HAVANA CLIMA

Dpto. de Justicia

Publican documento del Departamento de Justicia con razones por las que no se acusó a Trump de obstruir la justicia

Los funcionarios del Departamento de Justicia que evaluaron las acciones del entonces presidente Donald Trump durante la investigación de Rusia concluyeron que nada de lo que hizo, incluido el despido del director del FBI, alcanzó el nivel de obstrucción de la justicia y que no había precedentes para un enjuiciamiento, según un memorando publicado.El memorando de nueve páginas, preparado para el entonces fiscal general William Barr por dos altos funcionarios del Departamento de Justicia, ofreció un análisis legal sobre si Trump había obstruido criminalmente la investigación sobre los posibles vínculos entre Rusia y su campaña presidencial de 2016.Barr estuvo de acuerdo con las conclusiones del memorando del 24 de marzo de 2019 y anunció ese mismo día que había concluido que la conducta de Trump no violó la ley.Aunque la decisión de no acusar a Trump de obstrucción ha sido bien documentada, el memorando ofrece detalles adicionales sobre cómo dos de los líderes más importantes del Departamento llegaron a esa conclusión.La decisión del Departamento fue notable.El fiscal especial Robert Mueller, quien dirigió la investigación sobre Rusia, se negó en su informe de 448 páginas a decidir si Trump había obstruido la justicia, pero tampoco lo absolvió.[embedded content]El informe de Mueller analizó diez casos en los que Trump se involucró en la investigación de Rusia. Esos incluyen el despido en mayo de 2017 del entonces director del FBI James Comey; su solicitud a Comey tres meses antes de abandonar una investigación sobre el asesor de seguridad nacional de su administración, Michael Flynn; y sus esfuerzos posteriores para que despidieran a Mueller.En su memorando, los dos funcionarios, Edward O’Callaghan y Steven Engel, afirmaron que ninguno de esos actos equivale a una obstrucción criminal de la justicia. Dijeron que la evidencia sugería que Trump tomó las medidas que tomó “no con un propósito ilegal“, sino porque creía la investigación tenía motivaciones políticas y obstaculizaba su capacidad de gobernar.En el caso del despido de Comey, por ejemplo, escribieron que la “fuerza impulsora“ fue la ira por la negativa de Comey a declarar públicamente que el FBI no estaba investigando al propio Trump en lugar de un esfuerzo de Trump por descarrilar la investigación. Y en otros casos, dijeron, ninguna de las solicitudes de Trump para “cambiar la supervisión de la investigación“, incluido decirle a su abogado de la Casa Blanca que fraguara el despido de Mueller, nunca se llevó a cabo.El Departamento publicó el memorando el miércoles luego de un fallo de la corte de apelaciones de la semana pasada afirmando que el documento había sido retenido indebidamente de un grupo de vigilancia del gobierno, Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, que lo había demandado.En un comunicado el miércoles, el grupo criticó el memorando por presentar una “visión asombrosamente generosa de la ley y los hechos para Donald Trump. Distorsiona significativamente los hechos y la ley para beneficiar a Donald Trump y no concuerda con una lectura seria de la ley de obstrucción de la justicia o los hechos encontrados por el fiscal especial Mueller“, dijo el comunicado.

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Expertos legales: Trump podría ser acusado de cargos criminales

Expertos legales están sopesando las posibilidades de que el ex presidente Donald Trump sea acusado luego de la búsqueda de documentos oficiales en su mansión de Mar-a-Lago por parte de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).Según un nuevo informe publicado por Business Insider, las personas que han estado cerca de su círculo íntimo dijeron que podría tener serios problemas legales. “Debería estar preocupado por todas estas investigaciones“, dijo un abogado. “Creo que es un objetivo y creo que lo acusarán“.Si bien Trump enfrenta varias investigaciones federales y estatales, la indagación del Departamento de Justicia es el caso que actualmente está en primer plano. Los investigadores trabajan para determinar si el expresidente violó las leyes al retirar documentos del gobierno cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2020.Abogado conservador declara a Trump en “riesgo legal sustancial”Trump también es un punto focal en la “investigación criminal en expansión“ del Departamento de Justicia sobre los eventos que rodearon los disturbios en el Capitolio y que ha citado a varios ex altos funcionarios de la Casa Blanca durante últimas semanas.También enfrenta una investigación criminal en el condado de Fulton, Georgia, pero su ex abogado Alan Dershowitz ha dicho que está más preocupado por la investigación de la Organización Trump, que lleva a cabo la fiscal general de Nueva York, Letitia James. “En este momento es solo civil, pero nunca se sabe“, dijo. “Lo civil siempre puede transformarse en criminal, como sucedió con Weisselberg“.

