HAVANA CLIMA

AYOTZINAPA

Un coronel ordenó ejecutar a seis de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Siguen aportando detalles de la colusión de las fuerzas de seguridad y autoridades con el crimen organizado en el caso Ayotzinapa.José Rodríguez Pérez, coronel cuando sucedieron los hechos, fue quien presuntamente ordenó la ejecución y desaparición de los últimos seis normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, en los hechos de la noche de Iguala. Un año después, en noviembre, el jefe militar fue ascendido por el Gobierno de Enrique Peña Nieto a general brigadier.
El presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas Rodríguez, dio este sábado nuevos detalles sobre el informe elaborado por esa instancia –creada por decreto presidencial en 2019–, donde reveló el nombre de uno de los señalados como responsable en esos hechos y que en principio el reporte ubicaba como “el Coronel”, quien también habría estado en contacto con miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Según Encinas, la llamada verdad histórica se urdió en los más altos niveles del Gobierno de Peña Nieto “e involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República (Los Pinos) en la discusión de estos temas”.
Subrayó que entre los personajes que estuvieron en esos cónclaves, las autoridades ministeriales (Fiscalía General de la República (FGR) y jueces) deberán ubicar a los responsables en el diseño, operación e implementación de las acciones que derivaron en la mencionada versión, que ha sido derribada por diversas fuentes e informes.
El también subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG) estuvo el viernes en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para ahondar en el contenido del informe de la comisión que encabeza y sus diferencias con la verdad histórica(versión oficial en el sexenio pasado, en la que el exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam, ahora detenido y sujeto a proceso, jugó un papel preponderante), con el fin de responder a quienes siguen defendiendo esa conclusión y alegan que ambas apuntan a lo mismo.
“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos (la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014) y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del Coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez”, dijo.
Es la primera vez que la Administración federal identifica explícitamente a un mando militar con la ejecución de seis de los 43 normalistas desaparecidos.
Dentro de la estructura del ejército, el grado de coronel es el más alto entre las jefaturas de la milicia y el ascenso a general brigadier implica ampliar la capacidad mando, con más elementos bajo su cargo, y escalar a la primera de las tres máximas posiciones dentro de la corporación, solo por debajo de general de división y general de brigada.
Rodríguez Pérez era entonces comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, y respondía a las órdenes del general Alejandro Saavedra Hernández, quien en 2014 era comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, y quien –de acuerdo con la Covaj– tuvo conocimiento de lo ocurrido entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre y días subsecuentes de aquel año.
Ambos están entre los 20 efectivos militares para los que la FGR solicitó hace unos días órdenes de aprehensión por su probable participación en estos crímenes. El nombre del Coronel y de otros presuntos involucrados se difundieron después que el caso se ha judicializado, indicaron fuentes cercanas al proceso.
En el informe de la Covaj se asienta que “el 30 de septiembre, el Coronel comenta que ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes que habían quedado vivos” en una bodega.
El sábado, Encinas refirió que “mandaron cocinar a 10 de los estudiantes e incluso hay la información, corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman ‘la bodega vieja’ y de ahí fueron entregados al Coronel, como ven en los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos”.
El subsecretario presentó un diagrama, elaborado a partir del análisis de decenas de mensajes de telefonía que intercambiaron los involucrados en la desaparición y ejecución de los jóvenes, que revela que el Coronel se coordinó y dio órdenes a David Cruz H., el Chino, identificado como bombero, jefe de comunicaciones y sicario de Guerreros Unidos.
Otra de las identidades que develó el funcionario es el A1, quien presuntamente sería el exalcalde de Iguala José Luis Abarca, a quien se ubica como la persona que dio la orden de desaparecer a los normalistas.
–¿Quiénes dieron la orden? –se le interrogó.
–Participa A1, presuntamente José Luis Abarca; los dirigentes de Guerreros Unidos, y en colusión algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación –apuntó Encinas.
El informe asienta: “A1 dio la orden de recuperar la mercancía: ‘Me chingan a todos a discreción’. A1 ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben ‘quién es quién’ y se está calentando la plaza demasiado, ‘mátalos a todos, Iguala es mío’”.
El diagrama de los mensajes de telefonía muestra que el exalcalde (detenido, aunque no por el caso Ayotzinapa), se coordinaba con el capitán José Martínez Crespo, también del 27 Batallón de Infantería, quien a su vez tenía comunicación con el Chino.
Justo un mes antes de que se cumpla el octavo aniversario de los hechos, Encinas Rodríguez también delineó las diferencias entre el informe de la Covaj y la verdad histórica.
Una de las diferencias “sustanciales y de fondo” es que la versión del sexenio anterior “se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los detenidos, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Y nosotros no torturamos absolutamente a nadie”. Exhortó a los críticos y al resto de la ciudadanía a leer completo el reporte y sus anexos.
Acentuó que la desaparición de los 43 normalistas debió evitarse, “sin duda las omisiones de la autoridad, de los tres niveles de Gobierno, permitieron que ésta se concretara”.
Reiteró que los crímenes suscitados durante la noche de Iguala y las acciones subsecuentes fueron un crimen de Estado, toda vez que hubo negativa, ocultamiento y manipulación por parte de las autoridades municipales, estatales y federales, incluido el ejército.
Otra diferencia es que la verdad histórica concluye que la responsabilidad se queda únicamente al nivel municipal, pues la policía de Iguala, con el apoyo de uniformados de otros municipios, entregó a Guerreros Unidos a los 43 normalistas, y estos fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plástico y vertidos en el río San Juan.
A lo que el subsecretario subrayó: “En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, hubo un operativo especial que los dispersó en distintas regiones del perímetro de Iguala y sí, hubo actos de agresión donde el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con fuerzas de seguridad y autoridades de orden municipal, estatal y federal, ultimaron y desaparecieron a los estudiantes”.
(Tomado de La Jornada)

