labor es obstaculizada por el gobierno de @DiazCanelB
¿Nos preguntamos qué tiene que ocultar su gobierno? https://t.co/LgdgL5sb3Y
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) May 30, 2022

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

Leer más »

Cuba: llega a su segunda jornada el juicio contra Otero Alcántara y Maiykel Castillo

El juicio contra los artistas y disidentes cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maiykel Castillo, “El Osorbo”, suma su segunda jornada este martes entre fuertes medidas de seguridad en La Habana, según destaca la agencia española Efe.Otero Alcántara y Castillo, para los que la fiscalía pide siete y 10 años de cárcel respectivamente, llevan en prisión provisional desde el año pasado. Las ONG pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han exigido que se sean liberados «de inmediato y sin condiciones».Juzgarán a los opositores cubanos Otero Alcántara y Maykel Castillo a final de mesLa vista comenzó con el Tribunal de Marianao rodeado por un cordón policial que sólo pudieron atravesar algunos familiares, aunque han sido varios los interesados en presenciarlo. Ni medios ni ONG tienen acceso al juicio. Diplomáticos de Países Bajos, Alemania, República Checa, Reino Unido, Noruega y Suecia también se acercaron a la sede del tribunal pero no pudieron acceder a su interior, apunta Efe.Varios activistas han calificado de farsa el proceso judicial y exigieron un juicio público y televisado. También, muchos de quienes se han mostrado interesados en presenciar los juicios han denunciado en las redes sociales estar siendo sitiados en sus domicilios, así como han sido víctimas de cortes de internet. Los medios oficiales cubanos no habían informado hasta la fecha sobre el proceso.La Fiscalía cubana solicitó el pasado marzo, en un escrito al que tuvo acceso Efe, siete y diez años de cárcel, respectivamente, para Otero Alcántara y Castillo.Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI) y en la cárcel desde el pasado 11 de julio, está acusado de los presuntos delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. AI lo considera un preso de conciencia. A Castillo, en prisión desde mayo de 2021, se le imputan los presuntos delitos de desacato, “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”, atentado y desórdenes públicos.Este juicio no está ligado a las protestas del 11 de julio pasado. Se les juzga por unos controvertidos hechos acaecidos el 4 de abril de 2021, día en el cual el cointérprete del tema “Patria y vida” fue arrestado tras un encontronazo con unos agentes, aparentemente porque su acompañante no llevaba mascarilla.Tras el hecho, Castillo huyó a la casa de Otero Alcántara y gritó desde allí consignas contra el Gobierno, según la fiscalía. El cantante no fue detenido hasta un mes más tarde y desde entonces permanece en prisión.La causa incluye a otros tres investigados: Félix Roque Delgado (petición de cinco años de cárcel por atentado), Juslid Justiz Lazo (cinco años de trabajo correccional con internamiento por atentado) y Reina Sierra Duvergel (tres años de trabajo correccional sin internamiento por atentado).Efe/OnCuba.

Leer más »

Cuba: llega a su segunda jornada el juicio contra Otero Alcántara y Maiykel Castillo

El juicio contra los artistas y disidentes cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maiykel Castillo, “El Osorbo”, suma su segunda jornada este martes entre fuertes medidas de seguridad en La Habana, según destaca la agencia española Efe.Otero Alcántara y Castillo, para los que la fiscalía pide siete y 10 años de cárcel respectivamente, llevan en prisión provisional desde el año pasado. Las ONG pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han exigido que se sean liberados «de inmediato y sin condiciones».Juzgarán a los opositores cubanos Otero Alcántara y Maykel Castillo a final de mesLa vista comenzó con el Tribunal de Marianao rodeado por un cordón policial que sólo pudieron atravesar algunos familiares, aunque han sido varios los interesados en presenciarlo. Ni medios ni ONG tienen acceso al juicio. Diplomáticos de Países Bajos, Alemania, República Checa, Reino Unido, Noruega y Suecia también se acercaron a la sede del tribunal pero no pudieron acceder a su interior, apunta Efe.Varios activistas han calificado de farsa el proceso judicial y exigieron un juicio público y televisado. También, muchos de quienes se han mostrado interesados en presenciar los juicios han denunciado en las redes sociales estar siendo sitiados en sus domicilios, así como han sido víctimas de cortes de internet. Los medios oficiales cubanos no habían informado hasta la fecha sobre el proceso.La Fiscalía cubana solicitó el pasado marzo, en un escrito al que tuvo acceso Efe, siete y diez años de cárcel, respectivamente, para Otero Alcántara y Castillo.Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI) y en la cárcel desde el pasado 11 de julio, está acusado de los presuntos delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. AI lo considera un preso de conciencia. A Castillo, en prisión desde mayo de 2021, se le imputan los presuntos delitos de desacato, “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”, atentado y desórdenes públicos.Este juicio no está ligado a las protestas del 11 de julio pasado. Se les juzga por unos controvertidos hechos acaecidos el 4 de abril de 2021, día en el cual el cointérprete del tema “Patria y vida” fue arrestado tras un encontronazo con unos agentes, aparentemente porque su acompañante no llevaba mascarilla.Tras el hecho, Castillo huyó a la casa de Otero Alcántara y gritó desde allí consignas contra el Gobierno, según la fiscalía. El cantante no fue detenido hasta un mes más tarde y desde entonces permanece en prisión.La causa incluye a otros tres investigados: Félix Roque Delgado (petición de cinco años de cárcel por atentado), Juslid Justiz Lazo (cinco años de trabajo correccional con internamiento por atentado) y Reina Sierra Duvergel (tres años de trabajo correccional sin internamiento por atentado).Efe/OnCuba.

Leer más »

Sentencian a cadena perpetua a soldado ruso acusado de crímenes de guerra

Un sargento ruso ha sido condenado este lunes a cadena perpetua en el marco del primer juicio por crímenes de guerra perpetrados durante la invasión rusa a Ucrania. Vadim Shishimarin, de 21 años y comandante de un tanque, se declaró culpable de ejecutar a sangre fría el 28 de febrero al civil Oleksandr Shelipov, de 62 años, en la aldea de Chupakhivka, en el noreste de Ucrania.Al cabo de un juicio de una semana, el juez ucraniano Serhiy Agafonov dijo que cumpliendo una «orden criminal» de un oficial de mayor rango, Shishimarin le disparó varios tiros a la cabeza de la víctima con un arma automática.«Dado que el delito cometido es un  delito contra la paz, la seguridad, la humanidad y el orden jurídico internacional y ucraniano, el tribunal no ve la posibilidad de imponer una pena (menor)», dijo el juez.Shishimarin observó los procedimientos en silencio desde una caja de vidrio blindado en la sala del tribunal y no mostró emoción alguna cuando se leyó el veredicto. Se quedó con la cabeza inclinada, escuchando a un traductor.Su abogado, Viktor Ovsyannikov, le dijo a la agencia Reuters que no estaba sorprendido con la sentencia porque había habido «cierta presión de la sociedad», pero que aun así presentará una apelación.Kiev ha acusado a Rusia de atrocidades y brutalidades contra civiles durante la invasión y dijo haber identificado más de 10 000 posibles crímenes de guerra. Rusia ha negado haber atacado a civiles o haber participado en crímenes de guerra mientras lleva a cabo lo que llama una «operación militar especial» en Ucrania.[embedded content]El Kremlin no comentó de inmediato sobre el veredicto. Anteriormente dijo no tener información sobre el juicio y que la ausencia de una misión diplomática en Ucrania limita su capacidad de brindar asistencia.Los fiscales estatales ucranianos dijeron que Shishimarin y otros cuatro militares rusos se robaron un automóvil para escapar después de que su columna fuera atacada por las fuerzas ucranianas.Al rato de llegar a Chupakhivka, los soldados vieron a Shelipov  en bicicleta hablando por teléfono. Se le ordenó a Shishimarin matar a Shelipov a fin de evitar que informara a las autoridades locales sobre su ubicación, dijeron los fiscales.La semana pasada, Shishimarin reconoció en el jucio que tenía la culpa y le pidió a la viuda de la víctima que lo perdonara. Pero la mujer se negó a hacerlo.Mark Ellis, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Abogados, dijo que el veredicto «no era una sorpresa» y que pudiera ser la primera parte de «un gran rompecabezas que también involucra a soldados ucranianos detenidos en Rusia».«Si este es el ensayo de referencia […] pone el listón muy alto», dijo. «Para la mayoría de los otros casos de crímenes de guerra en Ucrania, incluso por parte de las tropas ucranianas, sospecho que veremos sentencias similares porque este es el juicio de referencia».

Leer más »

Interrumpen proceso judicial contra Jeanine Añez en Bolivia

El juicio oral contra la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, por el caso denominado golpe de Estado II, fue interrumpido por el Tribunal Primero de Sentencia en espera de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronuncie por un recurso presentado de la defensa.
El fiscal asignado al caso, Omar Mejillones, explicó sobre la acción posterior que corresponde en el proceso al señalar: «Se nos va a convocar a una audiencia donde se van a desarrollar los alegatos y se va a emitir una sentencia»
Telesur añade que el periodo en que se puede determinar la decisión es entre los diez y 15 días.
Durante la audiencia del 29 de abril, se conoció que la defensa de Áñez interpuso una acción de inconstitucionalidad contra los delitos mencionados, en base a los artículos 153 y 154 del Código Penal.  
Áñez es juzgada junto algunos de sus exministros, exjefes policiales y militares por llegar a la Presidencia de Bolivia de forma irregular tras el golpe de Estado contra el entonces mandatario Evo Morales. Además, es acusada de 15 violaciones a la Constitución en su condición de senadora antes de autoproclamarse como jefa de Estado.

