HAVANA CLIMA

archipielago

Breve historia de un proyecto doctoral

Luego de terminar mis estudios de maestría, y al asumir como opción personal permanecer en Cuba —aun contemplando cómo mis compañeros de universidad salían al extranjero a estudiar en becas—; he rechazado varias propuestas y decidí iniciar este proceso de formación en la Universidad de La Habana, en la cual me gradué como Licenciado en Historia en el año 2016.
En enero del 2020 discutí mi proyecto de investigación con fines de tesis doctoral, que fue aprobado de modo satisfactorio por el tribunal competente de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana. Para su elaboración había viajado a Italia entre los meses de febrero y abril del 2019, mediante una beca de la Compañía de Jesús. Allí pude acopiar información en el Archivo Secreto Vaticano y en el Archivo Romano de los jesuitas.

En el 2020 viajé también a España, donde permanecí diez meses investigando en los principales fondos documentales existentes sobre el tema. A lo largo de este período, la Universidad de La Habana reformuló su plan de formación doctoral y, como resultado, mi investigación y las de varios colegas quedaron en un limbo docente.
Enterado de esta situación, a lo largo de aquella etapa escribí a la Dra. Leidys Abreu, secretaria del Programa de doctorado, para expresarle mi preocupación por el asunto. La docente respondió en varias ocasiones que mi plaza estaba totalmente asegurada. Este proceso, que para nada interrumpió mi ritmo de investigación, se extendió entre los años 2020 y 2021, período de muchos ajustes docentes a todos los niveles en Cuba producto de la pandemia.

En septiembre del 2021 realicé la matrícula oficial del Doctorado en Ciencias Históricas en la Secretaría Docente de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana. Se me pidió entonces elaborar el plan de trabajo con la tutora y otros aspectos burocráticos.
La última comunicación que recibí por parte de la coordinación del programa de doctorado fue en noviembre del 2021, cuando se me orientó avanzar en el ejercicio final del módulo «Tendencias actuales de la investigación histórica». Después de esta fecha, me mantuve profundizando en mi tema de investigación doctoral, titulado: «La Compañía de Jesús y sus vínculos sociopolíticos con las élites habaneras y santiagueras mediante su espacio colegial (1901-1940)». Ello incluyó el acopio de información en el archivo de la Compañía de Jesús en La Habana y las lecturas encaminadas a la realización de mi ejercicio evaluativo.
A la par de mi labor académica y laboral, y sin menoscabo de ella, he desarrollado una activa participación cívica en la vida pública de la nación, en consonancia con mis derechos fundamentales. Con tal objetivo ejerzo la crítica ciudadana y exijo pacíficamente la democratización de las estructuras de poder en mi país, siempre respetando la otredad y en apego a la ética cristiana que mueve mi vida.
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Comunicación – Plan de Trabajo
Matrícula Doctorado en Historia aspirantes – La Habana
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Por tal razón, la Seguridad del Estado y sus ramificaciones en la Academia Cubana, que debería estar llamada a respetar la diversidad de pensamiento por su apego a las ciencias sociales y humanísticas, han desplegado un grupo de acciones encaminadas a excluir mi presencia en un espacio de formación doctoral al cuál accedí por méritos científicos y en conformidad con derechos ciudadanos. Su evidente intención es presionarme, mediante el acoso, la violencia y el chantaje emocional, con el fin de que un día marche al exilio, como han logrado con otros tantos amigos.
Desde el mes de enero había intentado contactar vía WhatsApp a la Dra.C Leidys Abreu, secretaria del Programa de formación doctoral, pero nunca obtuve respuesta. Ante la inefectividad de esta vía le escribí a sus dos emails e inclusive la llamé al teléfono de su casa, dejándole mensaje de mi intento por localizarla con el fin de enviar el ejercicio del módulo de la asignatura «Tendencias actuales de la investigación histórica»
Finalmente, el día 13 de febrero del 2022, recibí un email de la Dra. Abreu. A instancias de mis requerimientos confirmaba que en un último proceso de selección yo no había sido escogido para el Programa doctoral en Ciencias Históricas. Además, indicaba que concertara una cita con el Dr.C Sergio Guerra Vilaboy, coordinador del Programa.

El miércoles 16 de febrero me dirigí a la Universidad de La Habana para entrevistarme con el profesor Guerra. La entrevista se extendió por aproximadamente cuarenta y cinco minutos. El académico me comunicó dos cuestiones: 1) que la Dr. Yoana Hernández, quien se ocupaba de la tutoría de mi investigación, había renunciado a dicha función, y 2) algo que según él constituía el motivo principal de la decisión: que yo no poseía vinculación laboral en el sector estatal, lo que impedía que cursara estudios doctorales.
Mi respuesta al Dr. Guerra Vilaboy fue argumentar la falsedad de ambas cuestiones: pues en conversación con la Dra. Hernández, el día anterior, me había afirmado que no tenía conocimiento de dicha medida y que se mantenía como mi tutora; le aseguré asimismo al académico que conservaba mi vínculo laboral con la Academia de Ciencias de Cuba, lo que confirmaban los avales extendidos por esa institución para que yo efectuara la matrícula en el Programa de formación doctoral y que constaban archivados en mi expediente como doctorante en la Secretaría de la mencionada facultad de la Universidad.

Durante la conversación, el profesor Guerra expuso los verdaderos motivos de mi expulsión: mis ideas políticas. Según me dijo, le molestó mi exigencia a la revista Alma Mater (aunque alegó no haber visto el documento) de que se visibilizaran los criterios de los egresados de la Universidad de La Habana que estuvieron vinculados al estallido social del 11 de julio del 2021. Estas son algunas notas del intercambio que sostuvimos:
L.F: Profe, lo vengo a ver, porque me dicen que no estoy seleccionado para el doctorado. Y yo defendí el proyecto.
SG: Nosotros empezamos un proyecto de doctorado nuevo, que empezó de cero, pero cometimos el error de empezar a matricular y defender algunos proyectos sin aprobar el programa. A partir de que la rectora lo firma es que comienza el programa. En tu caso hubo dos dificultades: la primera que no teníamos tutor para ti.
LF: Yoana Hernández.
SG: Yoana Hernández no aceptó ser tu tutora, pero el motivo más complejo, es que tú no tenías una institución estatal que te amparará.
LF: Pero profesor, yo sí tengo una institución que me ampare: la Academia de Ciencias de Cuba, y ahí está la documentación en Secretaría Docente. A mí me parece que lo que está sucediendo conmigo, es que por mis ideas políticas se me está separando del programa. Me avergüenza que mis profesores se presten para esto. Porque yo hice la matrícula en la Universidad y aquí está la constancia, firmada por usted., donde dice que mi proyecto es de los más adelantados. Yo lamento mucho que un académico de su calibre se preste para esto, y sepa que voy a exigir hasta donde tenga que ir, porque esto es una injusticia, profesor, porque aquí lo que está sucediendo es que la Seguridad del Estado está obligando a mis profesores.
SG: Perdona, perdona, a mí nadie de la Seguridad del Estado vino a verme.
LF: Pero es lo que estoy viendo. Porque mire los correos que yo recibí firmados por usted, ¡mire! Esto es una injusticia, parece mentira que en una institución de pensamiento se sigan discriminando a las personas. Porque además hay personas en los listados que se encuentran fuera del país con carácter definitivo.
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SG: Cuando comenzamos a revisar el caso tuyo, que ya habíamos aprobado un tutor, dijo que no aceptaba, pero eso no fue lo decisivo. Lo decisivo fue que Secretaría informa que no te podemos aceptar a ti porque no tienes una institución que te ampare y que, por tanto, tú no podías ser matrícula. Y por esa razón no estás en el programa doctoral.
LF: Yo solo le digo que ahí está la documentación, que yo entregué en Secretaría. Porque quien me conoce sabe de lo riguroso que soy con mi trabajo. Entregué el aval firmado por el presidente de la Academia de Ciencias. Le voy a escribir a la rectora, al ministro de Educación Superior y esto se va a saber en su momento. Porque es vergonzoso que la comunidad académica se preste para esto. Detrás de todo, lo que hay son profundos motivos políticos. Aquí tengo las capturas de pantalla de mis conversaciones con Leidy Abreu, donde a mí se me asegura que mi matrícula está garantizada.
SG: Yo no sabía eso.
LF: Estoy muy avergonzado. Porque Leidy Abreu tiene mi teléfono, me podía haber llamado o hubieran visto realmente la documentación que está en Secretaría.
SG: Se revisó.
LF: Pero ¿cuándo? Porque el 21 de septiembre hice la matrícula, a las 9.00 am., y Maira Vistel está de testigo.
SG: Entonces la información que me dieron está equivocada, porque a mí me dijeron que Yoana se había negado.
LF: Ayer hablé con ella. ¿Entonces, a quién creo?
SG: Te digo por la información que me baja Secretaría. Lo otro que te quería decir: a mí en lo personal, lo que no me gustó, que no tiene nada que ver en esta decisión, porque yo no tomé esa decisión; a mí lo que sí no me gustó, y te lo digo porque lo vi, fue un post tuyo en Facebook diciendo que eres estudiante del programa. Si tú quieres dar una opinión puedes darla a título personal, pero no arrastrando el programa contigo.
LF: Se refiere a la carta de Alma Mater.
SG: Yo lo vi en Facebook.
LF: Pero muéstreme el archivo. Yo le escribí una carta a Alma Mater, diciendo que soy estudiante de la Universidad, graduado de la Universidad, porque a mí me golpearon y me tiraron encima de un camión de basura el 11 de julio.
SG: Yo no te he golpeado, yo no te he amenazado.
LF: Pero me está excluyendo de un proceso formativo en el que llevo años trabajando.
SG: Yo no excluyo a nadie, porque a mí la facultad me pasa los listados y en tu caso es lo mismo.
LF: Yo lo invito a que revise mi muro, porque usar un elemento que se publica en mi muro…
SG: Yo soy un poco distraído.
Sergio Guerra Vilaboy
Después de concluido el encuentro con el profesor Guerra Vilaboy, me dirigí a la Secretaría Docente de la Facultad, donde verifiqué que toda la documentación se encontraba en regla. Entre los documentos existentes estaba el aval de mi centro laboral.
Debo precisar además, que al menos tres de los miembros del Consejo Académico del programa doctoral tenían mis contactos telefónicos y emails para contactarme, bastaba una simple llamada.
En el camino de la reclamación
El 17 de febrero, al siguiente día de la entrevista con el doctor Sergio Guerra, dirigí un expediente con todos los documentos que poseo a la Dra.C. Mirian Nicado, rectora de la Universidad de La Habana. Desde esa fecha han transcurrido los sesenta días reglamentarios para recibir respuesta sin que haya tenido contestación alguna. Igual expediente remití al ministro de Educación Superior José Ramón Saborido.
Los motivos para la expulsión del doctorado estaban claros: mis criterios políticos en el espacio público, la participación en la manifestación frente al ICRT el 11 de julio, mi papel como coordinador de la Plataforma Archipiélago y el acompañamiento que realizo a las familias de los presos políticos del 11 de julio.
Como parte del proceso de discriminación política en el ámbito académico, se han empleado contra mí todos los métodos posibles, que incluyen difamar en las redes sobre mi labor investigativa y exponerme en la televisión sin mi consentimiento. El acoso no solo se ha ceñido al plano intelectual, pues ha implicado asimismo siete interrogatorios policiales (desde junio del 2021 hasta la fecha), presiones sobre mi familia que abarcan el acoso sobre mi madre mediante visitas o llamadas de la Seguridad del Estado a su hogar, y el intento de dinamitar la relación con mi padre a través de llamadas anónimas a su celular y acoso en las redes sociales.

De igual modo, he recibido todo tipo de intimidación, que va desde cercos policiales en los bajos de mi edificio hasta amenazas contra mi integridad física por parte de agentes de la Seguridad del Estado en la puerta de mi domicilio a altas horas de la noche; interrogatorios a mi círculo de amigos e inclusive la detención exprés de un vecino en el mes de octubre de 2021. Asimismo, seis meses de prisión domiciliaria por mi participación en los sucesos del 11 de julio.
Este proceso es evidencia de lo vivido por un joven cubano que decide no emigrar y permanece en Cuba, exigiendo la democratización de los poderes públicos del Estado.
Nada importó a los censores y represores académicos el tiempo y esfuerzos que dediqué a mi proyecto doctoral. Lo que he experimentado en estos meses demuestra que en Cuba las posturas políticas y cívicas diferentes al canon dictado por el Partido Comunista son un signo de exclusión para el acceso a la Educación Superior, pues la Universidad sigue siendo para las personas que se abstienen de participar en la vida política de la nación, entiéndase para aquellas que no disienten de las políticas del Estado.
Reconozco, sin embargo, que este derecho que hoy reclamo es un privilegio, pues en las cárceles cubanas permanecen cientos de presos políticos. Por ende, si el costo de mi compromiso social y afectivo con sus familiares, la justicia y mi opción de fe fuera la limitación de este derecho fundamental y constitucionalmente reconocido, lo asumo con entereza, no sin que intente luchar asimismo por el derecho que tengo a cursar estudios doctorales en mi país.

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Algunas lecturas de la crisis cubana

Seis meses después del estallido social de julio de 2021, que fue un parteaguas en la historia reciente, conviene hacer algunas lecturas de la crisis cubana y evaluar el momento actual.
El trayecto de los últimos treinta años ha sido agonizante, en virtud del fracaso del modelo de socialismo real de inspiración soviética y el atrincheramiento de las élites que detentan el poder. Los mejores intentos reformistas han chocado durante décadas con las decisiones políticas en manos de la «nueva clase» que engendró y reproduce tal diseño. Vivimos en una sociedad cada vez más represiva.
Recientemente la historiadora Alina López argumentó las razones económicas y sociales de la crisis extrema y multifactorial que agobia a los cubanos desde antes de la pandemia. Ellas, en conjunto con las sanciones de EE.UU., obviamente empeoraron el escenario 2020-2021. 
A las erráticas políticas del gobierno, que incluyeron nuevas medidas impopulares al calor de un Ordenamiento que en menos de un año fracasó, se suman, entre otras: la carencia de mínimos democráticos; la existencia de nuevas generaciones con intereses y aspiraciones que no encuentran espacio en la sociedad, y la pérdida de confianza de la ciudadanía en el Partido/Gobierno/Estado.   
-I-
Un ciclo de protestas se sucedió entre octubre-noviembre de 2020 y julio de 2021. Sobresalieron: los sucesos de San Isidro y del 27 de noviembre 2020 en el Ministerio de Cultura; los del 27 de enero 2021 frente a la referida institución y los de los días 4 y 30 de abril en San Isidro y Obispo respectivamente. En junio se registraron (1) más de cien en diversos puntos de la Isla. 
Maykel Osorbo, miembro del MSI actualmente preso, en la protesta del 4 de abril de 2021. (Foto: Facebook de MO)
Once días después, miles de cubanos salieron espontáneamente a protestar por sus condiciones de vida y a exigir libertad en más de sesenta lugares del país, incluida la capital. De ellas derivó, en menos de un mes, la plataforma Archipiélago, que propuso e intentó una marcha pacífica en noviembre.
Todas las expresiones de disenso y ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadanía, recibieron por respuesta gubernamental la represión en sus diferentes modalidades. Menciono tres vertientes:  
1. Incremento de la violencia institucional y, desde julio, de la represión preventiva, devenida terror de estado. Sin distingos ideológicos ella se ha dirigido contra individuos y sus redes laborales, vecinales, familiares y de amigos. Las fuerzas represivas actuaron en combinación con instituciones estatales, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial unidos y las organizaciones sociales afines.
2. Incremento de la manipulación política de la ciudadanía por diversas vías para asegurarse apoyo y justificar la represión. Incluyó maniobras populistas y diseño e implementación/renovación de estrategias y métodos de control social y comunitario en todo el país.
3. Incremento de la criminalización del disenso y reforzamiento del blindaje del Partido/Gobierno/Estado. A modo de ejemplos: Decretos leyes (2) 349 (2018), 370 (2019) y 35 (2021); nueva Constitución (2019) más al servicio del gobierno que de la ciudadanía; violaciones del calendario legislativo (3) en perjuicio de intereses de la ciudadanía y solución de conflictos y la preocupante reforma de la Ley de Procedimiento Penal (4). 

-II-
A modo de balance preliminar propongo tomar en cuenta los siguientes elementos y evaluar el momento en que vivimos.
1. El contexto sociopolítico ha variado sustancialmente. El gobierno se impone por la fuerza y la manipulación, pero sus bases continúan fracturándose. La ciudadanía ha ganado en conciencia cívica y la sociedad civil independiente atraviesa un reflujo pero se reinventa ante la emergencia de los presos políticos. De ahí la presencia de protestas micro-localizadas, no masivas; de la «no cooperación» y las nuevas redes informales.
2. El gobierno se ha mostrado no dialogante, sin lente político ni capacidad negociadora. Es un régimen post-totalitario y dictatorial y autocrático. El supuesto éxito por ahogar las protestas y prácticamente desmantelar dentro del país tres iniciativas cívicas cuando casi nacían —Movimiento San Isidro (MSI), 27N y Archipiélago—, son victorias pírricas; el costo político fue altísimo.
3. A pesar de la romántica visión de EcuRed, las principales organizaciones de la «sociedad civil socialista» —CTC, FMC y CDR, por ejemplo— reafirmaron la distancia entre sus cúpulas y las bases. Se ratificaron como servidoras del Partido/Gobierno/Estado para controlar y reprimir a los ciudadanos. También la prensa se confirmó como vocera del gobierno.
4. El espectro de corrientes de pensamiento y opciones políticas al interior del país, que examiné en marzo de 2021, se ha expandido, complejizado y en cierta medida radicalizado. Es algo a evaluar en este nuevo contexto, donde parece ampliarse una zona de silencio y un corrimiento de posturas reformistas a rupturistas.  
5. La emigración, que ya era casi el 20% de la población del país, es hoy un actor más vigoroso. Muchos cubanos en diversos contextos se movilizaron, acompañan lo que ocurre en Cuba y generan iniciativas de apoyo a los que disientenen la Isla.
6. El Gobierno perdió también legitimidad fuera de Cuba, donde ya se conoce mejor la realidad cubana. Por primera vez diversas fuerzas políticas, gobiernos, actores de la sociedad civil de otros países y regionales/globales, así como de organismos internacionales, condenaron la represión y se solidarizan con la ciudadanía.
-III-
Un proyecto nacional se sostiene por su capacidad de generar alternativas y articular consensos. El caso cubano es la variante torcida y fallida del socialismo. Combina autoritarismo político e inviabilidad económica y apela a la resistencia de las mayorías basada en la legitimación ideológica del modelo. Es intolerante al pluralismo político, la democracia y la soberanía popular. Para reprimirlos es capaz de escalar a niveles insospechados, como se ha visto durante estos meses.
(Foto: Yamil Lage/AFP)
El problema de Cuba no es ideológico, es del poder de la nueva clase que ha secuestrado la soberanía popular. Hoy somos un país donde se expande la pobreza e imperan la represión y la indefensión ciudadana.  
Tal realidad presenta desafíos enormes a la sociedad civil cubana, al Partido/Estado/Gobierno y en definitiva, a los destinos del país. De acuerdo con Erich Fromm, uno de los más importantes psicólogos y sociólogos del siglo XX: «la libertad y la capacidad de desobediencia son inseparables; de ahí que cualquier sistema social, político y religioso que proclame la libertad pero reprima la desobediencia, no puede ser sincero (…) el acto de desobediencia, como el acto de libertad, es el comienzo de la razón».
Para contactar con la autora: ivettegarciagonzalez@gmail.com 
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1. El Observatorio Cubano de Conflictos, que realiza un monitoreo de las protestas desde septiembre del 2020, dejó constancia de su permanente incremento hasta llegar a julio. 
2. El Decreto Ley 349, sobre «Contravenciones de las Regulaciones en Materia de Política Cultural y Sobre la Prestación de Servicios Artísticos», se publicó en la Gaceta Oficial No. 35 Extraordinaria de 2018. Al año siguiente saldría el libro El Arte bajo Presión. EL DECRETO 349 RESTRINGE LA LIBERTAD DE CREACIÓN EN CUBA, publicado por PEN América. El Decreto ley 370 “SOBRE LA INFORMATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD EN CUBA”, publicado en la Gaceta Oficial No. 45 Ordinaria de 4 de julio de 2019.
Poco más de un mes después de las protestas de julio, se aprobó ese decreto bajo el título  «De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico», en la Gaceta Oficial No. 92 Ordinaria de 17 de agosto de 2021, que también provocó reacciones en la sociedad civil independiente y muchos ciudadanos.
3. Respecto al calendario legislativo pueden consultarse el balance y actualización publicado en Granma en enero de 2021 —«Publica la Asamblea Nacional de Cuba la actualización del cronograma legislativo»— y lo difundido por la Agencia Cubana de Noticias (ACN) —Actualizan sobre cumplimiento del Cronograma Legislativo en el 2021.
4. En particular el artículo 143 —«Otros actos contra la Seguridad del Estado»—, harto preocupante para el ejercicio de derechos fundamentales. 