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Algunos datos sobre Jesús Murillo Karam, el exprocurador mexicano arrestado por el crímen de Ayotzinapa

Jesús Murillo Karam, durante su arresto en Ciudad de México, en la noche del sábado. Foto: Reuters.Poco podía imaginar Jesús Murillo Karam que algunas de las frases que pronunció tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 se acabarían convirtiendo en auténticos emblemas cargados de polémica que resuenan hasta el día de hoy.
Como titular de la entonces Procuraduría General de la República (Fiscalía) de México, estuvo en el ojo del escrutinio público a medida que las dudas y distintas teorías salpicaban la investigación de uno de los mayores casos de vulneración de derechos humanos en la historia del país.
Una de sus intervenciones públicas más recordadas fue cuando habló de “verdad histórica” para referirse a la entonces versión oficial de lo sucedido: que los estudiantes habían sido entregados a un grupo criminal que los habría asesinado e incinerado.
Pero ni familiares ni grupos independientes de expertos internacionales creyeron esta versión, que acabó siendo descartada oficialmente por la Fiscalía en 2020.
Este sábado, el juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, decretó prisión preventiva para Murillo Karam hasta el próximo miércoles, cuando se determinará su vinculación al proceso en que se le acusa.
El viernes, sin oponer resistencia, Murillo Karamhabía sido detenido frente a su vivienda en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más lujosas de Ciudad de México.
Su arresto tuvo lugar solo 24 horas después de la publicación de un informe de la Comisión de la Verdad creada en 2018 por el gobierno para esclarecer lo sucedido.
El organismo tildó de “crimen de Estado” lo ocurrido en el que “estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles” y señaló a varios exfuncionarios, entre ellos el propio Murillo Karam.
Al exprocurador se le acusa de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República. Foto: Cuartoscuro.
¿Quién es Murillo Karam?
Murillo Karam nació hace 74 años en el municipio de Real del Monte, en el estado mexicano de Hidalgo.
Tras estudiar Derecho, comenzó su carrera política como abogado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde ocupó el cargo de secretario general de la formación y llegó a ser diputado y senador de la República.
Entre 1993 y 1998, fue gobernador de Hidalgo, su estado natal. Posteriormente ocupó el cargo de subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación.A finales de 2012,se incorporó al gobierno de Enrique Peña Nieto, de su mismo partido, como procurador general.
Aunque permaneció en el cargo durante poco más de dos años, durante su gestión estuvo al frente de sonados casos en México como la segunda captura en 2014 de Joaquín “el Chapo” Guzmán, exlider del cartel de Sinaloa.
Sin embargo, fue su investigación tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de aquel mismo año en Iguala, Guerrero, la que marcó su labor y le acarreó un aluvión de críticas y peticiones de dimisión.
Del “ya me cansé” a la “verdad histórica”
El caso pronto adquirió repercusión internacional y la presión para que la investigación liderada por la Procuraduría arrojara resultados también aumentó casi tanto como las dudas de los familiares de los jóvenes ante las explicaciones que las autoridades les ofrecían sobre lo ocurrido.
Pocas semanas después de la desaparición, en una de sus múltiples conferencias ante la prensa para ofrecer detalles de las pesquisas, Murillo Karam protagonizó uno de los momentos más nefastos y criticados de su carrera.
El exprocurador cortó las preguntas de los periodistas con un recordado “Muchas gracias, ya me cansé”, en un momento en el que la sociedad exigía respuestas sobre lo ocurrido.
Aquella icónica frase se convirtió en una especie de lema para quienes exigían justicia, hartos de la violencia y la impunidad reinantes en el país, y que protagonizaron protestas en las calles y en las redes sociales durante semanas con el hashtag #YaMeCansé
En enero de 2015, acompañado del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón -actualmente prófugo de la justicia mexicana en Israel por su presunta vinculación con este mismo caso- Murillo Karam presentó lo que llamó “versión histórica” de lo sucedido con los jóvenes.
La teoría apuntaba a que los estudiantes habían sido entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero municipal de Colula, en el estado de Guerrero.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, dijo Murillo Karam en aquella polémica intervención por la que recibió duras críticas de familiares de los jóvenes y organismos internacionales en desacuerdo con el transcurso de la investigación.
Un mes después, Murillo Karam dimitió y le cedió su puesto como procurador a la senadora del PRI, Arely Gómez González.
Tras la polémica, el ya exprocurador concluyó su vida profesional al frente de la mucho más tranquila Secretaría de Desarrollo Agrario, donde solo permaneció unos meses.
Desde entonces, mantuvo un perfil público bastante bajo. Su nombre solo regresaba a la luz pública gracias a las distintas investigaciones e informes de organismos publicados sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en los años recientes.
El último, el publicado por la Comisión de la Verdad este jueves y que volvió a poner a Murillo Karam sobre la palestra como una de las autoridades presuntamente responsables de “alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad “, culminó con la detención del considerado “arquitecto de la verdad histórica” de Ayotzinapa.
(Tomado de BBC)