Leer más »

Villa Clara: Condenas de hasta ocho años de prisión para manifestantes del 11J

LA HABANA, Cuba.- Tras tres meses de celebrado el juicio, mediante sentencia No. 46 de 2022, el Tribunal Municipal Popular de Santa Clara, provincia de Villa Clara, condenó a entre cuatro y ocho años de privación de libertad a 16 manifestantes del 11 de julio (11J) de 2021 en el territorio.
“La amplia prueba testifical practicada fue válida para demostrar que ese domingo 11 de julio de 2021 los acusados propiciaron un escenario atípico en su municipio de residencia, marcado por el tumulto y la aglomeración, la confusión y el movimiento constante de personas por las diferentes vías del territorio, que generaron el encierro de parte de la población ante la aflicción por el riesgo de propagación de la enfermedad que azotaba a Cuba y al resto del mundo. Sin embargo, indolentes con estas circunstancias, estos acusados persistieron en invadir las calles y afectar la tranquilidad de la población, al provocarse en la vía pública diferentes altercados”, detalla el documento.
El tribunal estuvo integrado por Ana Betsy Hernández de León, Gilberto Andrade Quintana y Edelberto Agustín Rodríguez Fernández.
La sentencia hace referencia, además, a la transmisión en vivo de las protestas de uno de los acusados, Yunior Sebey Mena, quien, según afirman, lo hizo “con el fin de obtener beneficios económicos a sabiendas de que este tipo de hechos son pagados por personas residentes en los Estados Unidos de América, contrarios al estado socialista de derecho y justicia social de Cuba”. Así como que cuatro días más tarde, dio entrevista “al medio subversivo digital nombrado ‘Arriba de la Bola’, donde se autotituló como líder de los disturbios en la ciudad de Santa Clara a cambio” de “tres recargas de 500.00 cup a su móvil”.
Sin embargo, desde el inicio del proceso varias organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado denuncias de amenazas por parte de las autoridades para que los acusados declaren haber recibido pagos del exterior por manifestarse el 11J. Asimismo, durante el juicio a los manifestantes de Villa Clara, celebrado en enero último, los familiares de los acusados denunciaron amenazas por parte de la Seguridad del Estado, inconsistencias en las declaraciones de los supuestos testigos y falta de pruebas acusatorias. Pese a que los juicios son públicos según las leyes cubanas, el tribunal se mantuvo rodeado por oficiales de la policía y la Seguridad del Estado y solo permitieron la entrada de un familiar por acusado.
Sin embargo, el tribunal no encontró “sustento probatorio alguno” respecto a la defensa de los acusados, quienes alegaron “tesis exculpatorias, en el sentido de reconocer su participación en la referida marcha pero de manera pacífica, no admitiendo ser los protagonistas del desorden cívico, sino que se sumaron a un grupo de jóvenes que ya habían iniciado tales actos”.
Entre los acusados se halla Andy Dunier García Lorenzo, joven de 24 años violentamente detenido el 11J, y condenado a cuatro años de privación de libertad por los supuestos delitos de “desórdenes públicos” y “desacato”. Según Prisoners Defenders, durante los nueve meses que ha permanecido en prisión, García Lorenzo ha sufrido al menos 13 de los 15 patrones de tortura identificados por la organización; incluso su familia ha sido expuesta a amenazas, detenciones arbitrarias, multas y actos de repudio con el objetivo de silenciarlos.
Junto a García Lorenzo, aparecen procesadas quince personas, la mayoría de ellos jóvenes, acusados de delitos como “desórdenes públicos”, “desacato”, “atentado” y “resistencia”.  El menor de ellos de apenas 19 años de edad.
Ellos son: Yunior Sebey Mena (29), Randy Arteaga Rivera (30), Mercy Daniela Pichs Martínez (23), Liván Hernández Sosa (30), Maykel Fleites Rivalta (36), José Miguel Gómez Mondeja (25), John Luis Machado Marrero (19), Pedro Manuel Nicodemos Cabrera (42), Amanda Delai Matamoros Cabrera (25), Leonel Tristá García (35), Ariel Núñez Martínez (45), Armando Guerra Pérez (49), Jorge Gabriel Arruebarruena León (23) y Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz (23), todos en prisión provisional; y Brian Amed Ceballo O’Reilly (20), con medida cautelar de reclusión domiciliaria.
Al conocer la sentencia, la hermana de Andy, Roxana García Lorenzo, afirmó que todo el tiempo que su hermano estuviera preso estaría denunciando al “régimen castrista asesino” y aseguró que “no podemos acostumbrarnos a normalizar [la injusticia]. Ellos no tienen por qué estar presos. (…) Esto es una dictadura y por eso no nos podemos callar”.
Hasta la fecha, el grupo de trabajo Justicia 11J ha registrado la detención de 1 444 personas tras las protestas del 11J, de las cuales 757 continúan privadas de libertad. De igual forma, han documentado 396 sentencias de 537 personas que han sido juzgadas en juicios ordinarios y sumarios, de las cuales solamente cuatro han resultado absueltas. Las condenas máximas son de 30 años de prisión por el supuesto delito de sedición.
Tanto la represión desatada por el régimen el 11J como las excesivas condenas a los manifestantes en juicios orquestados por la Seguridad del Estado, han sido denunciados por varias organizaciones internacionales de derechos humanos como Civil Rigths Defenders, Amnistía Internacional, Prisoners Defenders y Human Right Watch.
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

Leer más »

