HAVANA CLIMA

Delitos

Aumenta la inseguridad en Matanzas: 40 delitos por día en lo que va de enero

MIAMI, Estados Unidos. – La provincia de Matanzas no escapa a la ola de robos y violencia que atraviesa Cuba. Autoridades locales informaron que en lo que va de enero el territorio ha registrado una media de 40 delitos diarios, en su mayoría cometidos contra el patrimonio estatal e individual.
Según la Agencia Cubana de Noticias (ACN), la cifra salió a la luz en el encuentro del Consejo Provincial del Poder Popular (CPPP), donde se señaló el mal funcionamiento de los llamados  grupos de control de la legalidad, radicados en cada uno de los 13 municipios matanceros.
Un informe presentado en la reunión por el teniente coronel Frank Villalobos González, jefe del sistema de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en la provincia, indica que la tasa de delitos en 2021 creció en un 14 por ciento con respecto al 2020.
Entre los delitos más recurrentes en el territorio durante el pasado año estuvo el hurto y sacrificio de ganado mayor.
Las autoridades matanceras aseguraron que la atención a las zonas y grupos más vulnerables resulta clave para reducir el índice de delincuencia en la provincia.
“Resulta necesario ir a las causas del delito y la ilegalidad, creo que si atendemos mejor a vulnerables, nos preocupamos más por la población que no trabaja y ofrecemos mejoras en consejos populares más desfavorecidos, entonces eliminamos algunas de las raíces del problema”, apuntó Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Matanzas.
Durante el Consejo, las  autoridades se limitaron a puntualizar cuestiones vinculadas al control de las ilegalidades, sin ofrecer detalles sobre el accionar delictivo en la provincia.
Desde el pasado mes de diciembre la violencia en Cuba ha aumentado considerablemente, con reportes de asaltos, robos y asesinatos en varias provincias del país.
El pasado sábado un joven identificado como Osvaldo Morales fue ultimado en la localidad de Bahía Honda, municipio de Artemisa. Personas cercanas a la víctima revelaron en redes sociales que los atacantes asesinaron a Morales para quitarle el teléfono y la billetera, en la que tenía menos de 500 pesos cubanos (CUP).
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Los Ángeles vive una ola de robos de vagones de trenes de mercancías (+ Video)

Los restos de los embalajes y los objetos robados de los vagones ensucian las vías del tren el sábado en Lincoln Heights, atrayendo a los carroñeros. Foto: Irfan Khan/Los Angeles Times/TNSLa escena era un tramo de las vías del tren en Lincoln Heights el sábado: Una ventisca movía los envoltorios de plástico rotos, cajas de cartón y embalajes de papel que atestiguan una ola de robos de vagones de tren que, según las autoridades, ha ido en aumento en los últimos meses.
Varios carroñeros rebuscaron entre los restos, con la esperanza de encontrar aparatos electrónicos, ropa o cualquier objeto de valor que los ladrones hayan dejado atrás. “En el tren hay de todo: teléfonos móviles, bolsos Louis Vuitton, ropa de diseño, juguetes, cortacéspedes, equipos eléctricos, herramientas eléctricas”, dijo un hombre de 37 años que no quiso dar su nombre.
Narró que acude a las vías con regularidad y que una vez encontró un bolso Louis Vuitton y un brazo robótico valorados en cinco cifras: “Encontramos cosas aquí y allá, y ganamos algo de dinero con ello”.
El robo a los vagones de ferrocarril es un delito que se remonta a los días de los bandidos a caballo, pero que se ve alimentado por una serie de realidades modernas, como el auge del comercio electrónico y el papel del sur de California como centro de movimiento de mercancías.
Las imágenes han generado atención nacional y han puesto de manifiesto la tensión existente entre los operadores ferroviarios, los funcionarios del gobierno y las autoridades sobre lo que se puede hacer para reducir los asaltos.
Más tarde, el sábado, unos 17 vagones de un tren de Union Pacific descarrilaron en “la misma zona donde se ha producido el vandalismo”, dijo Robynn Tysver, portavoz de Union Pacific. La tripulación no resultó herida y la causa se está investigando, añadió.
Union Pacific informó de un incremento del 160% desde diciembre de 2020 en los robos a lo largo de las vías del ferrocarril en el condado de Los Ángeles. El ferrocarril no dio a conocer datos específicos sobre lo que fue hurtado o el valor de lo que se perdió, pero dijo que el aumento del crimen le costó a la compañía al menos 5 millones de dólares el año pasado.
Un cuello de botella en la cadena de suministro y la presencia de campamentos de indigentes cerca de las líneas de ferrocarril han contribuido a los robos, dijeron las autoridades.
“El robo ferroviario criminal organizado y oportunista impacta a nuestros empleados, a nuestros clientes en la industria de la cadena de suministro en general”, dijo Adrián Guerrero, director de asuntos públicos de Union Pacific.Guerrero estima que unos 90 contenedores de carga al día se ven comprometidos, a veces por un grupo organizado que ha detenido los trenes y reclutado a personas que viven en la calle para saquear los contenedores.Union Pacific está desplegando drones, ha contratado seguridad adicional y ha recurrido al Departamento de Policía de Los Ángeles, la Patrulla de Carreteras de California y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles para combatir los robos, dijo Guerrero.
Los ladrones han estado asaltando contenedores de carga a bordo de trenes que se acercan al centro de Los Ángeles durante meses, dejando las vías cubiertas con paquetes desechados. Foto: Ringo H.W. Chiu/AP
Pero Union Pacific tiene parte de culpa por no desplegar más seguridad, dijo el capitán de la policía de Los Ángeles, Germán Hurtado, que trabaja en la División Hollenbeck. “Tenemos cientos de millones de dólares en artículos y equipos, pero no están vigilados”, dijo Hurtado. “Incluso a veces hay armas en estos trenes. Todo va en tren”.
El problema ganó atención la semana pasada cuando el fotoperiodista de KCBS y KCAL, John Schreiber, publicó una serie de videos y tweets, incluyendo uno de él mismo recogiendo paquetes desechados esparcidos a lo largo de una línea ferroviaria en Lincoln Heights.
Sacó una prueba de coronavirus desechada y una caja de mercancía de REI a lo largo de unas vías plagadas de restos de paquetes interceptados y destrozados antes de llegar a su destino. “¿Falta un paquete? ¿Se ha retrasado el envío? Tal vez tu paquete esté entre los miles que encontramos desechados a lo largo de las vías”, escribió Schreiber en Twitter, junto a una imagen aérea de las rutas llenas de basura. Los mensajes se hicieron virales, ya que otros publicaron sus propias fotos.
Aunque Los Ángeles ha experimentado un aumento significativo de los homicidios en los últimos dos años, los delitos contra la propiedad, como los robos en las vías, son una historia diferente. Según los datos de la policía del condado hasta el 27 de noviembre, los delitos contra la propiedad aumentaron un 2.6% con respecto al mismo periodo del año pasado, pero han bajado un 6.6% en relación con el 2019.
El sábado a lo largo de las vías, una pareja que dijo que se presentó después de ver un post de Instagram revisó el montón de cartones abandonados en busca de algo valioso. Un paquete de Xbox les había llamado la atención. Otro hombre que había estado esperando un autobús se detuvo a rebuscar entre los restos. Encontró unos altavoces de coche que supuso que podría vender por 200 dólares para compensar las horas que había perdido en el trabajo ese día. “Está feo ahí fuera”, dijo Hurtado, de la policía de Los Ángeles.
En una carta al fiscal George Gascón, Guerrero, de Union Pacific, estimó que más de 100 personas han sido arrestadas, pero “se jactan ante nuestros oficiales de que los cargos serán rebajados”.
Alex Bastian, un asesor de Gascón, dijo que la oficina del fiscal de distrito ha presentado cargos en algunos casos de robo y hurto mayor, pero en otros no tienen suficiente evidencia para procesar.
Lena Kent, portavoz de BNSF Railway, uno de los principales operadores del sur de California, dijo que alguien depende de esos artículos robados. “No son delitos sin víctimas, sobre todo cuando muchos de estos paquetes incluyen suministros muy necesarios”, dijo.
Los puertos de Los Ángeles y Long Beach manejan alrededor del 40% de las importaciones marítimas del país. La mayor parte de los casi 450 000 millones de dólares en mercancías que se mueven en los puertos acaba llegando a un tren.
Los vertidos, la basura y las acampadas en torno a las vías del tren hicieron que el año pasado el concejal de Los Ángeles, Joe Buscaino, pidiera que la ciudad los declarara una “molestia” pública. Sin embargo, la iniciativa se abandonó después de que Union Pacific limpiara una franja de las vías, dijo su portavoz, Branimir Kvartuc.
Paquetes triturados en una sección de las vías del tren Union Pacific en el centro de Los Ángeles el viernes 14 de enero de 2022. Foto: Ringo H.W. Chiu/AP
Incluso así, Buscaino dijo que Union Pacific necesita contratar más agentes para patrullar las vías. “No es una sorpresa que estemos viendo los delitos adicionales”, dijo en un texto, añadiendo que los problemas han ido “creciendo durante años”.
El mayor problema está en torno a dos patios de ferrocarril donde se transfiere la carga de los camiones a los trenes o viceversa. Una de esas áreas es una instalación ferroviaria en expansión que se encuentra justo al este del centro de la ciudad, junto a la autopista 5, en Lincoln Heights.
Keith Lewis, vicepresidente de operaciones de CargoNet, una empresa que rastrea los robos de carga, dijo que es difícil calcular cuánto se roba de los trenes porque gran parte no se denuncia.
Union Pacific opera unas 3 200 millas de ferrocarril en California y BNSF tiene 2 100 millas. En el sur de California, muchas de esas vías colindan con negocios y hogares en comunidades de bajos ingresos como Wilmington y Lincoln Heights. En El Sereno, donde la delincuencia ha ido en aumento, las vallas de alambre de púas bordean las vías del tren.
“No es que nos demos por vencidos. Hacemos grupos de trabajo con el sheriff, otras agencias a lo largo de las vías y hacemos arrestos”, dijo Hurtado.
En video, Una ola de saqueos de trenes de mercancías sacude Los Ángeles
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(Tomado del Chicago Tribune)