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Investigación sobre caso Ayotzinapa determinará responsabilidad de 33 personas, incluidos ex funcionarios públicos

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Foto: La JornadaCon las investigaciones que hasta el momento se tienen del caso Ayotzinapa, hay elementos suficientes para determinar responsabilidades penales contra 33 personas, entre ellas ex funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y militares, sostuvo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Al presentar el informe sobre los avances del caso, precisó que las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) abarcan desde la desaparición de los jóvenes, el 26 y 27 de septiembre de 2014, hasta descubrir “quién construyó la verdad histórica y quién ordenó que ésta se haya implementado”.
Existen elementos suficientes para que la FGR “inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades contra 33 personas que hemos señalado y que están llevadas a cabo en estos momentos las diligencias judiciales correspondientes”.
Bajo el argumento del respeto al debido proceso, Encinas se reservó los nombres de las personas señaladas, aunque precisó que entre ellas no está aún el ex presidente Enrique Peña Nieto.
Se le insistió sobre posibles nombres o cargos de las autoridades locales y federales que estarían siendo investigadas, cuántos elementos del Ejército y la Marina participaron, si en ese listado están además el ex mandatario de Guerrero Ángel Aguirre Rivero y el propio Peña Nieto.
“Es la fiscalía la que tiene que dar la información, pero sí hay personajes de todos los sectores que mencionaste, de Peña Nieto no”, respondió.
–¿Por qué la responsabilidad no abarca al ex presidente Peña Nieto? ¿Lo están protegiendo? –se le preguntó.
–Corresponde a la FGR, con la aportación que hagamos y la que ella misma desarrolle, fincar las responsabilidades a los servidores públicos involucrados. Ése es el mandato que nosotros tenemos, creo que hemos avanzado muchísimo el día de hoy, replicó, citado por La Jornada.
Insistió en que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador está enfocada “en dos objetivos fundamentales, y es la facultad de competencia que el decreto del Presidente me ha mandatado: esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre y buscar el paradero de los muchachos”.
Jesús Murillo Karam era procurador general de la República cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Foto: AFP
Detienen a exfiscal de México por desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa
Solo un día después de que la Comisión de la Verdad concluyera que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fue “un crimen de Estado”, fue detenido el que fuera fiscal de México en aquel momento, Jesús Murillo Karam.
La Fiscalía confirmó en un comunicado que la aprehensión se llevó a cabo “por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso ‘Ayotzinapa’” y que será puesto a disposición judicial. El Gobierno anunció su traslado a una prisión de la capital mexicana.
La Fiscalía también anunció que se libraron otras 83 órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero contra mandos militares y personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por su presunta vinculación con el caso.
Como titular de 2012 a 2015 de la entonces llamada Procuraduría General de la República, Murillo Karam fue máximo responsable de la investigación y principal defensor de la conocida como “verdad histórica”.
Dicha versión apuntaba a que los estudiantes habían sido entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero municipal de Colula, en el estado de Guerrero.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, dijo Murillo Karam al presentar sus conclusiones a inicios de 2015 y popularizando desde entonces dicha denominación para referirse a la versión oficial.
Poco antes, había pronunciado otra de las frases más polémicas que marcarían igualmente su gestión y por la que recibió multitud de críticas y protestas. “Muchas gracias, ya me cansé”, respondió a una pregunta en una conferencia de prensa sobre los avances en la investigación.
Solo tres meses después, Murillo Karam renunció a su cargo.
Tras las múltiples críticas hacia la “verdad histórica” por parte de familiares de las víctimas y organismos internacionales, la Fiscalía descartó en 2020 su validez y solicitó el arresto de 46 exfuncionarios.
La de Murillo Karam es la primera detención de un político de alto nivel por uno de los mayores casos de violaciones de derechos humanos en México del que, tras ocho años, aún no se sabe la verdad.
El paradero de los estudiantes es desconocido y solo los restos de tres de ellos fueron identificados.
Manifestantes marchan en Ciudad de México en septiembre de 2018 exigiendo justicia por la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa. Foto: Reuters.
Padres de los 43 desconocen extremos de imputación contra ex procurador general
De ser “sólido y apegado a derecho”, el proceso que se inicia con la detención del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, podría contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas en la creación de la llamada verdad histórica, señalaron los padres y madres de los jóvenes, a través del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En un breve posicionamiento difundido en redes sociales, el Centro Prodh expuso que los padres y los madres de los estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, “no conocen aún los extremos de la imputación” contra el ex procurador.
Destacó que a los familiares de los normalistas “no les mueve la venganza ni la animadversión personal contra nadie, sino la esperanza de que se sepa la verdad y que ello contribuya a que hechos similares no se repitan”.
Reiteraron que dada la complejidad de la información que se ha generado, con la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, y con la detención de Murillo Karam, una vez que las familias cuenten con todos los elementos y puedan reunirse darán a conocer su postura conjuntamente en los próximos días.
(Con información de La Jornada y BBC Mundo)
Vea además:
Confirmado: Ayotzinapa, crimen de Estado

