HAVANA CLIMA

Fiscalía General de la República (FGR)

Defender, desde la Fiscalía General, la justicia social

Para la Fiscalía General de la República, el periodo comprendido entre 2017 y 2021 se caracterizó por el recrudecimiento del bloqueo económico contra nuestro país; la agresividad anexionista en el vano intento de desencadenar un «golpe suave» y provocar el derrocamiento de la Revolución; el enfrentamiento jurídico penal a diferentes manifestaciones de delitos, indisciplinas sociales e ilegalidades que afectaron la estrategia de recuperación económica trazada, todo ello unido al desafío impuesto por la COVID-19.
Así informó a los diputados Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, en la presentación del informe de rendición de cuenta de esa institución del Estado, en la segunda jornada del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su IX Legislatura.
En el periodo analizado, los fiscales realizaron más de 300 000 controles a expedientes de fase preparatoria, fundamentalmente en aquellos con términos superiores a los 60 días, y participaron en la práctica de más de 47 000 diligencias de instrucción, esencialmente en declaraciones de imputados y testigos, reconstrucción de hechos y experimentos de instrucción, entre otras acciones.
Dijo que se brindó atención al uso racional de la medida cautelar de prisión provisional y a su permanencia, impuesta, fundamentalmente, ante conductas y hechos de mayor gravedad; y la solicitud de sanciones se ajustó a la política penal, en correspondencia con la gravedad de los hechos, circunstancias y otros factores.
Se refirió al trabajo realizado desde 2019 para la concepción integradora de un sistema de atención a los ciudadanos, informatizado hasta nivel municipal, como un proceso clave para evaluar las quejas y peticiones de las personas sobre intereses diversos.
UN INCREMENTO EN EL TRABAJO FISCAL
Por otro lado, el informe detalló que entre 2017 y 2021 se registró un incremento de más de 174 534 personas atendidas, respecto a la etapa anterior. Mientras que, en el restablecimiento de la legalidad, los fiscales dictaron 787 resoluciones y, en 12 882 casos, procuraron su solución inmediata, gestionada directamente con los responsables, lo cual significa que en el 16 % de las reclamaciones, las personas tenían razón en sus planteamientos.
Asimismo, expresó Peña Ojeda, los fiscales participaron, en esta etapa, en más de 120 000 juicios.
Acerca de la participación de la Fiscalía en los asuntos jurisdiccionales no penales y en la protección de los menores de edad y de las mujeres, señaló que los fiscales intervinieron en más de 25 000 procesos civiles y de familia.
Como recomendaciones, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos propuso, entre otras propuestas, incrementar las acciones para incentivar la incorporación de fiscales y su permanencia en las instituciones, redimensionar la intervención del fiscal en el control de la legalidad penal, además de garantizar revertir las insuficiencias que se aprecian en el cargo.

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Sentencias firmes y respeto a la legalidad

La Fiscalía General de la República de Cuba (FGR), como parte de sus funciones durante la tramitación de los procesos penales asociados a los hechos del 11 de julio del 2021, verificó el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso y controló las investigaciones practicadas por los órganos del Ministerio del Interior, así como la legalidad en los establecimientos penitenciarios, precisó Lisnay María Mederos Torres, Fiscal Jefa de la Dirección de Procesos Penales.
Destacó, además, que los abogados mantuvieron comunicación con sus representados, accedieron a las actuaciones y pudieron aportar las pruebas que consideraron oportunas.
Y es que, constituye una premisa obligatoria velar porque ninguna persona sea privada de su libertad sino por autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido; que los acusados dispongan de asistencia letrada desde el inicio del proceso; la presunción de inocencia hasta la sentencia firme; y ser juzgados por un tribunal preestablecido legalmente, entre otras garantías que establece la Carta Magna, en su artículo 95.
En tal sentido, explicó que la decisión de la Fiscalía de ejercer la acusación ante los Tribunales se sustentó en un conjunto de pruebas documentales, testificales y periciales, que permitieron establecer y determinar la participación de los acusados en hechos que tipifican como delitos previstos en el Código Penal vigente.
«Concluidas las vistas, notificadas las sentencias a las partes y, en virtud de lo que establece la Ley, los acusados y el Fiscal establecieron los recursos correspondientes, los que una vez resueltos dan firmeza a las decisiones adoptadas por los Tribunales».
Como se conoce, detalló, a partir de la nota publicada en el portal web de la Fiscalía, hasta el momento han adquirido firmeza 76 sentencias, con 381 acusados sancionados.
De ellos, 16 tienen edades comprendidas entre 16 y 18 años, y a 15 de estos se le subsidiaron las penas privativas de libertad por otras alternativas; en tanto, el resto de los procesos continúan su tramitación en los Tribunales, puntualizó.
Ahora, sostuvo, nos encontramos en el proceso de ejecución de las sentencias firmes, y durante su cumplimiento corresponde velar porque se alcancen los fines preventivos y educativos que prevé la sanción.
Respecto al criterio, manejado en redes sociales, y expuesto al mundo como «verdad»: que en Cuba se procesan a niños y menores de 16 años de edad, Mederos Torres afirmó que el Código Penal es categórico respecto a este asunto, al establecer que la responsabilidad penal es exigible a partir de los 16.
Además, esta ley sustantiva ofrece reglas para la adecuación de la sanción en el caso de los jóvenes de 16 a 18 años, acotó.
«Para la valoración de este tema se tiene en cuenta, por ejemplo, la conducta del acusado y las características de los hechos cometidos, o sea, se busca individualizar su participación».
El artículo 1 de la Constitución, subrayó, establece que Cuba es un estado socialista de derecho y de justicia social, y ello tiene una expresión en el cumplimiento de las funciones de la FGR y en los procesos penales.