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Prevén presentar el martes informe de la comisión brasileña de la pandemia que acusa a Bolsonaro de 11 delitos

No es la primera vez que Bolsonaro es acusado de genocidio contra los pueblos indígenas de Brasil.. Foto: Sergio Lima/AFP.Para el martes se espera la presentación del informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que investiga la gestión de la pandemia por el Gobierno de Brasil, en el cual se señalan al presidente Jair Bolsonaro 11 delitos, incluidos los de crímenes contra la humanidad y genocidio del pueblo indígena.
Tras su presentación por la comisión del Senado, el informe debe ser votado y enviado a la Fiscalía para que esta decida si perseguirá acciones legales contra Bolsonaro, informó GloboNews.
En Brasil, solo la Oficina del Fiscal General (PGR) tiene la potestad de perseguir acciones legales contra el presidente.
Los 11 delitos de los que la comisión acusará a Bolsonaro son crimen de epidemia con resultado de muerte; violación de medidas preventivas sanitarias; uso ilegal de fondos públicos; incitación al crimen; falsificación de documentos privados; curanderismo –promoción de medicina falsa–; prevaricación; genocidio contra el pueblo indígena; crímenes contra la humanidad; crimen de responsabilidad, y homicidio por fallar en la lucha contra la pandemia.
El encargado de presentar el informe será el principal relator de la CPI, Renan Calheiros, senador del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), para quien toda los datos y análisis que se han recopilado durante estos seis meses de trabajo de la comisión son “unánimes” en lo que respecta a la negligencia de Bolsonaro.
Además del presidente, la comisión prevé solicitar la imputación de al menos una treintena de personas por diversos delitos, incluidos los de malversación de fondos y robo.
No es la primera vez que Bolsonaro es acusado de genocidio contra los pueblos indígenas de Brasil. En agosto pasado, la principal organización de los pueblos indígenas de Brasil (APIB) presentó una demanda por genocidio contra el presidente, basándose en un informe en el que se detalla cómo 1 162 personas de hasta 163 comunidades originarias murieron por la gestión de las autoridades.
El documento sostiene que Bolsonaro habría permitido por omisión de funciones en materia medioambiental que se produjera un genocidio, representado en el desmantelamiento de los servicios públicos de protección social, permitiendo a su vez el asalto de sus tierras, deforestaciones ilegales e incendios provocados.
Bolsonaro quiere privatizar Petrobras

(Con información de Europa Press)

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Robo y venta ilegal de medicamentos: Los dolores del alma