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Análisis de la represión y la tortura en Cuba a propósito del 15N

La prohibición de la tortura es una norma que goza de carácter universal y obligatorio en el campo del derecho internacional. Una norma de ius cogens, especie de roca jurídica. Si bien es cierto que cada estado es libre de aplicar las medidas que considere necesarias, el concepto de tortura, en el derecho internacional es altamente condenable.
Su verdadero carácter vinculante es como observación a la conducta dentro de los crímenes internacionales. En el Estatuto de Roma, firmado en 1998, se establecen una serie de procedimientos, condenas y observaciones para evitar estos crímenes contra la humanidad, haciendo especial énfasis en la tortura. Aun así, Cuba no es signataria, y no hay forma de hacer ejecutiva la sanción en caso de ser condenada.
No obstante, en innumerables ocasiones el gobierno cubano ha firmado tratados y declaraciones que prohíben y condenan cualquier forma de tortura, por ende ningún argumento —dígase de «necesidad histórica o política», de costumbres locales, de guerra o de peligro a la estabilidad de un país— puede  amparar tal práctica.

La violencia de estado y la tortura son temas difíciles de aceptar para buena parte de la población cubana. Cuando se le habla a alguien de tortura, puede que la primera reacción sea de incredulidad.  La imagen repetida de un gobierno sin manchas funciona para normalizar, en nombre de ideales políticos, actos de extrema gravedad por parte de órganos estatales.
Probablemente la representación social más común acerca de la tortura sea concebirla únicamente como un acto contra la integridad física de una persona en un contexto de guerra. Sin embargo, su definición reconoce claramente la tortura psicológica, donde el daño se inflige con carácter generalizado o sistemático, no solo sobre el cuerpo sino también sobre la integridad psíquica, la dignidad de la persona o sobre sectores poblacionales.
(Imagen: Amnistía Internacional)
Cuando alguien desmiente a una víctima de tortura física o psicológica, está simplemente reinscribiendo la indefensión a la que ha sido sometida. El verdugo se multiplica con cada individuo que refuta la terrible experiencia, es decir, se instaura una re-victimización.
La definición legal se cita del artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (TCID):

«Para efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan  a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal,  como  medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva,  como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor  físico o angustia psíquica».(1)

La distinción contemporánea entre tortura y TCID puede verse a continuación, tomada de una tabla del texto de Pau Pérez Sales: La Tortura Psicológica, Definición, Evaluación y Medidas. (2)
Trato degradante: Trato que humilla manifiestamente a una persona o la impulsa a actuar en contra de su voluntad o su conciencia.
Trato cruel y/o inhumano: Trato que provoca deliberadamente sufrimiento físico o mental.
Tortura: Trato que provoca deliberadamente un sufrimiento (grave) físico o mental con el propósito de obtener información o confesiones o infligir un castigo o cualquier otra razón basada en la discriminación.
Si observamos la situación histórica de los presos políticos después de 1959 a través de esta definición, es evidente el secreto a voces de la sistemática participación, directa o indirecta, de miembros del MININT, el Departamento de Seguridad del Estado, la Contrainteligencia y sus colaboradores en actos de tortura.

Situación alrededor del 15N
En el trabajo de la Comisión de Protección a los Manifestantes del 15N se pudo apreciar el despliegue de una violencia de estado, ella existe hace ya tiempo en Cuba, pero esta vez se visibilizó gracias al Internet y las redes sociales. El artículo de la profesora Ivette González: «El Dilema de Ser y Parecer en Cuba», publicado el 23 de diciembre pasado en LJC, resumió claramente el resultado del monitoreo de la represión en aquel momento.
Debido al uso excesivo de la fuerza, golpizas y vejaciones, amenazas, destierros, arreglos oscuros para sacar del país a personas «indeseadas», aislamiento social, secuestros, actos de repudio, difamación e intimidación con imponer penas severas a los manifestantes del 11J; vale decir que el gobierno cubano ostentó una violencia de estado in crescendo en muy pocas semanas.
Entre octubre y noviembre del año pasado, la dinámica represiva puesta en marcha por el estado resultó similar al tratamiento individual que se da a cualquier preso político desde hace varias décadas en cárceles cubanas.  
Tomando en consideración el informe del Directorio Democrático Cubano en el 2008 y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el periodo 2017-2019, (3)  vemos que el «saber hacer» repetitivo y sistemático por parte de los órganos de la Seguridad del Estado simplemente se amplificó. Es decir, pasó de aplicarse a individuos y pequeños grupos opositores, a la comunidad en general, simpatizante o no con los opositores o activistas de derechos civiles.
La represión alrededor del 15N comenzó con el acoso. Ya esto era visto en las redes sociales en torno al Movimiento San Isidro. Sin embargo, el número de personas acosadas se intensificó. La Policía Nacional Revolucionaria entregaba citaciones sin respetar las convenciones legales. Los activistas y cada firmante de la manifestación del 15 de noviembre fueron interrogados, algunos a repetición y por varias horas.
(Foto: ADN Cuba)
Iniciaron así una serie de actos repetidos, con la función de debilitamiento inducido; tanto para los activistas individualmente como para sus familias. Se tuvo la intención de quebrar la integridad subjetiva de la persona utilizando un ritmo recurrente de intimidación, no dejando tiempo a que los acosados crearan defensas psíquicas, y quedaran emocionalmente débiles.
Las amenazas acompañaron muchos de  los interrogatorios. Ellas fueron de dos tipos: explícitas y de orden personal; casi siempre anónimas. Por ejemplo, llamadas telefónicas de contenido ofensivo o con amenazas de muerte hacia la persona o hacia algún miembro de su familia. Y, por otro lado, amenazas veladas o implícitas esgrimiendo el código penal vigente. Acá hablamos del peligro de ser acusado de un delito grave, que podría ser común o político; como la sedición.
Un dato interesante es que las mujeres fueron más acosadas que amenazadas, mientras los hombres fueron amenazados con más frecuencia.
En estos casos la ley fue instrumentalizada en función del control social. Se demostró que ella no sirve a la justicia sino al aparato represor. Tanto las instituciones penales como los cuerpos de seguridad están diseñados para torturar a las personas que son sus objetivos, ya sea con fines de obtener una confesión, castigar, hostigar o reprimir. A la luz de los últimos eventos, se impone un movimiento de educación de la sociedad civil en asuntos jurídicos. Es necesario mostrar las ambigüedades legales de las que se sirve la Seguridad del Estado.
Se ha corroborado la preocupación que varios informes de derechos humanos han expuesto: se están utilizando figuras penales con fines represivos, sea para proteger el honor de funcionarios del gobierno, por lo que se ataca, difama y silencia la crítica escrita o verbal hacia algún funcionario público; o para satanizar cualquier manifestación artística que represente una amenaza al ideal simbólico del estado cubano.
Hemos sido testigos del despido de varios trabajadores y de la presión sobre dueños de alquileres para que echen de ellos a los activistas. O sea, una persona que se opone o disiente a la política oficial en Cuba, es vulnerable al negársele el acceso a necesidades básicas como techo y trabajo.
Aun siendo difícil encontrar una frontera clara entre tortura y TCID, pudimos constatar la preferencia por ciertas técnicas que mellaron la integridad psíquica de los disidentes en Cuba. Los actos represivos indujeron una combinación de miedo e intimidación, vergüenza y culpa. Provocar estos estados afectivos, facilita el control del individuo y su red social. Neutraliza el acceso a la palabra, a la participación social de un individuo y crea un daño perdurable.
Ya instalado el miedo, un sentimiento social como la vergüenza viene a desempeñar su efectividad represiva. Los testimonios hablan de desnudez impuesta y posteriormente de comentarios sexuales y denigrantes que recibieron por parte de la policía. Otros ejemplos al respecto preferimos no mostrarlos en este artículo, para proteger la dignidad e identidad de algunas fuentes.  
Los fusilamientos mediáticos, la difamación, la manipulación de conversaciones grabadas y la exposición torpe de un agente —galeno no muy ético—, intentaron crear estados de opinión negativos sobre el activismo con el fin de justificar los abusos e ilegalidades después de las protestas del 11J y la aparición de la plataforma Archipiélago, con su convocatoria al 15N.

Difamar también es una manera de aislar a una persona del resto de la comunidad desde el miedo y la vergüenza. Que alguien sea visto como un enemigo lo vulnerabiliza enormemente. Está expuesto a ser víctima de violencia impune, ya que la imagen de maldad construida facilita ser objeto de violencia justiciera.
Es necesario insistir en que los actos de repudio son también una manera de aislar, atemorizar y avergonzar; no solo al individuo sino a la comunidad. Familias de activistas, donde incluso había niños, fueron víctimas de ellos a medida que se acercaba el 15N. Todos conocemos que esos mítines son denigrantes e injustificables. Inducir desde el poder la violencia entre ciudadanos es repulsivo, pero las personas que aceptan formar parte de tales acciones deben ser conscientes del delito nacional e internacional en que incurren.
Diferenciar represión y tortura requiere de una investigación más profunda, dada la línea sutil que las separa. En un estado totalitario estos actos se normalizan. Es por eso que para comenzar a dilucidar este entramado de violaciones debemos comenzar por reconocerlas y denunciarlas.  
Después del MSI, el 27N, el 11J y el 15N, los cubanos hemos comenzado a adquirir  una consciencia más generalizada sobre la necesidad de un cambio en tal sentido. Tanto los residentes en la Isla, como los de la diáspora, han aumentado las denuncias, sea en instancias legales como en redes sociales.
Impacto de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes
Además de los problemas médicos que pueden ocasionar estos actos, por ejemplo, al estar horas en posiciones incómodas, porque se niegue o demore asistencia médica a un detenido o a un recluso, o por el uso de esposas en brazos y piernas, las llamadas Shakiras; aquí enumeramos algunas de las consecuencias psicológicas resultantes de haber experimentado tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes para el individuo, la familia y la comunidad.
Como experiencia límite, la tortura implica una cascada de acontecimientos donde el individuo experimenta una desprotección casi absoluta, sin posibilidad de defenderse o de huir. La tortura psicológica tiene la intención de dejar marcas invalidantes en las personas, mucho más duraderas que las que quedarían físicamente en el cuerpo. Uno de sus objetivos es crear la sensación de imposibilidad de escape, de sumisión absoluta al verdugo.
Este tipo de relación, que encontramos multiplicada en cada denuncia, puede provocar angustia, acompañada, como sucede frecuentemente, de ideas suicidas. En casi todas las «intervenciones» de los agentes de Seguridad del Estado, encontramos primero la intención de mostrarle a la persona que no tiene otra opción que hacer y decir lo que el estado exige. Implantar la idea de omnipotencia y omnisciencia del estado, facilita el camino para la vivencia de desprotección absoluta, miedo generalizado paranoico en la subjetividad social de los cubanos.
Una parte importante de los suicidios se produce para defenderse y deshacerse de la angustia que trae vivir una situación sin salida. Suicidio como límite al exceso de violencia o de sufrimiento, o como vía ilusoria de que se tiene control al menos de la propia vida.

No puedo dejar de mencionar mi preocupación por el aumento de las huelgas de hambre como forma de lucha política. No logro percibirlas tanto como un acto heroico sino como una salida, producto del trato abusivo por parte de las autoridades, y no creo necesario estimularlas, sino encontrar creativamente otras maneras de denuncia y participación política.  
Por supuesto, la tortura es un evento traumático, incluso para algunos de los que la ocasionan. Los efectos en el individuo implican síntomas de despersonalización, depresión, ansiedad, los llamados flashbacks donde a partir de un estimulo conexo a la experiencia de tortura, la persona vuelve a experimentar todas las sensaciones y peligro a que estaba expuesto. Esto trae dificultades para retomar el estatus y las funciones sociales que tenia antes de los sucesos.
Estas personas pueden portar durante años un daño importante en la percepción de sí mismas; como si quedaran fijadas al abuso. Por tanto, o se esconden por vergüenza o hiper-reaccionan a cualquier tensión o frustración con comportamientos agresivos o ataques de pánico. Hablamos de daños perdurables que pueden aparecer a corto, mediano o largo plazo, donde se experimentan con intensidad afectos como:
– Miedo inespecífico. Una sensación de peligro perenne.
– Certeza de culpabilidad. Un ejemplo lo tenemos en los sentimientos de culpa que experimentan algunos activistas cuando saben o se les amenaza con que la SE puede acosar e intimidar sus familiares.
– Vergüenza. Sentimiento que provoca inhibición social.
Los tres embisten agresivamente una relación sana de las personas consigo mismas, dejándolas a ellas y a sus familias presas en relaciones patológicas. Menos aptas para gozar de su condición social y su participación política.
En la familia, el sufrimiento de uno de sus miembros fragiliza al resto de ella y a los amigos cercanos. El estrés, el miedo y la ansiedad circulan incluso en los niños. Como se conoce, los bebés perciben el sufrimiento de la madre o del que cuida.
La tortura puede cambiar la calidad de los roles dentro de la familia, como la dificultad en la capacidad de proteger a los hijos u otros miembros, la capacidad de amar y sentirse amado. Por otro lado, se pueden crear nuevas alianzas que buscan reorganizar la familia, restablecer el orden que existía, reparar sus relaciones. En esta última ola represiva, las familias cubanas han sufrido mucho. Ha sido una institución vulnerable durante años, por la emigración y la prioridad dada a valores ideológicos y políticos respecto a los familiares.
Como lo nombra el Protocolo de Estambul, cuando se deshumaniza y quiebra la voluntad de una persona, el torturador aterroriza también a cualquiera que se ponga en contacto con la víctima. De esta manera, se puede dañar comunidades enteras. Los actos de repudio son un vergonzoso ejemplo. Los juicios de las últimas semanas también son utilizados como escarmiento a quien en el futuro ose desafiar al gobierno.
Se impone insistir en la importancia de la denuncia, en no callar. El silencio es directamente proporcional a la violencia de estado y su duración. Es de suma importancia reconocer y denunciar estos actos, ya que las consecuencias psicosociales para el país son funestas y ya están entre nosotros. Aceptar con familiaridad acrítica la transmisión de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en una sociedad es abrir el camino a su autodestrucción.
***
1. Cursivas por el autor del artículo.
2. Pau Pérez Sales: Tortura psicológica. Definición, evaluación y medidas, Editorial Desclee de Brouwer S.A. 2016.
3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos OEA OEA /Ser.L/V/II. Doc. 2.  3 febrero  2020 Original:  español.

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Cuarto trimestre de 2021: deportistas a escape, la marcha que no fue y aplausos de la ANPP en un gris fin de año

Octubre inició el cuarto trimestre de 2021 con memes. Si en mayo Cesar Prieto estableció récord de velocidad en su histórica fuga del Equipo Cuba, los muchachos del sub 23 marcaron hito por la masividad de su partida. La mitad de la representación cubana en tierra azteca para el Mundial de dicha categoría —doce jugadores— no regresó a la Isla. La noticia, a pesar de tener un trasfondo poco jocoso, acaparó titulares y fue blanco de burlas durante días.
Pero la chanza duró poco. A la espera de la «Marcha Cívica por el Cambio» convocada por la plataforma Archipiélago, octubre fue un mes oscuro para activistas, periodistas, intelectuales y artistas cubanos. En un intento desesperado por impedir la manifestación, la Seguridad de Estado citó, detuvo y amenazó a todo aquel que considerase simpatizante.
Durante semanas, las citaciones a interrogatorios fueron comunes y pulularon las denuncias en las redes. También hubo llamados de atención y alerta en los centros laborales. Dos de los coordinadores de Archipiélago, el ingeniero químico David Martínez Espinosa y el doctor Manuel Guerra, fueron expulsados de sus empleos, claras muestras de discriminación laboral por motivos políticos.
Las campañas mediáticas de descrédito se tornaron habituales. Varios espacios de la televisión nacional se enfocaron en satanizar a los organizadores de la marcha. Incluso llegaron a «quemar» a uno de sus agentes en el intento de probar el supuesto entrenamiento recibido por Yunior García Aguilera para generar un cambio de régimen en Cuba.

En noviembre, en vísperas de la marcha, artistas, activistas y miembros de la sociedad civil reportaron acoso y represión por parte de la SE. La decisión de García Aguilera de caminar en solitario el 14 como «un acto de responsabilidad» fue impedido, y su domicilio estuvo rodeado durante toda la jornada.
«La calle donde vive Yunior García Aguilera ha sido cerrada. La policía cubana ha rodeado su bloque y un grupo de hombres acaba de colgar una gran bandera sobre su ventana», indicó en Twitter el corresponsal de CNN en La Habana, Patrick Oppmann. La imagen del dramaturgo ofreciendo una rosa por la ventana quedó como representación de lo ocurrido.