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Fiscalía General de la República, un garante de nuestro Estado socialista de derecho

Un reconocimiento por la manera en que se crecieron el pasado año y la exhortación a seguir perfeccionando su labor en 2022, hizo el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a las trabajadoras, trabajadores y dirigentes de la Fiscalía General de la República (FGR).
El órgano del Estado realiza su reunión de trabajo correspondiente a 2021 con la participación de fiscales jefes provinciales, de ciudades capitales, de municipios y de miembros de su Consejo de Dirección ampliado, tanto desde el Palacio de las Convenciones como a través de videoconferencia con los territorios.
En medio de la compleja situación económico-social en que se ha desenvuelto el país, el sistema de la fiscalía cubana se creció, reiteró el mandatario, al agradecerles por la capacidad de ejercer su trabajo con calidad en medio de condiciones muy difíciles y exigentes. Han crecido, han madurado y han asimilado nuevos aprendizajes, señaló.
El 2021, reflexionó Díaz-Canel, fue un año retador, difícil. Cuba –argumentó– estuvo sometida a situaciones de envergadura que nos demandaron trabajar de una manera distinta debido a varios factores, en primer lugar, un bloqueo recrudecido y una tremenda atmósfera de agresividad imperial, tanto de inteligencia como de campañas de comunicación calumniosas, perversas.
Han sido acciones –agregó– dirigidas a provocar el estallido social, a fracturar la unidad en torno a la Revolución, a socavar la confianza de la población, como parte de una guerra no convencional, y a aplicar el llamado «golpe suave», y todo ello aprovechando las condiciones impuestas por la COVID-19.
Díaz-Canel explicó a los participantes en la reunión anual de la FGR las prioridades del país para el año 2022, entre ellas la implementación de lo acordado en el 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba y las ideas, conceptos y directrices emanadas del cónclave.
Señaló que, en su labor, la FGR debe defender el concepto de que el bloqueo va a seguir y continuará recrudeciéndose, por lo que hay que saltarlo desde la resistencia creativa, que significa que, en medio de la resistencia, hay que crear e innovar para poder desarrollarnos.
Ustedes –les dijo– tienen que encontrar cómo cumplir sus tareas de forma creativa, y recordó que mensualmente la dirección del país se encuentra con las instituciones vinculadas al cumplimiento de la ley bajo el precepto de que vivimos en un Estado socialista de derecho.
Subrayó que, para lograr este principio, en cada lugar hay que aplicar los tres pilares del Gobierno: informatización –ahora enmarcada en el proceso de transformación digital de la sociedad–, ciencia e innovación –que, insistió, es parte de la gestión de la administración pública– y comunicación social.
La Fiscalía General de la República representa el órgano que tiene como misión fundamental ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado; así como velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades y por los ciudadanos.
Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, hizo un análisis del comportamiento de los principales indicadores del trabajo en 2021 y las proyecciones para 2022, marcado en esta ocasión por la rendición de cuenta que deberá hacer el órgano ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio próximo. (Para conocer más información, consultar la web oficial www.fgr.gob.cu).
En el encuentro participaron Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular; Gladys Bejerano Portela, contralora general de la República; Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro de Justicia, y José Luis Toledo Santander, jefe de la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, entre otras personalidades.