Cada vez más las redes sociales se usan para la venta de medicamentos. Caricatura: Martirena.Hay dolencias que desaparecen con una pastilla. Existen otras, más obstinadas, que necesitan varios golpes de la medicina para abandonar un cuerpo. Algunas jamás dicen adiós; otras solo llegan para provocar la muerte. Para cada una de ellas hay medicamentos que salvan, alivian. Esta es su historia, pero llega en sentido inverso. Este es un relato de esas medicinas que faltan porque otros decidieron ponerle precio al consuelo del alma.
Ya sea a través de redes sociales o en plena calle, la venta ilegal de medicamentos es un tema que no escapa a las preocupaciones populares. Aunque no es un fenómeno que apareció con la COVID-19, sí se ha profundizado en medio del actual escenario epidemiológico. En tal sentido, merece una mirada atenta a la hora de buscar claves sobre la realidad nacional.
Analizar el asunto parte de una gran verdad: la insuficiente capacidad del país para responder a toda la demanda, ya sea por las limitaciones de la industria nacional o por las restricciones que impone el bloqueo norteamericano a la Isla. Esos temas dan espacio para más de un reportaje. Pero más allá de ellos también existen esfuerzos nacionales por revitalizar la producción, por acortar brechas entre los enfermos y sus tratamientos.
Y justo en el medio surgen las dudas que retumban una y otra vez. ¿Qué brechas permiten el robo y la reventa de medicinas? ¿Son eficientes los mecanismos para controlar los productos? ¿Existe impunidad para un fenómeno lacerante e inhumano? ¿Cómo hacer para optimizar los recursos que sí están disponibles? Las respuestas están dispersas en la larga ruta de los medicamentos en Cuba.
Ramón, el comprador
A la izquierda, uno de los grupos dedicados aintercambiar medicamentos. A la derecha, un mensaje con una amplia oferta de ,edicinas puestas en venta.
“Yo no tenía los 6 mil pesos que me costaba por la calle un tratamiento completo de Meropenem, pero los completé pidiéndole el dinero a un amigo” —dice Ramón Silva desde el sillón donde le vigila el sueño a su padre—.
“Antes en el hospital de campaña a papi le pusieron Rosefín, pero no respondía a ese antibiótico y no tenían otro disponible. Me sugirieron esperar a ver si entraba alguno diferente en los próximos envíos o resolverlo en otro lugar para no perder tiempo e ir adelantando con el tratamiento”, agrega con una dosis de asombro y pena.
Aun así, Ramón prefiere mirar el lado bueno que le han traído las redes sociales. “Hay grupos en Facebook o Telegram que, lejos de servir para el negocio, han ayudado cantidad en medio de esta situación, porque unen a personas que intercambian medicamentos y no cobran un centavo. Pero hasta en ellos uno a veces ve cómo llegan personas a proponer medicinas a precios altísimos. Esos son los verdaderos inhumanos”.
Ramón sabe que no todo lo que existe en venta sale de instituciones estatales, sino que una buena parte llega del exterior. No le importa si es ilegal o no. “He visto tratamientos de antibióticos en 28 mil pesos. He visto vendedores que además de las medicinas te recuerdan lo importante que es su oferta para la vida de una persona. He visto a médicos que no tienen más opción que sugerir el mercado negro. ¡Y eso duele mucho, a ellos y a mí!”
Almacenar esperanza
En los almacenes centrales de ENCOMED en Villa Clara se cuenta el cien por ciento de losproductos de mayor demanda. Foto: Yunier Sifonte/Cubadebate.
En los almacenes centrales de la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (ENCOMED) de Villa Clara el movimiento es constante. Ya sea para descargar y recepcionar la nueva mercancía, ubicarla dentro de las grandes naves o fraccionarla para que llegue a decenas de hospitales, policlínicos o farmacias, varias manos asumen una alta responsabilidad en el control de los productos.
En medio de tantas escaseces, Carlos Eduardo Rodríguez Lamas reconoce enseguida la importancia del control. A sus 28 años es dependiente en una de las naves que guarda los productos de mayor demanda, como algunos antibióticos, el nasalferón o las propias vacunas contra la COVID-19.
Según dice, es muy difícil robar medicamentos en estos lugares, porque al final del día se cuenta el cien por ciento del inventario y se chequean todos los movimientos. A su vez, cada operario se hace responsable de lo que envía hacia otra área. “Todos los lotes van firmados por quien lo despachó —explica— y si hay un faltante es muy fácil detectar quién manipuló los paquetes”.
A simple vista la medida parece eficiente. Quizás por eso es una de las normas que se repiten en cada punto de la amplia cadena, desde que llegan los medicamentos desde los laboratorios hasta que salen del almacén hacia farmacias o centros de salud.
El cien por ciento de los productos de alta prioridad son pesados y contados en el momento de la recepción, mientras que para el resto se realizan muestreos aleatorios con el objetivo de detectar irregularidades.
Gracias a esos mecanismos los operarios encontraron hace muy poco un faltante de más de cien blísteres de azitromicina durante el proceso de recepción. Las cajas llegaron aparentemente sin problemas, pero varias de ellas estaban vacías por dentro. A todas luces el “fallo” ocurrió a la hora de embalar el producto en los laboratorios encargados de producirlo.
Cada operario firma los lotes que maneja. Foto: Yunier Sifonte/Cubadebate.
El ejemplo es apenas una muestra de cuántos puntos oscuros puede tener el robo de medicamentos. No obstante, para Roslán García Montes de Oca, inspector de la Agencia de Supervisión e Inspección de Carga (ASIC), si existe control de los recursos y los procesos es sumamente difícil encontrar desvíos de medicinas hacia el mercado negro.
Él llegó en junio de este año a los almacenes de ENCOMED para auditar el trasiego de medicamentos, justamente cuando el alza de casos de COVID-19 en Villa Clara comenzaba a tensar hospitales, centros de aislamiento y también los anaqueles de farmacias y los de la propia entidad logística.
Desde entonces asegura que ha encontrado buenas prácticas, pero reconoce que no puede responder por lo que sucede puertas afuera. “Mi función aquí —reafirma— es garantizar que de los almacenes salgan las cantidades asignadas a cada entidad”.
Sin embargo, ¿qué podría suceder si los encargados del transporte pactan con quienes reciben el producto en el destino final? ¿Pueden en esos sitios recibir una cantidad y reportar otra? ¿Se desvían los medicamentos en la carretera?
Luis Alberto Gómez Rodríguez, el director de ENCOMED en Villa Clara, no puede responder a ciencia cierta cada interrogante, pero asegura que de las 20 mil acciones de despacho que cada mes realiza su entidad, solo reciben entre 20 y 30 reclamaciones comerciales.
“Sobre faltantes o sobrantes de productos solo tenemos entre seis y siete —precisa—, porque el resto tiene que ver con problemas de calidad, embalaje o errores en la distribución. En el caso de los choferes, nunca saben a ciencia cierta hacia dónde van hasta casi el momento de la distribución”.
De igual manera, aclara que los clientes tienen un plazo de tres días para reportar cualquier incidencia con las entregas. En esos casos cada informe llega a un centro de control que funciona las 24 horas encargado de analizar y depurar responsabilidades para ofrecer una respuesta. Hasta el momento —considera— los protocolos demuestran eficiencia.
“Aquí tenemos un sistema digitalizado, pero no automatizado, que garantiza el control de los medicamentos hasta el destino final, porque ofrece una trazabilidad por lotes y productos. Al final del día el submayor de inventarios debe coincidir con el conteo físico. No obstante, estamos conscientes que ningún proceso es infalible”.
¿Qué pasa en las farmacias?
Desde los lmacenes centrales salen los medicamentos hacia las farmacias. Foto: Yunier Sifonte/Cubadebate.
Las particularidades y los métodos de control de ENCOMED le interesan poco a Isabel Valdivia, un ama de casa que lleva cuatro horas en las afueras de la farmacia y aun no sabe si alcanzará trifluoperazina, uno de los medicamentos que no le pueden faltar a su madre para controlar sus problemas nerviosos.
Ella sabe que el producto llegó en el cargamento que hace poco llegó hasta una de las farmacias de Santa Clara. Isabel lee nombre de lo que busca en la improvisada pizarra informativa colgada en el portal del establecimiento, señala a las personas que tiene delante, saca cuentas que a ratos parecen malabares de la mente. Y en medio de todo, no puede obviar el miedo y la incertidumbre.
“Supongo que esta vez pueda alcanzar, porque no todos los que están delante en la cola necesitan este medicamento. Pero uno nunca sabe de verdad hasta que no llega al mostrador”, asegura. Hace una semana Isabel se marchó de la farmacia con las manos vacías, aunque jura una y otra vez que debería haberse ido satisfecha.
Como ella, otros clientes también especulan sobre tablillas informativas con menos cantidad de medicamentos que lo real, o en el mejor de los casos sobre despachos por debajo de lo anotado en el vale de venta.
A esas quejas se sumaron recientemente las que llegaron a la televisión provincial de Villa Clara mientras se transmitía un programa sobre el robo de medicamentos. Entonces las personas también cuestionaban por qué no se controla a quienes compran grandes cantidades de medicinas o lo hacen de manera reiterada.
Una investigación publicada hace poco más de un mes en el periódico Girón, de Matanzas, detectó problemas similares en ese territorio y demostró que el asunto no es autóctono de Villa Clara. Otros territorios del país tienen contextos similares.
Junto a esas irregularidades, el equipo de reporteros de Girón también halló deficiencias en el completamiento de la información personal en las recetas médicas, la omisión de la cantidad de productos vendidos y el despacho de una cantidad excesiva de medicamentos para un tratamiento.
No obstante, para el Dr. Orlando Álvarez Núñez, director de la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas de Villa Clara, incongruencias como esas no son comunes en los 174 establecimientos farmacéuticos de la provincia. Aun así, reconoce que el robo de medicamentos es un asunto que “ni en los buenos momentos hemos logrado erradicar al cien por ciento”.
En cualquier debate sobre el asunto no puede faltar un argumento en torno a la disponibilidad de productos para satisfacer la demanda, a la postre el aspecto clave a la hora de buscar los porqués.
Mientras Orlando habla sostiene un grupo de papeles que le sirven de guía y revelan un dato esclarecedor: justo en ese momento las farmacias de Villa Clara operan con 132 productos en falta, el 49 por ciento del cuadro básico. En el caso de los medicamentos controlados, no cuentan con la cuarta parte de los 85 registrados bajo esa categoría.
Aunque el director de la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas aclara que esos números varían casi a diario en correspondencia con los esfuerzos del país para surtir las estanterías, asegura que esas ausencias son el principal incentivo para la mayoría de los delitos.
Entre las acciones para reducirlos en medio de este panorama, recalca la necesidad de la transparencia en las informaciones, los chequeos a los establecimientos y los vínculos con la Vicedirección de Asistencia Médica de la Dirección Provincial de Salud para garantizar una prescripción médica que no malgaste recursos.  
Gracias a esa interrelación, por ejemplo, está prohibida la presencia de doctores con talonarios de recetas en las farmacias, uno de los problemas detectados en inspecciones conjuntas.
A su vez, pone como ejemplo la separación de los trabajadores luego que uno de esos chequeos detectara un faltante de cinco azitromicinas. Sin embargo, una golondrina no hace verano y esos números son tremendamente escasos frente a una realidad mucho más compleja.
Bien lo sabe el Mayor Yurelky Acebo Herrera, uno de los oficiales del Ministerio del Interior vinculado a estos temas en Villa Clara. Según dijo durante su comparecencia en la televisión provincial, tienen identificadas a varias de personas que una y otra vez rondan las farmacias para adquirir medicamentos. “Si se demuestra que revenden los productos —asegura— pueden incurrir en un delito de actividad económica ilícita, pero eso hay que probarlo”.