El Derecho Penal y la protesta social en Cuba

El Derecho Penal responde, por definición, a necesidades de orden y seguridad. Sin embargo, perspectivas humanistas han intervenido históricamente en su ámbito, hasta hoy, para buscar soluciones menos lesivas y restar las consecuencias penales que suponen la alienación del individuo respecto a la sociedad.En ello, existen varios principios penales que buscan ponerle límites al poder del Estado y a su derecho de sancionar a las personas. Entre ellos se encuentran los de intervención mínima, legalidad penal, culpabilidad y no discriminación. Sobre ellos se han afincado las oposiciones al crecimiento de las tendencias penales conservadoras, opuestas a limitar los poderes sancionadores del Estado.En esa lógica conservadora (expansionista penal) las políticas penales y técnicas legislativas se orientaron a “flexibilizar” los principios y garantías básicas procesales, a adelantar la punición (el aumento de delitos que sancionan el “peligro” antes que la “lesión” en sí), a endurecer las penas y a crear nuevos tipos penales.La persistencia de las tendencias expansionistas penales ha sido una constante, incluso a veces una creciente, y son reconocibles hoy en conceptos como “punitivismo”.El proceso cubano posterior a 1959 se fue insertando, a lo largo de los años, con altibajos, en esa tendencia expansiva del Derecho Penal, aunque haya estado muy lejos de ser un problema exclusivo de la Isla.También, aunque se estaba lejos de contar con un Derecho penal mínimo, hubo momentos de verdaderas reformas progresistas en la legislación penal. Fue el caso del Código Penal de 1987, que permitió la despenalización de conductas “insignificantes” y la limitación de sanciones penales para determinados delitos. Era un camino que prometía ser alternativa a lo que ahora conocemos como punitivismo.No obstante, hoy se observan procesos en el país que avanzan en dirección distinta a la de entonces.La protesta social y el Derecho PenalEn el campo internacional, el consenso más progresista defiende mantener al Derecho Penal ajeno a la protesta social. Busca minimizar la respuesta jurídica violenta frente al delito con orígenes políticos. El Derecho Penal, un Derecho de última ratio, particularmente en este punto, debe ser el último recurso a emplearse.Con ello, no se priva al Derecho Penal de su misión de proteger bienes jurídicos, pero se afirma que no todos los bienes jurídicos han de ser protegidos por el orden penal.Más aún, se afirma que existen bienes jurídicos colectivos —como el debate público y la capacidad ciudadana de interpelar al Estado— que se protegen mejor cuando se les trata por fuera del Derecho Penal. También se recuerda que, por su naturaleza represiva, el Derecho Penal posee un déficit de legitimidad “de origen”, a lo que suma sus limitaciones para proveer soluciones sociales al delito.Existen otros instrumentos coercitivos que no implican la dureza del Derecho Penal, y resultan menos intervencionistas. Es el caso de soluciones, para posibles conductas infractoras que no suponen grave “lesividad social”, propias del ámbito del Derecho administrativo (multas), del Derecho civil, etcétera.Con el uso del Derecho Penal siempre hay perdedores: pierde la familia, la educación, la sociedad en su conjunto, la noción de desarrollo y el futuro del país. Su uso expansivo supone una derrota para todo el mundo. Otra lógica, humanizadora, debe regir en el Derecho Penal a la hora de imponer penas.Con este criterio, el Código Penal Cubano (CPC) establece que, al adecuar la pena, debe tomarse en cuenta “el grado de peligro social del hecho, las circunstancias concurrentes en el mismo, tanto atenuantes como agravantes, los móviles del inculpado, así como sus antecedentes, sus características individuales, su comportamiento con posterioridad a la ejecución del delito y sus posibilidades de enmienda.” (art. 47.1)El principio rector de la adecuación es la proporcionalidad de la pena. La pena proporcional se preocupa de la trascendencia del hecho delictivo para la sociedad. También, y muy especialmente, de la necesidad de la pena para el individuo concreto, o sea, si la pena es idónea y necesaria para cumplir con sus fines.El caso de Abel LescayCotejemos estos principios con el caso de Abel Lescay (22 años), estudiante universitario de música, a cuya sentencia los autores de este texto hemos tenido acceso, quien participó de las protestas del 11 de Julio (11J) de 2021.Los marcos sancionatorios para el caso de Lescay se ampliaron al valorarse: a) el carácter continuado de delito de desacato en su modalidad agravada (es decir, de 1 a 3 años de privación de libertad) b) un delito de desorden público; y c) un delito de desacato en su modalidad simple, también con carácter continuado. La sanción conjunta fue de seis años de privación de libertad.Para adecuar la sanción, los jueces hicieron especial referencia al contexto en el cual los hechos se realizaron: “una compleja y difícil situación epidemiológica por la que transitaba el país con motivo de la pandemia de la COVID-19”. El tribunal entendió esta circunstancia como “agravante”.La situación global de la pandemia sirvió de pretexto en muchos contextos para tomar medidas que se extralimitaron, cuanto menos, en coartar libertades y en vulnerar garantías procesales. Por ello, ha sido muy criticado, por muy diversos actores, usar la pandemia como recurso justificativo para jueces y legisladores.En el orden penal, con más razón aún, la relación de unos hechos con la pandemia —una emergencia sanitaria, económica, social y personal—, no puede ser establecida sobre premisas generales que sirvan de saco para cualquier situación, a los efectos de endurecer las penas.Por otra parte, la severidad de la pena para el caso de Lescay, a juicio del tribunal, obedeció a la persistencia de su conducta, incluso el propio día de su detención. Para el tribunal, fue el que “con mayor irreverencia se enfrentó a las autoridades policiales del mismo territorio donde residía”.Aunque en la propia sentencia se reconoce que Lescay “manifestó sentirse arrepentido (de) sus actos repetidos e inconformidad con su detención”, ello no impide decir al tribunal que “denota las escasas posibilidades de que enmiende su comportamiento con una sanción de inferior rigor que la dispuesta”.Para calzar esta idea, se refiere a su “desajustado comportamiento social”. Según el CPC, la conducta social del individuo y los antecedentes penales son vitales para adecuar la sanción. Los límites entre una sanción privativa de libertad y la posibilidad de que sea subsidiada por otra que no conlleve prisión (como el trabajo correccional sin internamiento), depende, muchas veces, de valorar elementos sociales y personales.En este orden, la sentencia contra Lescay contiene elementos contradictorios. Se plantea que en el caso de “Abel, Omar y Ángel le obra una desajustada conducta social, lo que fue afianzado mediante las investigaciones complementarias y las certificaciones de antecedentes penales obrantes en las actuaciones”.No obstante, Lescay no tiene antecedentes penales, según la sentencia. ¿Dónde estaba, entonces, el peso para concluir que Abel tenía una “desajustada conducta social”? Según los jueces, descansa en una investigación hecha por una “autoridad competente” que se realizó “en cumplimiento de las formalidades establecidas para estos casos.”En contrario, los jueces no ofrecieron credibilidad a tres testigos que “atribuyeron al encartado Abel una conducta positiva como estudiante y en su lugar de residencia”. Tampoco dieron crédito a cartas sobre su conducta positiva como estudiante, enviadas por las principales autoridades de la Universidad de las Artes —ISA— (Rector, Secretaría General, Jefe del Departamento de Composición y Presidente de la FEU) y por la Asociación Hermanos Saíz.Para el tribunal, la “desajustada conducta social” de Lescay es compatible con su condición de “buen estudiante y profesional”. ¿Cómo se puede, ante estas aparentes contradicciones, imponer una pena —al momento de escribir este texto la sentencia aún no es firme, pues falta que concluya el recurso de apelación— privativa de libertad?¿Qué motivaciones hay para condenar a un joven de esa edad, sin antecedentes, a seis años de privación de libertad por los delitos que se le impugnan? ¿Qué motivaciones pueden existir para no evitar el aspecto “salvajemente racional” del Derecho Penal y someterle a la cárcel? ¿Es posible concebir que, para el caso en cuestión, la prisión de libertad es la única “posibilidad de que enmiende su comportamiento”?Una respuesta posible se encuentra en todas las mediaciones políticas y judiciales con que —pensamos que en forma equivocada— se pretende dar respuesta estatal al momento político y social tan difícil y conflictivo que vive Cuba.El desacato como delitoLos hechos probados en la sentencia de Lescay describen conductas constitutivas de varios delitos, entre ellos un delito de desacato en su forma agravada.La regulación del desacato agravado sanciona hasta tres años a aquella persona que “amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda”, si el ofendido es una persona que ostenta alguno de los más altos cargos institucionales del país. Esta calificación se tomó en cuenta en el caso de Lescay, por insultos contra Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente cubano, hecho que puede comprobarse en un video trascendido al público.La sentencia contra Lescay no menciona la comisión por su parte de actos de violencia física. Sin embargo, el programa Con Filo, de la televisión nacional, aseguró que Lescay reconocía haber tirado piedras (“cosa que él mismo reconoce”, se dijo entonces, a partir del minuto 8.40) Con Filo lo hizo, además, en medio del proceso judicial contra Lescay, violando principios éticos reconocidos a este respecto, que exigen no emplear medios estatales para predisponer la opinión pública frente a un caso en proceso.La sentencia impone la mayor parte de su sanción por otro tipo de delitos, cometidos en ausencia de violencia física por su comisor: ofensas y desobedecimiento a autoridades, correspondientes a desacato, y desórdenes públicos.Por los problemas que plantea, desde hace al menos un par de décadas una tendencia internacional demanda despenalizar el desacato. Diversas críticas muestran su incompatibilidad con derechos de expresión, y aseguran que usurpa el principio de soberanía popular, al limitar la crítica y la protesta ciudadanas.Ello no ha impedido habilitar otras protecciones del Estado, y de sus representantes, menos restrictivas para la ciudadanía, como la réplica a través de los medios de difusión, o el establecimiento de acciones civiles por difamación e injurias, como reclamó Rafael Correa en Ecuador.Como tipo penal, el desacato recoge una idea premoderna, que aseguraba que “los órganos del Estado por el solo hecho de serlo, eran merecedores de toda la confianza y el respaldo de la población.” Esa visión protegía la honra de las autoridades y buscaba dejarles trabajar “tranquilos”. La idea presupone la cultura del secreto y la noción de que el Estado merece obediencia e incluso lealtad, una tesis de carácter prepolítico.Si la soberanía radica en el pueblo, y las autoridades públicas se deben al soberano, esa protección es una desigualdad injusta en el trato. El desacato resulta una protección a favor del que debe estar más expuesto a la impugnación pública: el funcionario estatal.Ese tipo de protecciones a la autoridad obstaculizan el desarrollo de discursos críticos tanto como de derechos personales de expresión, conciencia y participación. En cambio, fortifican la autoridad del Estado que ya de por sí cuenta con recursos de poder, decisión e información muy superiores al de un ciudadano, o grupos de ellos.En América latina, Argentina fue el primer país en despenalizar el desacato (1993). Otros países iniciaron procesos que terminaron por hacerlo: Paraguay (1997), Costa Rica (2002), Perú (2003), Panamá (2007), Nicaragua (2007), Uruguay (2009), Ecuador (2014) y Chile (2001-2005). Otros hicieron lo mismo, pero a través de sus máximos tribunales de justicia, como sucedió en Honduras (2005), Guatemala (2006) y Bolivia (2012). A la altura de 2016, en la región solo penalizaban el desacato, además de Cuba, Brasil, El Salvador, República Dominicana y Venezuela.Por supuesto, ello no configura un panorama demasiado alentador para la protesta social en el continente. Amén del caso extremo de asesinato de activistas sociales en países como Colombia, Honduras o Brasil, un amplio repertorio de acciones limita la protesta y generan diversos tipos de daños para los protestantes.1 Ahora bien, la figura del desacato aparece cada vez menos dentro de este repertorio represivo.Por su parte, el nuevo proyecto de Código Penal cubano mantiene el desacato. Repite el marco sancionador, pero aumenta los cargos institucionales protegidos contra el desacato.2 Ese proyecto —que no ha sido sometido a consulta y plebiscito como se ha hecho con el proyecto del Código de las Familias— posee contenidos de expansionismo penal, lejanos del Derecho Penal mínimo, o de la noción de última ratio. Así, está lejos del espíritu humanizador que acompaña las nociones progresistas del Derecho Penal, y se coloca a favor del punitivismo.La regulación de la protesta social en Cuba y su contexto políticoLa Constitución cubana protege (art. 56) los derechos de reunión, manifestación y asociación, que a su vez limita a cumplir “fines lícitos y pacíficos”, y cuando se reconozcan “por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley.”A pesar del mandato constitucional de 2019, aún no existe ley que regule esos derechos. La interpretación dominante después de 1976 exige contar con leyes complementarias para ejercer derechos, en vez de aplicar la Constitución de modo directo.La Constitución no ampara de modo expreso la protesta. Aún así, la protesta es una forma de ejercer el derecho de manifestación —ambas se asimilan muchas veces en leyes y convenciones internacionales— con un sentido de oposición y reivindicación que no necesita pedir permiso en determinadas situaciones.Sin derecho a la protesta, el resto de los derechos pueden devenir falacias sobre el papel. La genealogía de esta idea se encuentra en la tradición republicana, revolucionaria y democrática, de la soberanía popular y del derecho de resistencia frente a la autoridad, que reconocieron tanto Carlos Marx como José Martí como Fidel Castro en ocasión del juicio del Moncada. Es parte de la noción de República a la que constitucionalmente se obliga el Estado cubano, y que también está recogida en tratados internacionales, alguno de los cuales Cuba ha firmado, pero no ratificado.La regulación constitucional de la manifestación favorece de modo asimétrico al Estado, el mismo que sería objeto de la protesta. Por ese camino, aumenta la posibilidad de criminalizar la protesta ante el mero hecho de tratarla de ilícita por parte de autoridades estatales, sin que existan canales efectivos para impugnar tal decisión desde la ciudadanía.La regulación vigente sobre la manifestación, incluso de poder desarrollarse, conforma una versión de protesta que podría limitarse a condiciones de “tiempo, lugar y modo”. No hay debate en Cuba sobre las formas en que tales limitaciones pueden vaciar el sentido propio de una protesta, e incluso hacerla inefectiva.Aún menos, existe debate sobre nociones más radicales —revolucionarias— de la protesta que la entienden como acto desinstitucionalizado, que ejerce fuerza para presionar al poder constituido. Apenas existe reconocimiento sobre el espacio legítimo que deben tener expresiones de disrupción frente al sistema político. Es una lógica que afirma un hecho tan simple como potente: un obrero que lance una piedra durante una huelga no elimina el derecho a huelga.La política estadunidense de injerencia interna, con el objetivo declarado de “cambio de régimen”, es parte del contexto cubano. Es una variable clave, en tanto aporta un elemento diferencial, con el que no cuentan la inmensa mayoría de los países, y que atraviesa el espacio de decisiones que toma el gobierno cubano.Esta política —de más de 60 años— “ha fracasado en sus objetivos”, como declaró la administración Obama al proponer un “nuevo comienzo” para las relaciones con Cuba. Sin embargo, sigue aplicándose con presupuestos y condicionalidades que son inaceptables en Derecho Internacional. No obstante, responder a ella con políticas restrictivas de derechos humanos, y estrategias represivas de las diferencias, hace parte de los problemas, no de las soluciones.Cualquier tipo de interferencia arbitraria sobre una comunidad nacional soberana es ilegítima.3 Ser agentes verificados de tal interferencia arbitraria es ilegítimo, e impugna el imperativo moral que reclama el ejercicio justo del Derecho. No existen derechos de participación democrática exigibles si se forma parte, comprobadamente según Derecho justo, de una agenda extranjera de intervención arbitraria sobre cualquier país soberano.Sin embargo, la legitimidad de la defensa estatal tiene condiciones. A 60 años de 1959, invocar a secas el “derecho de la Revolución —o del Estado— a defenderse”, sin mencionar los correlativos deberes del Estado y los derechos de los ciudadanos, es negar, incluso, contenidos fuertes del propio discurso oficial cubano.Es desconocer dos constituciones y tres reformas constitucionales aprobadas tras 1959. Es rechazar todo el proceso de institucionalización y los procesos en los que la ciudadanía cubana ha propuesto modificar aspectos de ese orden político. Hacerlo ahora es ir, además, en contra de la promesa constitucional del “Estado socialista de Derecho”, regulada en la Constitución vigente, pero cuya realización parece una contradicción en sí misma respecto al diseño y la práctica del modelo político.Otros debates pendientes: la justicia ante el DerechoOtro tipo de debates políticos permanecen ausentes. No existe apenas discusión sobre el “Derecho de los excluidos”: cómo personas en situación de carencia social y exclusión política, que experimentan la violencia de la pobreza y de la falta de representación política a través del Derecho, ven reforzadas su condición y duplicados sus victimismos: por la pobreza y por el castigo legal que reciben por protestar ante ello.El discurso oficial cubano es ajeno a ideas como estas: No hay democracia alguna sin espacio para la protesta. La apelación al “consensualismo” (“somos mayoría”), y al “constitucionalismo” (“la protección del orden constitucional”) con la que ha explicado la respuesta judicial frente al 11J, replica visiones liberales muy restrictivas sobre la democracia, que desconocen el conflicto como clave de la elaboración de la política, y rehúsan instancias de diálogo social y de canalización política de los conflictos.Si bien el discurso oficial cubano, señaladamente el de Fidel Castro, ubicó la pobreza como una violación de los derechos humanos, esa idea no se aplica al escenario interno que dio origen al 11J. La pobreza y la marginación son contrarias a cualquier noción fuerte de democracia, y abren derechos políticos sobre las formas en que ambas pueden ser impugnadas.Por todo ello, la transformación del comportamiento estatal cubano en torno a la protesta social necesita conectar dimensiones como clase social, género, color de la piel, con condiciones de pobreza y desigualdad, con el Derecho; y reconocer la agencia popular en demanda de derechos y de espacio de participación como núcleo de la elaboración democrática de lo político.***Notas:1 Entre ellos, se identifican la penalización de conductas; la intervención de Fuerzas Armadas; la abusiva presencia policial en el “control preventivo” de protestas; detenciones masivas, arbitrarias y violentas; la presencia de personal policial uniformado sin identificación visible y de agentes infiltrados; la escasa regulación del uso de la fuerza; impunidad de la violencia policial; vigilancia y trabajo de inteligencia contra movimientos sociales, etc.2 “Si el hecho previsto en el apartado anterior se realiza respecto al Presidente o Vicepresidente de la República, al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los demás miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros, a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al Presidente del Tribunal Supremo Popular, al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República o al Presidente del Consejo Electoral Nacional, la sanción es de privación de libertad de uno a tres años.”3 Aquí usamos ideas que antes escribimos en este texto.