Foto: Estudios Revolución

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Información sobre los procesos penales derivados de los disturbios del 11 de julio de 2021

Para la Fiscalía General de la República constituye un deber continuar informando al pueblo y a la opinión pública internacional sobre la respuesta legal dada a los graves hechos ocurridos el 11 de julio de 2021, que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista.
Como se ha explicado, estos hechos ocurrieron en un contexto especialmente complejo de crisis económica mundial, agudizada por una pandemia sin precedentes que arrebató la vida a muchos cubanos, y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos a nuestro país, que continúa intentando, sin poder lograrlo, destruir a la Revolución.
De manera tendenciosa continúan las manipulaciones y matrices de opinión, que pretenden acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos, tratando de deslegitimar los procesos penales iniciados para investigar conductas constitutivas de delito, de acuerdo con las leyes vigentes.
La Fiscalía General de la República, como parte de su misión, verificó el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso, y controló el desarrollo de las investigaciones practicadas por los órganos del Ministerio del Interior, se garantizó el derecho a la defensa, los abogados aportaron pruebas y tuvieron acceso a las actuaciones.
La Fiscalía recibió, una vez concluida la investigación, 117 expedientes de fase preparatoria correspondientes a los hechos de mayor connotación, con 790 personas instruidas de cargo por actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden. El 21 % de estas personas tenían antecedentes penales.
De estos se han presentado a los tribunales 110 expedientes, con 710 acusados para su juzgamiento, el 69 % de ellos asegurados con la medida cautelar de prisión provisional.
Del total de acusados en estos expedientes, 115 tienen entre 16 y 20 años de edad, contra los que se determinó ejercer la acción penal ante los tribunales, por la gravedad de los hechos cometidos y su demostrada participación:

55 se encuentran entre 16 y 18 años de edad, de ellos 28 asegurados con la medida cautelar de prisión provisional. A partir de las posibilidades que brinda la ley y como resultado de la práctica de las pruebas en los actos de juicio oral, el reconocimiento de los hechos, el arrepentimiento mostrado y la condición de estudiantes, a 18 de estos acusados la Fiscalía les modificó la solicitud de sanción, por otras de menor severidad.
Asimismo, 60 tienen entre 19 y 20 años de edad, de estos 41 asegurados con prisión provisional.

La decisión de la Fiscalía de sostener la acusación ante los tribunales, en todos los casos estuvo basada en los medios de prueba aportados, entre ellos las declaraciones de testigos y víctimas, peritación de videos publicados en diferentes medios y otros ocupados, que permitieron la identificación de los imputados en hechos que tipifican delitos de desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robos con fuerza y violencia, atentado, sabotaje y sedición.
La determinación de acusar por el delito de sedición, aunque tiene previstas sanciones severas, se corresponde con el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que de manera tumultuaria causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, al agredirlos con el empleo de objetos cortantes, contundentes e incendiarios, con la perturbación grave del orden público y el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional.
En distintas localidades se apedrearon instituciones oficiales, hospitales, casas de cambio (Cadeca), establecimientos comerciales y de expendio de combustible; muchos de ellos, como consecuencia de la violencia generada, resultaron saqueados y sustraídos los bienes, provocándose cuantiosos daños; asimismo fueron asediados, volcados y dañados medios de transporte.
Las sanciones solicitadas por la Fiscalía están en correspondencia con la gravedad de los hechos, el nivel de participación y el daño causado a la sociedad.
Como resultado de los 84 juicios realizados, la Fiscalía ha sido notificada de 44 sentencias dictadas por los tribunales, en las que fueron sancionados 172 acusados, los cuales tuvieron el derecho a establecer los recursos correspondientes.
En cuanto a los menores de 16 años de edad, en Cuba estos no son sujetos del Derecho Penal. En las investigaciones se acreditó la participación de 27, a los que se les aplicó el procedimiento legal establecido: 10 fueron internados en escuelas de formación integral y de conducta, por intervenir junto a adultos en la comisión de estos hechos; a 17 se les aplicó la medida de atención individualizada en la propia escuela del Sistema Nacional de Educación donde cursan estudios.
La Fiscalía, acorde con su función constitucional, atendió a 508 ciudadanos que solicitaron información sobre estos procesos penales y tramitó 238 quejas o peticiones. Los fiscales entrevistaron a las personas y comprobaron los elementos expuestos que se aportaron a la investigación penal. Los resultados fueron explicados personalmente por el fiscal a los promoventes, ofreciéndose los argumentos legales en cada caso.
La Fiscalía General de la República reitera que actuará de conformidad con el encargo constitucional, en el marco de la legalidad, con apego al debido proceso, la protección de los intereses del Estado y el respeto al derecho de todos los ciudadanos.