“Necesitamos la denuncia y el aporte de la población para poder actuar. Hasta tanto no se demuestre el hecho delictivo, adoptamos con estas personas un trabajo profiláctico para evitar que continúen con conductas que pueden derivar en un incumplimiento de la ley. El objetivo es que quien llegue a la cola sea el que necesita el medicamento y lo reciba en la cantidad indicada”, explica.
Enrique, el vendedor
Como bien dice Enrique, “aquí no se pregunta mucho”.
“Yo vendo medicinas sencillamente porque a la gente le hacen falta —dice sin mucho preámbulo Enrique, escudado detrás del nombre que decidió usar en su cuenta de Telegram para llevar adelante el negocio—. En esto juega mucho la necesidad de las personas”, agrega como si fuera el mejor estudioso de un mercado que él sabe más grande desde hace meses.
“Unas veces tengo y propongo los medicamentos que me caen, aunque casi siempre en los grupos de Internet encuentro anuncios buscando algo. A esas personas les escribo y si les conviene cuadramos el precio, o si hago domicilio o no. Otras veces me contactan a mí porque ven lo que tengo. Aquí no se pregunta mucho”.
Varios de los precios que Enrique pone a sus medicamentos llegan hasta cuatro cifras. “Los antibióticos son caros —reconoce— porque esto del coronavirus los ha puesto así. Hay gente que los compra para tenerlos en la casa y usarlos con algún enfermo, pero hay otros que lo hacen porque la escasez es una realidad”.
Enrique es, aun detrás de cuentas falsas en redes sociales, respuestas evasivas y razonamientos en apariencia sencillos, el rostro de un fenómeno complejo que extiende sus raíces al interior de una larga cadena y daña en lo más profundo del ser humano.
En zona roja
Los medicamentos para enfrentar la COVID-19 están entre los más cotizados. Foto: Yunier Sifonte/Cubadebate.
Ya lo dicen las estadísticas: los hospitales y centros asistenciales se erigen en puntos neurálgicos para desenredar el entuerto del robo y venta de medicamentos. No lo son porque tengan relación directa con una parte importante de los casos procesados, sino también porque sus alrededores son escenario de otra cantidad importante de hechos vinculados a personas que llegan allí para proponer su mercancía.
Uno de ellos, por ejemplo, implicó la detección de una persona que desde las áreas exteriores de una institución sanitaria vendía bulbos de Rosefín a través de las redes sociales. Otra investigación encontró a un vendedor encargado de ofertar más de 25 tipos de medicamentos que un enfermero robaba de un centro de aislamiento para pacientes con COVID-19. Una tercera pesquisa halló 124 mil pesos acumulados en una vivienda gracias al lucrativo negocio.
Según dijo a Telecubanacán el Capitán Pedro Toledo Rodríguez, primer oficial de la Dirección Técnica de Investigaciones Económicas de Villa Clara, hasta el momento en los hechos detectados se ocuparon más de 80 medicamentos e insumos médicos.
Además de los antibióticos y otros productos de alta demanda, también aparecen otros como hilos de sutura, puntas de estomatología o jalea de ultrasonido. En las redes sociales no es extraño encontrar anuncios de termómetros, test de embarazo o para detectar la COVID-19.
Aquí y allá los casos tienen varios denominadores comunes: la violación de los mecanismos de control, la falta de exigencia y la ausencia o tergiversación de datos tanto en tarjetas de almacén, farmacias, recetas médicas o historias clínicas.
Para el Dr. Víctor Rolando Cañizares Pérez, Jefe del Departamento de Medicamentos y Tecnologías Médicas de la Dirección Provincial de Salud en Villa Clara, cada uno de esos elementos son puntos claves para entender el asunto. Sin embargo, no olvida una de las esencias repetidas ya por otros: los abastecimientos.
De acuerdo a su explicación, a inicios de año cada provincia realiza su demanda de medicamentos al Ministerio de Salud Pública. Es una cantidad de insumos que ahora ve afectaciones por dos causas esenciales: el alza de casos positivos al nuevo coronavirus y las afectaciones que provoca el bloqueo de Estados Unidos para adquirir tanto materias primas como medicinas ya terminadas.
“Tenemos que comprar muchas veces en mercados indios o chinos, lo cual encarece los costos tanto del producto en sí como de la transportación. Además, esa misma lejanía provoca que un medicamento demore meses para llegar al país justo en el momento en que más se necesitan. En los últimos meses los mayores impactos estuvieron en los analgésicos, los antibióticos, los antipiréticos y los antiinflamatorios”, explica.
Sin embargo, en medio de ese difícil panorama resulta todavía más lógico controlar al detalle cada pastilla y cada inyección. Y justo ahí se acrecientan los problemas. Según dice, en cada institución existen los protocolos para hacerlo, así como los mecanismos para evaluar su cumplimiento, tanto en las unidades asistenciales de salud como en las farmacias existentes en las comunidades.
En el primero de esos escenarios, compuesto por más de 900 instituciones entre hospitales, policlínicos, consultorios médicos, hogares maternos o para la atención al adulto mayor, la norma exige seguir toda la ruta del medicamento.
La idea es saber qué ocurre desde la entrada al almacén hasta su uso por el paciente, lo cual incluye chequear la receta y la historia clínica, los expedientes para el empleo de antibióticos e indagar con el enfermo si realmente recibió el tratamiento. En el papel el protocolo luce casi invulnerable.
“En el caso de las farmacias —asegura Víctor Rolando Cañizares— se chequea el duplicado de las tarjetas de medicamentos controlados, así como las existencias en almacenes y los vales de ventas”. Esas inspecciones —agrega— deben ocurrir de forma constante durante todo el año. No obstante, la realidad pone en tela de juicio esos mecanismos y parece obligar a fortalecer otros.
De acuerdo al propio Jefe del Departamento de Medicamentos y Tecnologías Médicas de la Dirección Provincial de Salud en Villa Clara, entre las principales incidencias detectadas aparecen errores a la hora de escribir la indicación del medicamento en la historia clínica, dificultades en la recepción en los almacenes, tratamientos incompletos, recetas confeccionadas por solicitud del paciente o incluso la pérdida de los talonarios.
“En cada uno de esos elementos hay inspecciones sin la frecuencia adecuada o que ocurren sin verdaderamente profundizar en el control de los medicamentos —reconoce el directivo—. En cada lugar deficiente adoptamos medidas tanto administrativas como de organización para corregir los problemas, mientras que socializamos las buenas experiencias vistas en otras entidades”.
¿Responder ante la justicia?
Muchos de los productos puestos en venta son de producción nacional.
Cuando se habla del robo o la venta de medicamentos en el mercado informal varias preguntan surgen en el ambiente. ¿Acaso las limitaciones de la industria nacional son la única causa? ¿Qué rol tienen el descontrol y la falta de vigilancia en algunas administraciones? ¿Cómo enfrentar un fenómeno que lacera y le pone precio a la salud y a la vida?
En medio de tantas preguntas, Yumileisy Sabina Cabello aporta algunas respuestas. Ella es fiscal y pertenece al Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Villa Clara, una de las instituciones encargadas de cerrarle las brechas a un fenómeno triste y peligroso.
Según dice, una vez realizada la correspondiente denuncia el órgano desempeña un papel clave en el control del proceso investigativo. “En medio del actual contexto epidemiológico es fundamental la prontitud en la revisión de cada proceso, para en base a ello ejercer la acción penal y poner los casos a disposición de los tribunales”, asegura.
En el actual año el trabajo del equipo de fiscales no ha sido sencillo. Solo hasta mediados de septiembre la Fiscalía Provincial de Villa Clara acumulaba 33 procesos penales relacionados a la sustracción de medicamentos y el desvío de materiales de curación, una de las aristas menos visibilizadas del asunto. A su vez, dos de esas investigaciones se relacionan con la venta de oxígeno medicinal.
Para Eraida Rojas, una santaclareña que hace poco más de un mes perdió a su madre luego de complicaciones originadas por la COVID-19, esos números deberían crecer todavía más. No obstante, indican que el camino está abierto.
Ella aun recuerda los 20 mil pesos que le pidieron por un botellón de oxígeno, justo cuando el país se debatía en superar la crisis por los bajos niveles de producción y la alta demanda en hospitales y centros de aislamiento. Mientras otras muchas personas pusieron por delante su inventiva para que el gas medicinal llegara a más personas, ella debió pagar.
“Lo hice por desesperación y necesidad. En el hospital había un poco y se compartía, pero no alcanzaba para sostener los altos volúmenes que necesitaban algunos pacientes. Entonces una persona se me acercó y me propuso aquello. Pagué sin pensarlo mucho y casi enseguida tuve un cilindro. No sé ni averigüé de dónde salió, si estaba lleno o por la mitad. En esos momentos los inescrupulosos viven del dolor ajeno”, cuenta con tristeza.
En la Fiscalía Provincial de Villa Clara conocen muy bien estos asuntos. De hecho, según Yumileisy Sabina, entre las principales tipicidades delictivas en que incurren los acusados en estos hechos aparecen la actividad económica ilícita, la apropiación indebida, la malversación y la falsificación de documentos. En ocho casos los implicados utilizaron las redes sociales para conseguir sus propósitos.
“También detectamos varias personas que viajan al exterior y traen medicinas para venderlas luego en el mercado informal. En estos casos igualmente incurren en un delito, porque esa importación está permitida para uso personal, pero no con fines comerciales”, explica.
Cuando habla de números y estadísticas, la joven fiscal no obvia un detalle importante: hasta el momento las instituciones sanitarias y los centros de aislamiento creados para pacientes afectados por la COVID-19 aparecen entre los lugares más vulnerables para cometer estos delitos. A su vez, comenta otro dato esclarecedor: 20 de las 51 personas implicadas en hechos de robo y venta ilegal de medicamentos laboran en el sector de la salud.
Específicamente para estos casos, así como para otros relacionados con instituciones estatales, la joven fiscal recuerda el papel que deben jugar los directores y administrativos en el control de los recursos.
“Ellos tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de esas medicinas e insumos. En dependencia de las causas y condiciones, incluso pudiéramos estar en presencia de un delito por el incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas”, asegura.
A nombre de la institución que representa, Yumileisy Sabina explica que la situación epidemiológica del país también obliga a ser ágiles en el enfrentamiento a estos hechos. De tal forma, 26 de los 33 procesos penales se corresponden con delitos de competencia de los tribunales municipales populares, sancionables hasta con un año de privación de libertad o multas de hasta 300 cuotas o ambas.
En estos casos la Ley prevé plazos de hasta 20 días para la presentación por el Fiscal al órgano jurisdiccional, “aunque eso no significa obviar las normas del debido proceso, así como el respeto a los derechos de los acusados”, asegura.
“Aun cuando se trata de un proceso que acorta los términos, sí garantizamos la participación del fiscal en el acto del juicio oral donde cada ciudadano implicado tiene derecho a nombrar un abogado y proponer las pruebas que considere pertinentes para su defensa. El objetivo siempre será la justeza de lo que hagamos”, concluye.
Ya sea en el caso de los medicamentos de producción nacional o en aquellos traídos del exterior, la venta de medicamentos en el mercado negro tiene un gran origen: las limitaciones de la industria cubana para cumplir las demandas y las necesidades que impone recobrar la salud y en muchos casos evitar la muerte. Como ocurre en muchas otras esferas, todo lo demás parte de esa causa compartida.
Sin embargo, y justamente por esas estrecheces provocadas por el crecimiento de la demanda, la redirección de recursos para atender la COVID-19 y el bloqueo estadounidense, es tan relevante el control sobre los medicamentos disponibles. Podría analizarse cómo mejorar la producción criolla, la conveniencia o no de habilitar la importación con fines comerciales o incluso la importancia de una organización más eficiente.
Pero mientras tanto, lo que sí debería quedar claro es que, en medio de todas las escaseces, cada falla en una cadena larga y diversa, cada irresponsabilidad de directivos y administradores, cada reventa en el mercado negro, es una derrota para el respeto y la vida.