The street where Yunior García Aguilera lives has been closed off. Cuban police have surrounded his block and a group of men just hung a large flag over his window. He said earlier he would march by himself today but not clear if he will be allowed to leave. pic.twitter.com/CFvEUxroBl
— Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) November 14, 2021

El propio día 15, ciudadanos vinculados a Archipiélago o identificados como opositores al gobierno amanecieron con sus viviendas rodeadas por policías y agentes. De esta forma se impedía su participación en la marcha, que fue desarticulada por medio de la intimidación.
Aunque no se produjeron manifestaciones importantes, sí se reportaron actos individuales de protesta. El descontento quedó principalmente recogido en las redes sociales, donde simpatizantes compartieron imágenes vestidos de blanco, portando rosas o con sábanas colgadas en lugares visibles de sus viviendas.   
El 17 de noviembre, de forma sorpresiva y después de estar desaparecido por varias horas, Yunior García, fundador y principal figura de Archipiélago, llegó a España. La noticia impactó a muchos y dio paso a no pocas interpretaciones. Para algunos, el dramaturgo había traicionado no solo la causa que inició, sino también a quienes confiaron en su liderazgo. Para otros, fue una ficha movida por el gobierno y la SE para canalizar el descontento popular. Algunos más, entendieron su decisión personal de retirarse ante una situación que lo superó.
Lo cierto es que su partida lo dejó sin el capital político que había ganado y desarticuló Archipiélago, que de a poco fue perdiendo a otros de sus coordinadores.
Ante las tensiones y descontentos, el poder recurrió a una vieja táctica. El 22 de noviembre Nicaragua anunció que eliminaría la visa necesaria para que los cubanos entraran a aquel país. La decisión del gobierno de Daniel Ortega se debía, según nota del Ministerio de Gobernación, a «la cantidad de solicitudes de hermanos ciudadanos cubanos con familiares en Nicaragua» y para promover el intercambio comercial, el turismo y la «relación familiar humanitaria».
Desde el anuncio, cientos de cubanos depositaron esperanzas y ahorros en los boletos de avión hacia la nación sandinista. La válvula de escape se abrió nuevamente en un país donde la emigración deviene forma de prosperidad económica y libertad individual.
Casi para cerrar el año, el reportaje «Cinco denuncias de abusos sexuales contra Fernando Bécquer», publicado en El Estornudo, lanzó una especie de #MeToo insular. Al conocerse de los abusos del trovador, mujeres de dentro y fuera de Cuba decidieron compartir sus experiencias y colocaron en la palestra pública un tema harto sensible.
Fernando Bécquer (Foto: Facebook)
Al mismo tiempo, se evidenció la necesidad de una Ley Integral contra la Violencia de Género, que ha sido exigida por feministas durante años, debido a la ausencia de una legislación que defienda a las mujeres de los diferentes tipos de maltrato a que pueden ser sometidas.
En el mes de diciembre se efectuó el octavo período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el cual fue analizado el comportamiento de la economía durante 2021 y se debatieron cuatro proyectos de leyes, entre ellos el Código de Familia que debe refrendarse en 2022.
Nuevamente quedaron sin habilitación legal el derecho a manifestación o el establecimiento de un tribunal constitucional para la protección de los derechos ciudadanos. Marino Murillo, la cabeza más visible de la «Tarea Ordenamiento», fue movido a otras funciones. La Asamblea Nacional no cuestionó su informe e incluso lo despidió con un fuerte e inexplicable aplauso.
Cada día de diciembre son conocidas por la opinión pública, mediante las redes sociales, nuevas condenas de prisión a los manifestantes del 11-J. Muchos hogares no tendrán motivos ni medios de celebración en este fin de año gris y triste para cubanas y cubanos.

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El dilema de ser y parecer en Cuba

La relación entre ser y parecer, en política, es un dilema que puede devenir conflicto de alto costo. En Cuba invade todos los ámbitos porque el gobierno, desde hace años, opta por «parecer». Eso explica ciertas reacciones a mi texto anterior sobre el terrorismo de Estado en la Isla y me impulsa a socializar una experiencia reciente.
Es que, como expresé luego del 11-J, los cubanos tenemos que hablar más claro, denunciar y demostrar lo que ocurre. Desde esa fecha, la represión ha aumentado hasta llegar a convertirse en una política de terror.
A pesar de los cientos de detenidos, maltratados y encarcelados a raíz del estallido social, pronto surgió una nueva iniciativa cívica —Archipiélago— y un intento de marcha pacífica para noviembre. Era un desafío para el Partido/Gobierno/Estado, para el pueblo y los jóvenes promotores.
Estos enfrentamientos también han confirmado que la clase política impulsó la Constitución de 2019 para blindarse a sí misma, no para establecer un marco capaz de proteger derechos ciudadanos. De ahí la escalada de violencia en total impunidad.
-I-
La imposibilidad de funcionar normalmente dentro del país, obligó a Archipiélago a constituir en octubre una Comisión de Apoyo a los Manifestantes 15N (aunque finalmente debió cambiarse para el día 20), que fue a la vez su representación en el exterior. Su primer objetivo fue sensibilizar a la comunidad internacional con lo que ocurría en Cuba, para que esta conminara al gobierno a cesar la represión y evitar que se reprodujera en mayor grado lo ocurrido en julio.
La misma funcionó hasta el 20 de noviembre y estuvo integrada por profesionales cubanos residentes y/o de tránsito en varios países, además de una red de apoyo de igual origen. Realizó un monitoreo de la represión en la Isla contrastando fuentes y en base a denuncias de los ciudadanos con evidencias, rastreo en las redes sociales y medios independientes.  
Entre el 24 de octubre y el cierre se elaboraron seis informes, que fueron enviados a medios cubanos independientes e internacionales, fuerzas políticas en diversas naciones, organizaciones de la sociedad civil internacional y organismos multilaterales.
Cada denuncia incluía evidencias de violaciones a los derechos fundamentales contra personas de todas las edades, especialmente jóvenes. Y solo era parte de lo que ocurría; muchos temían denunciar y otros lo hacían pidiendo discreción.
-II-
Los informes incluyeron valoración del contexto e implicaciones nacionales e internacionales. En el primero, del 25 de octubre al 6 de noviembre, se registraron dieciséis prácticas represivas y disímiles violaciones en las denuncias, provenientes de casi todas las provincias del país.
Ellas fueron:

Despidos laborales.
Amedrentamiento de personas para que no se sumaran a Archipiélago o la marcha.
Exigencia de firmas bajo compromisos de no involucramiento en la marcha, so pena de represión.
Amenazas con: despido laboral, publicar detalles de la vida íntima de las personas, encauzarlas por delitos comunes, la muerte (velada o abierta) si participaba en la marcha, largas condenas de prisión, a familiares y vigilancia laboral e investigación.
Persecución por posicionamientos críticos o por dar un «me gusta» en las redes.
Vigilancia policial o de la Seguridad del Estado frente a las viviendas.
Imposición de reclusión domiciliaria sin causa formada.
Detenciones arbitrarias.
Vigilancia e investigación sobre familias y amistades de personas involucradas en la marcha pacífica, o que se sospechaba lo estaban.
Mítines de repudio.
Compulsión en los interrogatorios para servir de informantes a la Seguridad del Estado.
Interrupción de los servicios de internet.
Secuestros, a veces con encapuchamiento y combinados con detenciones arbitrarias y conducción a locales no policiales.
Campañas de difamación y criminalización de líderes de la marcha pacífica a través de los medios oficiales.
Acoso a las familias de quienes se vincularon con la organización de la marcha pacífica o se conocía que pensaban participar.
Imposición de multas reiteradas e injustificadas como forma de hostigamiento.

Dichos métodos se implementaron contra ciudadanos firmantes de cartas de apoyo a la marcha, figuras principales de Archipiélago, e incluso contra disidentes y miembros de la oposición tradicional no vinculados con los promotores de la iniciativa cívica. También hacia jóvenes universitarios, periodistas independientes, figuras eclesiásticas, miembros de organizaciones de la sociedad civil independiente, etc.
Como se expresó entonces, tales prácticas «tienen consecuencias nocivas para la condición humana. Implican daño físico y moral, psíquico, (…) para el proyecto de vida personal y familiar». Hubo jóvenes expulsados de sus hogares, familias impedidas de continuar viviendo juntas y padres acosados que decidieron dejar protegidos a sus hijos con otros para huir de la represión.
Según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, actuaciones como las descritas constituyen violaciones de los derechos humanos y califican en no pocos casos como formas de tortura y/o creación de condiciones favorables a ella. También vulneran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual, como de la anterior, Cuba es firmante.
A cargo de esas actuaciones estuvieron el Ministerio del Interior (MININT) —Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y Órganos de la Seguridad del Estado (OSE)— y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en particular con jóvenes del Servicio Militar Obligatorio (SMO); así como las direcciones de Contrainteligencia de ambos organismos.
Fueron sumados igualmente a la estrategia represiva grupos paraestatales, integrados por miembros de organizaciones políticas, sociales y de masas al servicio del poder: Partido Comunista (PCC), Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y Federación de Mujeres Cubanas (FMC), entre otras.
La Comisión denunció que el gobierno preparaba respuestas violentas desde instituciones estatales. Un documento oficial del día 26 constató la preparación de dirigentes y trabajadores de una empresa de comercio en Holguín para ello.
Su área de «Seguridad y protección», bajo la dirección del Consejo de Defensa municipal, se encargó de diseñar el «Plan de contingencias». Este contempló —en lenguaje típico de la Seguridad del Estado— planes de aviso, descripción de la entidad, colindancias, grupos con misiones específicas y otros aspectos. El más numeroso era el de la Brigada de Respuesta Rápida (BRR), que hace años protege la imagen de las fuerzas represivas al aparentar que se trata de «acciones espontáneas» del pueblo contrapuestas a los «desestabilizadores» y «contrarrevolucionarios».
En el mismo documento, se indica emplear para el enfrentamiento «medios rústicos de madera, tubos u otros materiales preparados y ubicados convenientemente al alcance del personal». Se orienta procurar «cooperación» —mediante compromisos en actas oficiales— de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) más cercanos y también del MININT.  
En la evaluación psicológica correspondiente al contexto, el informe fundamentó que el «incremento de la represión masiva y el silencio consecuente, tiene efectos físicos y también psicológicos en una población que desde hace tiempo padece daños psicosociales por diversas causas. El clímax de todo ese proceso es muy preocupante porque facilita, entre otros comportamientos, actos extremos como el suicidio y la hetero-agresividad en las personas».
Todo eso y mucho más ocurrió en apenas una semana. En virtud de «la indefensión que padecen los ciudadanos en Cuba, debido al sistema de gobierno centralizado, sin separación de poderes ni aceptación de instancias independientes que puedan servir de contrapesos (…) y protección ciudadana», solo quedaba recabar apoyo de la comunidad internacional.
Lo terrible es que esta respuesta desmesurada se haya desplegado por el anuncio de una marcha pacífica. Como se demostró entonces, al gobierno cubano no le interesa ser, sino parecer. En el ser, sus métodos y prácticas llegan a extremos de crueldad con efectos duraderos, sin que necesite para ello derramamiento de sangre a la luz pública.
El gobierno cree que con el terror desatado, las exorbitantes condenas a manifestantes pacíficos, y las alternativas migratoria y carcelaria está cerrando un ciclo. Se equivoca, con la represión crece la indignación de la ciudadanía.
Hablar más claro hoy implica responsabilidad con la denuncia y colocarse al lado de las víctimas. Lo revolucionario hoy no está en el gobierno y sus bases, sino en la sociedad civil y especialmente en los jóvenes que luchan por un mejor país. El gobierno es anacrónico e irreformable. Tiene un serio dilema entre el ser y el parecer, y el costo político de esta dicotomía continúa incrementándose. Sigue intentando parecer, pero cada vez se conoce más lo que es, aun cuando a algunos le resulten todavía demasiado fuertes las palabras dictadura, totalitarismo, autoritarismo y terrorismo de Estado.

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A un mes del 15N, qué ha pasado con el grupo Archipiélago