Leer más »

Movimiento estudiantil denuncia acoso del régimen cubano

MADRID, España.- El Movimiento #FreeAbelLescay denunció que sus integrantes están siendo acosados por la Seguridad del Estado tras presentar una carta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel en la que condenaban los 6 años de privación de libertad impuestos al estudiante de música Abel Lescay, participante en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba.
El grupo, creado la semana pasada por estudiantes, egresados y profesores del Instituto Superior de Arte (ISA), explicó que “a raíz de la carta publicada en las plataformas de Facebook y Whatsapp, se encuentran bajo presión por el uso de métodos profilácticos (como citaciones, llamados de advertencia e insinuación de consecuencias de no abandonar).
Todos los participantes en esta iniciativa han firmado de manera voluntaria, precisa la publicación; así como destaca que “las leyes dentro del marco de protestas se flexibilizan si hay voluntad, porque se trata de eso, de protestar”.
“Entendemos que Abel pueda ser multado, pero no encarcelado por esa razón”, se agrega.

El Movimiento FreeAbelLescay se dirigió también a la directiva de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) que, como era de esperar, apoya la postura del régimen.
“En cuanto a la FEU como entidad y por medio de su declaración reciente decimos que, si no está interesada en reclamar justicia para Abel, bien podría hacer como hasta ahora, desentenderse. Si lo que desean es tomar el asunto con sus propias manos y representar nuestra posición de no permitir esta injusticia, con gusto se lo cedemos. Todos estamos esperando que la FEU cumpla con su deber. Se pueden quedar con los créditos”, señalaron.
En la carta dirigida al mandatario cubano se explica que el 11 de julio de 2021 Abel Lescay improvisó un rap en la vía pública, y tal hecho, “en el marco de las manifestaciones, no representó un desencadenante para el desorden público”, uno de los delitos por los que se le acusa.
“Al amparo de la actual legislación penal”, expone el documento, “la conducta de Lescay no resulta típica, es decir: no hubo en ningún momento gritos de alarma, no se profirieron amenazas sobre un peligro común, ni se ha demostrado que se haya tenido el propósito de provocar pánico o tumulto. Un sano ejercicio analítico sobre lo ocurrido sería ir a la grabación donde se muestran los hechos, e intentar hallar algún vestigio de pánico o tumulto. El espectador no apreciará nada de eso. Por ende, no consideramos pertinente la invocación de esta figura delictiva”.
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

Leer más »

A 60 años del juicio a los mercenarios tras su derrota en Playa Girón

Antes de comparecer como acusados frente a un tribunal revolucionario a partir del 29 de marzo de 1962, los 1 181 mercenarios pagados por Estados Unidos que invadieron nuestro país el 17 de abril de 1961 creían que su aventura sería un paseo y el pueblo los recibiría con los brazos abiertos.
La dura realidad les esperaba en las mismas arenas de Playa Girón y Playa Larga, cuando fusiles de milicianos enfrentaron desde el primer momento su invasión y el ametrallamiento a las poblaciones de esa zona de la Península de Zapata, parte del territorio libre de Cuba desde el 1ro. de enero de 1959.
El proceso judicial iniciado hace 60 años tuvo como sede al Castillo del Príncipe en La Habana entre el 29 de marzo y el 4 de abril de 1962, y a casi a un año de la proclamada Primera Gran Derrota del Imperialismo en América, se develaron al mundo los detalles de la artera agresión, planificada, financiada y organizada por el gobierno de Estados Unidos desde mayo de 1960.
Muchos mercenarios al declarar ante el tribunal decían «me embarcaron», «yo venía de cocinero» o «me dijeron que no habría oposición», pero los sorprendió la heroica resistencia de las milicias populares y de los jóvenes artilleros, las nacientes Fuerzas Armadas Revolucionarias y su incipiente Fuerza Aérea, con el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz al frente dirigiendo los combates.
Tras conocida la noticia de la invasión en abril de 1961, el pueblo cubano entero se movilizó. Los obreros y campesinos ocuparon sus puestos en las nacientes milicias, los jóvenes rebeldes tomaron los centros estudiantiles y los convirtieron en centros de entrenamiento en el uso de las armas y la naciente Seguridad del Estado puso a buen recaudo a los cabecillas que conspiraban para crear una quinta columna en la retaguardia.
El tribunal que juzgó a los mercenarios estuvo presidido por el comandante Augusto Martínez Sánchez y actuaron como vocales los también comandantes Juan Almeida Bosque, Sergio del Valle Jiménez, Guillermo García Frías y Manuel Piñeiro Lozada. Como fiscal actuó el doctor Santiago Cuba, del Tribunal Supremo de Justicia; como secretario trabajó el capitán Narciso Fernández y como abogado defensor de oficio el doctor Santiago Béjar, profesor de la Universidad de La Habana.
El tribunal dictó sentencia en la Causa 111 el 17 de mayo de 1962 contra los mercenarios capturados, a quienes se les condenó a pagar altas indemnizaciones y como penas subsidiarias hasta 30 años de cárcel, «con trabajo físico obligatorio hasta que sea satisfecha la indemnización». Los mercenarios capturados en Playa Girón y sus alrededores, sancionados por delito de traición a la Patria, también perdieron la ciudadanía cubana.
Los tres principales jefes de la mercenaria Brigada 2506, José Alfredo Pérez San Román, Erneido Andrés Oliva González y Manuel Artime Buesa, fueron condenados a pagar al país cada uno medio millón de dólares de indemnización. Los demás mercenarios fueron sancionados a pagar 100 000, 50 000 y 25 000 dólares, de acuerdo con la responsabilidad que tuvieron en la frustrada invasión. La suma total de la sanción impuesta a los 1 181 mercenarios juzgados ascendió a 62 300 000 dólares.
Desde mayo de 1961, apenas unas semanas después de derrotada la frustrada invasión, el entonces Primer Ministro del gobierno revolucionario, Fidel Castro Ruz, había expresado la disposición a devolver a Estados Unidos a todos los prisioneros, a cambio de que Washington accediera a indemnizar materialmente a la Isla.
Tres días después de la sentencia del tribunal, el 20 de mayo de 1962, quedó constituido el Comité de Prisioneros que viajó a Estados Unidos para negociar la libertad de los integrantes de la Brigada. El gobierno de John F. Kennedy, avergonzado por el fracaso en 72 horas de su esperada invasión, no quiso participar de manera oficial en ese proceso, y la negociación quedó en manos de la iniciativa privada que se agrupó en el llamado Comité Roossevelt, el cual, a pesar de sus buenos deseos, no pudo dar una rápida solución al problema.
En junio de 1962, el Fiscal General de Estados Unidos, Robert Kennedy, incorporó a las negociaciones de la llamada Comisión de Familiares de Prisioneros al abogado James Donovan. Las conversaciones sobre el cambio de los prisioneros fueron interrumpidas durante la Crisis de Octubre, pero se reanudaron el 18 de diciembre, firmándose los acuerdos el día 21 de ese mes.
Ese convenio comprometía a Estados Unidos a pagar, en un término de seis meses, los 62 300 000 dólares en medicinas y alimentos para niños mientras que Cuba dejaría en libertad a los prisioneros, quienes comenzaron a salir de inmediato para Estados Unidos.
La Casa Blanca no completó su compromiso, pues dejó de pagar dos millones de dólares, pero, como dijo Fidel: «Tuvieron que aceptar el pago de la indemnización y por primera vez en su historia el imperialismo pagó una indemnización de guerra ».