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La comisión que investiga la pandemia en Brasil presentará 11 cargos contra Bolsonaro

Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.La comisión del Senado brasileño que investiga la gestión de la pandemia en el país ha adelantado que en su informe de conclusiones presentará una lista con al menos 11 delitos para imputar al presidente, Jair Bolsonaro, entre ellos los de crímenes contra la salud pública y contra la humanidad.
Así lo ha hecho saber uno de los principales relatores de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), el senador Renan Calheiros, quien también ha adelantado que hay al menos otros cuarenta acusados además de Bolsonaro.
“Solo en relación al presidente de la república ya hemos seleccionado 11 tipos penales. Van desde crímenes de responsabilidad, pasando por delitos comunes, delitos contra la salud pública y también contra la humanidad”, ha dicho.
En caso de Bolsonaro, las propuestas de imputación que presentará la comisión, en un informe a debatir a finales de mes, deberán ser posteriormente ratificadas por la Fiscalía General del Estado, que según la Constitución brasileña es quien cuenta con potestad para iniciar acciones penales contra el presidente.
“Todos aquellos que tengan que ser acusados, les vamos a acusar. Vamos a enviar a los diferentes ministerios públicos las acusaciones y solo vamos a enviar al fiscal general de la república (Augusto Aras) a aquellos bajo la jurisdicción especial correspondiente”, ha contado Calheiros.