LA HABANA, Cuba.- En menos de tres meses, desde su fundación, el grupo Archipiélago logró movilizar a gran parte de la sociedad civil cubana dentro y fuera de la Isla para participar en la Marcha Cívica por el cambio el 15 de noviembre (15N) de 2021, recabando para ello, incluso, el respaldo de varias de las organizaciones opositoras tradicionales; consiguió además que algunos de los más importantes medios de prensa y organizaciones internacionales volcaran su mirada a Cuba en esos días y que se evidenciara, con mayor rigor, la represión desatada por el régimen cubano para evitar o contrarrestar la protesta pacífica.
Sin embargo, a poco más un mes de ese suceso, varios de los coordinadores se han retirado de la plataforma, apenas se menciona al grupo y pareciera que este se desintegró.
Qué es Archipiélago
En agosto de 2021, pocas semanas después de las masivas protestas contra el régimen cubano del 11 de julio (11J), varios cubanos fundaron un grupo de Facebook llamado Archipiélago, con el objetivo de debatir y unir diferentes posturas en pos de promover un cambio político en Cuba por vías pacíficas.
El grupo fue creciendo vertiginosamente y a él se fueron incorporando cubanos dentro y fuera de la Isla, entre ellos numerosos intelectuales, periodistas, artistas y activistas de derechos humanos. Aunque no promovía el liderazgo de una sola persona, sino del grupo, uno de sus integrantes más visible llegó a ser el dramaturgo Yunior García Aguilera. Actualmente, el grupo reúne en Facebook a unas 38 000 personas, pero la gran mayoría no son activos, es decir, solo figuran y comparten en redes, no accionan en el espacio físico, así que este dato resulta impreciso para determinar el respaldo o accionar real de la plataforma.
La primera y gran acción propuesta por el grupo fue la Marcha Cívica por el Cambio, convocada inicialmente para el 20 de noviembre de 2021 con el propósito de protestar pacíficamente contra la violencia policial, exigir el respeto a los derechos humanos y la liberación de los presos políticos, así como abogar por la solución pacífica y democrática de las diferencias entre los cubanos. Para ello llegaron a entregar solicitudes de permiso a las autoridades de al menos 8 provincias del país.
La respuesta del régimen cubano fue anunciar, a principios del mes de octubre, la militarización de la Isla entre los días 18 y 20 de noviembre para desarrollar el Ejercicio Moncada. Para evitar una confrontación, Archipiélago informó entonces que adelantaría la marcha para el 15N. Menos de una semana después, las autoridades citaron a varios de los coordinadores en el país para informarles que no estaba permitida la marcha por tener un “carácter ilícito”; aún así, el grupo decidió mantener la iniciativa por considerar que se trataba del ejercicio de un derecho humano.
Fue entonces que aumentó la represión e intimidaciones al grupo por parte de los órganos represivos cubanos, que se recrudecían a medida que se acercaba el 15N: citaciones policiales, arrestos arbitrarios, activistas y periodistas sitiados en sus viviendas, expulsiones de centros de trabajo (como al profesor universitario David Martínez y el Dr. Manuel Guerra), cortes de internet y del servicio telefónico, así como amenazas y difamaciones en los medios de prensa oficiales, fundamentalmente contra Yunior García Aguilera.
El 15N
Tres días antes del 15N, García Aguilera dijo que marcharía solo el 14N por la Ave 23, vestido de blanco y con una rosa blanca. Desde hacía una semana, varios activistas y periodistas independientes permanecían sitiados en sus viviendas o con vigilancia constante. El 14N a Yunior le impidieron salir de su vivienda y cortaron toda comunicación de él o su familia con el exterior, bloquearon el acceso a su casa incluso a la prensa extranjera acreditada en la Isla y brigadas de respuesta rápida le organizaron un acto de repudio y amenazaban con golpearlo si salía.
Mientras miles de cubanos marchaban en unas 120 ciudades de alrededor de 70 países, el 14 y 15N los cubanos dentro de Cuba no pudieron hacerlo como muchos esperaban; el régimen castrista desplegó por las calles todo su aparato militar para intimidarlos, además de desarrollar detenciones arbitrarias, impedirle la salida de sus viviendas a los coordinadores e integrantes del Grupo Archipiélago y orquestar actos de repudio.
Más de 300 acciones represivas registró el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) entre el 12 y el 15N, más de un centenar de ellas solamente en la última jornada.
“Todo el aparato estatal,  bajo las órdenes de la policía política, y contando con la activa colaboración de los Comité de Defensa de la Revolución, los medios de comunicación oficiales y hasta de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, desplegaron visiblemente su régimen de terror” violando incluso “sus propias leyes”, declaró la organización.
Según el grupo de trabajo “Justicia 11J”, durante la Jornada Cívica por el Cambio resultaron detenidas unas 92 personas, de las cuales al menos 8 continúan tras las rejas y 2 fueron llevadas a juicio sumario y condenadas a un año de privación de libertad.
Ante la imposibilidad de marchar, considerando que “las causas que motivaron la convocatoria del 15N seguían vigentes” y que “es nuestro deber ciudadano seguir alzando la voz contra la injusticia”, el 16 de noviembre el grupo Archipiélago informó que extendería la Jornada Cívica hasta el 27 de noviembre. Ese mismo día exigieron fe de vida de García Aguilera, ya que en más de 48 horas no se habían tenido noticias de él. En la jornada siguiente, el 17 de noviembre, se supo que el artista había escapado a España. Muchos entendieron las presiones que lo llevaron a tomar la decisión, otros lo consideraron una traición al grupo justo en medio de la convocatoria y cuando más necesaria se hacía la unidad. Ello, unido a otras cuestiones, generaron escisiones en Archipiélago.
A una semana del 15N, la plataforma, tratando quizás de levantar los ánimos, apeló a recordar y reafirmar los motivos que los habían llevado hasta ese punto: liberación de los presos políticos, propiciar la participación ciudadana, conquistar derechos fundamentales mediante vías no violentas y fortalecer el diálogo y el consenso en la sociedad civil.
En los días posteriores, cuando disminuyó un poco la presión del régimen, algunos decidieron marchar en solitario, vestidos de blanco y con una rosa en las manos, para llegar hasta un busto de José Martí y, de esa manera, también honrar los objetivos de la marcha.
Los que se fueron
Tanto la imposibilidad de marchar el 15N, las amenazas por parte de la Seguridad del Estado cubana como la decepción por la sorpresiva salida de Yunior García del país provocaron fuertes tensiones entorno a Archipiélago. Al interior del grupo las fricciones se manifestaron en la renuncia de al menos una decena de los coordinadores, algunos de los cuales eran más visibles.
El primero en renunciar públicamente fue Leonardo Fernández Otaño, apenas a cinco días del 15N.
“Cada ser humano es libre de elegir su camino, eso lo respeto profundamente y apoyo, pero cuando se inicia una opción debemos ser consecuentes con ello. (…) Además, confieso que no comparto un grupo de acciones de corte político realizadas por Yunior García Aguilera desde su salida de Cuba (…). Siempre viví la plataforma como un espacio horizontal y de consulta, pero mi ejercicio de crítica fue tomado como una actitud negativa por una buena parte de los miembros, lo cual respeto como su genuino derecho intelectual, pero no creo ni democrático, ni sano”, declaró el historiador al anunciar su salida de la plataforma.
Desde España, Yunior García daba declaraciones denunciando a la dictadura a la vez que se reunía con políticos de diferente corte ideológico, entre ellos Pablo Casado, líder del Partido Popular, el ministro de Exteriores José Manuel Albares y también con el opositor venezolano Leopoldo López.
En tal sentido, a inicios de diciembre, cubanos disidentes radicados en Europa declararon que no apoyaban “Yunior García Aguilera”, por no ver “con buenos ojos la llegada del “opositor” a Madrid y su cercanía a los partidos de izquierda que niegan la violación de los derechos humanos en Cuba, entre ellos el PSOE (Partido Socialista Obrero Español)”.
Mediante el comunicado denunciaron “un complot de parte de la clase política europea” representada por “grupos de izquierda y de la social democracia”, para “catapultar a un opositor” que consideran un “traidor”. Asimismo, consideraron que Yunior García Aguilera “claramente tiene una agenda política de izquierda favorable al régimen, según su trayectoria y planteamientos públicos. Por lo que hacemos un llamado a los partidos políticos europeos a tomar en consideración nuestra postura común y a no ser cómplices de una clara campaña manipulada para limpiar la imagen del régimen en esta parte del orbe”.
Mientras, según declararon a CubaNet personas vinculadas a Archipiélago, esas reuniones sostenidas por García Aguilera, o sus resultados, no fueron consultados o expuestos por el artista con el resto del grupo, lo cual aumentó los cismas internos.
Aunque la mayoría de los coordinadores de Archipiélago seguía esforzándose por seguir adelante con el proyecto, pronto otros se percataron de que las diferencias eran irreconciliables, al menos para continuar con los objetivos iniciales.
El 3 de diciembre Fernando Almeyda anunció su adiós a Archipiélago: “Esta decisión tiene varios motivos: No obstante el afecto que me une a los camaradas con los que he estado colaborando en estos meses de lucha cívica, siento que mi camino como Coordinador y Moderador de la plataforma ha llegado a su fin. Asumir este rol implica una responsabilidad, que de cara a los últimos acontecimientos y decisiones del grupo no puedo asumir”.
A través de su perfil de Facebook el abogado apuntó igualmente: “El matiz político de la plataforma y de algunos de sus coordinadores, si bien estoy seguro que benefician a la causa cubana, se está alejando de mis ideas, mi forma de pensar y mi postura política”.
Apenas dos días más tarde salía de la plataforma Sayli González Hernández, otras de las moderadoras principales. Mediante una publicación en Twitter explicó que el único motivo era que su “mundo anda en 48 cuadros por segundo y la lógica hace que Archipiélago ande en 24”. En declaraciones a CubaNet la influencer alegó además que su salida se debía fundamentalmente a la necesidad de “independencia para participar en otras iniciativas” y que “voy a estar donde sienta que soy más necesaria”.
Ese mismo día, el activista y moderador Magdiel Jorge Castro informó igualmente su retirada del grupo. Otros de los coordinadores que se han separado de Archipiélago son: Daniela Rojo, Ivette García, Giselle González, Claudio Gaitán y Tamara Pérez Díaz.
Los que se quedaron
Ante este éxodo, el 10 de diciembre último Archipiélago emitió un comunicado que titularon “Declaración de permanencia”. En él se citaban las razones de aquellos que  decidieron continuar trabajando desde la plataforma.
“Cuando un barco está enfrentando un mal tiempo y corre el peligro de zozobrar es cuando hay que remar más fuerte contra la corriente. Hasta que todos sus tripulantes estén a salvo, no se abandona. En Archipiélago cada día es un reto. Yo seguiré confiando en las lenguas que no callan lo que sienten, aunque todo el mundo las culpe o recrimine. Entre esas lenguas malditas está la mía. Yo seguiré confiando en la amistad y en las buenas personas. Sé que un día va a triunfar esta Revolución de los Afectos, va a pasar por encima de los errores políticos que cometemos, porque no seremos tan buenos en política, quizás, pero nos acompañan la solidaridad y la verdad, y eso será suficiente. De cada mal momento nos levantaremos y, posiblemente, más unidos y más fuertes”, dijo la historiadora del arte Miryorly García Prieto.
Por su parte, Yunior García Aguilera manifestó: “Si antes tenía millones de motivos para arriesgarlo todo por Cuba, ahora más. Puedo arrepentirme de mil tropiezos, pero no del pedazo de vida que dedicamos juntos a luchar por nuestros sueños de una Cuba plural, libre, justa y democrática. Un sueño que nos ha mantenido sin pegar un ojo y sin el privilegio del descanso. Archipiélago es mi casa y mi familia, mi confesionario, mi Parlamento de voces francas y diversas, mi crítico sincero, mi pregunta sin respuesta, mi garganta, mi oído, mi paño de lágrimas, mi lista interminable de cosas por hacer, mi hombro para sostenerme, mi puño cerrado y mi mano abierta. Por eso permanezco en Archipiélago, digan lo que digan. Yo me quedo”.
Otra de las moderadoras, Thais Pujol, señaló que debían salvar “lo que podamos salvar, aprendamos lo que tenemos que aprender y volvamos a empezar. Invariablemente, si tenemos claro el objetivo, luego de un número de intentos, el éxito llega. Es una cuestión de aprendizaje, conciencia, tiempo y determinación. El momento de volver a empezar es duro al principio, y mucho, pero si nos sabemos enfocar enseguida se renueva la energía. Nos conocemos mejor, somos más sabios. En este punto estamos en Archipiélago ahora, lo que me llena de alegría. Y el objetivo vale tanto la pena que merece que nos entreguemos al 100 % y que perseveremos hasta el final”.
Archipiélago hoy
Pese a que continúa el trabajo de Archipiélago, a poco más de un mes del 15N algunos se preguntan si el grupo tiene salvación. Integrantes y exintegrantes consultados por CubaNet apuntan que la plataforma se está reorganizando para proponer acciones concretas, pero que el futuro es incierto y es imposible determinar qué sucederá con el grupo o si propondrán otras iniciativas contundentes; otros son más categóricos y consideran que la plataforma ha perdido credibilidad y el respaldo de la ciudadanía.
Después del 15N, como ha solido suceder en momentos de gran tensión en Cuba (como el 27N y el 11J), se vive una especie de impasse. Por el momento, la atención mediática se centra en los juicios contra manifestantes pacíficos del 11J, en la grave crisis económica que atraviesa la Isla y en algunas movidas de piezas del régimen.
Tanto las decisiones de algunos activistas de la plataforma como la falta de experiencias e inmadurez política, unido a la represión de un aparato que ha tenido 62 años para perfeccionar sus métodos, han incidido en los resultados del grupo y, muy posiblemente, en su futuro inmediato. De ellos dependerá no terminar como el 27N, primero trabajando solo en redes para luego, con el tiempo, terminar dispersándose.
Pero, pase lo que pase y pese a los desaciertos, es innegable que la ciudadanía cubana cada vez más adopta posturas críticas y activas contra la dictadura. Hace dos años era impensable un 11J o una convocatoria a protesta pacífica masiva y con tanto respaldo como la del 15N. Los grupos o personas se sustituyen, fortalecen o continúan el trabajo en pos de la libertad y la democracia. Es una carrera de resistencia y de relevos. Lo importante es no abandonar el camino, educar a la ciudadanía, recabar el respaldo internacional y continuar sumando voces. La libertad de Cuba no depende de un solo grupo o persona, depende de todos.
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Itinerario mínimo para comprender las tensiones actuales entre la Iglesia Católica y el Estado Cubano

En 1961, hace seis décadas, fueron expulsados de Cuba 131 sacerdotes en el barco Covadonga. A decir del doctor en Historia por la Universidad de Georgestown, P. Manuel Maza Miquel S.J.: « (…) ese año la Iglesia católica fue despojada de su más importante instrumento de influencia social en la sociedad cubana: el sistema de colegios católicos. También perdió a las cuatro quintas partes de su personal eclesiástico y la posibilidad de dirigirse a la generalidad de la ciudadanía cubana de manera libre y directa usando los medios de comunicación».[1]
Sin dudas, ese fue uno de los momentos más álgidos en las relaciones Iglesia-Estado posterior a 1959. Sesenta años después, estamos en presencia de otra etapa donde el catolicismo cubano y el gobierno se ubican en medio de una visible tensión, reflejada en sucesos concretos dentro de la sociedad.
Desde hace un tiempo, los obispos cubanos evidencian la necesidad de una vía pacífica para integrar el disenso como parte de una sociedad más justa. Si nos remontamos a 1993, otro año de ostensible tirantez, podemos leer en el mensaje pastoral El Amor todo lo Espera: «rechazar el diálogo es perder el derecho a expresar la propia opinión y aceptar el diálogo es una posibilidad de contribuir a la comprensión entre todos los cubanos para construir un futuro digno y pacífico».[2]
Las instituciones católicas del país han sido también afectadas por la pandemia de Covid-19, que obligó a cerrar los templos como medida sanitaria durante gran parte del 2021. Sin embargo, el accionar caritativo de la Iglesia no ha dejado de esforzarse por ayudar a los sectores más vulnerables de la población.
Pese a que instituciones como Cáritas Cuba tienen un reconocimiento demostrable en sus miles de beneficiarios a lo largo del país, su empeño es invisible para los medios de comunicación oficial. ¿Quién gana con que se promueva con denuedo lo mínimo que haga alguna ONG reconocida como aliada del gobierno y, por el contrario, se anule del discurso mediático la contribución de otros actores que no reproducen la ideología estatal?

Para abordar las tensiones es necesario reconocer que el mundo católico es heterogéneo, y eso es una riqueza espiritual en pos de permitir un empoderamiento de la iglesia como uno de los mediadores válidos en la necesaria reconciliación nacional.
Es increíble que el fin de semana previo al lunes 15 de noviembre, hubiera católicos como organizadores de la sentada de los Pañuelos Rojos en el parque de la Fraternidad, y también muchos que abogaban por el derecho constitucional a una manifestación pacífica. En lo personal, soy amigo de uno de esos jóvenes católicos que es cuadro de la Unión de Jóvenes Comunistas en La Habana, y de otro que era moderador de Archipiélago. Sé que ambos suelen compartir espacios eclesiales y el criterio de «no exclusión».
Los católicos y las protestas sociales
Varios católicos ―laicos, sacerdotes, religiosas― salieron a las calles el 11 de julio como parte de su aprobación a los reclamos de los manifestantes. Algunos laicos están presos aún. Entre los recuerdos más tristes de ese día está el del joven historiador católico Leonardo Manuel Fernández Otaño, rezando arrodillado frente al ICRT mientras un grupo de personas, de más de sesenta años, lo insultaba verbalmente en un «espontáneo» acto de repudio.
La Conferencia Cubana de Religiosas y Religiosos (CONCUR), ha creado una comisión para acompañar a los detenidos y sus familiares tras las protestas del 11-J. De ese equipo han emanado llamadas de atención ante irregularidades que se están cometiendo con los presos, y propuestas y peticiones al gobierno para contribuir a la sanación del tejido social de la nación. Hasta la fecha, sus reclamos han sido totalmente ignorados.
El pasado 15 de noviembre, una turba de personas que evidentemente cumplía orientaciones, se dio cita frente al Arzobispado de Camagüey para realizar un acto de repudio contra algunos sacerdotes que habían mostrado el deseo de participar en la marcha cívica convocada para ese día.
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Una de las imágenes que quedará en la memoria virtual de los cubanos es la del Padre Alberto Reyes rezando en la azotea de la edificación por el alma de aquellos eufóricos manifestantes que le gritaban toda clase de improperios. Si algo nos remite a 1961, son estos sucesos macabros, de masas enajenadas que intentan descalificar la labor social de la iglesia.
Fui víctima de las acciones de intimidación de la Seguridad del Estado sobre laicos para que no participáramos en la marcha. Estos ejercicios de violencia sicológica aún deben ser evaluados, pues conozco por testimonios recogidos, que han llegado a romper, incluso de forma irreparable, lazos del ámbito afectivo de las personas afectadas.
El propio día 15, algunos de los católicos que pretendieron manifestarse ―incluyo aquí a sacerdotes, religiosas y laicos― estuvieron impedidos de abandonar sus casas por fuerzas policiales.
No obstante, de los sucesos del 15 de noviembre en que estuvieron involucrados religiosos católicos, quizás uno de los más lamentables sea el relatado por la hermana Nadieska Almeida, superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba. Ella fue abordada ese día por un grupo de «civiles» y una representación del Partido Comunista para amenazarla por su intención de caminar fuera del convento.
Esta acción denota, de manera trasparente el débil componente que sustenta las relaciones Iglesia-Estado en Cuba, pues solo alguien con un desconocimiento enorme de la vocación y labor de servicios que las Hijas de la Caridad han prestado a los sectores más desprotegidos de la sociedad civil desde su llegada a la Isla, puede ser capaz de semejante infamia.
Sor Nadieska Almeida
Lo paradójico del asunto es que, pasados unos días de estas acciones de odio, uno de los participantes en las mismas recurrió apenado, a través de un familiar, a pedir medicinas para su madre enferma a uno de los sacerdotes repudiados, pues no las podía conseguir en la farmacia y las solicitaba ahí de forma regular.
La respuesta del sacerdote del pueblo fue esta: «Dile a tu hermano que él puede seguir viniendo a recoger las medicinas para su mamá en la parroquia, pues lo más hermoso de la iglesia es que incluso los que la atacan y denigran saben que siempre podrán acudir a ella como a una madre, y serán tratados como hijos. Y yo no lo repudio».
El Papa Francisco y Cuba
El Papa Francisco ha estado desde su nombramiento muy al pendiente de la situación del país. Lo denota el que hayamos sido visitados por él en dos ocasiones y sus referencias a Cuba en varios mensajes. En este último año, la imagen del sucesor de Pedro ha sido centro de innumerables debates en los ámbitos que articulan el pensamiento político de los cubanos, dentro y fuera de la Isla.
Hay instalada, incluso en algunos sectores del catolicismo cubano, una matriz de opinión que impele al Sumo Pontífice como un actor internacional favorable al régimen gobernante en el país. Tal criterio cobró mayor peso cuando el influencer cubano-americano Alexander Otaola planeó una especie de protesta mediática durante una oración vespertina en la plaza de San Pedro, pocos días antes del 15 de noviembre. Esa acción fue impedida, en algunos casos de forma desmedida, por la guardia suiza del recinto y avivó aún más en las redes la discusión acerca del supuesto apoyo del Papa a los sistemas comunistas.
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Es oportuno señalar que también se ha construido ese relato desde la oficialidad, pues los medios nacionales lo posicionan como un sujeto político alineado de forma inseparable con la izquierda mundial. Un joven laico de Cienfuegos, que figuraba entre los convencidos a marchar el 15N, relató en su perfil de Facebook que la Seguridad del Estado, en uno de los interrogatorios, le cuestionó que él se dijera católico cuando deseaba derrocar a un sistema comunista que tenía el visto bueno del Papa Francisco.
Este tipo de pulseo ideológico dista mucho del espíritu de amistad social que Francisco solicitó a los jóvenes cubanos para hacer carne dentro del tejido social de la nación. Creo que nadie en su sano juicio se atrevería a etiquetar como comunista al pontífice argentino, así como también es impensable que el Santo Padre viole el principio de subsidiariedad de la Iglesia emitiendo una declaración frontal contra el gobierno, y pasando así por encima de la Conferencia Episcopal cubana.
El sucesor de Pedro ha estado y estará siempre de parte de la justicia social, es evidente su opción preferencial por las causas que defienden los pobres como sujetos políticos. Los que hemos leído su pensamiento sabemos que para él la unidad verdadera no es uniformidad, sino unidad en la diferencia. Por eso recomendó a los católicos cuidarnos de no convertirnos en «custodios de la verdad», gente que escoge la parte, no el todo; el pertenecer a aquello o esto antes que a la iglesia.
Una clave para el catolicismo cubano de hoy es intentar no trocarnos en seguidores partidistas en vez de en hermanos y hermanas, en el mismo espíritu; no ser cristianos de derecha o de izquierda peleados entre sí, antes que discípulos de Jesús y su encarnación junto a los reprimidos por defender la justicia.
La Conferencia Episcopal cubana y la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido
El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez se ha reunido con diferentes sectores de la sociedad civil, sin embargo, hasta el día de hoy no ha tenido este intercambio con la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Ello de alguna forma evidencia la tensión en las relaciones Iglesia-Estado en la actualidad. Y de darse, pudiera ser visto como un paso positivo en pos de un futuro de mayor diálogo.
Con quien sí conversó el presidente el pasado mes de septiembre, fue con el cardenal estadounidense Sean Patrick O’Malley que, según relató en su crónica del viaje, pidió al mandatario que se reuniera con los obispos cubanos y por la libertad para los presos políticos tras las protestas del 11-J.