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Testimonian presiones de Donald Trump sobre el Departamento de Justicia

Donald Trump presionó al Departamento de Justicia para que repitiera sus afirmaciones falsas de fraude electoral, esforzándose en vano por reclutar a los principales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en su intento desesperado por permanecer en el poder.Tres funcionarios del Departamento de Justicia de Trump relataron una incesante campaña de presión del presidente sobre ellos para subrayar que las elecciones ganadas por el demócrata Joe Biden le habían sido robadas.Los funcionarios describieron sus procedimientos como una clara violación del protocolo en el caso de un Departamento que se caracteriza por su independencia de la Casa Blanca, pero dijeron que rechazaron cada una de sus demandas porque no había evidencia de fraude electoral generalizado.“Si el Departamento se insertara en el proceso político de esta manera, creo que habría tenido graves consecuencias que muy bien podrían habernos llevado a una crisis constitucional”, dijo Richard Donoghue, el segundo funcionario interino del Departamento. El presidente, dijo, tenía este “arsenal de acusaciones. Las revisé pieza por pieza para decir que no, que no eran ciertas”.[embedded content]Otro testigo, Jeffrey Rosen, quien era fiscal general interino, dijo que Trump se reunió con él todos los días desde el momento en que ascendió al cargo a fines de diciembre de 2020 hasta principios de enero de 2021. Y que el tema común era su “insatisfacción por lo que había hecho el Departamento de Justicia para investigar el fraude electoral”. Fue “intento descarado” de utilizar el Departamento de Justicia para su propio beneficio político, dijo el representante Bennie Thompson, demócrata de Mississippi y copresidente del Comité del 6 de enero.“Donald Trump no solo quería que el Departamento de Justicia investigara”, dijo Thompson. “Quería que el Departamento de Justicia lo ayudara a legitimar sus mentiras, básicamente llamar a las elecciones corruptas” y nombrar un fiscal especial.Pero el Departamento de Justicia se resistió. Como en audiencias anteriores, el Comité se centró en los legisladores que se habían alineado con los esfuerzos de Trump.El jueves, el panel reprodujo entrevistas grabadas de asesores de Trump que decían que varios miembros republicanos del Congreso solicitaron indultos en los días posteriores al violento motín en el Capitolio. El testimonio también se centró en un tenso enfrentamiento en la Oficina Oval el 3 de enero de 2021, en el que Trump consideró reemplazar a Rosen con un funcionario de menor nivel, Jeffrey Clark, dispuesto a defender las falsas afirmaciones de fraude electoral hechas por el presidente.Donoghue y otro alto funcionario del Departamento de Justicia, Steven Engel, le dijeron a Trump que habría renuncias masivas en el Departamento si Trump seguía adelante con su plan. Solo entonces Trump cedió.Apenas una hora antes de que comenzara la audiencia, se reveló que agentes federales registraron esta semana la casa de Clark en Virginia. Un portavoz del fiscal federal confirmó la existencia de actividades policiales en Virginia, donde vive Clark, pero no dijo a qué estaba conectado.La audiencia del panel fue la quinta este mes del comité de la Cámara que investiga el período previo a la insurrección en el Capitolio, cuando los leales a Trump irrumpieron en el edificio mientras los legisladores certificaban los resultados de las elecciones ganadas por Biden.Los testigos incluyeron policías atacados en el Capitolio, así como abogados, un ejecutivo de televisión y funcionarios electorales locales que se resistieron a las demandas de modificar los resultados a favor de Trump.La semana pasada, el comité presentó declaraciones grabadas en video del exfiscal general William Barr, quien criticó las afirmaciones de fraude de Trump y renunció después de no poder convencer al presidente.La audiencia del jueves se centró en lo que sucedió después cuando Rosen, el principal adjunto de Barr, se hizo cargo del departamento y se vio inmediatamente asediado por las demandas de acción de Trump.En una conversación telefónica, según las notas tomadas por Donoghue en la audiencia del jueves, Trump le dijo a Rosen: “simplemente diga que las elecciones fueron corruptas y déjeme el resto a mí y a los congresistas republicanos”.

