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11j: ¿Por qué publicamos los rostros de fiscales y jueces?

CIUDAD DE MÉXICO.- En la última semana, activistas y organizaciones de Derechos Humanos han compartido en sus perfiles una treintena de nombres y algunas fotos de fiscales y jueces cubanos involucrados en los juicios contra los manifestantes del 11 de julio. Lo anterior ha provocado que se juzgue si es legítimo o no exponer la identidad de las autoridades implicadas, porque esto supuestamente podría significar una violación de su privacidad.
Desde la oficialidad respondieron, con tono amenazante, a quienes han mostrado la información. La Unión de Juristas de Cuba (UNJC) y hasta el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, advirtieron que “contra todo aquel que intente subvertir” la justicia con “amenazas”, “descrédito” o “facilitando la información”, “caerá todo el peso de la ley”.
El detonante de esta situación fue el anuncio el 16 de marzo de las condenas a 127 personas a un total de 1 916 años de cárcel, por los delitos de hurto y sedición principalmente. Todos se manifestaron el 11 de julio en Toyo y La Güinera, dos barrios pobres y marginalizados de La Habana. Entre los condenados había seis menores de edad.
CubaNet te explica cuatro razones por las que sí es legítimo exponer las identidades de los funcionarios implicados.

Son funcionarios públicos

Los fiscales y jueces son funcionarios públicos y por tanto están sometidos al escrutinio como parte del principio de transparencia que debe regir su actuar. Conocer datos como su nombre y apariencia es un derecho básico a la información. Además, a la ciudadanía le corresponde fiscalizar su trabajo y valorar si lo ejercen o no con apego a la ley y no de manera arbitraria. Los estándares internacionales dictan que sí debe ser público, no hacerlo es una manera de garantizarles impunidad.
Dicho escrutinio representa también una forma de medir los niveles de aprobación o no de su gestión, y de ejercer el derecho a la libertad de expresión.
Giselle Morfi, abogada de Cubalex, agrega que esta información no solo debe ser pública, sino también de fácil acceso para la ciudadanía, y que debería estar disponible en Internet.
“Los jueces deben hacer públicos sus perfiles o páginas en redes, sus nombres completos, edades, teléfonos de trabajo, correo electrónico, apariencia, ideología”, detalla Morfi.                                                                                                                                                                                                    Generalmente, la información que no esté relacionada con el ejercicio de sus funciones no tiene por que publicitarse. Por ejemplo, todo aquello que corresponda a su vida privada y familiar. No deberían ser expuestos su dirección, lugares que frecuente, número de teléfono privado, expediente médico, orientación sexual. Aunque algunos de estos datos pueden ser requeridos según el caso.

Han violado el debido proceso

Aun cuando sea bajo “orientaciones” del gobierno, los jueces y fiscales son responsables de las condenas impuestas a los manifestantes del 11J y también de las infracciones previas durante los procesos penales.  Entra ellas, la organización Cubalex ha denunciado: desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, se han constatado violaciones al debido proceso como la incomunicación, forzar a dar testimonios falsos, las amenazas y la violación al derecho a la defensa.
Los jueces han permitido procesos donde falta primeramente la presunción de inocencia, imparcialidad, sana crítica y libre apreciación de la prueba. Se ha limitado el acceso a los familiares, permitiendo la presencia de uno solo, mientras que para los agentes de la policía y la seguridad del estado dicho acceso es abierto. Es imposible que se lleven a cabo semejantes violaciones, sin la complicidad de los fiscales y los jueces.
“Ellos son autores por cooperación necesaria y tienen una responsabilidad individual. Aun cuando fuesen forzados a dictar tan injustas condenas, siempre tienen la opción de decir que no, de renunciar”, concluye Morfi. En cambio, la treintena de funcionarios expuestos optaron por quedarse en sus cargos y arruinar la vida de los presos y sus familias.