Leer más »

Condenan entre 5 y 16 años de cárcel a manifestantes en Matanzas

MADRID, España.- El régimen cubano dictó esta semana sentencias de entre 5 y 16 años de privación de libertad para participantes en las protestas populares del pasado 11 de julio en Matanzas.
De un grupo de 13 cubanos que habían sido juzgados en diciembre de 2021 en el Tribunal Militar Territorial Central, solo fue absuelto Jorge Gilberto Carrillo Isaac, por no poderse demostrar su participación en los hechos.
Acusados de los supuestos delitos de “Sabotaje, Desórdenes públicos, Atentado, Robo con fuerza en las cosas y Robo con violencia o Intimidación en las personas”, fueron sentenciados Jorge Luis Arguelles Bayate, 16 años de privación de libertad; Daniel Joel Cárdenas Díaz, 15 años de privación de libertad; José Carlos Hernández Barrio y Geraldo Díaz Alonso, 14 años de privación de libertad; Leidiana Prohia Guevara, 12 años de privación de libertad; Yoniel Santana Rodríguez, José Antonio Cue Monzón y Enoc Noe Fernández Fernández, 10 años de privación de libertad; Reydel Canasí Reyes, 7 años de privación de libertad; Alain Rosello Fernández y Jorge Gilberto Carrillo Isaac, 6 años de privación de libertad, y Yasniel Roque Valle, 5 años de privación de libertad.
Una nota de prensa publicada por el Tribunal Supremo Popular indicó que el tribunal, “con total respeto a las garantías y derechos y en correspondencia con las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, consideró a los 12 acusados juzgados como responsables de los hechos”.
Según las autoridades, el juicio “se realizó con observancia del debido proceso y estricto respeto de los derechos y garantías constitucionales de los acusados y de sus abogados de la defensa, según lo establecido en la legislación vigente, incluyendo la práctica de las pruebas propuestas, tanto por la fiscalía en su acusación como por los encartados y sus representantes procesales”.
Sin embargo, desde el comienzo de los juicios contra los manifestantes del 11J, los propios acusados y sus familiares se han mantenido denunciando la falta de pruebas, la prohibición a los abogados de acceso a los expedientes y la fuerte represión policial bajo la que se desarrollan.
Entre el 15 y el 18 del mes en curso será juzgado un grupo de otros 19 manifestantes en Matanzas.
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

Leer más »

Otero Alcántara deja huelga de hambre y acepta posibilidad de un juicio

El opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara abandonó la huelga de hambre que mantenía desde enero en la cárcel en donde está detenido desde el 11 de julio pasado, según confirmó este miércoles en sus redes sociales Claudia Genlui, integrante del disidente Movimiento San Isidro (MSI), citada por la agencia Efe.La activista, curadora de arte y amiga de Otero, aseguró que el líder del MSI también está dispuesto a enfrentar un juicio y argumentó que “se cumplen 16 días de que ya él dejó la huelga de hambre” a la vez que explicó que ha recibido noticias del disidente después del intercambio “abierto y profundo” que mantuvo con su abogado por cuatro horas.El artista opositor había iniciado su ayuno el pasado 18 de enero después de que, tras seis meses de prisión provisional, la Fiscalía cubana rechazara modificar la medida cautelar de cárcel y dejarle en libertad a la espera de juicio.Genlui apuntó que “ya dejó atrás la estrategia de la huelga de hambre, lo que no significa que cambia su postura respecto a otras cosas: no se va del país porque lo quiera ningún agente del estado cubano sino cuando él lo decida”. También relató que el opositor “está dispuesto a enfrentar un juicio y a asumir las consecuencias; sigue declarándose inocente y apoya a todas las personas que han salido de Cuba por alguna razón».Pero señaló que Otero “sigue estando en el «corredor 25″ de los castigados, de los que no tienen derechos a llamadas telefónicas” y que “ha bajado muchísimo de peso, ya no sale a tomar el sol porque sus fuerzas son limitadas y está débil”. Además, adelantó que el próximo jueves —si Otero no se comunica con sus familiares— su abogado “presentará un recurso ante el fiscal para exigir que sea trasladado con el resto de la población penal».Otero, de 34 años, está detenido en la prisión de Guanajay, luego de intentar sumarse a las masivas manifestaciones antigubernamentales de aquella fecha. La justicia cubana le incrimina por los presuntos delitos de desacato, desorden público e instigación a delinquir, así como de ultraje a los símbolos patrios, acusaciones que la ONG Human Rights Watch considera injustas e infundadas.Dictamen de juicios en CárdenasLa información coincide con una nota a través de la cual autoridades cubanas notificaron las sentencias a una docena de acusados “responsables de graves disturbios” producidos el mismo 11 de julio en la localidad de Cárdenas”, ubicada en Matanzas.Según la agencia Prensa Latina, el Tribunal Supremo Popular divulgó una nota en su portal digital en la que precisa que el Tribunal Militar Territorial Central halló culpables a 12 ciudadanos de los de delitos de sabotaje, desórdenes públicos, atentado, robo con fuerza en instalaciones y robo con violencia o intimidación en las personas.Los ciudadanos en cuestión habían salido a las calles de Cárdenas, junto a un numeroso grupo de personas que previamente habían convocado, y procedieron a lanzar piedras y palos de forma violenta contra una gasolinera. También sustrajeron parte de la mercancía que se expendía en la tienda de la instalación y al llegar al lugar varios agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, comenzaron a agredirlos, lanzándoles piedras y cócteles mólotov, y también a los vehículos, refiere esta fuente.Como resultado del juicio fueron impuestas penas de cinco a 16 años de privación de libertad y sólo un acusado fue absuelto por no demostrarse su participación en los hechos. Además, se dispuso en las sentencias, como responsabilidad civil de los acusados, la obligación de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas a consecuencia de los hechos cometidos y reparar los daños ocasionados a las entidades.El Tribunal Supremo Popular enfatizó que el juicio se realizó con observancia del debido proceso y estricto respeto de los derechos y garantías constitucionales de los acusados y de sus abogados de la defensa, según lo establecido en la legislación vigente.El 11 de julio de 2021 en varias ciudades cubanas se produjeron protestas masivas que el Gobierno cubano ha denominado “disturbios” y “actos vandálicos alentados desde el exterior como parte de una operación de guerra de cuarta generación para promover el desorden en Cuba”.Los hechos, que iniciaron en San Antonio de los Baños, se desarrollaron en medio de una crítica situación económica, nefastamente agudizada por el rebrote de COVID-19 que hacía ola en esos meses.Con información de Efe y Prensa Latina.