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Consideran caso de Ayotzinapa como un crimen de Estado

El gobierno de México en un informe con las conclusiones preliminares sobre la desaparición forzada de los 43 alumnos de la escuela normalista de Ayotzinapa, ubicada en el sudoccidental estado de Guerrero, ocurrida en 2014, consideró el caso como un crimen de Estado.
La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano, dijo el subsecretario para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, a los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Según reporta TeleSUR, Encinas precisó que hasta el momento no hay indicio de que los estudiantes se encuentren con vida, por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron ultimados y desaparecidos.
El también presidente de la Comisión de la Verdad indicó que las acciones de los dirigentes y las fuerzas del ejército y el orden, unidas a sus comisiones y participación, permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.
Sin embargo, el funcionario de la Secretaría de Gobernación explicó que se continúa investigando para esclarecer lo sucedido, y hasta el momento se conoce que las autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, pues manipularon hechos y circunstancias para variar el resultado final de las investigaciones.
Por otro lado, el funcionario también refirió que hubo un acercamiento con el exdirector de la Agencia Criminal de Investigaciones, Tomás Zerón de Lucio, de quien se tiene información de que estuvo en la zona del basurero de Cocula, en el estado de Guerrero, donde los jóvenes presuntamente fueron calcinados. Sin embargo, Zerón de Lucio se encuentra en Israel y rechazó cualquier vínculo con el gobierno o las autoridades de la Fiscalía.

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Confirmado: Ayotzinapa, crimen de Estado

La desaparición de los normalistas de Iguala fue un crimen de estado conocido y monitoreado al más alto nivel gubernamental. Foto: Prensa LatinaLa Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en México, confirmó lo que se sabía y se esperaba con tanta ansiedad. La desaparición de los normalistas de Iguala fue un crimen de estado conocido y monitoreado al más alto nivel gubernamental.
Lo que más indigna es que pudo haberse impedido y en todo momento lo que ocurría en la noche del 26 y madrugada del 27 en Iguala fue conocido en tiempo real por las autoridades municipales, estatales y nacionales, y seguido por drones de la Marina como si se tratase de una película.
El informe presentado el jueves 18 de agosto por la comisión que encabeza el subsecretario de gobierno Alejandro Encinas, es tan desgarrador y duro que, aunque se tenía casi certeza de sus detalles, a los familiares les cuesta trabajo digerirlo y anunciaron se tomarán tiempo para presentar su posición.
La información brindada por el funcionario es preliminar, pero concluyente, lo cual significa que cuando se entre en los detalles y se revele paso a paso cómo eliminaron físicamente a los 43 estudiantes, se estremecerán las almas de hasta las personas más insensibles.
Encinas fue muy claro al insistir en que no hay indicios de que estén vivos por lo que la consigna de los familiares “Vivos se los llevaron, vivos queremos que los devuelvan” más que una demanda se convierte en una sentencia, una imposición a los impartidores de justicia, al gobierno y al ejército, de que no haya manos tibias en el castigo.
Los tres niveles del gobierno, la policía y el ejército pudieron impedir la barbarie cometida por el hampa organizada -el cártel Guerreros Unidos- bajo su supervisión, incluidas las estructuras de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De allí el férreo “pacto de silencio” que la comisión ha tenido que ir rompiendo poco a poco.
La meticulosa farsa de La Verdad Histórica, urdida por Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General, hoy prófugo de la justicia y amparado por el gobierno de Israel, confirma la responsabilidad de la administración de Peña Nieto en los hechos.
Encinas aclaró que en las decenas y decenas de personas bajo investigación, no está el exmandatario radicado con sus millones de dólares en España, pero hizo una salvedad importante: “por ahora”, y esa afirmación renueva esperanzas de que se llegará a las raíces del crimen, observaron los familiares.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo el cuidado de entregar a estos el informe de 104 páginas y ocho anexos, antes de darlos a conocer en el propio Palacio Nacional a periodistas.
La recomendación hecha por varios de los asistentes a la presentación del valioso documento es que se publique y distribuya al mundo entero para que la humanidad no solamente conozca esa barbarie, sino que actúe para impedirlas en cualquier lugar del planeta.
Párrafos del informe como el siguiente, avalan una publicación masiva de un informe que es preliminar y que sus autores reconocen apenas como el prolegómeno del asunto:
“Todas las autoridades federales, estatales y municipales estuvieron informadas de la toma de camiones, del traslado de estudiantes a Iguala, de su llegada al Rancho del Cura y a la caseta de Iguala, su arribo a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia de que fueron objeto».
«Las omisiones en las que incurrieron estas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción, omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportunamente, con la información que disponían, se hubiera impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes”.
Con la revisión y análisis de todos los elementos –entre ellos expedientes, registros telefónicos y de mensajería, testimonios, archivos del Ejército y otras corporaciones, videograbaciones, entras otras– “se acredita plenamente la colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno, como los policías municipales de Iguala, Cocula, Huiztuco Tetecuacuilco, con Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”.
¿Por qué lo hicieron? ¿Qué compromisos tan fuertes tenían con Guerreros Unidos y en general con el crimen organizado para semejante barbaridad? ¿Cuál fue la razón de inventar una «verdad histórica», inculpar a gente ajena a los hechos, desaparecer los cuerpos de los jóvenes? ¿Qué altos grados de corrupción los impulsaron? y ¿por qué los partidos políticos que representaban no movieron un dedo para investigar?
Son preguntas formuladas por los familiares quienes esperan respuestas.
(Con información de Prensa Latina)

