HAVANA CLIMA

Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP)

APLP: “Quieren cortarnos las alas, pero vamos a continuar bajo este asedio terrible”

LA HABANA, Cuba. – En el nuevo Código Penal, que debe aprobarse este año, el régimen cubano dispondrá de herramientas legales para reprimir punitivamente a quienes reciban fondos para usos no controlados por la Plaza de la Revolución. Con la ley como brazo represivo, el régimen busca someter a la sociedad civil al más puro estilo de los reyes medievales: cortando los suministros a la fortaleza sitiada.
A la espera de ser aprobado, el Artículo 143 del Anteproyecto de Código Penal es la figura delictiva con la que el Departamento de la Seguridad de Estado (DSI) espera reprimir, aún más, a activistas, periodistas independientes y demás voces contestatarias, quienes pudieran enfrentar hasta 10 años de cárcel si reciben “recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”. 
La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) es uno de los gremios no estatales que “encaja a la perfección” en esta política represiva, según trasladaron oficiales del Departamento de la Seguridad de Estado (DSE) a Julio César Álvarez López, Amarilis Cortina Rey y José Antonio Fornaris, miembros de la organización que a mediados de abril fueron interrogados por el cuerpo represivo.
En entrevista ofrecida a CubaNet, José Antonio Fornaris, quien desde 2006 es presidente de APLP, asevera que en los citatorios fueron amenazados con procesos judiciales por recibir ayuda económica del exterior. Y mientras aún no entra en vigor el nuevo Código Penal, no descarta que puedan sufrir acciones represivas como la de mayo de 2008, cuando la sede de la organización fue asaltada por efectivos del Ministerio del Interior (MININT).
Cuba: El Proyecto de Código Penal es abiertamente estalinista

“El régimen sabe que para sobrevivir tiene que hacer cambios, pero esto ya no se trata de una cuestión de ideología, sino de intereses, y para realizar los cambios primero deben crear las condiciones para que esos intereses no se vean afectados”, comentó Fornaris.  
Según refiere el entrevistado, la ayuda económica del exterior ha sido un factor determinante en el desarrollo logrado en los últimos años por las organizaciones de la sociedad civil cubana y el resto de actores que se oponen al sistema político.
“Lo que pasa es que, sin la ayuda económica del exterior, se limitaría mucho el trabajo de las organizaciones, ellos lo saben. Sin dinero no se puede hacer mucho porque la mayoría de las gestiones requieren gastos. Además, se necesita llevar el plato de comida a la mesa familiar para poder persistir en otras tareas; las personas necesitan tener algo con qué contar. Sobre todo porque el Gobierno se niega a dar empleo a las personas vinculadas a la oposición e impide que puedan desarrollarse como emprendedores”, comenta Fornaris.
Frente a la nueva escalada represiva, considera importante que los organismos internacionales incrementen su apoyo a la sociedad civil. En especial, que exijan al Gobierno de la Isla respetar el acuerdo adoptado por las Asamblea General de las Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1998, del cual Cuba es firmante, y que establece que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos, con el objetivo expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Fornaris asegura no llevar la cuenta de las citaciones, arrestos y días vividos en una celda del régimen, pero apunta que “han sido muchos”. Las nuevas amenazas, afirma, no constituyen una barrera para proseguir en la defensa de las libertades de prensa y opinión.
“Quieren cortarnos las alas, pero no queda de otra: tenemos que continuar bajo este asedio terrible que se nos impone. Al final creo que este tipo de cosas son buena señal, no sucederían si nuestro trabajo pasara desapercibido. Lo que hacemos rinde frutos”, concluye Fornaris.  
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Régimen cubano amenaza a periodistas de APLP con procesos penales

MADRID, España.- Periodistas de la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) fueron amenazados por la Seguridad del Estado cubano con ser implicados en procesos penales cuando aún no se ha aprobado el artículo del Código Penal por el cual el régimen podría condenar a quienes, según sus consideraciones, reciban financiamiento extranjero para apoyar acciones antigubernamentales. 
De acuerdo a Radio Televisión Martí, José Antonio Fornaris, presidente de APLP, fue citado por la policía el pasado 12 de abril; mientras que Amarilis Cortina Rey había sido citada el 9 de abril y Julio César Álvarez posteriormente, el 13 del mismo mes.
Al acudir a la citación recibieron amenazas de represalias legales por recibir ayuda económica del exterior destinada a la asociación, con sede en La Habana. 
De acuerdo a las declaraciones de Fornaris, “la policía política dice que APLP para desarrollar su trabajo recibe financiamiento del extranjero y que eso será penado por la ley muy pronto”, así como les advirtieron de un registro en la sede de la organización y la retención de los medios de trabajo. 
“El objetivo es terminar con la Asociación Pro Libertad de Prensa” y “la prensa independiente cubana”, denunció Fornaris. Además condenó al Gobierno cubano por utilizar “todos los fondos públicos en sus intereses partidistas y de casta”.
“Somos una organización sin fines de lucro que se dedica a velar por los Derechos Humanos y esto es algo que está autorizado, desde diciembre de 1998, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una reunión donde estaba presente, lógicamente, algún representante del gobierno de Cuba y donde se acordó que este tipo de organizaciones podían recibir financiamiento para el desarrollo de su trabajo en favor de los Derechos Humanos”, puntualizó el presidente de la APLP.
En enero de 2022 el Tribunal Supremo Popular de Cuba publicó un anteproyecto del Código Penal que será presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular este mes, que establece que “quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”.
De aprobarse esta legislación, el Gobierno cubano contará con otra herramienta legal represiva.
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APLP reporta agresiones contra 12 periodistas independientes en agosto