El Presidente de #Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió a su Eminencia el Cardenal Sean Patrick O’Malley, Arzobispo de la Arquidiócesis de #Boston , #EstadosUnidos lea más aquí en nota publicada en @Granma_Digital https://t.co/RbPnf394vD pic.twitter.com/3X4y4yBCEM
— Johana Tablada de la Torre (@JohanaTablada) September 9, 2021

El interlocutor inmediato entre la Iglesia y el Gobierno es la Oficina de Asuntos Religiosos, que ha sostenido intercambios con actores del ámbito católico nacional, pero con resultados insuficientes para la recuperación del necesario diálogo. Pues, por ejemplo, desde el sitio para-oficial Razones de Cuba se ha atacado con artículos hirientes la labor de actores de la iglesia, incluso a la Conferencia Episcopal, por su denuncia pública de la realidad nacional. Además, perfiles en redes sociales adscritos a la ideología del Partido han calumniado a sacerdotes y laicos.
La Conferencia Episcopal Cubana en su último mensaje, anterior al 15 de noviembre, exhortaba a las autoridades de la nación a buscar caminos que sirvieran para el entendimiento, la reconciliación y la paz. Y abogaban por la consecución de espacios donde se pudiera establecer un diálogo armónico y civilizado entre los diversos actores de la sociedad civil para encontrar mejores soluciones a los problemas que nos agobian.
Este mensaje cobró amplia repercusión mediática a través de las redes sociales y medios de comunicación independientes. Sin embargo, no parece haber tomado la misma fuerza dentro de los decisores de la nación, que incluso no han cedido ante la siguiente reflexión de los obispos cubanos: «¡Cuánto agradecerían tantas familias cubanas y la misma Iglesia, y cuánto disminuiría la tensión social, si hubiese un gesto de indulgencia para los que aún permanecen detenidos por los acontecimientos del pasado verano!».
Aunque, como se ha visto, son notables las tensiones entre la Iglesia y el Estado cubano durante el año 2021, considero que la decisión gubernamental de cambiar la sede de la Oficina de Asuntos Religiosos fuera del ámbito del Partido Comunista, podría abrir un nuevo escenario de cara a la mejoría de relaciones.
Pese a los lamentables sucesos descritos, existe actualmente un contexto distinto al del año 1961, por lo que considero que no estamos aún en presencia de una nueva etapa de confrontación radical entre Iglesia Católica y Estado, que es definida por algunos autores como el escenario para una Iglesia del Silencio.
Sería oportuno que se establecieran las condiciones para un intercambio entre la dirigencia de la nación y un sector representativo del catolicismo, al cual se debería invitar, además de a los obispos, a representantes de la Conferencia Cubana de Religiosas y Religiosos y a sacerdotes y laicos, que son, por su prestigio social, considerados interlocutores válidos por la población. Me sumo al pedido de la Iglesia de encomendar a la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, la resolución mediante el diálogo y la reconciliación de un futuro esperanzador para nuestra patria.
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[1] Esclavos, patriotas y poetas a la sombra de la cruz. Manuel P. Maza Miquel S.J.; Centro de Estudios Sociales Montalvo, Dominicana, p. 12.
[2] Ibídem. 1

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Cuba y la paz de los sepulcros

La paz y tranquilidad ciudadanas de que se habla en Cuba, es la paz de los sepulcros. Tomo prestado ese título del escritor mexicano Jorge Volpi (1968) para resignificarlo. Aquello que en su novela constituye el hilo central —la corrupción—, en la Isla es apenas un rasgo. Nuestro problema es más serio.
La sociedad cubana está corroída en todas sus esferas. El modelo social no solo quebró sino que, en su agonía, muestra a un gobierno que miente con desfachatez, se aferra a lo que queda de sus bases cautivas y reprime con impunidad cualquier disenso. Tanto los cautivos —cada vez menos— y los que disienten —que se incrementan—, como los que optan por el silencio y voltean la mirada para sobrevivir, estamos en los sepulcros.  
«Paz y tranquilidad ciudadanas» ha sido una expresión recurrente durante las últimas semanas como recurso para criminalizar la protesta en Cuba. Lo repiten el gobierno y sus bases: medios de comunicación tradicionales y alternativos, dirigentes en diversos niveles vestidos de pueblo para la ocasión, ciudadanos organizados a su favor, y otros reproductores acríticos del continuismo.
Parte de los ciudadanos que forman las supuestas bases de apoyo al poder están siendo usados, incluso en prácticas con ribetes fascistas. Se hacen notar y crean alarma no solo por los simbolismos que asumen —pañuelos rojos mediante—, sino porque sirven directa e indirectamente al ejercicio de la violencia política y son ensalzados oficialmente.
Se saltan a diario los límites de la honestidad y la decencia. Ejemplos hay de sobra, como una carta pública del 15 de noviembre difundida el 17 por el grupo Mayabeque team vs Fake New bajo el título «Respuesta popular ante las acciones del sacerdote Kenny Fernández Delgado».
Padre Kenny Fernández Delgado
Es del poblado de Aguacate, municipio Madruga, provincia Mayabeque. Está dirigida al cardenal de la Iglesia Católica en Cuba y rechaza la postura del Padre Kenny, cuyo delito fue caminar por las calles obsequiando flores blancas. Ha tenido escaso eco y, salvo un comentario que la avala, en el resto se aprecia el rechazo a la misiva, la solidaridad con el sacerdote y la certeza de que no es el pueblo sino la fórmula habitual del Partido/Gobierno/Estado para hacer pasar por «iniciativas populares» sus decisiones.     
-I-
Cuando Cuba reabrió sus puertas al turismo e inició el curso escolar el lunes 15 de noviembre, un espectáculo esperaba a los turistas y al pueblo. Actividades culturales en espacios públicos; fiestas; un presidente rozagante, junto a su esposa, dándose un baño de pueblo joven (con pañuelos rojos) en el Parque Central, al pie de la estatua del Apóstol; música en calles y plazas; actividades infantiles subvertidas por histéricos mítines de «reafirmación revolucionaria», venta de comestibles en parques y otras coloridas festividades.
No pude menos que recordar algunos filmes y series —Queridos camaradas, Good Bye Lenin y Chernóbil, por ejemplo—, que guardan para la historia ese mal congénito de la hipocresía y el ocultamiento de la realidad del llamado «socialismo real», en variante tropicalizada.
Aunque ya es difícil vivir en la Isla y no enterarse de las cosas que pasan en el país real, todavía es posible cierto camuflaje dadas las enormes capacidades de un gobierno que controla la vida privada de las personas.
Influyen en ello varios factores, no solo el limitado acceso a internet y su control por el Estado. También se evidencian efectos psicológicos adicionales en los reprimidos. El aislamiento social y el cariz fascista de la violencia política inducen a los ciudadanos —a veces de modo inconsciente— a retraerse y perjudicarse más: para evitar nuevos rechazos, no parecer que influyen en las ideas de otros, o no complicar a los demás y evitar sentimientos de culpa.
Pañuelos rojos en el Parque Central (Foto: http://www.marxist.com)
   -II-
Si Cuba sigue mostrando —sobre todo para quienes añoran verla— la imagen de un pueblo feliz y heroico en los medios nacionales e internacionales, a los turistas y brigadas de solidaridad que vienen una vez al año por dos o tres semanas; es por la combinación de la naturaleza represiva y manipuladora del poder, largamente entrenado.
Todos los visitantes hubieran visto a cientos de cubanos manifestarse pacíficamente contra la violencia, reclamando derechos para todos, libertad para los presos políticos y solución de las diferencias por vías pacíficas y democráticas. El gobierno no podía permitirse semejante espectáculo. Había que mantener la fachada a como diera lugar. Ahí estaban el enemigo imperialista, la CIA y el bloqueo, que también —según Silvio Rodríguez en reciente entrevista— justifica que los cubanos tengamos que aceptar vivir bajos tales condiciones.
Haciendo gala del carácter despótico y abusivo mostrado sin disimulo desde el estallido del 11-J, la represión en Cuba mostró métodos tradicionales, pero inéditos para la mayoría de la población. Dejó de ser selectiva para ser masiva y comenzó a perfilar mecanismos perversos que se incrementan cada día.
Todavía de esas jornadas guardan prisión cientos de jóvenes y no tan jóvenes en las cárceles, hemos visto desde fabricación insólita de delitos hasta violaciones de derechos humanos multiplicadas.
Solo como muestra refiero —de la ingente labor del equipo multidisciplinario femenino Justicia 11-J—, la develación de muchos casos que han podido rastrearse a pesar de la habitual falta de transparencia del gobierno. Uno que se hace viral en las redes y debería ser una vergüenza y una preocupación para todos los cubanos, es el de los niños presos del 11-J. Al parecer, de poco ha servido el reclamo a las autoridades cubanas por parte de UNICEF.

UNICEF está preocupado por los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba. Hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionen información adicional verificada sobre niños y niñas presuntamente en esta situación.
(1/2) pic.twitter.com/mqAekNkV6H
— UNICEF Latin America (@uniceflac) November 19, 2021

La escalada represiva se incrementó sobremanera desde que los promotores de la marcha pacífica convocada para el 15-N la comunicaran al gobierno. En virtud de la situación, Archipiélago decidió constituir, el 24 de octubre, una Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes 15N, que funcionó como representación suya en el exterior.
Una de sus principales labores fue monitorear la represión y emitir informes periódicos dirigidos a organismos internacionales, medios de comunicación, fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil internacional. Sobre esto escribiré con mayor detalle próximamente, pero adelanto que el estado de terror impuesto por el Partido/Gobierno/Estado resulta hoy más evidente para una parte significativa de la ciudadanía y la comunidad internacional.
Esa fórmula es finita, solo prolonga la agonía de ciudadanas y ciudadanos, no por convicciones o ideologías, sino por la naturaleza opresiva del modelo y los intereses de la clase en el poder.
El mensaje político de la novela de Volpi tiene dos partes y ambas se pueden leer desde Cuba, una para confirmar y otra para subvertir. La primera: «la inevitable sospecha (certeza) de que todos nos mienten», arraiga cada vez más en la ciudadanía. La segunda: «en política siempre ganan los malos», que es el consejo del padre al periodista (personaje principal de la trama); está por ver. Nos hallamos en un punto de no retorno. La paz de los sepulcros nunca ha sido aceptable para nadie.
Para contactar con la autora: ivettegarciagonzalez@gmail.com

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Decencia contra razón de Estado

Ni siquiera los más sádicos asesinos se identifican a sí mismos como «malas personas». Su actitud tiene para ellos casi siempre una justificación. La historia está llena de las más variopintas explicaciones con las que se pretende encubrir actos execrables.
Por ejemplo, el sacerdote cordobés Juan Ginés de Sepúlveda razonó que por ser «bárbaros, incultos e inhumanos» era correcto que los nativos americanos fueran sometidos por los españoles, «más prudentes, poderosos y perfectos que ellos»; según sus palabras, escritas en el Democrates alter.
Siglos después, los otomanos afirmaron que los armenios eran traidores y quintacolumnistas, para mandarlos a morir al desierto sirio; Hitler llamó gusanos a millones de judíos, a quienes gasearía sin remordimientos; y los hutus de Ruanda calificaron como cucarachas a los tutsi para excusar el etnocidio de más o menos un millón de sus compatriotas.
Es prácticamente intrínseco a todo acto de violencia —física o simbólica— que los perpetradores busquen cómo explicarla. El hombre necesita creer que obra con rectitud, que su conducta es decente, para dormir tranquilo. A esto, en asuntos de gobierno, Maquiavelo lo denominó: «razón de Estado».
Los cubanos hemos visto como se cometen actos terribles por «razón de Estado». «La Patria nuevamente está amenazada por la potencia económica y militar mundial. Está en curso una operación político-comunicacional para destruir la Revolución Cubana», asegura el articulista de un medio estatal para justificar las acciones de los últimos días.
Con esa explicación como recurso, se ha citado a interrogatorio a personas solo por reaccionar a publicaciones en redes sociales, o por compartir alguna crítica a la gestión gubernamental; se ha privado de la movilidad a otros —el caso de Carolina Barrero es uno de los más extremos— sin que mediaran determinaciones judiciales, han ocurrido expulsiones laborales, detenciones, y los asesinatos de reputación son el pan nuestro de cada día en un sistema de medios partidista que se empeña en mostrar que Cuba es una fiesta.
(Foto: AFP)
Si existen pruebas concretas y suficientes del mercenarismo de algunos opositores, ¿por qué sencillamente no se aplica la ley, en lugar de recurrir a campañas llenas de vilezas e ilegalidad? Es muy llamativo que un activista opositor que recibe miles de dólares del gobierno de Estados Unidos, viva en un poco atractivo edificio multifamiliar de La Lisa, con una cocina humilde y un camino lleno de huecos en lugar de calle; en tanto los líderes obreros y campesinos del socialismo residan en las mansiones de la burguesía republicana, reparadas y ampliadas en muchos casos.
Si se asegura que la oposición carece de base popular, ¿por qué se militarizan las ciudades y se detiene extrajudicialmente a sus activistas u otros ciudadanos, aunque no lo sean? Si «la razón es nuestro escudo», como expresa el eslogan oficial, entonces por qué defenderla con repugnantes actos de repudio. Tanta bravuconería solo demuestra una debilidad y un temor difíciles de esconder.
No es necesario comulgar con las ideas del otro para alzar la voz cuando se comenten semejantes abusos. Justificar lo que se ha hecho, y lo que posiblemente se haga, alegando que son «contrarrevolucionarios», o cualquier otro calificativo usual, es como decir que una mujer fue violada porque llevaba minifalda y blusa con escote.
No es digno quien se pone del lado del abusador, aun cuando las ideas del abusado le sean antipáticas; no es decoroso sentirse cómodo mientras se goza de todo el respaldo ideológico y logístico; no se defienden la Revolución y el socialismo con actos de repudio o con melosas campañas mediáticas que hablan de fiesta y dignidad en medio de tanta crisis y orfandad de valores.
Da igual si usa un pañuelo verde, una camisa amarilla o un calzoncillo azul; no importa si se dice comunista, católico, activista LGTBIQ+ o trumpista furibundo; es una mala persona quien defiende al victimario en lugar de a la víctima.
Tan antipatriótico es quien pide que se arrecien las sanciones contra Cuba, como el que calla ante la injusticia mientras disfruta de las prebendas que dan las influencias y compran los fondos públicos del estado cubano, que salen de los bolsillos de todos los ciudadanos.
« (…) es una mala persona quien defiende al victimario en lugar de a la víctima». (Foto: Tomada de la cuenta en Twitter de Atahualpa Amerise)
Es cómplice el que enjuicia a un compañero de trabajo o a un vecino por «problemas ideológicos» —que es un eufemismo para catalogar al que piensa diferente al dogma oficial—, o por tener el valor de expresar en público lo que él mismo opina en privado y dice solo en susurros después de cerciorarse «setenta veces siete» de que nadie extraño puede escucharlo.
La «razón de Estado» es un mecanismo que busca el éxito a cualquier precio. Según Maquiavelo, que retoma una frase de Tito Livio en sus discursos, «la patria se debe defender siempre con ignominia o con gloria, y de cualquier manera estará defendida».
Sin embargo, en el caso actual, por el daño a la imagen, a las instituciones, a la ciudadanía y a las personas; la indignación que despierta la brutalidad desplegada ha logrado no más que una victoria pírrica, algo que es casi sinónimo de derrota. Defender cualquier proyecto con vulgaridad, represión e hipocresía, es darse un tiro en el pie.
El odio sin control que genera la polarización amenaza con destruirlo todo. Solo el civismo puede anteponerse a la brutalidad. Cuando obrar con rectitud y valentía sea la norma y no la excepción, entonces estaremos siendo los ciudadanos que Cuba necesita. Mientras tanto, como reza la lápida mambisa en una pared del museo de Guanabacoa: «Para las víctimas, ¡la gloria! Para los victimarios, ¡el perdón!». También la deshonra.

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Archipiélago lanza alarma por paradero de Yunior García: “Exigimos fe de vida”

MIAMI, Estados Unidos.- El grupo Archipiélago ha lanzado una alarma por el paradero del dramaturgo cubano Yunior García Aguilera, con quien nadie del equipo ha podido ponerse en contacto desde el pasado domingo 14 de noviembre a las 6:00 p.m., “nuestro último contacto directo”.
A través de un escueto comunicado publicado en su página de Facebook, Archipiélago dijo estar “alarmado por la incomunicación de Yunior García Aguilera. A las 6:00 de la tarde del 14 noviembre fue nuestro último contacto directo con Yunior García. Nadie de nuestro equipo lo ha visto físicamente desde entonces”.
“Hoy martes, un colaborador de nuestro equipo fue en persona a la casa de Yunior y Dayana. Luego de tocar reiteradamente no obtuvo respuesta. Nadie abrió la puerta. Exigimos #FédeVida de Yunior García Aguilera, Dayana Prieto y sus familiares”, finaliza la publicación.
Captura de pantalla
CubaNet intentó comunicarse tanto con García Aguilera como con su esposa y los teléfonos están fuera del área de cobertura y no reponde, respectivamente.
Luego de que fuerzas represivas del régimen cubano rodearan su casa y le impidieran salir a marchar en solitario el domingo 14 de noviembre, tal y como había anunciado días antes, Yunior denunció el cerco a la prensa internacional que aguardaba en las afueras de su vivienda a través de su ventana, donde permaneció con una flor blanca y un cartel en el que se leía “mi casa está bloqueda”.
Este lunes, día convocado para la Marcha Cívica por el Cambio, en el que sobresalieron los actos de hostigamiento contra los promotores de la iniciativa, Atahualpa Amerise, coordinador de la agencia EFE en Cuba, aseguró que Yunior García Aguilera se encontraba “bien”.
“Está en su casa durmiendo. Llamamos a su puerta y su suegra nos dijo que se encuentra agotado después del intenso domingo. Los agentes que le vigilan no impidieron a nuestro equipo acceder. La bandera patria le sigue tapando las vistas”, escribió el corresponsal en Twitter .
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Todos los derechos para todos los cubanos

Un fantasma recorre Cuba: el fantasma de la represión. Su brutalidad y torpeza ubica a años luz la posibilidad de que el sueño de una nación «con todos y para el bien de todos», de un proyecto social «de los humildes, por los humildes y para los humildes», se materialice. Botas embarradas con la tinta de la Constitución de la República han profundizado estos días la fractura que escinde a los cubanos en bandos aparentemente irreconciliables.
Hemos visto con vergüenza y horror que en muchos puntos del territorio nacional acontecieron actos de repudio contra personas que deseaban ejercer el derecho a manifestarse pacíficamente. Los videos y denuncias inundan las redes. Los gritos, consignas y móviles son los mismos de años atrás; los repudiantes, sin embargo, son menos en cantidad y en no pocas ocasiones han debido ser trasladados desde lugares distantes para injuriar a personas que ni siquiera conocían.
Se ha privado a ciudadanos de su derecho a circular libremente, sin que medien órdenes judiciales ni causas legales. Otros han sido detenidos por llevar prendas de ropa y una flor blancas, como si fuera un delito. Incluso, representantes de la prensa extranjera acreditada fueron privados de sus credenciales para ejercer el periodismo.
Todo esto, agudizado en los últimos dos días, estuvo precedido por una campaña de intimidación iniciada casi en la misma fecha en que fuera lanzada por la plataforma Archipiélago la convocatoria a una marcha pacífica, fijada primero para el 20 de noviembre y movida para el 15 después de anunciados ejercicios militares por parte del gobierno. Despidos laborales, acoso policial, citatorios constantes, asesinatos de reputación en los medios oficiales, han constituido algunas de las acciones de esta operación.