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López Obrador afirma que este año se sabrá la verdad sobre el caso Ayotzinapa

AMLO en su habitual conferencia de prensa. Foto: Roberto García / La Jornada.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este jueves que ya se tienen “todas las pruebas” que revelarán la verdad sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas para complementar (la investigación), porque acuérdense que es también un proceso judicial: se pueden tener las pruebas, pero hay que certificarlas y validarlas”, dijo el mandatario en su habitual conferencia matutina.
López Obrador recalcó que desde el Gobierno no quieren apresurarse para presentar el informe final, aunque aseguró que este mismo año se conocerá lo que ocurrió aquella noche de septiembre de 2014, cuando miembros de la Policía y del Ejército atacaron a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala.
“Ya tenemos mucho avance, que es una de las demandas incumplidas o de los compromisos que hice, que no he podido cumplir”, admitió el presidente mexicano. No obstante, reiteró: “Este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa”.
Casi 20 000 folios de evidencia
La semana pasada, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, detalló que ese organismo había entregado más de 18 845 folios con evidencia documental sobre el caso Ayotzinapa a los entes investigadores.
Desde su campaña a la presidencia, López Obrador se había comprometido a buscar la verdad sobre lo ocurrido, luego de que se derrumbara la versión oficial que había entregado el Gobierno de su antecesor, Enrique Peña Nieto.
Tanto el caso como la investigación han estado envueltos en numerosos cuestionamientos, no solo por organismos especializados, sino también por los familiares de la víctimas, que han denunciado cuestiones como la manipulación de pruebas, el ocultamiento de evidencia, las presiones para proteger a los responsables y el desdén burocrático.
Derrumbe de la “verdad histórica”
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó de los avances logrados, en un acto en el patio del Palacio Presidencial (2020). Foto: Prensa Latina.
La madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014, los normalistas fueron secuestrados después de una persecución en la que ya se ha comprobado que participaron policías municipales, estatales, federales y el Ejército.
Para cerrar el caso, el Gobierno de Peña Nieto dio a conocer lo que el procurador Jesús Murillo Karam bautizó como “la verdad histórica”, que aseguraba que policías municipales habían secuestrado y entregado a los estudiantes a miembros del Cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron y quemaron en el basurero de Cocula y luego los tiraron en el Río San Juan.
Desde entonces, tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Ayotzinapa como el Equipo Argentino de Antropología Forense desmintieron a las autoridades porque no había evidencia que sustentara esta tesis, que terminó siendo “la mentira histórica”.
En marzo de este año, el GIEI terminó de derrumbar la versión ofrecida por el Gobierno de Peña Nieto al dar a conocer videos que comprueban que las autoridades, incluida elementos de la Marina, manipularon el basurero para hacer creer que ahí habían quemado a los estudiantes.

“Ya sabemos lo que sucedió”, dijo el presidente @lopezobrador_ acerca del caso de Ayotzinapa, lo cual reconoció, es uno de los pendientes en su gobierno, pero aseguró que este año quedará resuelto. pic.twitter.com/Lg0JtlMB5S
— Político MX (@politicomx) June 30, 2022

(Con información de RT)

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México reconstruye hechos sobre crimen de Ayotzinapa