Situación Bolsonaro:Reclama que hoy le prohibieron entrar a ver el partido entre Santos y Gremio por no estar vacunado.
Situación Brasil:Superó las 600 mil muertes por covid19.@teleSURtv pic.twitter.com/3FyIzCQPVz
— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) October 10, 2021

El senador por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) ya adelantó la semana pasada que el presidente Bolsonaro “con seguridad” iría a ser acusado por la comisión del Senado “por todo lo que hizo” durante la crisis sanitaria.
No obstante, el número de personas que serán imputadas también ha pasado en la última semana de “cerca de treinta” a “más de cuarenta”, según sus últimas declaraciones en una entrevista para Globo.
Si bien ha señalado que “por respeto” a las víctimas del coronavirus en Brasil no puede “seleccionar” a los imputados, está previsto que reciban la citación el líder del Gobierno en la Cámara de Representantes, Ricardo Barros, “por su participación en la negociación para adquirir vacunas”; el diputado Osmar Terra, “quien fue una suerte de portavoz del negacionismo”; o los médicos Nise Yamaguchi, Paolo Zanotto, “ilustres miembros del gabinete paralelo” de Bolsonaro.
Entre los principales candidatos a aparecer en esta lista de imputados también están el exministro de Salud Eduardo Pazuello, el que fuera su ‘número dos’ Elcio Franco, y algunos responsables de la empresa médica Precisa Medicamentos, entre otros.
(Tomado de Europa Press)

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Ecuador: En plena crisis carcelaria, anuncian el estado de excepción en los penales

Vista de la cárcel del el Turi hoy, en la ciudad de Cuenca. Más de 50 reclusos murieron este martes en una serie de amotinamientos en tres prisiones de Ecuador. Foto: ROBERT PUGLLA / EFE.El número de muertos por un nuevo motín carcelario registrado en Ecuador el martes aumentó a 116, según informó el presidente del país suramericano, Guillermo Lasso, convirtiéndose este hecho en la peor masacre en el sistema penitenciario del país suramericano en su historia.
Asimismo, son alrededor de 80 la cantidad de personas que resultaron heridas en este amotinamiento, registrado en el Centro de Privación de Libertad Guayas N°1, también conocido como Penitenciaría del Litoral, cercano a la cárcel Regional de Guayas.
El martes, alrededor de las 17:00, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) informó en un boletín preliminar que el motín había dejado un saldo de 24 privados de libertad muertos y 48 heridos. Luego la cifra de asesinados subió a 30; pero más de setenta cadáveres fueron hallados en los pabellones este miércoles.
La Fiscalía General del Estado (FGE), que inició una investigación al respecto, detalló que seis de los muertos habrían sido decapitados.
Estado de excepción
Ante la magnitud del amotinamiento, este miércoles el presidente Lasso declaró el “estado de excepción” por 60 días en todo el sistema carcelario a nivel nacional.
La declaratoria “tiene como finalidad precautelar los derechos de las personas privadas de libertad, como grupo de atención prioritaria, del personal del cuerpo de seguridad penitenciaria y de los miembros de la Policía Nacional”, dice el decreto.
También tiene como objetivo, añade el documento, “controlar las circunstancias que han alterado el funcionamiento del sistema penitenciario, restablecer la convivencia pacífica, el orden y el normal funcionamiento de estos”.
La medida, además, autoriza a las Fuerzas Armadas a participar, junto a la Policía Nacional y al SNAI, en el restablecimiento del orden en las cárceles.
Asimismo, se suspende “el ejercicio al derecho a la inviolabilidad de correspondencia y la libertad de asociación y reunión” a los privados de libertad; es decir, los reos no podrán recibir cartas o cualquier otra comunicación sin que antes haya sido revisada por los agentes policiales y se limitará la conformación de aglomeraciones en las prisiones.
Además del decreto, Lasso presidió el comité de seguridad “para coordinar las acciones necesarias que controlen la emergencia”.
El martes, en medio del amotinamiento, el mandatario nombró a Bolívar Garzón como nuevo director del SNAI, sustituyendo en el cargo a Fausto Cobo, quien apenas estuvo dos meses al frente de las cárceles del país y ahora ocupará la dirección del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).
Los motivos y control del motín
De acuerdo con el SNAI, los hechos violentos del martes se desataron debido a los “enfrentamientos entre bandas delictivas” que buscan ostentar el poder dentro de la cárcel. La confrontación comenzó a las 09:30 de la mañana, aproximadamente.
Entretanto, la FGE informó que otra causa del motín obedece a la intención de las autoridades de trasladar a los cabecillas de las bandas a otros centros penitenciarios.
“Pasadas las 10:40, unidades tácticas y operativas de la Policía Nacional activaron el operativo de seguridad e ingresaron al centro penitenciario”, añadió el SNAI, tras precisar que alrededor de las 14:00 se logró retomar el control de la prisión.
La Policía Nacional informó en una nota de prensa que en el lugar encontraron tres armas de fuego, una granada de mano tipo limón, 12 tacos de dinamita, 507 proyectiles, droga, 16 celulares y nueve armas corto punzantes artesanales.
El material incautado, precisó Fausto Buenaño, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional, fue encontrado encaletado en los techos, paredes y patios de toda el área del pabellón 3 de la prisión.
A través de Twitter también informaron sobre el hallazgo de un fusil, una pistola, 18 armas blancas, 102 municiones y otros objetos prohibidos.
Cifras alarmantes
Con la actualización de la cifra del motín del martes, según un conteo de las propias autoridades, han muerto más de 230 personas en los motines registrados en las prisiones en 2021.
Con los 116 muertos, este último amotinamiento se convirtió en la peor masacre carcelaria de la historia de Ecuador, superando a la registrada el 23 de febrero de este mismo año, cuando enfrentamientos simultáneos en varias cárceles del país dejaron 79 reos asesinados.
El tercer día más violento dentro de las prisiones de Ecuador en 2021 fue el 21 de julio, cuando hubo amotinamientos en los Centros de Privación de Libertad (CPL) Cotopaxi N° 1, en la región Sierra del país, y en Guayas N° 1. En esta oportunidad murieron 27 privados de libertad.
A estos se le suma el motín registrado a finales de abril, en la prisión Guayas N° 1, con un saldo de cinco muertos; y uno más a mediados de junio, que dejó dos víctimas fatales.
Otro hecho relevante ocurrió el pasado 13 de septiembre, cuando la cárcel Regional de Guayas fue atacada con drones, según informó el SNAI. De acuerdo con la institución, en total se registraron tres explosiones, “causando daños en los techos del centro”.
El SNAI aseguró que “el ataque estaría dirigido a los cabecillas de las bandas” y mencionó que están “en medio de una guerra entre cárteles internacionales”.
A finales de agosto, el titular de la Dirección Nacional de Antinarcóticos de Ecuador, Giovanni Ponce, dijo que tenían evidencia de la presencia de los mexicanos cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el país suramericano.
75 millones de dólares para las cárceles
Tras los hechos violentos de julio, el Gobierno de Ecuador aprobó en agosto una partida de 75 millones de dólares para reformar el sistema penitenciario del país en los próximos cuatro años.
“Los recursos asignados se destinarán para atender las necesidades de infraestructura, tecnología, seguridad y talento humano”, informó el SNAI en esa oportunidad.
(Con información de RT en Español)

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Biden pide a los ricos pagar más impuesto, mientras el Congreso revela que el presidente evadió 500 mil dólares