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Testimonian presiones de Donald Trump sobre el Departamento de Justicia

Donald Trump presionó al Departamento de Justicia para que repitiera sus afirmaciones falsas de fraude electoral, esforzándose en vano por reclutar a los principales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en su intento desesperado por permanecer en el poder.Tres funcionarios del Departamento de Justicia de Trump relataron una incesante campaña de presión del presidente sobre ellos para subrayar que las elecciones ganadas por el demócrata Joe Biden le habían sido robadas.Los funcionarios describieron sus procedimientos como una clara violación del protocolo en el caso de un Departamento que se caracteriza por su independencia de la Casa Blanca, pero dijeron que rechazaron cada una de sus demandas porque no había evidencia de fraude electoral generalizado.“Si el Departamento se insertara en el proceso político de esta manera, creo que habría tenido graves consecuencias que muy bien podrían habernos llevado a una crisis constitucional”, dijo Richard Donoghue, el segundo funcionario interino del Departamento. El presidente, dijo, tenía este “arsenal de acusaciones. Las revisé pieza por pieza para decir que no, que no eran ciertas”.[embedded content]Otro testigo, Jeffrey Rosen, quien era fiscal general interino, dijo que Trump se reunió con él todos los días desde el momento en que ascendió al cargo a fines de diciembre de 2020 hasta principios de enero de 2021. Y que el tema común era su “insatisfacción por lo que había hecho el Departamento de Justicia para investigar el fraude electoral”. Fue “intento descarado” de utilizar el Departamento de Justicia para su propio beneficio político, dijo el representante Bennie Thompson, demócrata de Mississippi y copresidente del Comité del 6 de enero.“Donald Trump no solo quería que el Departamento de Justicia investigara”, dijo Thompson. “Quería que el Departamento de Justicia lo ayudara a legitimar sus mentiras, básicamente llamar a las elecciones corruptas” y nombrar un fiscal especial.Pero el Departamento de Justicia se resistió. Como en audiencias anteriores, el Comité se centró en los legisladores que se habían alineado con los esfuerzos de Trump.El jueves, el panel reprodujo entrevistas grabadas de asesores de Trump que decían que varios miembros republicanos del Congreso solicitaron indultos en los días posteriores al violento motín en el Capitolio. El testimonio también se centró en un tenso enfrentamiento en la Oficina Oval el 3 de enero de 2021, en el que Trump consideró reemplazar a Rosen con un funcionario de menor nivel, Jeffrey Clark, dispuesto a defender las falsas afirmaciones de fraude electoral hechas por el presidente.Donoghue y otro alto funcionario del Departamento de Justicia, Steven Engel, le dijeron a Trump que habría renuncias masivas en el Departamento si Trump seguía adelante con su plan. Solo entonces Trump cedió.Apenas una hora antes de que comenzara la audiencia, se reveló que agentes federales registraron esta semana la casa de Clark en Virginia. Un portavoz del fiscal federal confirmó la existencia de actividades policiales en Virginia, donde vive Clark, pero no dijo a qué estaba conectado.La audiencia del panel fue la quinta este mes del comité de la Cámara que investiga el período previo a la insurrección en el Capitolio, cuando los leales a Trump irrumpieron en el edificio mientras los legisladores certificaban los resultados de las elecciones ganadas por Biden.Los testigos incluyeron policías atacados en el Capitolio, así como abogados, un ejecutivo de televisión y funcionarios electorales locales que se resistieron a las demandas de modificar los resultados a favor de Trump.La semana pasada, el comité presentó declaraciones grabadas en video del exfiscal general William Barr, quien criticó las afirmaciones de fraude de Trump y renunció después de no poder convencer al presidente.La audiencia del jueves se centró en lo que sucedió después cuando Rosen, el principal adjunto de Barr, se hizo cargo del departamento y se vio inmediatamente asediado por las demandas de acción de Trump.En una conversación telefónica, según las notas tomadas por Donoghue en la audiencia del jueves, Trump le dijo a Rosen: “simplemente diga que las elecciones fueron corruptas y déjeme el resto a mí y a los congresistas republicanos”.