MIAMI, Estados Unidos. — Al menos a 12 periodistas independientes fueron víctimas de agresiones por parte del régimen cubano durante el mes de agosto, informó la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP).
Detenciones en la vía pública, interrogatorios, multas y arrestos domiciliarios fueron algunos de los hechos denunciados por más de una decena de reporteros, entre los que se incluyen Vladimir Turró (CubaNet), Yadisley Rodríguez Ramírez (Palenque Visión), Luz Escobar (14ymedio), Yusleidy Romero (ICLEP), Ruhama Fernández (youtuber), Yoel Acosta (Palenque Visión), Iris Mariño, Neife Rigau y Henry Constantín (La Hora de Cuba), Héctor Luis Valdés Cocho (ADN Cuba), Yadisley Rodríguez Ramírez y Geovanis Cepúlveda Martínez (Palenque Visión).´
Especial gravedad revistió el caso de la joven Ruhama Fernández, quien fue arrestada en su propia vivienda sobre el mediodía del 10 de agosto y conducida a la estación policial de Versalles, en Santiago de Cuba.
La detención duró unas 48 horas. En ese período de tiempo, fuerzas de la policía política allanaron la vivienda de la joven, ocupando varios equipos, entre ellos su ordenador personal.
El reporte de la Asociación Pro Libertad de Prensa mencionó los casos de reporteros que se mantienen  bajo asedio o con causas abiertas, como la periodista de Cibercuba, Iliana Hernández, bajo arresto domiciliario desde el pasado 8 de abril; Esteban Rodríguez, periodista de ADNCuba, en prisión desde el 30 de abril acusado de “Desacato” y “Desorden Público”. Rodríguez; Mary Karla Ares, periodista del Instituto Cubano Por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), bajo arresto domiciliario y pendiente de juicio por los presuntos delitos de “Desacato” y “Desorden Público”.
APLP también alertó sobre la situación de Lázaro Yuri Valle Roca, director del medio digital Delibera, en prisión desde el 15 de junio, dos días después su vivienda fue allanada por fuerzas policiales; Camila Acosta, periodista de CubaNet, con medida cautelar de prisión domiciliaria desde el 17 de julio y también pendiente de juicio.
Otro de los casos mencionados fue el del periodista de CubaNet Orelvis Cabrera Sotolongo, residente en Cárdenas, provincia Matanzas. El reportero fue encarcelado por su participación en las manifestaciones ocurridas en la Isla el pasado 11 de julio.
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APLP señala a México y Argentina por apoyar represión castrista contra manifestantes del 11J

MIAMI, Estados Unidos. – La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP), organización que ayuda a fomentar la libertad de expresión y prensa en la Isla, denunció la “intromisión de los presidentes de México, Manuel Andrés López Obrador y de Argentina, Alberto Fernández, en los asuntos internos cubanos y su apoyo a la dictadura comunista”.
En declaraciones ofrecidas a Radio Televisión Martí, Julio Aleaga Pesant, portavoz de la APLP, aseguró que, a diferencia de la posición asumida por actores internacionales como Estados Unidos o la Union Europea, ambos gobernantes han dejado clara su respaldo a la represión desatada por la dictadura durante las manifestaciones que tuvieron lugar el pasado mes de julio.
“Nosotros tomamos nota muy seriamente de las declaraciones del Alto Representante de la política exterior europea, Josep Borrell, donde condena la violencia desatada por la dictadura y, en ese marco internacional, también condenamos cualquier acto de violencia o terrorismo para alcanzar el ‘sagrado Olimpo’ de la libertad de la patria”, explicó Aleaga Pesant.

El vocero también dejó clara “su preocupación permanente por el estado de cosas del país, caracterizado por una violenta ola represiva contra los manifestantes pacíficos del 11 de Julio y la orden de combate dada por el jefe de los comunistas en Cuba”.
En su declaración, Aleaga Pesant reiteró la necesidad de diálogo y negociación para la salida de la crisis económica, social y política del país, y lamentó que el régimen cubano continúe sin reconocer a las fuerzas disidentes en el escenario nacional.
“El gobierno sigue mirando hacia otro lado, en vez de concentrarse en los problemas patrios”, refirió el portavoz de la APLP.
El activista también advirtió sobre la situación que atraviesan cientos de presos políticos y ciudadanos que todavía se mantienen detenidos a la espera de la resolución de sus casos sin que medien garantías judiciales.
“Hay que levantar el velo de secretismo sobre el comportamiento de la epidemia en cárceles, prisiones y unidades militares, sobre todo, luego de los incidentes del 11 de julio, cuando cientos de personas han saturado las prisiones y los calabozos de Cuba”, indicó.
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