Joe Biden. Foto: AFP.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó este viernes a los estadounidenses ricos, a los que instó a pagar sus impuestos.
Durante una conversación con periodistas en la Casa Blanca, el mandatario dijo que, para controlar mejor los ingresos por inversiones, EE.UU. tiene que “volver a contratar a algunos agentes del Servicio de Impuestos Internos. […] No para hacer que la gente pague algo que no debe, simplemente para que les digan: ‘Oigan, den un paso al frente y paguen como todos el mundo'”.
A continuación añadió: “Lo digo en serio. Miren toda mi carrera. Vengo de, ya sabe, el estado corporativo de América. Solo creo que se trata de pagar la parte que le corresponde”.
Entre tanto, las declaraciones de Biden tienen lugar días después de que un reporte del Congreso de EE.UU. indicara que el presidente evitó indebidamente el pago de hasta 500.000 dólares de impuestos antes de asumir el cargo. En particular, señaló que el mandatario se aprovechó de las llamadas sociedades anónimas de tipo S, que pueden transferir ingresos directamente a los accionistas sin tener que pagar impuestos corporativos federales.
“Le debe al IRS y al pueblo estadounidense cientos de miles de dólares en impuestos atrasados. Todo estadounidense debería conocer la hipocresía fiscal de Joe Biden”, dijo el jueves el diputado republicano Jim Banks a New York Post, que publicó el informe redactado.
También el jueves, un estudio de la Casa Blanca reveló que las 400 familias estadounidenses más ricas pagaron un tipo impositivo medio de poco más del 8 % sobre sus ingresos generados entre 2010 y 2018, un porcentaje “mucho más bajo” en comparación al aportado por el resto de contribuyentes del país.
(Tomado de RT en Español)

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¿Cómo avanzan las investigaciones sobre los autores, instigadores y financistas de las recientes hechos de desorden público? (+ Video)

