HAVANA CLIMA

expropiaciones

Otra ley de expropiación a la vista (II)

LAS TUNAS, Cuba. — Dentro del programa legislativo del régimen cubano en 2022 sobresale el anteproyecto de ley De la expropiación por razones de utilidad pública o interés social. En lo que será la futura ley expropiatoria, que implementará el segundo párrafo del artículo 58 de la Constitución, resalta lo que los legisladores castrocomunistas entienden por “utilidad pública o interés social”.
El segundo párrafo del artículo 58 de la Constitución dice: “La expropiación de bienes se autoriza únicamente atendiendo a razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización”. Para hacer técnicamente posible ese precepto constitucional, está dirigido el anteproyecto de la nueva ley, de la que hay que apuntar que no es una invención malévola del castrocomunismo, sino una práctica jurídica internacional universalmente aceptada cuando se hace por causas debidamente justificadas y con las indemnizaciones debidas, que no es el caso de las expropiaciones ocurridas en Cuba en más de 60 años, con intereses políticos de fondo para estatizar la economía y, fundamentalmente, para desposeer de recursos económicos a las clases sociales opositoras al régimen.
Y en esa línea, precisamente, va la nueva ley de expropiaciones, que estipula las “causas de expropiación”. Según el artículo 16 del anteproyecto, “la utilidad pública o interés social conforman el interés público expropiatorio en razón del cual se decide la expropiación”, pero cuando usted va a la lista de actividades no permitidas al trabajo por cuenta propia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se percata de la analogía que existe entre esas prohibiciones y la conceptuación de lo que el anteproyecto de la ley de expropiaciones considera causales para desposeer de sus bienes a una persona natural o jurídica.
El artículo 17 del anteproyecto de la ley de expropiaciones conceptúa que se consideran de utilidad pública o interés social a los fines de la expropiación “el establecimiento, explotación o conservación de un servicio público; el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales y el manejo sostenible del medio ambiente; la construcción de centros educativos, de salud, deportivos, culturales, de recreación u otras obras o infraestructuras destinadas al bienestar colectivo o al desarrollo urbano o rural; la construcción, ampliación o alineamiento de las vías públicas; la ejecución de programas agropecuarios; la urbanización de zonas o lugares o construcción de viviendas con fines sociales o de desarrollo económico”, entre otras.
Mediante las leyes 851 de 6 de julio de 1960 y 890 de 13 de octubre de 1960 fueron expropiados en su gran mayoría ciudadanos cubanos y estadounidenses, aunque también los había españoles, canadienses, ingleses, polacos y de otras naciones, que fueron despojados de sus bienes, entre los que se encontraban más de 150 centrales azucareros, así como empresas constructoras y de materiales de la construcción.
Si por “razones de utilidad pública o interés social”, según apuntamos en el artículo anterior referido a este tema y por sólo citar esos ejemplos, fueron expropiados una fábrica de lámparas, 61 de textiles y confecciones, siete fábricas de productos alimenticios, dos de aceites y grasas, 47 almacenes de víveres, 11 tostaderos de café y 13 tiendas por departamentos, hoy esos negocios, —los que permanecen en pie— operan en moneda libremente convertible )MLC), que son dólares, euros, libras esterlinas…, monedas que no ganan los cubanos y que el gobierno impide a los empresarios extranjeros que les paguen a los trabajadores y empleados cubanos.
Entonces, ¿de qué “razones de utilidad pública o interés social” habla el régimen totalitario castrocomunista cuando habla de expropiaciones en Cuba?
Cuba fue pionera en el uso del ferrocarril en América y en el mundo. En 1960, ocho empresas de ferrocarriles privadas fueron expropiadas por el entonces “gobierno revolucionario” de Fidel Castro, sin embargo, 62 años después hoy no hay vías férreas, trenes de carga ni de pasajeros que merezcan llamarse como tales. Los cubanos se transportan peor que los animales de matadero en países civilizados, pero ya una ley de expropiación que está por germinar, en su anteproyecto anuncia como sujeto expropiable “el establecimiento, explotación o conservación de un servicio público”.
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Otra ley de expropiación a la vista