Leer más »

Juicio contra manifestantes de Güira de Melena transcurre bajo amenazas policiales

MADRID, España.- La primera sesión de los juicios contra 33 manifestantes en Güira de Melena, Artemisa, el pasado 11 de julio, transcurrió este lunes totalmente militarizada en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal del municipio 10 de Octubre, denunció Radio Televisión Martí, tras conversaciones con familiares de los acusados.
De acuerdo a las declaraciones de Ángel Delgado, esposo de la activista Lizandra Góngora, tanto los familiares como los procesados recibieron amenazas del coronel jefe de la sala, quien les dijo “que mantuvieran el orden… porque ellos tenían otros métodos para controlarlos”.
Delgado explicó que, ante la coerción y la necesidad de no ir presos, “la mayoría de los acusados se retractó”.
“Expresaron su arrepentimiento, hablaron de su agradecimiento a la revolución por la educación, imagínate que ellos pueden enfrentar muchos años de prisión y tienen que hacer algo por salir para afuera”, agregó.
“Jorge Bello, Lizandra y algunos más, sí se mantuvieron firmes por su participación en las protestas del 11 J, expresaron que ellos no tenían que pedir disculpas, ni arrepentirse de nada, porque lo que ellos habían hecho estaba correcto, que fue pedir libertad y pedir los derechos del pueblo de Cuba”, relató Ángel Delgado.
Por sus declaraciones también se supo que un equipo fílmico militar estuvo “grabando todo lo que les convenía a ellos (las autoridades cubanas)”.
Por su parte, Martha Domínguez, madre de Jorge Bello, explicó que quienes permanecieron afuera, en al parque Juan Delgado (ya que solo se permite un acompañante), estuvieron vigilados todo el tiempo por las tropas boinas rojas y boinas negras.
Muchos de los 33 manifestantes llevados a juicio esta semana son procesados por tribunales militares, especialmente los que tuvieron relación con los hechos acontecidos en las Tiendas de Recuperación de Divisas (TRD), ya que las TRD son consideradas instalaciones militares.
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

Leer más »

Régimen cubano dicta primeras sentencias por sedición a manifestantes del 11J

MADRID, España.- El Tribunal Provincial de Holguín condenó este lunes a manifestantes del 11J con sentencias de entre cinco y viente años de privación de libertad, por el delito de sedición.
Tras un mes de concluido el juicio, esta es la primera sentencia conjunta por sedición que dicta el régimen a los participantes de las protestas populares del pasado 11 de julio.
Entre los acusados se encuentran cinco menores de edad. En su caso, la pena ha sido “limitación de libertad”, lo que significa arresto domiciliario.
Tras el veredicto, algunos de los sentenciados fueron trasladados a prisión directamente, a pesar de que la sentencia manifestaba que podían quedar en libertad bajo fianza hasta la apelación.
Varias de estas personas presentan delicados problemas de salud, como son los casos de William Manuel Leyva Pupo, con patologías psiquiátricas; Yosvani García Caso, con enfermedades cardiacas; y Cruz García Domínguez, con Parkinson.
El padre del acusado Miguel Girón declaró a Radio Televisión Martí: “El día 11 de julio mi hijo participó en la Marcha, se identificó con lo que estaba pasando y se sintió en la obligación de manifestar su criterio. Mi hijito tenía menos necesidad que miles de los que estaban allí porque él todavía podía comprar en MLC (Moneda Libremente Convertible) pero no puede la tía, el primo, el amigo, el vecino. Él les decía a las personas que le reprocharon haber participado en la demostración ‘yo no lo hice por mí, lo hice por ti’”.
Los manifestantes sentenciados son:
Miguel Enrique Girón Velázquez, 14 años de privación de libertad
Yosvany García Cazo, 20 años de privación de libertad
Ayan Idalberto Jover Cardoza, 5 años de limitación de libertad
Cruz García Domínguez, 17 años de privación de libertad
Ernesto Abelardo Martínez Pérez, 5 años de limitación de libertad
Franklin Reymundo Fernández Rodríguez, 12 años de privación de libertad
Iván Colón Suárez, 18 años de privación de libertad
Jorge Luis Martínez García, 5 años de privación de libertad sin internamiento
José Ramón Solano Randiche, 18 años de privación de libertad
Keila Roxana Mulet Calderón, 5 años de limitación de libertad
Maikel Rodríguez del Campo, 18 años de privación de libertad
Marcos Antonio Pintueles Marrero, 7 años de privación de libertad
Mario Josué Prieto Ricardo, 17 años de privación de libertad
Miguel Cabrera Rojas, 20 años de privación de libertad
Samuel Torres Durán, 5 años de limitación de libertad
William Manuel Leyva Pupo, 12 años de privación de libertad
Yasmany Crespo Hernández, se desconoce
Yeral Michel Palacios Román, 5 años de limitación de libertad
Yoel Ricardo Sánchez Borjas, 7 años de privación de libertad
Yoirdan Revolta Leyva, 14 años de privación de libertad
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

Leer más »

Activistas tuneros encarcelados desde abril de 2021: “Dios mediante vamos a seguir dando guerra”

LA HABANA, Cuba.- Los activistas tuneros Taimir García Meriño, Adrián Góngora Santiesteban y Damián Hechavarría Labrada, encarcelados desde el 21 de abril del pasado año, serán juzgados este lunes 14 de febrero en el Tribunal Popular municipal de Las Tunas.
García Meriño, recluida en la cárcel de máxima seguridad Granja Cinco, en la provincia de Camagüey, contó en una conversación telefónica que su abogado espera que la condena sea de un año a dos aunque dice que el letrado “va a luchar para que sea una multa o una domiciliaria”.
“Ellos me están pidiendo cinco años de privación de libertad porque quieren poner también el delito de atentado de carácter continuado. En la petición sale desacato (seis meses), resistencia (siete meses) y atentado, pero no hay nada sobre ese último en el expediente, yo voy a llevar la directa al Tribunal como prueba y ese delito tiene que caerse”, declaró a CubaNet.
La activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien se encuentra bajo la medida cautelar de prisión provisional ya que los recursos solicitados por su abogado para el cambio de esta medida le han sido denegados hasta el momento, expresó que va a seguir fuerte sin importar cuánto la repriman en la cárcel.
“A todos esos patriotas, todos esos hermanos que siguen firmes, que aún no han sido amedrentados por la dictadura, les digo que Taimir García Meriño va a ser una guerrera siempre para todos los tiempos, esto es Patria y Vida y para adelante, Dios mediante vamos a seguir dando guerra”, aseguró la presa política.
Por su parte, Ana Ibis Trista Padilla, esposa de Damián Hechavarría Labrada, recluido junto con Adrián Góngora Santiesteban en la cárcel provincial de Las Tunas conocida como El Típico, expresó que “Damián se encuentra firme, con sus mismos valores y con las mismas ganas y más de ver a Cuba libre de estos dictadores”, aunque no tiene esperanzas de que le cambien la condena.
A Hechavarría Labrada el régimen le quiere imponer una sanción conjunta de siete años de privación de libertad: seis por el delito de atentado de carácter continuado, uno por el de desacato y ocho meses por el de resistencia.
Mientras que para Góngora Santiesteban la justicia cubana solicita una condena de dos años de privación de libertad, ya que por el delito de atentado le pide dos años, cinco meses por el de actividades económicas ilícitas y cuatro por el de resistencia.
“Yo no tengo esperanzas de que a Damián le cambien la condena pues eso es lo que quieren estos tiranos, implantar el terror en el pueblo cubano, quieren castigar con sanciones ejemplarizantes y que de esta manera el pueblo siga sumiso, pero aquí estamos listos para lo que venga y como venga, estamos bien puestos”, confesó Ana Ibis.
El 21 de abril pasado, Taimir García, Adrián Góngora y Damián Hechavarría se manifestaron pacíficamente en una céntrica calle de la ciudad de Las Tunas después que inspectores del régimen le impusieran una multa de 8 000 pesos cubanos a Damián. Tras la protesta, agentes policiales se presentaron en el lugar y los detuvieron violentamente.
[embedded content][embedded content]
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

Leer más »

Tuneros serán juzgados este lunes por expresar desacuerdo con multas a cuentapropistas

MADRID, España. – Este lunes serán juzgados en el Tribunal Municipal de Las Tunas el cuentapropista Damián Hechavarría y los activistas Adrián Góngora Santiesteban y Taimir García Meriño, por haber protestado el pasado 21 de abril contra los inspectores estatales por las desmedidas multas a la población impuestas por el régimen.
Según informó Radio Televisión Martí, Damián Hechavarría, para quien la Fiscalía pide 7 años de privación de libertad, se encuentra en la cárcel tunera El Típico. Mientras que para Adrián Góngora Santiesteban y Taimir García Meriño piden 5 y 2 años de prisión, respectivamente. Góngora Santiesteban espera juicio en la Prisión Provincial de Holguín y García Meriño en la Prisión de Mujeres de Camagüey.
El esposo de Taimir García, Holmis Rivas Carmenate, señaló a Radio Televisión Martí que el juicio se ha pospuesto en dos ocasiones y que las peticiones de cambio de medida cautelar, presentadas por el abogado Yosdelmis Álvarez Segura, han sido negadas.
Los tres jóvenes fueron arrestados por manifestarse “en contra de la actuación de tres inspectores que, de forma excesiva e injusta, le impusieron al vendedor Damián Hechevarría una multa”, precisó Carmenate.
Por su parte, Ana Ibis Torralba, esposa de Hechavarría, expresó que la intención del régimen es demostrar que “ellos (el Gobierno cubano) son los que mandan, y que el pueblo se sienta más oprimido, más humillado”.
Torralba, quien no tiene esperanza en que bajen la sentencia, agregó: “El régimen quiere impedir que un hecho como las manifestaciones del 11 de julio vuelva a suceder y por eso están castigando con sanciones ejemplarizantes para evitar cualquier tipo de disenso”.
Damián Hechavarría, Adrián Góngora Santiesteban y Taimir García Meriño, acusados de los supuestos delitos de desobediencia, desacato y atentado, permanecen detenidos desde hace casi 10 meses, tiempo que sobrepasa los términos del proceso investigativo.
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

Leer más »