Todo ha sido un ejercicio de terror de Estado, materializado por un poder cuasi absoluto contra los ciudadanos que disienten. Para analizarlo no son válidos los recursos de la lógica, la legalidad o la ética.
Que el gobierno y sus seguidores acríticos asuman esa actitud contra sus propios compatriotas, aleja la posibilidad de que la actual crisis económica, social y política que atraviesa Cuba se resuelva. Con ello no solo dañan, quizás de manera irreversible, la imagen del socialismo —que es percibido por muchas personas como un sistema naturalmente represivo—, sino que también evidencian una actitud francamente reaccionaria.
Los jóvenes que ofrendaron o arriesgaron sus vidas en los años cincuenta por la Revolución, no lo hicieron para que sucedieran estas cosas. Los revolucionarios no son hoy quienes se arropan de rojo; la reacción puede pintarse de cualquier color. Abusar de otros cuando se tienen todo el poder y respaldo, por muy en desacuerdo que se esté con el pensamiento de esos otros, es una actitud cobarde e inmoral que cubre de ignominia a quienes la ejercitan.
Si existen pruebas concretas para demostrar los vínculos de esa convocatoria con acciones financiadas y coordinadas por el gobierno de Estados Unidos y sus programas de cambio de régimen, las soluciones no debieran ser actos de repudio, detenciones arbitrarias, o acciones extrajudiciales.
Supuestamente es Cuba un Estado de Derecho, con leyes y procedimientos que pueden ser aplicados; entonces, hágase como la ley lo estipula, con justicia y verdad. De lo contrario, se indica la falsedad de las acusaciones y el irrespeto a la legalidad por parte de aquellos que deben protegerla. Actuando así, parecemos uno de esos pueblos sin ley de los western de Hollywood.
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Esta espiral represiva es, además, leña para la hoguera de quienes piden más sanciones contra el pueblo cubano. Las amenazas han sido formuladas desde hace mucho y la demostración de que las apetencias imperialistas siguen presentes no hay que buscarlas más allá de los cientos de miles de dólares que destina cada año el gobierno de Estados Unidos para subvertir el orden en Cuba. No verlo es desconocer una parte importante del problema.
Desde cualquier perspectiva de análisis, lo sucedido estos últimos días tiene resultados nefastos para el país. La represión solo silencia las voces por un tiempo, la ciudadanía ha despertado y exige ser escuchada.
Con su desempeño el Gobierno reveló desesperación por impedir que sea visible el alto nivel de desaprobación ciudadana con que cuenta hoy; algo que debe conocer muy bien pues durante el 8vo Congreso del PCC, en abril pasado, fue discutido por el Buró Político un «Estudio del clima sociopolítico de la sociedad cubana», que jamás ha trascendido en su contenido a la opinión pública.
Apenas tres meses después acaeció el estallido social del 11-J. La marcha anunciada para el 15 de noviembre permitió que las autoridades se prepararan. El mensaje que han transmitido es confuso y peligroso: ¿se prefieren acciones incontrolables al margen de la ley antes que acciones negociadas y autorizadas? 
Una vez más consideramos que la única salida posible para la crisis actual es la realización de un diálogo nacional, sin injerencias externas ni autoritarismos internos. Cuba es de todos los cubanos, no es feudo de unos para oprimir a otros. Si el camino asumido no se revierte y las políticas represivas no se rectifican, el desenlace puede ser terrible. Y un país fracturado y débil es presa fácil, como lo fue a finales del siglo XIX después de terminada la Guerra de Independencia. Rectifíquese a tiempo esta ruta hacia el abismo, el punto de no retorno está cerca.
Todos los cubanos debemos tener todos los derechos.

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La Seguridad Cubana vs Archipiélago: cronología del asedio

CIUDAD DE MÉXICO.- A mediados de agosto se hizo pública la convocatoria a la marcha cívica de noviembre, que tiene entre sus demandas la liberación de los presos políticos. Un mes después el régimen de la isla sistematizó los actos de hostigamiento contra los activistas y miembros del grupo Archipiélago. Desde entonces, con el apoyo de su aparato represivo y propagandístico, el acoso y las agresiones no han cesado.
Al menos 47 agresiones han sufrido los miembros del grupo Archipiélago.
Entre la estrategia de propaganda del régimen cubano tuvieron que revelar la identidad de un agente encubierto de la Seguridad del Estado con el fin de desacreditar a Yunior García, la figura más visible del grupo. Al dramaturgo, que hizo su aparición más visible el 27 de noviembre cuando fuera relevante en las negociaciones con el Ministerio de Cultura de Cuba, le han dedicado más de una decena de textos desacreditándolo y mintiendo sobre quién es, varios programas en la televisión, par de actos de repudio. Dejaron palomas decapitadas en su puerta y le cortan casi a diario el Internet a él y a su familia. La advertencia de que serán procesados de realizar la protesta ha sido dada a quienes pretende manifestarse.
El propio gobernante Miguel Díaz-Canel lo dejó claro en su cuenta de Twitter y durante una plenaria del Comité Central.
Junto al dramaturgo, los miembros más asediados de Archipiélago en La Habana han sido Daniela Rojo, a quien han llegado a intimidar con el bienestar de sus hijos menores de edad, y el jurista Fernando Almeyda. Mientras que en el interior del país los agentes físicos y virtuales del gobierno cubano acosan una y otra vez a la emprendedora Sayli González, el rapero Omar Mena, el doctor Manuel Guerra y el profesor David Alejandro Martínez. Los dos últimos perdieron sus empleos como castigo por su activismo.
Leinier Cruz, otro de los coordinadores, fue secuestrado en plena vía pública por la policía política, montado a la fuerza en un auto y trasladado con la cabeza encapuchada sin poder observar a dónde lo llevaban. En una casa de visita de la policía política fue amenazado.
Sin embargo, el método de hostigamiento más frecuente contra quienes se sumaron a la iniciativa fue citarlos a interrogatorios para allí ser intimidados con posibles penas de cárcel si continuaban promocionando la marcha.
CubaNet, mediante una revisión de la prensa de agosto hasta el 9 de noviembre, además de informes de la organización Cubalex, presenta esta línea del tiempo donde en su área superior (y de verde) mostró la evolución de este grupo y cómo fueron sumándose ciudades de Cuba, a la par que sus miembros se defendían del acoso de las autoridades.
En la parte inferior (y de amarillo) resumimos los principales actos de hostigamiento contra Archipiélago. Así contamos cómo ha crecido el movimiento que ha puesto en jaque a la dictadura y la respuesta desde el poder.
*Nota: Para interactuar con la herramienta puede aumentar (con el signo +) el tamaño de los hitos y así facilitar la lectura. Esta cronología también permite utilizar el buscador para filtrar los resultados según las palabras descritas en el título de cada punto de la cronología.

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A las izquierdas críticas

En unos días será 15 de noviembre y muchos de ustedes se preguntan si habrán de marchar. Algunos ya lo habrán decidido; otros, sofocarán las noches repasándolo. Es una pregunta que a nadie deja indiferente, es la pregunta en el aire.
La calle ha sido siempre el lugar de la izquierda. Es en las calles, y en el espíritu de protesta, de donde proviene la esencia de la izquierda, y donde la izquierda es; no en las parrafadas tiesas de los burócratas, ni en el discurso hueco de los demagogos. En La Revolución Rusa. Un examen crítico, Rosa Luxemburgo escribía en 1918:

(…) con la represión de la vida política en el conjunto del país, la propia vida muere en todas las instituciones públicas, se convierte en una apariencia de vida en la que queda solo la burocracia como elemento activo. La vida pública se adormece paulatinamente, dirigen y gobiernan unas pocas docenas de cabecillas del partido (…). Entre ellos, lleva en realidad la voz cantante solo un puñado de cabezas pensantes. (…) Una dictadura, en definitiva; pero no la dicta- dura del proletariado, sino la dictadura de un puñado de políticos.[1]

Si algo es común a esa diversidad de pensamiento que llamamos izquierda es la preocupación por la persistencia de la hegemonía, de cualquier forma de hegemonía, y la defensa de los oprimidos, de las minorías, de los sin poder.
El poder en Cuba ha tejido una narrativa unívoca y polarizada, que segrega las ideas de unos sobre otros; un poder osificado y retráctil, que ha perdido el pulso a la realidad de las personas. No digo los ciudadanos, no digo el pueblo, digo las personas, porque socialismo, en tanto tal, significa mirar sobre lo humano; no entiende de socialismo quien nunca ha sido capaz de ponerse al servicio de los otros por encima de la comodidad y el bienestar personal.
Una cosa irrumpe el período implacable de esa persistencia hegemónica. Es eso que Nietzsche llama el impulso de la vida y que Arendt define como libertad: «lo que usualmente permanece intacto en las épocas de petrificación y ruina predestinada es la facultad de la libertad en sí misma, la pura capacidad de comenzar, que anima e inspira todas las actividades humanas y constituye la fuente oculta de la producción de todas las cosas grandes y bellas.»[2]
El embargo es cierto, pero también son ciertas, sin embargo, la vulneración constante de nuestras libertades y derechos por parte de las autoridades. No hay ninguna causalidad entre estas dos cosas. Como tampoco sirve de excusa para disculpar la mala gestión de la administración y la ineficiencia de la burocracia. Poder gobernar es, en primera instancia, asumir responsabilidad.
Lo más hermoso de este año ha sido constatar que las posiciones más críticas, las más duras, han venido del pensamiento de izquierdas. De una izquierda plural y viva, efervescente, que retoña y crece en el interior de una autocracia que se dice comunista.
El 15 de noviembre no marcharemos bajo el influjo de ninguna ideología, marcharemos contra el autoritarismo, por la liberación de los que hoy están injustamente presos, por la libertad y por el derecho común. Cada uno lo hará defendiendo sus ideas, porque no existe manera  real de caminar si no es junto al que piensa diferente.
Muchas veces he imaginado una marcha así. Una caminata de carteles distintos. Uno podría ser de la Luxemburgo, otro de Chaplin, otro de Maxwell, y otro quizás, de Leonardo da Vinci. La única manera de ser iguales existe en la pletórica diferencia. Son los hombres quienes protagonizan [los milagros], los hombres quienes por haber recibido el doble don de la libertad y la acción pueden establecer una realidad propia.[3]
Nos vemos el 15. Por la potencia de lo humano, por la injusticia y el dolor de los oprimidos, por la fuerza incontenible de la poesía.
Noviembre 11 de 2021.
***
[1] Luxemburgo, Rosa. La revolución rusa, un examen crítico. Caracas, Fundación Editorial el perro y la Rana, 2017, pp 65-66.
[2] Arendt, Hannah. ¿Qué es la Libertad? Publicado originalmente en Revista: Zona Erógena. Nº 8. 1991.
[3] Ibídem.

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Archipiélago respalda decisión de Yunior García a marchar en solitario el 14N

MIAMI, Estados Unidos.- La plataforma Archipiélago respaldó la decisión del dramaturgo y activista cubano Yunior García Aguilera de marchar en solitario este domingo 14 de noviembre en La Habana, como parte de la Jornada Cívica por el Cambio, y aseguró que, de ninguna manera, esta es “una acción desmovilizadora”.
“Yunior tiene todo nuestro afecto, apoyo y respeto. Inspirado por el civismo, la ética, el humanismo, la justicia social y la no violencia, Archipiélago respeta, y respetará siempre, las decisiones autónomas e individuales de cada una de las islas que nos conforman”, informó el grupo en un comunicado publicado en su página de la red social de Facebook.Archipiélago respalda decisión de Yunior García a marchar en solitario
“La declaración de Yunior García Aguilera no es, de ninguna manera, una acción desmovilizadora. Todo lo contrario, la propuesta de una marcha tranquila y en solitario viene a ocupar un espacio dentro del rango de acciones de la Jornada Cívica por el Cambio que Archipiélago propone”, agregó Archipiélago, principal promotor de la marcha convocada para el próximo lunes 15 de noviembre.
Los coordinadores del grupo sostienen que el encuentro del 15N se trata de un derecho constitucional de los cubanos y actúan con total apego a la ley vigente. Asimismo, ven en la propuesta de García Aguilera un aldabonazo a la conciencia y al pacifismo de quienes saldrán a marchar o manifestarse pacíficamente el 15N. “Al autoritarismo vamos siempre a responderle con civismo, decencia, firmeza, creatividad y autonomía”, señala el comunicado.
Captura de pantalla
“Nuestras propuestas pacíficas y humanistas están claras, pero ya no nos pertenecen. La ciudadanía cubana alrededor del mundo se ha apropiado de ellas”, sentenció Archipiélago.
En la publicación el grupo aseguró que se mantienen las marchas y protestas pacíficas en otras ciudades de Cuba, y se informarán de las propuestas que ocurran en las próximas horas.
Cienfuegos y Santa Clara anunciaron cambios en la concepción de la protesta en aras de garantizar la seguridad de las personas. En Cienfuegos se realizará una sentada en el parque Villuendas y en Santa Clara no existirá una concentración en un punto determinado, sino que cada persona, o grupos de personas, podrán salir a las calles y protagonizar la iniciativa.
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Archipiélago aclara que se mantiene la marcha del 15 de noviembre

MIAMI, Estados Unidos.- La plataforma Archipiélago respaldó la decisión del dramaturgo y activista cubano Yunior García Aguilera de marchar en solitario este domingo 14 de noviembre en La Habana, como parte de la Jornada Cívica por el Cambio, y aseguró que, de ninguna manera, esta es “una acción desmovilizadora”.
“Yunior tiene todo nuestro afecto, apoyo y respeto. Inspirado por el civismo, la ética, el humanismo, la justicia social y la no violencia, Archipiélago respeta, y respetará siempre, las decisiones autónomas e individuales de cada una de las islas que nos conforman”, informó el grupo en un comunicado publicado en su página de la red social de Facebook.Archipiélago respalda decisión de Yunior García a marchar en solitario
“La declaración de Yunior García Aguilera no es, de ninguna manera, una acción desmovilizadora. Todo lo contrario, la propuesta de una marcha tranquila y en solitario viene a ocupar un espacio dentro del rango de acciones de la Jornada Cívica por el Cambio que Archipiélago propone”, agregó Archipiélago, principal promotor de la marcha convocada para el próximo lunes 15 de noviembre.
Los coordinadores del grupo sostienen que el encuentro del 15N se trata de un derecho constitucional de los cubanos y actúan con total apego a la ley vigente. Asimismo, ven en la propuesta de García Aguilera un aldabonazo a la conciencia y al pacifismo de quienes saldrán a marchar o manifestarse pacíficamente el 15N. “Al autoritarismo vamos siempre a responderle con civismo, decencia, firmeza, creatividad y autonomía”, señala el comunicado.
Captura de pantalla
“Nuestras propuestas pacíficas y humanistas están claras, pero ya no nos pertenecen. La ciudadanía cubana alrededor del mundo se ha apropiado de ellas”, sentenció Archipiélago.
En la publicación el grupo aseguró que se mantienen las marchas y protestas pacíficas en otras ciudades de Cuba, y se informarán de las propuestas que ocurran en las próximas horas.
Cienfuegos y Santa Clara anunciaron cambios en la concepción de la protesta en aras de garantizar la seguridad de las personas. En Cienfuegos se realizará una sentada en el parque Villuendas y en Santa Clara no existirá una concentración en un punto determinado, sino que cada persona, o grupos de personas, podrán salir a las calles y protagonizar la iniciativa.
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«Nunca vamos a renunciar al derecho a conquistar nuestros derechos»