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EEUU: Departamento de Justicia pedirá a la Corte Suprema detener ley antiaborto de Texas

La administración Biden anuncio hoy viernes que recurrirá a la Corte Suprema de Estados Unidos en otro intento de detener una ley de Texas que ha prohibido la mayoría de los abortos desde septiembre.La medida se produce cuando las clínicas del estado se están quedando sin vías para detener la ley diseñada por el Partido Republicano que prohíbe los abortos una vez detectada la actividad cardíaca, generalmente es de alrededor de seis semanas. Representa el mayor freno al aborto en la nación en casi medio siglo y no hace excepción en casos de violación o incesto. Al acudir a la Corte Suprema, el Departamento de Justicia está tomando el camino que las clínicas han buscado, ya que otros desafíos legales han fracasado.Mientras tanto, las mujeres de Texas han acudido a las clínicas de aborto en los estados vecinos, algunas horas conduciendo en medio de la noche e incluyendo pacientes de hasta 12 años.  «Las personas están asustadas, confundidas y, aparte del aborto temprano, no tienen lugar donde acudir para acceder a un aborto legal y seguro a menos que puedan viajar cientos de millas a otro estado», dijo Jeffrey Hons, presidente de Planned Parenthood South Texas.Las clínicas han dejado de ofrecer todos los servicios de aborto desde que la ley entró en vigor el 1 de septiembre. La última derrota de las clínicas se produjo el jueves por la noche cuando un panel federal de apelaciones en Nueva Orleans, en una decisión de 2-1, permitió que las restricciones permanecieran vigentes por tercera vez. Foto: The Guardian.El portavoz del Departamento de Justicia, Anthony Coley, dijo que el Gobierno Federal pedirá a la Corte Suprema revocar esa decisión, pero no dijo con qué rapidez. El tribunal ya permitió una vez que las restricciones entraran en vigor, pero lo hizo sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley.La ley de Texas ha superado a los tribunales hasta ahora porque transfiere su aplicación a los ciudadanos privados. Cualquier persona que presente una demanda exitosa contra un proveedor de servicios de aborto por violar la ley tiene derecho a reclamar al menos 10 000 dólares en daños, lo que, según la administración Biden, equivale a una recompensa.Texas tenía aproximadamente dos docenas de clínicas de aborto antes de que la ley entrara en vigencia, y los operadores han dicho que algunas podrían verse obligadas a cerrar si las restricciones permanecen vigentes por mucho más tiempo. Texas Right to Life, el grupo antiaborto más grande del estado, estableció una línea de información para recibir denuncias contra los proveedores de servicios de aborto, pero no ha presentado ninguna demanda.Kimberlyn Schwartz, una portavoz, dijo el jueves que el grupo esperaba que la administración Biden acudiera a la Corte Suprema a continuación y estaba «segura de que Texas finalmente derrotará estos ataques a nuestros esfuerzos por salvar vidas».PublicidadEn diciembre, la nueva mayoría conservadora en la Corte Suprema escuchará el intento de Mississippi de revocar la histórica decisión Roe vs. Wade, que garantiza el derecho de la mujer al aborto.

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EEUU: Departamento de Justicia vuelve la carga contra la ley de aborto de Texas

La administración Biden ha instado de nuevo a los tribunales a suspender una ley de Texas que ha prohibido la mayoría de los abortos. El intento de hoy lunes se produjo tres días después de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos restableciera la ley de aborto más restrictiva de la nación.La ley de Texas es el freno más grande del país al aborto desde la histórica decisión Roe vs. Wade hace casi medio siglo. La ley prohíbe los abortos en Texas una vez que se detecta la actividad cardíaca en el feto, lo cual suele ser a las seis semanas y antes de que algunas mujeres sepan que están embarazadas.Aunque otros estados controlados por el Partido Republicano han tenido prohibiciones similares sobre los abortos, la ley de Texas transfiere su aplicación a los ciudadanos privados, quienes pueden cobrar al menos 10 000 dólares por daños si demandan con éxito a los proveedores de servicios de aborto. Foto: NPR.No está claro cuándo la corte del Quinto Circuito decidirá si prorroga lo que actualmente es una orden temporal que permite mantener la ley de Texas. La corte le dio a la oficina del fiscal general de Texas hasta el jueves para responder a los últimos argumentos del Departamento de Justicia.Planned Parenthood, el mayor proveedor de abortos en Texas, transmitió a la corte numerosas historias de mujeres de Texas afectadas por la ley, incluida una paciente de solo 12 años. «El personal de Oklahoma está trabajando horas extras para atender a las pacientes de Texas a las que se les ha negado el aborto», dijeron al tribunal los abogados de la entidad.La administración Biden demandó a Texas por esa ley el mes pasado después de que entró en vigencia. Los funcionarios texanos han defendido las restricciones, firmadas por el gobernador republicano Greg Abbott diciendo que no tienen capacidad para evitar que los particulares presenten demandas. Publicidad

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