La agencia Prensa Latina (PL) publica que la comisión creada sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ya cuenta con una reconstrucción de hechos totalmente definida y quiénes participaron, reveló el subsecretario mexicano de Gobernación, Alejandro Encina.
Sin embargo, el político aclaró que los cabos sueltos siguen siendo a dónde fueron llevados y advirtió que si termina el sexenio sin esta resolución vamos a decir la verdad, no tenemos nada que ocultar ni fabricar conclusiones.
Encina hizo esas declaraciones al diario La Jornada, al cual reveló que en las indagatorias hechas por Estados Unidos se está dando seguimiento al grupo delictivo involucrado, es decir, Guerreros Unidos.
Explicó que los vecinos están haciendo su propio rumbo de investigación sobre narcotráfico y no tienen ninguna conclusión en lo que se refiere a la desaparición de los muchachos.
Como respuesta a la solicitud formal del presidente Andrés Manuel López Obrador a la vicepresidenta estadunidense Kamala Harris, el gobierno del país vecino entregó un primer paquete que permitió ampliar el expediente.
Encinas reveló que como siguiente paso ya tienen fijados dos puntos en los que harán una intervención importante, lo cual por las condiciones del predio no es una intervención que dure unos cuantos días, sino que va a ser mayor.
Prefirió mantener en reserva los sitios para agilizar las acciones, de las cuales sólo comentó que se realizarán en Iguala y probablemente en el municipio de Eduardo Neri, colindante a Cocula, aclara PL.
Al explicar los avances en los interrogatorios de detenidos que buscan el beneficio del criterio de oportunidad, apuntó que muchos de los hallazgos se han hecho mediante este proceso, y los padres y madres de los estudiantes están de acuerdo con el método, cita Prensa Latina.
No obstante, varios de los detenidos dicen verdades a medias para evitar ser inculpados. Lo atribuyó al pacto de silencio que son pactos de muerte. En el momento que se rompe el compromiso entre grupos delictivos, se pone en riesgo no sólo la integridad física de la persona que colabora, sino de sus familias, señaló.
Por esa causa, desde 2014 a la fecha han muerto o sido ejecutadas 21 personas que intentaron romper el pacto.
Advirtió además que si los detenidos no brindan información que lleve a resultados, no tendrán el beneficio de criterio de oportunidad que les permite reducir, en algunos casos, sus condenas.
En las investigaciones, agregó, ha sido un obstáculo grave la tortura que aplicaron las autoridades anteriores a los interrogados, porque les permitió quedar en libertad.
Debido a ello «los estudiantes fueron objeto de una segunda desaparición», porque se buscó borrar todo rastro o huella de ellos con una verdad histórica que, como lo hemos venido comprobando, no se apegó a la verdad de los hechos.
Recalcó, también, que todos los involucrados serán sancionados, sin importar si son civiles, de cuerpos de seguridad municipal, estatal, federal, o del Ejército.

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Caso Ayotzinapa: Develan mensajes de policías y criminales involucrados en la desaparición de los 43

Una marcha conmemora el 7 ° aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes del colegio Ayotzinapa, en la Ciudad de México, México, el 26 de septiembre de 2021Foto: Gustavo Graf / Reuters.Por instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) difundió la tarde de este viernes la transcripción de dos conversaciones entre policías y criminales que habrían participado en la desaparición de 43 estudiantes normalistas, perpetrada durante la llamada ‘noche de Iguala’, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, en el estado de Guerrero.
En la primera página del documento, que fue entregado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y publicado por la Comisión que reabrió el caso Ayotzinapa, se lee un intercambio de mensajes de texto entre el comandante de la policía municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, y uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, Gilberto, alias ‘Gil’, quien es señalado como responsable de ordenar el secuestro y desaparición de los estudiantes.
En aquella comunicación, con fecha del 26 de septiembre de 2014, el policía informa sobre la detención de unos “ayotzinapos” y, en respuesta, ‘Gil’ le pide que le entregue a los estudiantes en el camino que va a Pueblo Viejo, y añade que ya tiene una “cama para aterrizarlos”.
Después, el comandante comunica que tiene a “17 en una cueva” y que entregará a otros 21 que viajan en un autobús “para que los revienten ustedes”. “Sí, entrégame todos los detenidos”, responde ‘Gil’.
Fosa clandestina
El segundo oficio hace referencia a una supuesta conversación, del 4 de octubre de 2014, entre un individuo llamado Alejandro ‘Cholo’ Palacios y un sujeto identificado como Ramón, quien sería un “posible” policía municipal de Tepecoacuilco.
En el intercambio de mensajes, ‘Cholo’ afirma que encontraron “una fosa clandestina” que habría sido utilizada por ‘Gil’ en Pueblo Viejo. El policía deja saber que al ‘Gil’ le pedían que entregase “a unos 10, como estuvieran, para calmar un poco”.
Posteriormente, el oficial deja entrever que ‘Gil’ está bajo su resguardo y que se lo entregaría.
La difusión de esas conversaciones fue objeto de polémica.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sostuvo que la publicación de tales informaciones podría comprometer el “éxito” de la investigación, actualmente en curso.
Además, la organización hizo hincapié en que el oficio publicado es muestra de que “el Ejército ocultó información desde 2014” y que “siguió administrándola” después que un decreto presidencial, de diciembre de 2018, lo “obligó a entregar a las autoridades civiles todos los elementos que tuviera sobre el particular”.
“Dada la opacidad castrense, no puede descartarse que exista más información en su poder”, señaló el Centro.
Nueva investigación
Con la puesta en marcha de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, el gobierno de López Obrador reabrió la investigación del caso, tras desestimar por múltiples irregularidades la versión construida por la administración de su antecesor, Enrique Peña Nieto.
En ese entonces se afirmó que policías municipales habían entregado a los normalistas a integrantes de Guerreros Unidos, quienes los terminaron matando y quemando en el basurero de Cocula y luego los tiraron en el río San Juan, cosa que más tarde fue comprobada como falsa por el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
A más de siete años de la ‘noche de Iguala’, solo han sido hallados y posteriormente identificados los cuerpos de tres estudiantes. Se trata de Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
En el actual mandato de López Obrador, son ya 49 las personas detenidas por el caso, incluyendo funcionarios federales y locales que se coludieron para desaparecer a los jóvenes estudiantes.
Recientemente, el gobierno mexicano solicitó a Israel la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien fue uno de los operadores de la llamada “verdad histórica” de Peña Nieto.
(Con información de RT en Español)