Yunior García Aguilera es hoy, probablemente, el hombre más vigilado de Cuba. La Seguridad del Estado sabe a qué hora se levanta, qué desayuna, de qué habla con las personas de su casa, con quién se encuentra de casualidad en la calle, con cuánta gente conversa por teléfono y qué mensajes intercambia.
Si algo de eso puede servir para señalarlo como «mercenario», «apátrida», «marioneta del Imperio» o estudiante de cualquier curso de brujería o magia negra, pues será usado sin el más mínimo reparo —de ser preciso, con algunos toques de edición no siempre bien logrados—, y ampliado por el sistema de medios que financia el erario público y que están bajo control riguroso del Partido Comunista de Cuba y su Departamento ideológico.
Sin embargo, a la Seguridad del Estado y demás organismos creados para «defender nuestra democracia», les ha resultado difícil adelantarse a lo que Yunior piensa. Por ello no entendieron en un inicio la magnitud que podía —y aún puede— tomar una organización como Archipiélago y la convocatoria a la marcha cívica que ya está a la distancia de una cuenta regresiva. Alimentada con el descontento que explotó el 11 de julio, la iniciativa ha ganado miles de adeptos dentro y fuera de Cuba.
El holguinero es la isla mayor de una plataforma plural —demasiado para el gusto de algunos—, y se ha convertido en uno de los líderes de la oposición más formidables de cuantos han plantado cara al gobierno en los últimos sesenta años. Se puede estar en comunión o no con sus ideas, pensar bien o mal de sus métodos y vínculos, pero lo cierto es que el dramaturgo tiene a su favor, además de mucha osadía, tres elementos escasos en el árido panorama de los políticos cubanos: juventud, carisma e inteligencia.
Como todo el que se opone a un poder absoluto, sobre él se han vertido acusaciones diversas, ridículas algunas y otras fundamentadas y complejas. No obstante, en torno suyo siguen aglutinándose personas que lo ven como alternativa a la desesperanza de un sistema cuyos recursos parecen cada vez menos efectivos para generar consensos. ¿Quién es realmente Yunior García? ¿Qué tiene para ofrecer a Cuba y su gente? Es probable que para saberlo aún debamos esperar un tiempo. Por ahora, solo tendremos las respuestas a algunas preguntas.  
Quisiera comenzar hablando sobre el material que hace unos días publicara el sitio Las razones de Cuba, en el que hay dos puntos que son probablemente los más debatidos: el curso al que asististe sobre el papel de las fuerzas armadas en las sociedades en transición y el fragmento del video en el que te ves entrando a una residencia diplomática estadounidense en La Habana.
Conocí a Laura Tedesco y a Rut Diamint, las profesoras de las que tanto se ha hablado, en una función de Jacuzzi, que se hizo en un Festival de Teatro aquí. Cuando acabó la puesta fueron a saludarme e intercambiamos contactos. Un tiempo después me invitaron a este evento en Buenos Aires, era algo académico en una universidad de allá y acepté porque me interesaba el título, que era Diálogo sobre Cuba; me atraía ese tipo de intercambios de la sociedad civil, y también por el hecho de que no existía ninguna razón real de peso para no asistir a un evento como ese.
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No obstante, la Seguridad del Estado me vio antes y después de ese viaje a Buenos Aires. En las entrevistas/interrogatorios no les preocupaba demasiado mi asistencia al evento, de hecho, les aclaré que no tenía intenciones de ser colaborador y me dijeron que no iban a proponérmelo, pues allí les sobraban colaboradores. Lo que les preocupaba era lo que yo como artista pudiera decir a medios de prensa. Les dejé claro que lo que declararía en cualquier lugar era lo mismo que había dicho aquí dentro —ya había pasado lo de las quince preguntas en la reunión de la UNEAC de Holguín—. Entonces, decidí ir al evento.
Una vez allí, sugerí que para la próxima edición intentaran incluir a un grupo más heterogéneo de la sociedad civil para que en sus estudios sobre la Isla tuvieran una idea más certera del pensamiento plural de los cubanos con respecto a la realidad. Aceptaron la idea y en la segunda edición participó un grupo muy variado que incluía a un médico, como ya se sabe, a artistas de la plástica, influencers de las redes sociales, cuentapropistas, estudiantes. Yo fui como artista.
Debo destacar que en ambos casos realicé mis trámites de viaje de manera abierta a través de las instituciones a las que pertenezco. Hice el trámite con mi pasaporte institucional por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, previa presentación de toda la documentación que lleva un viaje de ese tipo.
O sea, ¿fuiste a esos cursos de los que ahora se te acusa con pasaporte institucional?
Exacto, como te digo, realicé todos los trámites mediante la UNEAC. Obviamente, para la Seguridad del Estado nada de esto era un secreto, más allá de que el médico resultara ser informante, pues fue un evento público, abierto, no era un secreto. A mi regreso a Cuba no tuve contacto con nadie de las FAR, ni me dediqué a nada de lo que ahora sugiere la Seguridad del Estado. Yo ni siquiera pasé el Servicio Militar, nunca he disparado un arma de fuego, por tanto, mi conocimiento sobre fuerzas armadas es bastante limitado.
Estas actividades consistían en conversaciones plurales de un grupo heterogéneo de cubanos sobre nuestra realidad y el papel del ejército en sociedades democráticas. Por ningún lugar existió un plan para penetrar las FAR ni mucho menos, eso es ridículo.
Es llamativo que hayas ido con pasaporte institucional y que la Seguridad del Estado supiera todo de aquellos eventos, y que, sin embargo, ahora los presenten como una especie de aquelarre.
Sí, es curioso. La Seguridad del Estado sabía perfectamente todo porque incluso, como ya te comenté, fui interrogado por ellos antes y después del primer viaje. Yo vivía en Holguín entonces, el primer interrogatorio se hizo en el café de la AHS, y el segundo en una de las oficinas de la UNEAC. Por tanto, no había secreto ni sorpresa en nada de esto.
El día 3 de diciembre del año pasado, que fue la primera vez que me contactó la Seguridad después del 27 de noviembre, el oficial que a partir de ese momento me atendería me dejó claro que esos viajes no les interesaban, que estaban conscientes de que yo no era un mercenario, pero les preocupaba que un artista se involucrara con algunas personas de las que estuvieron el 27-N.
Fíjate cuánto ha cambiado la historia desde entonces hasta acá: en aquel momento esos viajes no eran importantes y el ministro de Cultura me invitaba, ese mismo día, al supuesto diálogo que iba a tener lugar el 4 de diciembre en el Ministerio de Cultura —actividad a la que me negué a participar por razones que ya he explicado.
Siendo así, imagino que te haya sorprendido ver todo esto.
No me sorprendió porque ya habían comenzado a usarlo en las redes sociales. El perfil anónimo Karlito Marx, que ha venido atacándome desde el 27-N, se ha referido a estos viajes continuamente. Incluso, las profesoras Laura y Rut escribieron a La Jiribilla después de que salieran artículos sobre el asunto, dicho medio se negó a publicarlas y El Toque sacó el texto de ellas.
El otro elemento del material de Las razones de Cuba del que quería que habláramos es el fragmento de video en el que se te observa entrando a una residencia diplomática estadounidense en La Habana.
Fabiola López, la periodista de Telesur, me preguntó sobre eso cuando salí del Gobierno Municipal de La Habana Vieja y le comenté que, efectivamente, había tenido un encuentro con el embajador de Estados Unidos. Le dije que el tema de nuestra conversación había sido el embargo, porque todos los que asistimos a la cita estamos en contra y le expusimos al señor Timothy Zúñiga-Brown lo que creemos de las sanciones, que afectan a la familia cubana, a los emprendedores y al pueblo en general.
Timothy Zúñiga-Brown
Ese encuentro, cuyo objeto era hablar sobre los temas relacionados con el podcast y el acceso a internet en Cuba, fue mucho antes de que naciera Archipiélago, no recuerdo la fecha exacta. Quien nos recibió en la residencia del embajador fue Alexander Augustine Marceil, el funcionario que aparece en el material de Las razones de Cuba. Para mí era un funcionario más, yo no lo conocía, obviamente no sabía nada de su historial.
La conversación giró en torno a los problemas que causa el embargo. Cuando me preguntaron si tenía alguna solicitud en particular, dije que sería interesante poder llegar al Congreso de Estados Unidos para hablar de esas sanciones que afectan directamente a la familia cubana. No se habló nada ni de Archipiélago, ni de la marcha, esos proyectos no existían. La primera persona a la que le comenté sobre Archipiélago fue a Silvio Rodríguez en el encuentro que sostuvimos.
Después de que se formó Archipiélago y se anunció la marcha —que es lo que nos ha traído toda la avalancha de ataques—, tomamos la decisión de no establecer contacto con ningún gobierno extranjero a través de sedes diplomáticas. El embajador de Estados Unidos incluso me llamó para invitarme a un encuentro y cortésmente lo rechacé, para evitar manipulaciones y porque nuestro deseo es hacerlo todo de manera absolutamente soberana.
¿Después de aquel encuentro que tuviste en la residencia diplomática fuiste citado por la Seguridad del Estado o no se dieron por enterados?
No, no fui citado. De hecho, el agente que atiende mi caso lo mencionó en uno de los interrogatorios que me hicieron, y le dije que ese encuentro no había sido para nada un secreto, no es algo que tuvieran contra mí. Incluso lo reté a que indagaran con el señor Zúñiga-Brown por el motivo del encuentro y lo que allí yo había planteado.
¿A esa reunión asistieron más personas o fuiste invitado solo tú?
Sí, fueron más personas invitadas, pero no me parece correcto revelar sus identidades sin autorización de ellas.
Me comentabas hace un rato de la invitación que te hizo el ministro de Cultura al «diálogo» posterior al 27-N. ¿Después del nacimiento de Archipiélago y del inicio de tu activismo político de un modo más marcado, has tenido contacto con alguien del gobierno o de las instituciones, más allá de los ocurridos con la Seguridad del Estado?
Realmente, la Seguridad hace bastante tiempo, desde antes de comenzar todos los ataques, no me interroga ni me cita. En esta última fase han cerrado cualquier contacto, algo de lo que me alegro porque no es una experiencia agradable ni que pueda beneficiarme como persona, sino todo lo contrario.
Yunior García frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020 (Foto: elTOQUE)
Quienes han contactado conmigo han sido las personas del lugar donde trabajo, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, cuya vicepresidenta, junto al presidente del Centro de Teatro de La Habana, me llamaron para decirme dos cosas: uno, que no apoyan lo que hacemos desde Archipiélago —me queda claro porque en lo personal he recibido ataques desde la página en Facebook de la institución—; y dos, que mi grupo de teatro no se cerraría, que me concentrara en seguir presentando proyectos para continuar trabajando.
Qué surrealista eso
Sí, es muy contradictorio.
Sé que anteriormente han existido malas experiencias con los intentos de entablar diálogo con el gobierno —esta que acabas de mencionar posterior al 27-N es una de ellas. No obstante esos fracasos, ¿estarías dispuesto a dialogar con el gobierno si te invitaran a ti, a Archipiélago y a otros actores de la sociedad civil cubana?
A diferencia de quienes repiten esa frase que muchas veces vemos en las redes sociales y que no tiene demasiada base histórica: «con las dictaduras no se dialoga»; yo sí creo que el diálogo muchas veces ha ayudado a países en el tránsito a la democracia de manera cívica y pacífica. Por tanto, considero que es un elemento clave en el futuro inmediato de Cuba para la solución del conflicto que estamos viviendo.
En ese sentido, te respondo que sí aceptaría un diálogo que fuera realmente transformador, o sea, un proceso con observadores neutrales, con garantes, y en el que se lleguen realmente a acuerdos que solucionen el conflicto que estamos viviendo, que arribe a una solución verdaderamente democrática.
¿Qué acuerdos podrían ser esos?
Un diálogo para un plebiscito, para lograr la libertad de los presos políticos, para una transformación concreta de nuestra realidad. Con un proceso así estaría de acuerdo, incluso si no me invitaran, aun cuando me consideraran un interlocutor no válido —y los ataques demuestran que pasé a encabezar su lista negra—, aunque fuera sin mí estaría de acuerdo. Creo que son necesarios muchos diálogos para resolver los conflictos en Cuba.
Has hablado mucho de la necesidad de construir la fraternidad entre cubanos y de trascender estereotipos y encasillamientos que antes nos han separado. No obstante, existe una parte de los cubanos del exilio y también algunos desde dentro de la Isla que hablan no necesariamente de la anexión, pero sí de una relación de tutelaje o subordinación de Cuba a los Estados Unidos. Es un dilema antiguo entre nosotros. ¿Qué postura asumes como activista político ante esos cubanos?
Primeramente, la opinión de que Cuba funcionaría mejor si fuera más cercana a Estados Unidos no es solo de los exiliados o de determinados grupos, sino que es la opinión del gobierno cubano. Por eso hace todo lo posible por establecer nuevamente relaciones y comenzar a hacer negocios de todas las formas imaginables. Por supuesto, a Cuba le iría mejor si tuviera relaciones normales con Estados Unidos.
En cuanto a la subordinación, la respuesta, por supuesto, es que no debe existir ninguna. Cuba debe tener las mejores relaciones posibles con todos los países, dentro de los cuales está Estados Unidos, que es nuestro vecino. La premisa en esas relaciones debe ser el respeto a la soberanía nacional, pero esa es una soberanía que debe residir en los ciudadanos y no en un partido político, sea del signo que sea.
El 11 de julio, Yunior García y otros ciudadanos se manifestaron frente al edificio del Instituto Cubano de Radio y Televisión, en el Vedado, La Habana. (Foto: Ernesto Mastrascusa/EFE)
No obstante, puedo entender las posturas de una parte de la comunidad cubana asentada en Estados Unidos y que ha sufrido demasiado. Muchos de ellos tienen doble ciudadanía y doble sentido de pertenencia, por la tierra en que nacieron y por la que los acogió. Ese es uno de los temas que se deberían abordar con énfasis en el diálogo nacional que nos falta, la relación con el exilio y la manera de conciliar algunas posturas con nuestros deseos de soberanía.
Sin embargo, considero que nunca antes Cuba había sido tan dependiente de Estados Unidos como ahora, sobre todo desde lo discursivo. En todos los discursos de los dirigentes cubanos, de cualquier nivel, está presente Estados Unidos como un elemento clave. Ese país es la causa de todos nuestros males; por tanto, es también la solución a todos nuestros problemas, si seguimos la misma lógica del gobierno.
El embargo ha sido excesivamente utilizado como herramienta de política internacional para obtener victorias diplomáticas. A veces a uno le parece que el embargo es una cosa a la que no quieren renunciar, porque constituye una herramienta política importante para el régimen.
Por todo ello, el tema de las relaciones con Estados Unidos es de las cosas más complejas de nuestro escenario político exterior. Con ellos debemos tener relaciones normales, basadas en el respeto mutuo y en principios de no injerencia, pero también de no beligerancia. Hay que sepultar esa herencia de Guerra Fría que algunos, a ambos lados, insisten en mantener viva. Por supuesto, cuando construyamos una nación verdaderamente independiente y democrática, habrá que trabajar mucho en pos de la mejor relación posible con nuestro exilio y con toda la comunidad internacional.
Eso que todavía insisten en llamar Revolución, no es más que un dogma excluyente. Usan la ideología socialista solo para perpetuarse en el poder a través del partido único, pero en la práctica, poco les importa el progreso o la justicia social. Son una casta que secuestró la soberanía de un país y que no está dispuesta a compartir el poder con nadie, simplemente eso.
Al menos Díaz-Canel y hace muy poco José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, se atrevieron a decirlo: «en Cuba no existe la separación de poderes». No sé cómo ciertos analistas que se dicen demócratas interpreten esa declaración, pero para muchos dentro de Cuba ya estaba clarísimo desde hace mucho tiempo: no hay democracia, no hay Estado de Derecho y ni siquiera hay República. Es una tiranía de libro, sin lugar a ninguna duda razonable.
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Para construir un nuevo pacto social es preciso apartarse totalmente de esos esquemas excluyentes. Cada ciudadano, sin importar su ideología, es parte de esta compleja ecuación que es Cuba, más allá de la propaganda. Si persistimos en ignorar o eliminar elementos de esa ecuación, nunca tendremos Nación, sino feudos ideológicos enfrentados hasta el cansancio. Desde ambos extremos nos inoculan un pensamiento de trinchera. En las esquinas del ring se grita NO a los diálogos y se estimula el combate. Cada vértice se arroga la facultad divina de imponernos con quién hablar y con quién no. Yo no acepto esas reglas del juego.
Archipiélago no es un partido político encasillado en un color político, es una plataforma pluralista. Nosotros queremos impulsar, desde el civismo, un debate amplio que no excluya a nadie. No buscamos alianzas, sino encuentros. Tampoco establecemos pactos, porque el pacto social que pretendemos habrá que construirlo entre todos. Cualquier programa que persista en la exclusión, sería más de lo mismo. Y no valdría la pena tanto esfuerzo para, una vez más, sustituir una dictadura por otra. Llevamos ya setenta años en esta historia.
La campaña contra la marcha, pero especialmente en tu contra, se recrudece en la medida que pasan los días, ¿cuál consideras que es su influencia en la gente, tanto en partidarios como en opositores?
A sus partidarios no necesitan persuadirlos demasiado. El fundamentalismo es inmune a la lógica, a los argumentos y a la realidad. Sus estrategias se concentran en esa parte de la población que escapa a su control total. Para ello, recurren al asesinato de reputación, y en esa campaña no existen límites morales. Sé que vendrán ataques peores a medida que aumente su ansiedad y desesperación. Por otra parte, dividir ha sido su táctica predilecta.
Ya andan dando charlas en los barrios, con fotos mías incluso, diciendo todo tipo de barbaridades. También harán esto con los jóvenes cuando comiencen las clases. Se han acercado a otros miembros de Archipiélago para sembrar recelos entre unos y otros. Fue lo mismo que hicieron con el 27-N. Insisten en llamarnos mercenarios, aunque no puedan probarnos un solo centavo. Insisten en relacionarnos con el gobierno de los Estados Unidos, aunque tengan la certeza de que esa relación no existe. Ellos son fervientes defensores de la premisa de Goebbels: una mentira mil veces repetida se convierte en verdad.
Su estrategia, en cambio, con sectores más radicales de la oposición, es generar sospechas. Para eso divulgan teorías conspirativas inverosímiles que, a pesar de eso, siempre encuentran quien las acoja.
¿Qué crees que va a suceder el próximo 15 de noviembre?
Puedo asegurarte que nunca vamos a renunciar al derecho a conquistar nuestros derechos. Haremos cívicamente todo cuanto podamos porque nos sea respetado el derecho a manifestarnos. Sin embargo, y en esto quiero ser muy enfático, repudiamos cualquier tipo de violencia, por lo que evitaremos la confrontación.
La marcha que hemos convocado es precisamente contra la violencia política, por eso queremos generar una manifestación cívica y pacífica, sin enfrentamientos entre cubanos. No queremos que vecinos se lancen contra sus vecinos. Para ello, hemos pensado una liturgia de marcha que busca propiciar ese civismo.