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¿Cómo la Fiscalía defiende los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes?

Cuba ha logrado avances significativos en la compleja tarea de crear las condiciones sociales, materiales y jurídicas que propicien la realización, protección y disfrute de los derechos de sus niños, niñas y adolescentes, a pesar de la difícil situación de bloqueo a la que nos enfrentamos, desde hace más de 60 años, comentó a Granma Yurien Castillo Hernández, fiscal jefe del Departamento de Protección de la Familia, de la Fiscalía General de la República (FGR).
Desde el triunfo de la Revolución en 1959, afirmó, existe una permanente voluntad del Estado y del Gobierno por la protección integral de la infancia y ello, a su vez, tiene expresión en la puesta en práctica de políticas sociales concretas, encaminadas a garantizar que los niños tengan asegurado el ejercicio y la protección de todos los derechos desde su nacimiento.
La Ley de la Fiscalía dispone, entre las funciones de los fiscales, representar y defender a los menores de edad que, por cualquier causa, queden en situación de desamparo o ausentes de representante legal, hasta que se les provea de tutores, representantes o encargados del cuidado de su persona y de la defensa de sus bienes y derechos, puntualizó la fiscal Castillo Hernández.
También les encomienda, dijo, comprobar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y otras disposiciones sobre el tratamiento a menores de edad acogidos en instituciones asistenciales –como hogares para niños sin amparo familiar– y de los que presentan trastornos de conducta o cometen hechos previstos en la Ley como delitos. Precisó que, para esta misión, existen fiscales designados en cada una de las sedes radicadas en los municipios y provincias del país.
Por otra parte, y según establece la Resolución No. 33/2016, se creó en la FGR la Dirección de Protección de la Familia y Asuntos Jurisdiccionales, entre cuyos objetivos está potenciar aún más la atención de las problemáticas que puedan afectar a las familias y ofrecer una atención especializada a sectores vulnerables, fundamentalmente niños y adolescentes.
Su constitución, argumentó la Fiscal Jefe del Departamento de Protección de la Familia de la FGR, se fundamenta en el perfeccionamiento de las funciones relacionadas con la protección de los derechos de todas las personas, de manera particular los menores de edad, las mujeres y los ancianos, para garantizar el cumplimiento con eficiencia de las funciones de la Fiscalía sobre protección de los derechos ciudadanos.
UNA MIRADA ESPECIAL A LOS MENORES SIN AMPARO FAMILIAR
«El interés superior del niño que propugna la Convención sobre los Derechos del Niño, llevado al Artículo 86 de la Constitución de la República, es tomado en consideración en cada una de las acciones que desarrolla la Fiscalía para el cumplimiento de sus funciones».
Destacó que los fiscales asisten sistemáticamente a los hogares e instituciones dedicadas a la tutela, atención y educación de menores de edad sin amparo familiar, para conocer su situación legal y cuidar y exigir por la protección de sus derechos, bienes e intereses.
Asimismo, se verifica el cumplimiento de los principios constitucionales y las normas vigentes que regulan el funcionamiento de estos centros; además de realizar labor de prevención social con trabajadores y familiares, subrayó.
«En función de la protección de los derechos de estos niños y jóvenes acogidos, el fiscal colabora con la situación de cada uno de ellos, comprueba los trámites y procesos judiciales que en el orden legal requieren para el ejercicio de estos, así como aquellos que son necesarios para lograr su reinserción familiar».
Ejemplo de ello, resaltó, son las acciones que desarrollan para comprobar su atención médica, educativa y la comunicación con sus representantes legales, teniendo en cuenta que pueden ser diversos los motivos de su ingreso en estos centros.
Puede ocurrir que los padres estén fallecidos y no exista otro familiar con condiciones para acogerlos; o que los progenitores padezcan alguna enfermedad mental o de otra índole que no les permite la atención directa; o que extingan sanciones privativas de libertad, acotó.
En otros casos, se debe a graves incumplimientos de sus obligaciones para con los menores hijos, en cuyo caso, los fiscales realizan las investigaciones necesarias para la promoción de procesos de suspensión o privación de los derechos paterno filiales, lo que posteriormente posibilita la adopción o tutela por familias con interés y condiciones para acogerlos, brindarles amor y cariño, sostuvo.