Continúan en Cuba juicios a personas relacionadas con las protestas de julio

Al menos 33 personas, entre ellas seis menores de edad, serían juzgadas a partir de este lunes en Cuba debido a su relación con las protestas antigubernamentales de julio del año pasado, de acuerdo con activistas citados por la agencia EFE.Se trata de la cuarta semana consecutiva en la que se celebran en Cuba procesos penales por estos hechos. En total, desde las protestas del año pasado se ha juzgado al menos 440 personas, según el recuento de organizaciones no oficiales como el colectivo 11J que sirven de fuente al medio español.El que arranca este lunes, y se prolongará hasta la semana que viene en un tribunal de La Habana, es una causa común única para todos los investigados, a los que se les imputa un presunto delito de sedición. Las penas solicitadas por la fiscalía oscilan entre los 13 y los 25 años de cárcel, y en el caso de seis menores la petición de condena es mayor que la edad del procesado, afirma el reporte.En Cuba la edad penal mínima son 16 años y el Código Penal (artículo 17.1) contempla la posibilidad de reducir a la mitad las penas de las personas menores de edad, mientras que para los condenados entre 18 y 20 las condenas se pueden rebajar en un tercio.En su reporte, EFE asegura haber solicitado un posicionamiento al respecto a la oficina regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sin que por el momento haya obtenido respuesta.11 de julio: Cuba enjuicia manifestantes seis meses después de las protestasAdemás, el medio español hace referencia a conteos realizados por ONG que fijan en más de mil las personas detenidas a raíz de las protestas de julio —de las cuales una parte ya ha sido juzgada, otros fueron liberados y otros continúan detenidos— y recuerda que las vistas de los procesados no son públicas y los medios internacionales no tienen posibilidad de cubrirlos.Al respecto, señala que activistas y organizaciones opositoras han realizado peticiones para que los juicios sin menores sean televisados para mayor garantía de los procesados y que, en los juicios con menores de edad, se permita el acceso a la prensa con este mismo fin. También apunta que estos han denunciado diversas irregularidades, falta de garantías, y penas muy elevadas para los acusados por las protestas.PublicidadMientras, las autoridades judiciales cubanas aseguran que se cumplen estrictamente los instrumentos internacionales y las garantías establecidas por la ley, niegan que se trata de procesos políticos y subrayan que se juzgan principalmente los delitos graves, como «actos vandálicos» y «graves alteraciones del orden».Según la Fiscalía General de Cuba, en el país se han procesado por las protestas del 11 de julio a 790 personas, de las que 55 tienen entre 16 y 18 años y de ellos 28 quedaron en prisión provisional. Aparte, la propia fiscalía ha investigado a 27 menores de 16 años, pero recalca que “en Cuba estos no son sujetos del Derecho Penal”.De esa manera, 10 fueron internados en escuelas de formación integral y de conducta, por intervenir junto a adultos en la comisión de estos hechos” y a 17 se les aplicó la medida de atención individualizada en la propia escuela del Sistema Nacional de Educación donde cursan estudios”, según un reciente comunicado oficial.Cuba: Fiscalía informa sobre procesos penales por las protestas del 11 de JulioLas autoridades judiciales cubanas también archivaron las causas penales contra varios de los artistas que protestaron frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) el pasado, según informó EFE a principios de mes.Las protestas de julio pasado fueron las mayores en décadas en la Isla y tuvieron como escenario el pico pandémico por la COVID-19 y la severa crisis económica del país, con largas colas, carencias de productos básicos, una elevada inflación y largos cortes eléctricos entre sus detonantes.El gobierno cubano las sigue catalogando como “disturbios”, aunque ha llegado a reconocer la existencia de reclamos “legítimos” entre los manifestantes. Además, las ha vinculado con una campaña que, asegura, está organizada y financiada desde EE.UU. con el fin de promover un “cambio de régimen” en la Isla.EFE / OnCuba.

Leer más »

NTV de Cuba entrevista a familiares de los presos del 11J

MADRID, España- En un reportaje especial del periodista Bernardo Espinosa emitido en el Noticiero de Televisión Cubana (NTV) este viernes, tres familiares de los manifestantes que están siendo juzgados por las protestas del 11 de julio de 2021, ofrecieron declaraciones que apoyaron la propaganda del régimen. 
Entre las personas entrevistadas se encuentra Keyla Domínguez Hernández, quien declaró que a ella y a su esposo, uno de los acusados, los han tratado bien. 
“No tenemos nada en contra de esto, lo que somos jóvenes. Nosotros estudiamos aquí, tenemos una niña chiquita de 8 meses, nació en un hospital aquí… No tenemos nada en contra de esto… lo que es el embullo y las cosas, pero… él en sí, él no tiene nada en contra de esto, ni nada de eso”, dijo Domínguez Hernández. 
Mientras que Eudanis Campos Ramírez, una de las madres de los detenidos, pidió disculpas públicamente al país y a todos los medios por “el error” de su hijo.
“Fue algo que cometió sin saber en lo que estaba metido”, dijo.
Por su parte, Regla Yolanda González Colón expresó: “No hay que intentar nada contra la revolución, no hay que tirar piedras, no hay que agredir a la población ni a los policías, pero ellos lo hicieron como que un problema como que de embullo”.
Además aseguró que había visto “el juicio oral muy bueno”, y consideró “la defensa de los abogados muy buena” y a “la presidenta de la sala objetiva y humana”.
El reportaje oficialista también presentó a abogados de la defensa, al presidente del Tribunal Provincial de La Habana, Yojanier Sierra Infante y a la fiscal Beatriz de la Peña la O, cuyas declaraciones no se corresponden con la realidad que han venido mostrando la mayoría de los familiares de los más de 700 presos políticos que están siendo juzgados y los datos ofrecidos por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos que han seguido muy de cerca los procesos penales.
La abogada de la defensa Ronmy Ruiz Gutiérrez dijo haber tenido “acceso desde el inicio a poder entrevistarse con ellos en el centro penitenciario donde estaban recluidos”, así como  “acceso a las actuaciones, o sea, el expediente de fase preparatoria, la investigación que se estaba realizando”.
Los juicios son “un acto judicial donde los acusados se escuchan y no se les corta en su declaración; donde todos comparecen con abogados; donde se practican las pruebas y se les da la oportunidad, incluso a los acusados después de ver las pruebas de decir si quieren aportar algo más de lo que vieron; donde se escuchan a los testigos y todo el que desee preguntar lo hace; donde los acusados tienen derecho de última palabra y manifiestan libremente lo que quieren”, indicó Yojanier Sierra Infante.
Sin embargo, en diciembre pasado familiares de presos políticos y de conciencia escribieron una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel pidiendo la liberación de los detenidos por las manifestaciones del 11J y condenando la falta de claridad y justicia en los procesos legales.
“Como familias creemos que el sistema judicial y el Gobierno cubanos deben hacer un alto y reflexionar en que un daño, cualquiera que sea, no se repara con una injusticia y en que el ejercicio de los derechos constitucionales no es un delito”, expresaba el documento.
[embedded content][embedded content]
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

Leer más »

Concluye primera sesión de juicio contra el músico Abel González Lescay

MADRID, España.- Este miércoles concluyó la primera sesión del juicio contra el músico y activista cubano Abel González Lescay, participante en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba. 
En el Tribunal Provincial Popular de la provincia de Mayabeque, también fueron juzgados este 26 de enero Ángel Miguel Martín Caro, Jorge Luis Reynoso Barrios, Omar Valenciano Donatien, Raúl Xavier Díaz Pérez, Alain Yamil Sánchez Baluja y Livan Viel de la Peña.
Según contó González Lescay a Radio y Televisión Martí poco después de salir del Tribunal, en la sesión se presentaron policías como testigos que demostraron que él los había ofendido el 11 de julio. 
“Es algo que ya yo había aceptado públicamente y allí también lo acepté. Antes que ellos llegaran, yo dije que los había ofendido y, realmente, me siento arrepentido de haberlo hecho e incluso le pedí disculpas al jefe de la policía y le pedí que se las transmitiera a los otros agentes”, explicó el músico. 
El joven señaló que hay personas en la causa que hicieron menos, como es el caso de un muchacho que solo salió con una bandera, “una banderita chiquita”, y para él piden 6 años de privación de libertad. 
“La Fiscalía decía que él se había frotado por sus partes la enseña nacional, pero la testigo aseguró que no fue por sus genitales, sino por su cuerpo”, precisó. 
De acuerdo a sus declaraciones, el juicio se desarrolla en el Tribunal Provincial porque en la causa está el delito de sabotaje, del que él no está acusado, pero sí otros, “muy niños”. 
“Ponen una foto donde aparece uno como cogiendo una piedra y no saben si rompieron el cristal o no, pero esos muchachos se ven muy dañados. En el centro de detención les cayeron a piñazos, los torturaron psicológicamente y ellos confesaron que tiraron las piedras”, denunció. 
González Lescay destacó además que a él no se le “están pidiendo 7 años por haber ofendido a la policía”, sino “porque es un juicio político”.
Según compartió en redes sociales el joven estudiante del Instituto Superior de Arte, este jueves continúa el juicio con los testigos de la defensa.
“Ya veremos. Hasta ahora creo que no se ha demostrado nada grave. Ya veremos si el juicio es en serio”, manifestó.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

Leer más »