Han cometido el delito de prevaricación

Según explica el abogado Alain Espinosa, miembro de Cubalex, este es un delito que “tiene como elemento central la violación de la ley por acción u omisión. Es decir, utilizar la ley de manera maliciosa para favorecer o para perjudicar. Básicamente lo que han estado realizando los jueces y fiscales en cuestión”.
El experto agrega que los funcionarios expuestos están garantizando la impunidad de los agentes de la policía y la Seguridad del Estado involucrados en las violaciones de Derechos Humanos, y/o criminalizando el ejercicio de la protesta. Las condenas desmedidas no responden a la legalidad, sino al escarmiento.

No es la primera vez

En 2003, setenta y cinco opositores pacíficos, periodistas y bibliotecarios independientes fueron juzgados en Cuba sin garantías procesales a penas de entre 13 y 27 años de privación de libertad. Si bien este episodio es uno de los más visibles ejemplos de cómo jueces y fiscales actúan en contubernio con el gobierno para castigar el disenso, esta ha sido una actitud sistemática en los juzgados de la isla.
Solo que ahora, la visibilidad y amplitud de todos estos procesos ha sacado a la luz la complicidad. Los juicios contra los manifestantes del 11J, opina el abogado Alain Espinosa, “los ha colocado en el mismo nivel de descrédito que a la Seguridad del Estado, la policía o el propio gobierno”.
Foto cortesía
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Buscan sentencia reducida para joven camionero cubano

Los fiscales presentaron una moción pidiendo una sentencia reducida para Rogel Aguilera-Mederos, el joven camionero cubano condenado a 110 años de prisión por un accidente fatal en la carretera I-70 ,en las afueras de Denver, donde murieron a cuatro personas y seis resultaron heridas.La fiscal de distrito, Alexis King, pedirá a la corte reconsiderar  la sentencia original, sugiriendo en su lugar de 20 a 30 años tras las rejas. «Como determinó el jurado, el señor Aguilera-Mederos tomó a sabiendas múltiples decisiones  que resultaron en la muerte de cuatro personas, en heridas graves a otras y en destrucción masiva», dijo King en un comunicado. «Esta sentencia refleja un resultado apropiado para esa conducta, que no fue un accidente».La moción para reconsiderar la sentencia se produce después de que el caso atrajera la atención nacional. Una petición de Change.org abogó por una conmutación de la pena para Mederos, diciendo que el accidente «no fue intencional:. Casi 5 millones de personas han firmado la petición on line.El abogado de Mederos, James Colgan, dijo: «Me parece interesante que hace dos semanas estaban bien con 110 años y solo ahora que la indignación pública les ha estallado en la cara no quieren 110 años», dijo. «Es solo política».Foto: Denver Westword.Mederos fue acusado de 42 cargos, el más serio fue asalto en primer grado, un delito grave de clase tres, y fue declarado culpable por un jurado del condado de Jefferson de 27 cargos. La policia dijo que Mederos conducía al menos a 85 millas por hora antes del accidente en un tramo de la carretera con un límite de velocidad de 45 mph.Después de que sus frenos fallaron, el joven camionero pasó de largo por la rampa de un camión fuera de control y se estrelló contra el tráfico detenido. Una rampa para un camión fuera de control es, esencialmente, un carril de escape o salida que permite que un vehículo que está teniendo problemas con los frenos se detenga de manera segura.Los fiscales argumentaron que Mederos pasó intencionalmente la rampa, una de las razones por las que algunas víctimas de accidentes y familias de los que murieron argumentaron que Mederos debería cumplir una condena en prisión.PublicidadColgan dijo que el equipo de defensa de Mederos «nunca estuvo de acuerdo con los fiscales en que él evitó intencionalmente la rampa» durante el juicio. «Para cuando se dio cuenta de que estaba allí, ya había pasado», dijo Colgan, y agregó que Mederos estaba «bajo mucho estrés» intentando frenar.Mederos, que no estaba intoxicado, testificó que después de que le fallaron los frenos chocó contra vehículos que se habían detenido en la carretera debido al tráfico.El gobernador de Colorado, Jared Polis, está considerando una solicitud de indulto para Mederos.

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