«Ante violaciones de lo legalmente establecido, el fiscal se pronuncia para el restablecimiento de la legalidad, y en ese sentido colabora con la rápida solución de las problemáticas que se identifican, incluidas las acciones que se ejecutan para garantizar el egreso de los jóvenes que arriban a su mayoría de edad, con vistas a que se les provea de los medios materiales para la satisfacción de sus necesidades y su independencia social y económica».
A su juicio, estas visitas son un espacio propicio para abordar, desde una óptica preventiva y de educación jurídica de niños y trabajadores, los derechos y garantías que las diferentes leyes y convenciones establecen en función de la adecuada formación, desarrollo y preparación para el futuro.
OTRAS FUNCIONES EN UN PROPÓSITO COMÚN
En relación con la protección de los derechos de los menores de edad, la actividad de la Fiscalía no solo se remite al ámbito administrativo, aclaró la fiscal Castillo Hernández.
Por disposición de la Ley, los fiscales también ejercitan acciones y ejercen la representación procesal ante los tribunales, en una amplia gama de asuntos civiles y de familia; en estos, representan y defienden a niños y adolescentes hasta que se les provea de tutores, representantes o encargados del cuidado de su persona y la defensa de sus bienes y derechos, indicó.
De igual forma, refirió, la FGR es requerida para emitir su dictamen en todo expediente de adopción y en los que se presentan alegando causas de utilidad y necesidad, con la pretensión de disponer de los bienes propiedad de infantes. «También es parte demandada en los procesos relativos al reclamo de su filiación o la impugnación de su reconocimiento y en los que se discute acerca de su guarda y cuidado y el régimen de comunicación con sus padres».
Está legitimada, igualmente, para participar en los procesos de privación o suspensión de la patria potestad que se presentan a instancia de uno de los padres contra el otro; en tanto, le corresponde el ejercicio de la acción necesaria para la constitución de la tutela, cuando legalmente proceda, con el propósito de garantizar la guarda y cuidado, educación y defensa de los derechos y la protección de los intereses patrimoniales de los menores, expresó.
Respecto a los procesos vinculados al Derecho de Familia, la Fiscal Jefe afirmó que los fiscales aportan elementos importantes para el tribunal, con el objetivo de que prevalezca en su decisión lo que resulte más favorable a los intereses del niño o del adolescente.
«Esta forma de actuación se mantiene y amplía a partir de la puesta en vigor del nuevo Código de Procesos, en el que se perfecciona la forma de escuchar a los infantes, en las cuestiones que les competen y en correspondencia con su edad y madurez; así como la manera de conducir los asuntos, evaluar y adoptar las decisiones, siempre en función de su interés superior».
Por otra parte, la protección a los niños que resultan ser víctimas de delitos o sufran desatención de sus padres o tutores, es parte del accionar de los fiscales, a los que corresponde profundizar en las causas de estos fenómenos, controlar las investigaciones penales que se inicien, así como sostener la acusación ante los tribunales, aseveró.
Durante la tramitación de estos procesos penales –continuó– se efectúan intercambios con los representantes legales de los menores víctimas o de los familiares que los atienden, para informarlos sobre las características del proceso al que se enfrentan, las decisiones que se van adoptando, y se ventilan inconformidades, en función de minimizar los efectos en los infantes.
Recordó que para la formulación de denuncias, quejas o peticiones, la Fiscalía General de la República garantiza que los ciudadanos cuenten con todas las garantías, y con esos fines, se activó desde 2014 una línea telefónica disponible las 24 horas del día, para atender a personas desde cualquier lugar del territorio nacional.
Otra de las vías implementadas son la atención personal, el correo postal y electrónico, la entrega personal de escritos, el buzón, el portal web, los perfiles de la institución en Facebook y Twitter, otras redes sociales y la plataforma Bienestar. A ello, concluyó, se suma la información que se recibe en la interacción del órgano con los organismos que integran los grupos de Prevención Social a los distintos niveles.

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