El infierno de Maikel Puig en una cárcel cubana

CIUDAD DE MÉXICO.- A Maikel lo llevaron atado de pies y manos con unas esposas que les llaman shakiras y con el uniforme gris de los reos. Llegó al tribunal custodiado por dos policías y perros hasta que se sentó en el lugar de los acusados. Allí pudo ver a su esposa, pero no les permitieron contacto físico. Los alrededores estaban cubiertos por oficiales que sobrepasaban en número a los familiares. El tribunal de Mayabeque estaba militarizado.
El 12 de enero Maikel Puig Bergolla, de 41 años, fue trasladado en un carro jaula con otros siete detenidos que salieron el 11 de julio a manifestarse en Güines, Mayabeque. El juicio contra ellos, que se prolongaría durante tres días, iba a comenzar.
“A mi esposo- explica Sayli Núñez- lo acusan dos policías de haberles tirado piedras y animar a otras personas a sumarse. Ellos dieron su testimonio en calidad de víctimas y testigos. La única prueba que hay contra Maikel es la palabra de esos dos hombres que no presentaron ni un solo certificado de lesiones, que, a pesar de todas las piedra que alegan les lanzó mi marido, ellos no tuvieron un solo arañazo en el cuerpo. Tampoco hay videos, fotos, y sus relatos estaban llenos de contradicciones. Parecía que se habían preparado para discutir un trabajo práctico y cuando les preguntaban algo no sabían qué responder”.
Ambos oficiales sostienen que el manifestante los agredió insistentemente pero no recuerdan cómo estaba vestido, o si traía cubrebocas. Según el oficial A, Maikel Puig les lanzó bloques, a lo que la defensa refutó que de dónde los sacó si no había nada en construcción. Entonces el policía cambió su relato. Según el oficial B, Maikel tomó las piedras (ya no bloques) de una sanja. Donde ellos lo ubican no existía una. Tampoco parece lógico que si un hombre con la corpulencia y estatura de Puig lanzara piedras a tan corta distancia, como cuentan los agentes, ninguna los hubiese tocado.
Por otra parte, un testigo que presentó la defensa y presenció los hechos asegura que Maikel no estaba allí. Mientas que una vecina asegura que él estaba en su casa cuando las piedras fueron lanzadas.
Aislado en una celda de castigo 
La primera vez que Sayli vio a Maikel, el cinco de noviembre, empezó a llorar y le preguntó que por qué se veía tan sucio y flaco. Había pasado cuatros meses en prisión y el deterioro en el cuerpo de su esposo comenzaba a notarse
Maikel le explicó que el agua la ponían de modo intermitente y poco tiempo, que a veces tenía que elegir entre bañarse y guardar para tomar, o lavar la ropa. Así que muchas veces no le daba tiempo a lo segundo. Y sí, había perdido peso porque la comida era asquerosa. Un pescado que huele a orine y una pasta cárnica descompuesta suelen ser platos principales en la alimentación de los reclusos cubanos. Sayli, para enmendarlo, le lleva a su esposo mayonesa que él unta en el arroz. Ella sabe que ese consumo diario de grasa lo puede dañar, pero solo así logra tragar esa comida desabrida, en el mejor de los casos, y putrefacta en otros.
Este 26 de enero Maikel Puig cumple tres meses aislado en una celda que mide menos de dos metros cuadrados. Es un agujero oscuro donde no puede caminar o estirar su cuerpo. Para ducharse debe recoger el agua en pomos y lavarse agachado. Es tan reducido el espacio que si lo hace de pie terminaría su colchón empapado.
Puig está acusado de desorden público; desacato; desacato de la figura agravada; instigación a delinquir y asesinato tentado por las supuestas piedras que lanzó. Desde el 12 de julio fue detenido cuando fueron a buscarlo sin que ningún oficial le explicara el motivo de la detención. De allí lo llevaron hasta la prisión del Sida, donde lo tuvieron cuatro días en una celda de castigo sin darle alimentos o agua. Maikel no sabe si fue una sanción por su disenso o si es que simplemente olvidaron que estaba encerrado.
Luego fue trasladado a la prisión de Quivicán, donde permanece en una celda de castigo actualmente. En seis meses detenido, cinco los ha pasado aislado de modo intermitente.
En la celda tiene una colchoneta sobre una cama de cemento, un rincón donde pone la comida que le lleva su familia, una ducha y una letrina que se filtra. Cuando Maikel la descarga parte de esas aguas albañales terminan junto a su cama. En 12 semanas el espacio donde vive no ha sido limpiado ni una sola vez.
Las paredes de esa celda también se filtran y la humedad y el frío son constantes. Según cuenta Sayli, a su esposo no se le quita el catarro, ni la tos. Incluso ha tenido fiebre. A lo que se suma que es hipertenso y acaba de ser diagnosticado como diabético. Tras medio año en prisión su salud física y mental empieza a deteriorarse. Y este podría ser apenas el inicio.
La abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, explica que el reglamento de prisiones cubano especifica que un recluso solo puede estar en una celda de castigo si representa un peligro para sí mismo o para los demás. Y no debe sobrepasar los 90 días. En el caso de Maikel no es así, él ni siquiera cometió alguna indisciplina que justifique el castigo. Realmente no sabe por qué lo mantienen en una celda aislada, sin poder ver o hablar con otra persona, sin acceso a las áreas comunes. Sólo supo que era una orden.
Maikel Puig interactúa con otros únicamente lunes y jueves, cuando le permiten hacer cortas llamadas a su familia. El resto del tiempo nadie le habla. Está completamente solo. Por eso, le cuenta a su pareja, lee mucho y se habla a sí mismo para escuchar al menos su propia voz. Así pasa un día y otro, y otro.
Una vez al mes era visitado por Sayli y los niños. Ahora, con el aumento de los casos de la COVID-19 solo puede entrar ella. A diferencia de los presos comunes, a Puig no le permiten ver a su familia en la misma área que a los demás. ¿El motivo? Que es un preso político, que Sayli no ha parado de denunciar a pesar de las presiones, que él mismo le ha dicho que no se calle. Realmente solo pueden especular sobre las posibles causas. Nadie les explica por qué su prisión la han convertido en un infierno, aún mas crudo; por qué el ensañamiento.
El reglamento de prisiones en Cuba establece que cada recluso debe tomar el sol, al menos una hora diaria, para obtener la vitamina D que requiere el organismo. En estos tres meses a Puig solo lo han permitido hacerlo dos veces. Y al parecer no lo sacarán de la celda este 26, aunque es el día límite que puede estar allí, según la propia legislación cubana.
Foto cortesía de la autora
Dos semanas atrás su hijo menor, de nueve años, estuvo ingresado por una fuerte crisis de asma y no le permitieron que llamara siquiera. El niño está muy afectado por la separación, rechaza la escuela y ha tenido pensamientos suicidas.
“Es muy dura mi vida: pendiente de una hija adolescente, de un niño enfermo que no deja de anhelar que su papá regrese, y de Maikel y lo que le están haciendo”, confiesa Sayli. “Mi día se resume en buscarle comida a mi esposo para llenar el saco y consolar a nuestros hijos”, pero quién le da fuerzas a ella.
Foto cortesía
 ***
Las conclusiones provisionales del órgano acusador aseguran que Maikel Puig Bergolla y alrededor de “dos mil personas” se aglomeraron en “las inmediaciones de la calle 8” y el Reparto Las Yaguas y se desplazaron hasta el parque central del pueblo gritando “Díaz Canel S…” y otras frases denigrantes contra la Policía, al tiempo que hacían ruido con cláxones, calderos y otros instrumentos e instaban a los vecinos por donde pasaban a unirse a la demostración. No hay videos que muestren a Maikel entre ellos, ni testigos que no sean funcionarios de los órganos de vigilancia del gobierno que lo corroboren. Este es su supuesto delito de instigación a delinquir por el que le piden 18 años.
El próximo 11 de febrero se conocerá el veredicto. Maikel tiene una petición fiscal de 25 años de cárcel como sanción conjunta.
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

Leer más »
 

Contáctenos

 

Si desea contactar NoticiasCubanas.com, el portal de todas

las noticias cubanas, por favor contáctanos.

¡Estaremos felices de escucharlo!

 

Con gusto le informáremos acerca de nuestra oferta de publicidad

o algún otro requerimiento.

 

contacto@noticiascubanas.com

 

Oferta


Si deseas saber como tu sitio de noticias puede formar parte de nuestro sitio NoticiasCubanas.com, o si deseas publicidad con nosotros.

 

Por favor, póngase en contacto para mas detalles.

Estaremos felices de responder a todas tus dudas y preguntas sobre NoticiasCubanas.com. ¡La casa de todas las noticias cubanas!

contacto@noticiascubanas.com


Sobre nosotros

NoticiasCubanas.com es la casa de todas las noticias cubanas, somos un sitio conglomerado de noticias en Cuba. Nuestro objetivo es darle importantes, interesante, actuales noticias sobre Cuba, organizadas en categorías.

Nosotros no escribimos noticias, solo recolectamos noticias de varios sitios cubanos. Nosotros no somos parte, solo proveemos noticias de todas las fuentes de Cuba, y de otras partes del mundo.

Nosotros tenemos un objetivo simple, deseamos brindarle al usuario el mayor monto de noticias con calidad sobre Cuba, y la visión que tiene el mundo sobre Cuba. Nosotros no evaluamos las noticias que aparecen en nuestro sitio, tampoco no es nuestra tarea juzgar las noticias, o los sitios de las noticias.

Deseamos servir a los usuarios de internet en Cuba con un servicio de calidad. Este servicio es gratuito para todos los cubanos y todos aquellos que estén interesados en las noticias cubanas y noticias internacionales sobre Cuba.

 

Términos de uso

NoticiasCubanas.com es gratis para todas las personas, nosotros no cobramos ningún cargo por el uso del sitio de ninguna manera. Leer los artículos es completamente gratis, no existe ningún costo oculto en nuestro sitio.


Proveemos una colección de noticias cubanas, noticias internacionales sobre Cuba para cualquier persona interesada. Nuestros usuarios utilizan NoticiasCubanas.com bajo el acto de libre elección y bajo su propia Responsabilidad.

Nosotros no recolectamos ningún tipo de información de nuestros usuarios, no solicitamos ninguna dirección electrónica, número telefónico, o ningún otro tipo de dato personal.

 

Medimos el monto de tráfico que noticiasCubanas.com recibe, pero no esperamos compartir esta información con alguien, excepto nuestros socios de publicidad. Nos regimos bajo las normas Cubanas en cada cuestión legal, cualquier aspecto no clarificado aquí debe ser considerado sujeto bajo el sistema Legal de Cuba.