Foto: AFP
Durante la emisión especial del programa Hacemos Cuba de este miércoles, la fiscal jefa de la dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República Lisnay María Mederos Torres y la coronela Moraima Bravet Garófalo, jefa de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (Minint) informaron acerca de las actuaciones que se realizan como resultado de los hechos de desorden público y vandalismo que tuvieron lugar recientemente.
Refiriéndose a algunos de los videos registrados durante los disturbios, la fiscal Mederos Torres aseguró que en ellos se constatan “hechos delictivos cometidos por un grupo de personas y llevan una respuesta penal a partir de lo previsto en las legislaciones cubanas”.
Sobre la actuación del Minint en torno a ellos, la coronela Bravet Garófalo explicó que su dirección se encarga de investigar los hechos delictivos y procesar a las personas que cometen estos hechos. “Como parte de ello, desarrollamos un conjunto de acciones investigativas, de instrucción, periciales y operativas para demostrar la consumación del hecho”.
Comentó que no basta con lo que se ve en imágenes grabadas, hay que buscar más elementos para demostrar que constituyen realmente un delito. Porque además, dijo, “en ellas se observan varios delitos y varias personas. Hay que demostrar que esas personas son autores por participación y por razones diversas”.
En función de ello, se desarrollan acciones investigativas, de instrucción, periciales, de criminalística y operativas. Todo eso les permite -con el apego a la ley- documentar, legalizar y presentar tanto a la Fiscalía como a los Tribunales, todas las pruebas necesarias que indiquen la participación de estas personas en los hechos.
A partir de ahí, explicó la fiscal Medero Torres, a la Fiscalía le corresponden las funciones de control de la investigación penal, previstas en la Constitución. “Es lo que estamos haciendo: velar por el correcto cumplimiento de la ley con el apego a las garantías, al debido proceso y a los derechos de los involucrados y ejercer la acción penal pública en representación del Estado”.
Más adelante, la representante del Minint confirmó que actualmente varias personas están detenidas por la participación en los hechos del domingo. “Como denunciaron el presidente de la República y el Canciller, hubo acciones violentas y de vandalismo. En un primer momento, con la participación de las fuerzas del orden público, se detuvieron in fraganti a varios individuos”.
Sin embargo, hay otro grupo de acciones pendientes. “Ahora comienza un proceso investigativo en el que debemos llegar hasta el final: buscar quiénes más participaron, el grado de participación de cada uno y sobre todo llegar a los organizadores, los instigadores, los que financiaron para provocar este desorden en el país y dar una imagen equivocada”.
Esta no es Cuba, puntualizó la coronela. “Nuestra Cuba tiene como bien preciado y garantía de la Revolución la tranquilidad, la seguridad ciudadana, orden público. Lo que se vio el domingo no es nuestra realidad”.
En tanto, Mederos Torres insistió en que la Fiscalía trabaja en el control de la investigación. Como parte de ese proceso, están evaluando la individualización de la participación de cada una de las personas en estos hechos, como prevé el Código Penal. “Se está determinando quién es el que organiza, quién es el que promueve, quién es el que instiga, quién es el que financia y quién es el que ejecuta los actos por sí mismo”.
El artículo 18 del Código Penal, fundamentó, establece la responsabilidad penal exigible a los autores y cómplices. En los hechos ocurridos se observan los verbos rectores que regulan los delitos principales cometidos el 11 y días posteriores. Estuvo el que realizó todas estas acciones, pero también el que de manera contrariada formó parte, el que estuvo, el que caminó.
“Esos no, es necesario cometer un hecho delictivo -que se entiende como acción u omisión socialmente peligrosa, prohibida por la ley bajo una sanción. Estamos buscando los elementos de prueba suficiente para determinar el grado de participación y establecer qué hizo cada individuo en la realización de estos hechos”, amplió.
La coronela Moraima Bravet Garófalo, jefa de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (Minint)
Sobre las personas detenidas, Bravet Garófalo dijo que, como parte de las construcciones mediáticas, se ha hablado de protestas pacíficas. Sin embargo, se produjeron hechos vandálicos, lanzamientos de cócteles molotov y piedras, agresiones a las personas y los espacios públicos.
“La gran mayoría de las personas detenidas no son quienes van en un momento determinado a reclamar algo que les disgusta. Puede haberlas, pero en estos hechos violentos, la mayoría de los detenidos tienen antecedentes penales de desobediencia, lesiones, amenazas, atentado, desacato, robo con fuerza, desorden público, tenencia de armas, resistencia. Algunos de ellos tienen varios de estos antecedentes y son reincidentes en causas específicas”, enumeró.
Agregó que cuatro de estas personas poseían antecedentes penales y gozaban de los beneficios del régimen penitenciario, se encontraban en libertad condicional. Ahora se les revocará esa medida. En ese caso, “hay personas que estaban en la calle con penas conjuntas de 14 años por robo con fuerza y con violencia, que les faltaban por cumplir cinco años y cometieron estos hechos”.
El periodista Humberto López refirió el artículo 94 y 95 de la Constitución de la República donde se establece el debido proceso. “Todos los ciudadanos cubanos tienen derecho a disfrutar de igualdad de oportunidades en todos los procesos, a recibir asistencia jurídica, a aportar medios de prueba pertinentes, a solicitar la exclusión de aquellos que se hayan obtenido violando lo establecido, a acceder a un tribunal competente, entre otras garantías de la seguridad jurídica”, amplió.
A continuación cuestionó cuáles de estas garantías no se tendrían en cuenta en la instrucción y el proceso penal, en una circunstancia tan lamentable como la del pasado fin de semana y con detenidos con antecedentes penales.
Ante esta interrogante, Mederos Torres ratificó que todas esas garantías se estaban teniendo en cuenta. “Se siguen las previstas en la Constitución de 2019 -que vino a reforzar las garantías y los derechos-, las del Código Penal y las que tenemos desde mucho antes. Es lo que hacemos siempre en todos los procesos, pues estamos obligados por mandato de ley. Todo lo que tiene que ver con el debido proceso se cumple a pocas horas de haber ocurrido estos hechos. Son principios que no vulneramos, son parte de nuestra misión cotidiana”.
Sobre la referencia de algunos medios a estos detenidos como desaparecidos, la coronela del Minint aseguró que, a partir del procedimiento establecido, por cada persona detenida se le informa a sus familiares.
“Puede ser que la persona detenida llame a sus familiares o que -es la vía que más usamos- se le notifique a la familia de su ubicación en determinada unidad. El objetivo es que los familiares puedan acudir a las estaciones y allí darles la explicación que corresponde”.
Otros van por su cuenta, indagan y en las estaciones se les informa. “Lo que cambia ahora – y no tiene que ver con la gravedad de estos hechos- es la situación de la pandemia. No existen las mismas posibilidades para esas visitas y se prolongan los tiempos, pero se admiten, se han estado realizando para la entrega del aseo personal, se les revisa y se les informa el curso del proceso”, amplió Bravet Garófalo.
Apuntó que en la Ley de Procedimiento Penal actual y en la que se está diseñando, la confesión del acusado no es prueba en el Proceso Penal. “No debemos obligarlo a ello; tratamos de ponerlo en una posición favorable hacia él para que se le tenga en cuenta en el proceso final, para que el fiscal lo tenga en cuenta en sus conclusiones provisionales, que el Tribunal lo tenga en cuenta en el enjuiciamiento, que reconozca y se arrepienta del hecho que cometió”.
La otra labor es nuestra, insistió. Como parte del proceso investigativo, para demostrar que esa persona cometió un hecho es fundamental la recopilación de pruebas.
Por su parte la fiscal jefa de la Dirección de procesos penales reiteró que el acusado no está obligado  a declarar, ese es un principio inviolable. “Hay varias personas que se les han impuesto multas administrativas en virtud del artículo 83 del Código Penal y con ellas ya terminó el proceso. En cambio, otros casos han sido puestos en libertad con medidas cautelares sin detención, por ejemplo, una fianza,  reclusión domiciliaria u obligación contraída en acta”.
Todos estos procesos se han desarrollado luego de las acciones del 11 de julio.  A partir, dijo Mederos Torres- de la individualización de la responsabilidad. “Todos podemos estar en una misma acción y no participar de la misma forma o cometer  iguales hechos. Cuando un suceso ocurre hay que contextualizarlo, también  es importante su conducta, quién es el individuo, sus antecedentes penales”.
La Coronel Moraima Bravet recordó la palabras del presidente Miguel Díaz –Canel  cuando informaba que había personas confundidas  que se dejaron arrastrar, y que había otras con  antecedentes leves.  “Por esta razón, juega un rol importante el tratamiento individualizado de cada persona  y el grado de participación que tuvo en ese delito” señaló.
Las imágenes que han sido recogidas de las redes –destacó-no son suficientes para enjuiciar a una persona, tenemos que llegar hasta la conducta.  “En las casos que estamos viendo que viran carros patrulleros, con violencia, atacan con cocteles molotov, piedras y machetes a los agentes de la policía, esto lleva otro tratamiento y la indicación que tenemos es severidad con estas conductas” y agregó que “no podemos permitir que la tranquilidad que se respira en nuestro país nos la roben”
A partir de la gravedad de los hechos se evalúa y se pone en disposición de los tribunales.  “En estos momentos nos encontramos definiendo que vamos a poner a disposición de los tribunales municipales con los acusados detenidos, para que la justicia tenga toda la prontitud que ser requiere. También estamos analizando que procesos se tramitarán por la vía ordinaria que requieren mayor término”, explicó la fiscal jefa de la Dirección de procesos penales
La ley permite en el procedimiento sumario llevar por los delitos que son de su competencia en 96 horas al tribunal, el término entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía “hay casos definidos con los acusados detenidos y es totalmente legal”, indicó.  En el caso de los delitos más graves como el robo con fuerza en modalidad agravada se demorará más el proceso.
El Estado tiene la responsabilidad y la función de mantener el orden, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana. Cuando hechos como estos ocurren-dijo-la Fiscalía como representación del Estado y en el cumplimiento de su misión con apego a las garantías, al derecho, a la legalidad y al debido proceso, pero con la severidad que corresponde.
La jefa de la dirección general de investigación criminal del MINIT aclaró que solo habían pasado 72 horas de los hechos ocurridos, y se está acelerando el proceso investigativo. Asimismo informó que tienen información  operativa de que no fue un gesto espontáneo “estamos convencidos de que vamos a llegar a los organizadores.  Ya tenemos detenidos instigadores”
Circunstancias de agravación de la responsabilidad penal
La fiscal jefa de la dirección de Procesos Penales Lisnay María Mederos Torres
El robo con fuera –reconoció la coronel –han sido una de las tipicidades más fuertes que se han manifestado en estos días. Además tienen figuras agravadas que se establecen cuando aprovechan para cometer el acto delictivo, el momento en que tiene lugar un ciclón, terremoto  otra calamidad pública.
Recordó que el país atraviesa una compleja situación epidemiológica a causa de la covid-19. En específico la ciudad de Matanzas que fue uno de las provincias más afectados con el asalto a las tiendas.
El código prevé circunstancias de agravación de la responsabilidad penal.  Entre ellas la fiscal mencionó, cometer el hecho aprovechando las circunstancias de una calamidad pública o de peligro inminente a ella, u otra situación especial  “aquí distinguir la situación especial de la covid-19, por la fecha de los hechos venían dándose los números más altos en casos positivos y en fallecidos y nuestro pueblo se encontraba sometido a toda esta preocupación”.
Otra de las agravantes es “cometer un hecho empleando un medio que provoque peligro común”. Sobre este tema Lisnay Mederos Torres comentó que estos son hechos que gradualmente se van enardeciendo, donde hay personas aglomeradas y no se puede predecir que van a hacer.
En el artículo 53 del Código Penal también se recoge como circunstancia agravante: cometer el hecho contra personas o bines relacionaos con actividades priorizadas para el desarrollo económico y social del país. “Hecho que ha estado presente”, sentenció la fiscal.
“Estas circunstancias permite en el límite de la sanción máxima puede ser aumento hasta la mitad del marco sancionador del delito que se esté imputando”
¿Cómo se está procediendo con las personas jóvenes que han sido detenidas?
La Coronel Moraima Bravet dijo que el procedimiento es igual, lo único que  tiene que existir es la diferenciación del hecho que cometió, la persona y las circunstancias. “Hay jóvenes que tienen un historial delictivo. Al analizar las personas que están vinculados a los hechos nos dimos cuenta que sus edades rondan entre los 25 y 35 años. Pueden también haber menores y esto es otra agravante”.
Para un mayor de edad-aclara la fiscal-cometer un hecho empleando menores constituye otra agravante.
Por su parte,  Bravet Garófalo señaló que los menores no son  penalizados de acuerdo al Decreto 64. Lo que lleva un tratamiento preventivo y educativo para corregir su conducta. “Hemos tenido menores de 14 y 15 años implicados en los hechos vandálicos del pasado domingo.”
“Los padres también tienen responsabilidades, y muchos tienen antecedentes penales.  El órgano de menores especializado se encarga de los casos y comienza su proceso evaluativo y de educación”, indicó.
En video, emisión especial de Hacemos Cuba:
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La peligrosidad social en Cuba

La propuesta de Ley de Procedimiento Penal refiere que el nuevo Código Penal modificará lo relativo al estado peligroso, ya que contraviene el principio de lesividad social que habrá de sustituir como fundamento penológico al de peligrosidad.

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