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Fiscal señala que la verdad histórica de Ayotzinapa se hizo con pruebas fabricadas

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y el fiscal Omar Gómez Trejo ofrecen conferencia sobre el caso Ayotzinapa en la Segob. Foto Guillermo Sologuren.La llamada verdad histórica del Caso Iguala fue construida con pruebas fabricadas, incluso de falsificaron llamadas anónimas; la tortura se utilizó de manera generalizada, se manipuló evidencia para que cuadraran las supuestas investigaciones, y se trató de cerrar la indagatoria en tres días, pero se rompió el silencio de funcionarios, testigos de lo sucedido y algunos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, señalaron durante una conferencia de prensa el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas y el fiscal especial, Omar Gómez Trejo.
El subsecretario indicó que la indagatoria iniciada en 2019, ha obtenido pruebas que permiten avanzar en lo sucedido en Iguala, Guerrero, la noche del 26, como la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y para ello se han realizado peritajes que involucran el análisis de 80 millones de llamadas, y de ellas se ha dado seguimiento a 116 números.
Encinas mencionó también que se ha establecido, la coordinación que existió entre varios grupos de sicarios de Guerreros Unidos con los policías municipales de Iguala, y se ha determinado que no existió ningún vínculo entre los estudiantes y los agresores.
Esto último, se debe recordar, es debido a que en la administración anterior se difundieron versiones que los normalistas pudieron haber sido infiltrados por miembros del Cártel de Los Rojos, un grupo rival de Guerreros Unidos.
Asimismo, el subsecretario de Derechos Humanos, puntualizó que se ha acreditado que hubo presencia de policías municipales de Huitzuco, en los momentos importantes en que se generó la agresión contra los estudiantes.
De igual manera refirió que se han realizado búsquedas en 136 puntos en diversos municipios de Guerrero, entre ellos Tepecoacuilco, Cocula, Iguala y Taxco, y gracias a ello se han obtenido 12 casos en los que se han recuperado restos óseos.
En tanto el fiscal especial, Omar Gómez Trejo, quien depende de la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que de un total 89 órdenes de aprehensión que se han obtenido durante su gestión, 409 ya han sido cumplimentadas, y las 40 pendientes corresponden en 30 casos a hechos ocurridos los dpías 26 y 27 de septiembre, y diez mandamientos másque se relacionan con las irregularidades cometidas en la investigación.
Ambos funcionarios coincidieron que se trató de cerrar la investigación y señalaron que cuentan con “todo el apoyo del Estado” para continuar con la investigación.
Esto, debido a que señalaron que se trata de un asunto de complicidades y ocultamiento de evidencia, y en la que a decir del fiscal Gómez Trejo, las autoridades anteriores trataron “que la responsabilidad recayera en unos policías municipales” y no en toda red de complicidades que “existió entre el grupo delictivo y autoridades de todos los niveles”.
Gómez Trejo resaltó que la llamada verdad histórica se hizo con fabricación de pruebas y actos de tortura, con lo cual “se mintió a la sociedad”.
Respecto a los actos de tortura, se informó que se cuenta con grabaciones aportadas por instituciones federales que acreditan estos hechos durante la investigación realizada en la administración pasada.
(Tomado de La Jornada)

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Fiscalía mexicana investigará a peritos que “manipularon evidencias” en el caso de Ayotzinapa