LAS TUNAS, Cuba. — Cuando todavía resuena en expropietarios de empresas fabriles, agrícolas, industriales, financieras, comerciales y de disímiles servicios las leyes que en 1960 los desposeyeron de sus bienes, una nueva legislación de expropiación está a la vista en Cuba. Se trata del anteproyecto de ley De la expropiación por razones de utilidad pública o interés social, que ya fue redactado por los legisladores del régimen. La iniciativa reitera en no pocos conceptos la misma letra y espíritu de las leyes castristas que le precedieron, de las que ahora, por razones de espacio, sólo nos referiremos a sus antecedentes históricos e indemnización.
El anteproyecto de ley De la expropiación por razones de utilidad pública o interés social tiene claros antecedentes: la Ley No. 851 (“Ley escudo”), a través de la cual fueron expropiadas numerosas empresas norteamericanas, y la Ley No. 890, del 13 de octubre de 1960, que despojo a ciudadanos cubanos de 105 centrales azucareros, 18 destilerías, seis fábricas de rones, cerveza e hielo, tres fábricas de jabones y perfumes, seis de derivados lácteos, dos de chocolate, un molino de harina, ocho fábricas de envases, cuatro de pinturas, tres de químicos, seis metalúrgicas, siete papelerías, una fábrica de lámparas, 61 de textiles y confecciones, 16 molinos de arroz, siete fábricas de productos alimenticios, dos de aceites y grasas, 47 almacenes de víveres, 11 tostaderos de café, tres droguerías, 13 tiendas por departamentos, ocho empresas de ferrocarriles, una imprenta, 11 circuitos cinematográficos y cines, 19 empresas de construcción, una de electricidad y 13 marítimas para un total de 383 empresas, a cuyos propietarios se imputó, entre otras causales de expropiación, “la utilización exagerada de los medios de financiamiento sin empleo del propio capital operativo con la ostensible finalidad de acumular efectivo y de invertirlo en el extranjero previa obtención clandestina de divisas”.
Concerniente a los medios y formas de pago de las indemnizaciones que correspondían a las personas naturales o jurídicas propietarias de esas empresas, el artículo 7 de la citada Ley No. 890 sólo expresaba: “serán reguladas mediante una ley posterior”.
En el caso de las empresas estadounidenses expropiadas de forma “forzosa” por causas “de necesidad y utilidad pública y de interés nacional” por la Ley No. 851 de 6 de julio de 1960 (“Ley escudo”), entre las que se encontraban centrales azucareros, la Compañía Cubana de Electricidad, la Compañía Cubana de Teléfonos y la División de Cuba de la Esso Standard Oil, S.A., la citada ley expresaba en el artículo 5 que, una vez hecha su tasación, “el pago se efectuará en bonos de la República”. Los bonos se nutrirían con el 25%  de las compras de azúcar que sobre los tres millones de toneladas y a precio no menor de 5.75 centavos de dólar la libra, anualmente los Estados Unidos hicieran a Cuba, que crearía el “Fondo para el pago de expropiaciones de bienes y empresas de nacionales de Estados Unidos de América”, y cuyos bonos “se amortizarían en un plazo no menor de 30 años”.
Del anteproyecto de ley De la expropiación por razones de utilidad pública o interés social redactado ahora por los legisladores del régimen traje al lector dos artículos. Uno de ellos, el 27.1, expresa: “La indemnización comprende el valor real del bien o derecho en el comercio según su destino cierto o posible en uso económico normal, a la fecha de la declaración de utilidad pública o interés social, teniendo en cuenta las circunstancias y las condiciones de hecho existentes en esa fecha”.
¿Qué es para el legislador gubernamental “en uso económico normal”, acaso sus precios fijos y no los de la oferta y la demanda? Siendo así, y por sólo citar este ejemplo: una finca rústica urbana (un solar) que por su ubicación geográfica en libre mercado puede ser vendido en miles de dólares, en caso de ser expropiado “por razones de utilidad pública o interés social” del Ministerio del Turismo (MINTUR) o de las Fuerzas Armadas (MINFAR), la indemnización que recibirá el propietario según los precios estatales será insignificante con respecto a su valor real, por lo que la expropiación, de hecho, pasará a ser una confiscación de bienes.
Otro artículo, el 29, dice: “El monto de la indemnización se calcula con referencia a la fecha de la declaración de utilidad pública, actualizándose a la fecha en que se realice efectivamente el pago, teniendo en cuenta los valores de depreciación de la moneda”.
Respecto a ese precepto es útil cuestionar en tanto la economía cubana se encuentra dolarizada y el valor de la propiedades en Cuba entre particulares se tasan en dólares y no en pesos cubanos: ¿A cuáles “valores de depreciación de la moneda” se refiere el legislador, a la tasa oficial de cambio ficticia en que ya a 24 pesos por dólar estadounidense el peso cubano está depreciado, o a la espiral inflacionaria que vivimos hoy los cubanos en la que un peso cubano acaso representa un centavo de dólar americano?
Este tema es de profusas aristas y a él volveremos, pero ahora baste recordar que, en derecho penal, donde no cabe la expropiación por razones de utilidad pública, la sanción de confiscación de bienes consiste en desposeer al sancionado de sus bienes, total o parcialmente, transfiriéndolos al Estado, y en eso se convierte un propietario cuando sus bienes son expropiados sin la debida indemnización, en un sancionado sin haber cometido ningún crimen.
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Lanzan anteproyecto para legalizar expropiaciones forzosas en Cuba

MIAMI, Estados Unidos. — El régimen cubano lanzó un anteproyecto de ley para legalizar las expropiaciones forzosas en la Isla, informó el pasado sábado el diario oficial Granma.
Bajo el título de Ley de la Expropiación por razones de utilidad pública o interés social, la iniciativa legislativa, publicada en el sitio web del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), busca reforzar el control del Estado sobre bienes y derechos vinculados al patrimonio.
Según el medio estatal, el documento fue elaborado “a partir de los criterios no solo de los expertos y diputados, sino de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos de participación”.
El propio Ministerio de Finanzas y Precios indica que la iniciativa “fortalece —a nivel sin precedentes anteriores en el Derecho cubano— el entorno jurídico de las garantías procedimentales y patrimoniales para los sujetos a la expropiación forzosa”.
El organismo asegura, además, que el documento contiene base legal en las reglas establecidas en la Ley 118, De la Inversión Extranjera, del 29 de marzo de 2014, sobre expropiación en ese ámbito, y que fortalece las garantías jurídicas para los inversores extranjeros.
Granma añade que el proyecto de ley “da cumplimiento al mandato directo dispuesto en el artículo 58, párrafos dos y tres, de la Constitución, que autoriza la expropiación de bienes, únicamente atendiendo a razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización, y dicta que la ley establece las bases para determinar su utilidad y necesidad, las garantías debidas, el procedimiento para la expropiación y la forma de indemnización”.
La iniciativa también designa los sujetos competentes para realizar la declaración de la utilidad pública o interés social, así como las bases y el procedimiento para determinarlas.
El anteproyecto de Ley de la Expropiación por razones de utilidad pública o interés social establece en uno de sus artículos que para el inicio de cualquier actuación que tenga como finalidad la expropiación de inversiones extranjeras se requiere la aprobación previa del Consejo de Ministros.
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