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó de los avances logrados, en un acto en el patio del Palacio Presidencial. Foto: Prensa Latina.La Fiscalía General de México informó que iniciará una investigación contra los peritos que “manipularon evidencias” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014.
“Hay una investigación propia de la Fiscalía sobre la propia Fiscalía. Próximamente estaremos judicializando a actores que formaban parte de servicios periciales que también manipularon evidencias”, explicó a la prensa Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso.
Desde el municipio de Cocula, en el estado de Guerrero, Gómez Trejo destacó que hubo “un conglomerado de funcionarios públicos que actuaron de manera ilícita, aprovechándose de la posición de la que gozaban y que en función de eso desviaron toda una investigación”.
También afirmó que “hubo testimoniales de personas fueron obtenidos mediante tortura, fueron privadas ilegalmente de la libertad, y fueron aisladas completamente de la protección de la ley”.
Por otro lado, dijo que desde la Fiscalía están trabajando “en la mecánica de la desaparición” para “tener certezas”. “Yo ahorita no les voy a decir, porque forma parte de la investigación, pero en la forma sí recolectaron bolsas en donde vendrían restos y los fueron tirando a lo largo de este camino”, aseveró.
La verdad histórica
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, que en pocos días se cumplen siete años, es una de las historias más estremecedoras de desaparición forzada en México.
Las autoridades de la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) quisieron dar el caso por cerrado con una explicación oficial, que fue bautizada como ‘la verdad histórica’ y que hoy está derrumbada, pues se demostró que la versión sobre Ayotzinapa que el expresidente defendió hasta el fin de su gobierno era falsa.
Esa versión oficial, hoy conocida como “la mentira histórica”, aseguraba que policías municipales habían secuestrado y entregado a los estudiantes a miembros del Cártel Guerreros Unidos, que los terminaron matando y quemando en el basurero de Cocula y luego los tiraron en el Río San Juan, lo que fue desmentido por el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El pasado lunes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México volvió a reiterar su rechazo a la versión del Gobierno de Peña Nieto.
“Es algo que nosotros penalmente estamos persiguiendo. Toda esa manipulación de la evidencia, toda esa recreación de todo ese andamiaje institucional, porque actuaron distintas instancias del Gobierno Federal para poderlo recrear, ha sido una mentira y esos son los procesos de judicialización que estamos siguiendo”, agregó Gómez.
El esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un compromiso de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo mantiene como uno de los casos de derechos humanos prioritarios de su gestión.
Hasta ahora, solo han sido hallados y posteriormente identificados los cuerpos de tres estudiantes. Se trata de Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
(Con información de RT en Español)

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Familia de López Obrador entre los objetivos del programa de espionaje Pegasus

La esposa, hijos y hermanos del mandatario mexicano estuvieron entre las personas seguidas por Pegasus entre 2016 y 2017. (Foto: Tomada de Cubadebate).

Al menos 50 personas cercanas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incluidos su esposa, hijos y hermanos, estuvieron entre los seguidos mediante el programa de espionaje Pegasus, creado por una empresa israelí, que también ha sido usado para espiar a centenares de periodistas, políticos, activistas de derechos humanos y líderes empresariales en todo el mundo.

La esposa, hijos y hermanos del mandatario mexicano estuvieron entre las personas seguidas por Pegasus entre 2016 y 2017, antes de las elecciones en las que AMLO resultó ganador.

Los objetivos en México incluían teléfonos de periodistas, activistas y expertos de derechos humanos que investigaron la desaparición de 43 estudiantes normalistas en 2014 en Guerrero.

La denuncia, publicada en La Jornada, The Guardian, Le Monde, The Washington Post y otros medios de prensa y agencias de noticias internacionales, precisa que, en 2017, Citizen Lab, un grupo de investigadores de la Escuela de Asuntos Globales Munk, de la Universidad de Toronto, reveló que civiles en México habían sido atacados por el software Pegasus, que la firma israelí de espionaje NSO Group solo vende a gobiernos.

Tres antiguos miembros de la famosa unidad 8200 del ejército israelí, especializada en ciberguerra, fundaron NSO. La empresa cuenta con unos 200 empleados, la mayoría de ellos también de los servicios de inteligencia electrónica.

Pegasus es su producto más famoso. El software malicioso se introduce secretamente en un teléfono móvil y secuestra todos sus datos, incluidos correo electrónico, documentos o fotos. Además, este troyano puede activar de forma remota y sin ser detectado el micrófono y las cámaras del teléfono.

El software malicioso se vende, según fuentes de prensa, a 25 000 dólares por teléfono pirateado. Varias víctimas han demandado a la empresa israelí.

Así lo hicieron Facebook y WhatsApp, que aseguran que Pegasus se aprovecha de un fallo en su sistema de mensajería.

NSO Group se defendió declarando que el programa se vende exclusivamente a organismos gubernamentales para luchar contra el terrorismo y las acciones delictivas.

Pero según la investigación de organizaciones y medios de prensa, una lista de 50 000 teléfonos seleccionados por clientes de NSO Group para ser vigilados, incluían los números de al menos 180 periodistas, 600 políticos, más de 80 activistas de derechos humanos y 65 líderes empresariales en varios países del mundo, sobre todo en  India, Marruecos, Arabia Saudí, Togo, Hungría y México.

En México, la Secretaría de la Defensa Nacional y la entonces Procuraduría General de la República fueron clientes de NSO Group durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, precisó The Guardian.

El consorcio de medios de comunicación que ha llevado a cabo la investigación revelará en los próximos días nombres de personalidades de la lista. Sus periodistas se reunieron con algunas de las personas señaladas y recuperaron 67 teléfonos, que fueron sometidos a evaluaciones técnicas en un laboratorio de Amnistía Internacional.

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