No obstante, nosotros no somos responsables de lo que ocurra ese día. El Estado cubano es el responsable del orden público y es quien debe velar porque ese día no haya violencia de ninguna parte. La policía tiene que velar por la seguridad de todos los cubanos, sin excepción alguna, tanto de los manifestantes como de los que simpatizan con el régimen. Esa es su responsabilidad.
Somos conscientes de los riesgos que corremos: el Estado puede infiltrar personas violentas para culparnos de los hechos que cometan, puede liberar presos comunes en días cercanos a la marcha —ya lo está haciendo—, puede emplear múltiples recursos para desvirtuar nuestra marcha.
Archipiélago es responsable por la convocatoria que ha hecho y nosotros, en lo personal, nos responsabilizamos por nuestra conducta individual durante la manifestación. Lo demás es responsabilidad absoluta de las autoridades.
Yo puedo ir preso, pero afortunadamente Archipiélago no depende de una sola persona-isla. Y Cuba aprenderá a no depender de caudillos o mesías para hacer realidad los sueños postergados.
¿Cuáles serían para ti los cambios más perentorios?
Hay muchos cubanos con propuestas y soluciones concretas. Ese debate nacional resulta urgente. Y luego tendremos que ser capaces de llevar nuestros conflictos a las urnas. La solución para Cuba no debería volver a depender de la propuesta que presente un solo grupo. Se necesita debate profundo y consenso, se necesita una construcción colectiva de una República democrática con un sólido Estado de Derecho y con verdadera justicia social.
El cambio más perentorio es de lenguaje y de pensamiento. Nos sembraron durante mucho tiempo una falsa sensación: esto ni lo arregla ni lo tumba nadie. Ese pensamiento, tristemente popular, es una mordaza impuesta por el poder. Es un nudo gordiano que debemos cortar, como hiciera Alejandro.
Sé que toda su atención debe estar en la marcha del 15-N, pero imagino que hayan pensado en lo que viene después. ¿Cómo piensa Archipiélago encauzar sus propuestas? ¿Crees que esta presión funcione?
No hay cambios sin presión social. Sacudir un país es nuestro activismo, no solo al régimen para que reaccione, sino también a la sociedad en su conjunto para que se quite la pereza, los temores, el miedo, el inmovilismo que muchas veces ha marcado a los cubanos. Debemos entender que tenemos que luchar por nuestros derechos y participar en la vida del país, sin hipocresías ni simulaciones. Y creo que en buena medida se han logrado cosas importantes, esto ha sido una gran sacudida para la nación.
Sabemos que va a ser muy difícil nuestra vida a partir de ahora, todo esto marca un antes y un después y nada volverá a ser normal. Pero estamos dispuestos a seguir asumiendo un camino cívico y pacífico por motivar cambios. Después de la marcha seguirán surgiendo iniciativas que busquen que la soberanía popular tome partido en los asuntos políticos y que termine en el hecho de que la voluntad del pueblo se exprese a través de las urnas. Habrá que llegar a un referéndum, a un plebiscito, a algún mecanismo transparente y fiable que permita que los cubanos manifiesten su voluntad, y no un grupo que imponga sus visiones sobre otros.
No nos puede ocurrir lo que otras veces en la historia de Cuba, que una facción sustituya en el poder a la otra y al final lo que sucede es un cambio de dictaduras, pero no se construye una sociedad democrática y martiana. Todos los caminos cívicos que no incluyan la violencia son válidos para llegar a ese punto.
El poder no ha dado señales de madurez. Ha reaccionado con pánico ante su propio pueblo, con amenazas violentas y represión. Lo único que le importa al poder es conservarse absolutamente. No basta con «reformar» lo que sufre graves problemas de estructura. Los cambios que Cuba necesita no pueden significar tampoco un retorno al pasado. Hay que acabar de traer a Cuba hacia el presente y hacerla avanzar hacia el futuro.
¿Sobre qué bases se sustentarían tus propuestas políticas, como líder de un grupo, más allá de las inmediatas que ya han formulado? ¿Qué elementos del actual sistema mantendrías?
He criticado muchas veces lo que llamo el Síndrome del Krim 218, y que hace que percibamos la realidad de Cuba en blanco y negro. Siempre hay matices. Y hay, por supuesto, muchas cosas que deberían mantenerse y mejorarse. Pero sin dictadura ni pensamiento único, sin exclusión ni discriminación de ningún tipo. Asuntos como la salud y la educación deberán ser de acceso universal garantizado. Hay que combatir la injusticia social y evitar que la brecha entre unos y otros se vuelva insalvable. Hay que eliminar la pobreza y asistir a los más necesitados.
Pero para eso se necesita generar riqueza, eliminar todo obstáculo absurdo al emprendimiento, liberar de verdad las fuerzas productivas, dejar de obstinarse en que el Estado maneje lo que, de manera evidente, no sabe gestionar. Habrá que construir las condiciones para que la gente participe de manera efectiva en las soluciones y no solo se limite a arrojar sus quejas en sacos vacíos.
Es falso que la independencia nacional se haya logrado. Habrá que arrebatarle la soberanía a la casta que la ha secuestrado, y entregársela de forma definitiva a los ciudadanos.
En tu obra como dramaturgo Martí es una presencia habitual. ¿Quiénes son tus referentes como activista político?
Tengo muchos referentes, desde Mandela hasta Martin Luther King. Pero Martí sigue y seguirá siendo mi principal guía. Y no es un Martí de citas sacadas de contexto ni bustos de piedra. He estudiado profundamente su obra. Tengo escrito un guión de una película sobre un Martí vivo, aquí y ahora. Para escribirlo necesité sumergirme en su vida y en todos sus textos y fue ahí donde llegué a comprenderlo por vez primera. Si Martí estuviera vivo, los que conocen seriamente su obra saben perfectamente de qué lado estaría.
Martin Luther King Jr.
¿En qué momento despertó tu chispa política? ¿Hubo algún hecho puntual que sirviera de detonante?
Como muchos jóvenes cubanos, fui militante de la UJC en mis años de la Escuela Nacional de Arte. También fui delegado al X Congreso de la FEEM en el 2002. En aquel momento ya era alguien rebelde con ideas de cambio. Pero fue 2003 el año que significó para mí un golpe. La primavera negra y el injusto fusilamiento de tres jóvenes fue tal vez el detonante. Dejé de militar en la UJC y comencé desde entonces un proceso de adentrarme en una historia de Cuba que desconocía. Las revistas Vitral y Encuentro comenzaron a formar parte de mi biblioteca. Reinaldo Arenas, Lezama, Cabrera Infante y otros empezaron a influir en mi modo de ver la realidad.
Nadie cambia porque alguien venga a decirle que está equivocado. Es un proceso interno en el que cada persona va formándose una verdad propia. A mí me cambió descubrir que lo que llamaban «errores del pasado», continuaban siendo realidades del presente. No se puede cambiar para que todo siga igual. La palabra cambio es, inequívocamente, una revolución que comienza dentro de tu cabeza y luego ya no puedes impedir que se exprese y te impulse a hacer lo que consideras que es urgente, necesario y útil.
¿Políticamente, cómo te definirías?
El mundo de hoy, aunque las polarizaciones parezcan multiplicarse, es patológicamente ambidiestro. La izquierda y la derecha suelen confundirse con frecuencia. La China «comunista» es hoy el país que más contamina el planeta y planea convertirse en el próximo imperio. La tiranía cubana tal vez explote a sus proletarios más que nadie en el mundo. Nada es irrevocable en un universo donde la dialéctica se impone. Yo soy un pluralista, un inconforme, un creador. Me resisto a colocarme falsas etiquetas.
Has hablado de los riesgos del activismo político en Cuba y de cuánto cambiarán sus vidas a partir de ahora. Algunos especulan que muchos de ustedes después del 15-N irán a prisión y después serán desterrados, como ha sucedido en tiempos recientes. ¿Estás preparado para ir preso?
Si te soy sincero, no. No estaba completamente preparado para todo lo que nos ha ocurrido. Intento todos los días luchar contra mi rabia, esa rabia que se genera por la impotencia; intento encontrar lucidez, sensatez. Para estas cosas creo que uno nunca está preparado, pero este es el camino que escogimos y la dignidad es lo más importante. La dignidad es a veces lo único que queda, el último asidero al que te puedes agarrar como si fuera un tronco en un río revuelto, no sabes a donde va a llevarte pero es lo que te mantiene a flote.
Por eso lo que venga lo voy a asumir con la mayor dignidad posible, sin renunciar a mis principios, a mis ideas, sin caer en la rabia y, sobre todo, sin volverme igual que lo que crítico. Intentaré siempre no convertirme en lo que ahora crítico.
Algo que me impulsa son las muestras de apoyo cuando voy a cualquier lugar y me encuentro con personas reales, no con personas fabricadas y que responden a intereses muy específicos, sino con gente que no tiene nada que perder. Eso me devuelve la fe.
Cada día me pregunto si vale la pena todo esto. Hay personas que creen que no. En Jacuzzi, una de mis obras, un personaje tiene un monólogo en el que se le pregunta: «¿Por quién vas a morir?». Comienza a hacer una descripción de lo que entiende que es la sociedad cubana y, según ese personaje, no valdría la pena arriesgarse por esa parte de la sociedad. Pero cuando uno sale a la calle y la gente te da un abrazo en señal de solidaridad, aunque no comulguen del todo con tus ideas, eso me devuelve la fe.
No estamos haciendo esto por heroísmo, ni por pasar a la historia, ni por estar en los libros, ni para que le pongan a una calle tu nombre, ni porque en medio de un parque te hagan una estatua de bronce; estamos haciendo esto porque no podemos evitarlo, sabemos que es lo que tenemos que hacer. Es como una voz que te dice: «No lo hagas para que te lo agradezcan, hazlo porque sabes que tienes que hacerlo».
En el camino te has convertido en un líder para muchos y creo que del mismo modo que no estamos preparados para sufrir represalias como las que han padecido ustedes, tampoco es común estar preparado para ser un líder al que la gente tome como referente, al que la gente busca escuchar o leer para respirar calmada después de un ataque.
No sé si sea el líder que la gente espera o necesita, porque tengo muchas carencias dado que estoy formado como artista, no como político. Pero todas esas carencias, esas lagunas —que alguna vez tendré que rellenar con lecturas y con experiencias—, hacen que me mantenga humano. Es como una cruz que hay que cargar, pero no estás cargando una cruz ajena. Cargas a cuesta tu propia cruz y la responsabilidad es contigo mismo, no solo por lo que la gente espera de ti, sino también por lo que tú esperas de ti.
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En algunos de nuestros espacios se compartió ayer el texto El Muro de Berlín y sus símbolos con un error en su autor. El análisis corresponde al economista y profesor Mauricio de Miranda Parrondo, uno de nuestros articulistas habituales. Ofrecemos disculpas por la equivocación.

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El costo político de prohibir un derecho

El escenario político cubano es cada vez más conflictivo y tóxico. La prohibición gubernamental de la marcha pacífica convocada para el 15 de noviembre por ciudadanos de varias provincias y la capital, empeoró la situación. Los promotores reivindican con energía el ejercicio de ese derecho. Las actuaciones posteriores del gobierno son preocupantes y sus consecuencias pueden ser lamentables.
Durante décadas, las contradicciones y disensos no han podido gestionarse con mínimos democráticos. Hoy eclosionan en nuevas fórmulas de aglutinamiento y activismo cívico encabezado por jóvenes. El gobierno no sabe lidiar con eso.
Aun quienes disienten desde posiciones socialistas son un reto al poder. Se trata de un modelo centralizado, burocrático y opresivo que no tolera el disenso. Nunca se ha visto obligado a rendir cuentas, pudo reprimir selectivamente hasta hace poco y ha manipulado a la ciudadanía de múltiples maneras.  
Las demandas de la marcha estuvieron claras desde el inicio: «contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas».  
El gobierno conoce que existen muchas otras demandas por las que se podría marchar en Cuba, pero admitirlas implicaría una postura autocrítica que no le es propia. Sabe que está violando derechos inalienables reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en su Constitución.
En «Activando alarmas contra una marcha cívica», resalté la importancia de naturalizar «el ejercicio de los derechos cívicos y políticos», así como «disminuir las tensiones y eliminar el discurso amenazante y excluyente». Expresé que: «Lo más inteligente y acertado políticamente sería autorizar y garantizar la seguridad y protección a los manifestantes».
Nada de eso ha ocurrido. Al contrario, el gobierno opta por atrincherarse, violentar la soberanía popular y el ordenamiento constitucional. Reboza demagogia al sustentar su discurso en nombre de la Revolución y el Socialismo, pero la realidad evidencia que ni una cosa ni la otra existen en Cuba hace tiempo. En consecuencia, el conflicto sigue escalando.
-II-
La violencia política no es nueva entre nosotros. Sin embargo, ha crecido exponencialmente durante los últimos años, en la medida que se complejiza el conflicto y se amplía el espectro contestatario. Hoy la represión es masiva. Las fórmulas son diversas y cada vez menos razonadas, sin medir su impacto sociopolítico. Todas sirven para amedrentar y justificar mayor violencia. Para el 15-N se repitió la orden de combate del 11-J, actualizada y preparada con tiempo.
Con el fin de manipular a la ciudadanía se emplean diversos recursos en los medios masivos de comunicación. Se intenta criminalizar a los principales activistas, a la protesta y profundizar el miedo en las familias para evitar que se sumen. También para que se comprometan a apoyar al gobierno, que otra vez se victimiza.
Numerosas y reiteradas citaciones exprés a «entrevistas», son aprovechadas para acusar y calumniar a promotores de la marcha, compulsar a los ciudadanos a ser delatores y amenazarlos en caso de que decidan asistir. Se intimida con vigilancia, llamadas —anónimas o no— a los ciudadanos y sus familias, e incluso a sus parientes emigrados. Han retomado las expulsiones laborales y la vigilancia a los ciudadanos que firmaron alguna carta, o que se presume podrían manifestarse. 
La ética es cardinal para la vida, incluso en la guerra. El fin no debe justificar los medios. En política, mentir para lograr sometimiento a como dé lugar, complica el conflicto, indigna más a los opuestos y erosiona las bases sociales propias. Los discursos recientes del presidente/primer secretario del PCC y del Jefe del Departamento ideológico en el Comité Central son evidencias.
También es infame el papel de los medios oficiales —como el programa de TV del pasado lunes—,en simultáneo con otras acciones represivas. Son parte de la ofensiva gubernamental que involucra a instituciones y organizaciones de apoyo, contra algunos de los líderes y activistas principales, víctimas de mítines de repudio y otros deleznables actos.
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Al parecer, se olvida a conveniencia que Revolución es «sentido del momento histórico; (…) es igualdad y libertad plenas; es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos; (…) es no mentir jamás ni violar principios éticos (…)». Tanto eso, como el amor, la tolerancia y la justicia que enarbolan los medios oficiales, son contrarios a la realidad de muchos cubanos.
-III-
Se precisa identificar algunos factores que, directa o indirectamente, influyen en el conflicto cubano.
En el ámbito interno:
1.- El diferendo es de carácter nacional, por el fracaso de un modelo ajeno a mínimos democráticos que realicen la soberanía popular. Únicamente se acepta tocar de modo limitado el ámbito económico, donde también es conservador a pesar de los intentos de reforma, y se usa el factor externo como justificación de reiterados fracasos de sus políticas.
2.- Politólogos, economistas y la ciudadanía en redes sociales, reclaman hace años por reformas reales. Expertos han alertado hasta el cansancio sobre el agotamiento del tiempo para implementarlas con el menor costo social y político. Se demuestra en esos análisis que la crisis del modelo económico es muy anterior a las sanciones trumpistas y que la mayoría de las reformas no dependen del bloqueo.
3.- Los paquetes de medidas de los últimos años con el nuevo gobierno han sido impopulares, con errores desde el diseño y las consabidas consecuencias sociales. En todos faltó participación popular y han servido para blindar más al Estado. Hoy las afectaciones a los derechos humanos —económicos, sociales, cívicos y políticos— son constatables.
4.- No obstante, llegada la agudización del conflicto, se mantiene una zona de silencio en muchos actores que podrían influir en el curso de los acontecimientos. El reformismo cubano —alineado o no con el gobierno—, hace malabares teóricos y prácticos para desviar la atención, respaldar en última instancia la postura oficial y deslegitimar y contrarrestar la iniciativa ciudadana. Como si fuera una marcha la que ahora impidiera o limitara las reformas y los buenos oficios e intenciones del gobierno y el Parlamento. Es la dicotomía que en otras épocas de nuestra historia se ha vivido: reforma vs revolución.
5.- Decía José Martí, que «en política lo real es lo que no se ve». Detrás de la desproporcionada respuesta gubernamental contra la marcha cívica, están los anteriores elementos de fondo, y otros. El gobierno intenta desviar la atención de la raíz de los problemas y la persistencia en políticas erráticas. Prepara a la opinión pública —con sus habituales recursos— para que acepte y participe en la represión, vistiendo de pueblo la violencia institucional bajo el entendido de que es en defensa de la Revolución, «contra el enemigo externo» y sus «operadores internos».
6.- Lo real es que por primera vez ha surgido en Cuba un movimiento cívico contestatario de la joven generación, sin compromisos previos, con liderazgo horizontal y reivindicaciones propias. Con una línea que trae hasta nuestro tiempo lo mejor de la tradición cívica y patriótica cubana en diversas expresiones. Es lógico que atraiga a miles de ciudadanos.
Foto: Reuters
En el ámbito externo:
1.- Muchas de las demandas del movimiento cívico cubano son comunes a sus similares de otros países. Sin embargo, el acallamiento permanente del disenso, la construcción oficial durante años de una imagen de excepcionalidad ante el mundo y el activismo de la política exterior gubernamental con iguales fines, dificultan la comprensión de lo que realmente está ocurriendo en la Isla. 
2.- El pueblo de Cuba siempre ha sido rehén del conflicto bilateral entre su gobierno y el de los EE.UU. Hoy, a pesar de las diferencias, ambos poderes gravitan negativamente sobre el movimiento cívico cubano.
El primero, con su afán de perpetuar a la nueva clase en el poder, se afana en destruirlo de cualquier modo y lo viste con el ropaje del «mercenarismo» que tanto rechaza gran parte del pueblo. El segundo, tiene sus propios intereses geopolíticos, una tradición de injerencismo en Cuba muy anterior a 1959 y de franca hostilidad desde esa fecha.
Ahora se muestra solidario con el nuevo disenso y amenazante con el gobierno de la Isla. Por más que el contenido pueda parecer justo, es una solidaridad hipócrita al tratarse de un gobierno hostil, que persiste en dictar pautas para la transición democrática y cuyo bloqueo extraterritorial ha perjudicado por décadas a la ciudadanía cubana sobre todo.
Su identificación y acercamiento a quienes articulan un nuevo movimiento cívico en Cuba, a la larga los perjudica, y beneficia al gobierno porque le facilita arremeter contra este movimiento y criminalizarlo.   
3.- La emigración. La mayor parte se identifica con las reivindicaciones de sus compatriotas en la Isla y, sea para regresar o no, también sueña con una Cuba democrática, de ahí su activismo creciente. La complicación está en que una parte de la asentada en EE.UU ha estimulado el endurecimiento de las posturas gubernamentales de ese país. No todo su espectro es el llamado exilio histórico y no todo está asociado directamente con la oposición tradicional cubana.
Como resultado de las erróneas políticas migratorias del gobierno hasta hoy —a pesar de algunas reformas— y de usar la emigración como válvula de escape para librarse del disenso, tenemos actualmente una diáspora nostálgica y resentida, que en EE.UU. ha sido muy bien acogida, ganando espacios en el entramado político de ese país. A ello se agrega la transnacionalización del extremismo político en que nos formamos durante años, cuya expresión más notoria se manifiesta en el sector radical de esa comunidad.
4.- El complejo escenario para la solidaridad del mundo con la causa cívica de la Isla. Aunque pudiera parecer simple y legítimo, también es complicado. Recientemente se han hecho llamados de ciudadanos cubanos y del mundo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y otros organismos internacionales, así como de la sociedad civil internacional, incluidos líderes de opinión.
Sin embargo, las ideas y derechos que defiende el movimiento cívico liderado por la nueva generación cubana, deberían ser principalmente apoyados por la izquierda mundial. Y aunque desde los sucesos del 11-J se registran algunas reacciones positivas a nivel global y regional, todavía  predomina el silencio dañino, que confirma lo dicho hace más de diez años por el intelectual luso Boaventura de Sousa: «Cuba se ha vuelto un problema difícil para la izquierda».
Lo cierto es que la izquierda tradicional comparte ciertos rasgos de la cubana oficial, en parte por la común raíz estalinista. En consecuencia, dan a Cuba un tratamiento selectivo, identificando pueblo con gobierno y priorizando su lucha contra el capitalismo y los EE.UU. Así, prefieren una Cuba inmolada a perder el referente de la Isla irredenta ante el imperialismo, útil para la lucha política en sus países.
Algunos prefieren preservar sus intereses económicos y compromisos con el gobierno cubano, o ver el conflicto como lo presenta la narrativa oficial: Cuba vs EE.UU. Por tanto, se alinean con el poder, reproducen sus discursos y a veces sus prácticas, e ignoran reclamos cívicos que, en sus países, son o fueron banderas de sus propias luchas.   
-III-
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Aun con un contexto adverso, muchos cubanos, esencialmente jóvenes, persisten en tener su 15-N, convocado por Archipiélago, plataforma ciudadana que derivó del 11-J. Con su lema «Por una Cuba plural, con todos y para el bien de todos», atrajo rápidamente a miles de residentes en la Isla y la diáspora.
En este complejo escenario tendrá que abrirse paso el nuevo movimiento cívico insular. Cada vez gana más receptividad en diversos sectores sociales y cuenta con acompañamiento de actores de la sociedad civil y la diáspora. Hoy se están preparando manifestaciones de cubanos en más de sesenta ciudades del mundo.
El gobierno está en un momento político muy complejo. No comprende, o no acepta, que la protesta obedezca a exigencias que excedan las carencias materiales o influencia externa. Hay una toma de conciencia, una emergente vanguardia política, que perdió la confianza en el gobierno y está dispuesta a luchar por sus derechos.
Una buena parte de estos problemas se hubiera evitado el Estado de aceptar la iniciativa ciudadana y protegerla como corresponde. Pero sigue contando con recursos de antaño en un contexto totalmente diferente, con lo cual confirma su anacronismo. Es preciso gestionar políticamente el conflicto, respetar la soberanía popular, aceptar el disenso y el ejercicio de derechos constitucionales por los ciudadanos. 
Las prohibiciones y prácticas contra derechos en la sociedad cubana actual son muy dañinas al país y, como afirmó el escritor ruso Isaac Asimov: «la violencia es el último recurso del incompetente».
La represión es el límite de tolerancia de muchas personas. Solo consigue resultados efímeros; los principales y duraderos son la indignación y ampliación del disenso y del conflicto. Llegados a este punto, y de cara al 15N, no se trata de posturas, compromisos y militancias políticas. Se trata de las nuevas generaciones de cubanos; de derechos, civismo y humanidad. Las reacciones son todavía avances del costo político de violentar derechos, pero las consecuencias pueden ser lamentables.

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Marcha del 15N: toda la violencia irá a la cuenta del castrismo

LA HABANA, Cuba.- Lo que ocurrirá el próximo 15 de noviembre es bastante predecible si se toma en cuenta el discurso y la actitud del régimen contra los moderadores de la plataforma Archipiélago. El bombardeo ideológico es diario, a toda hora, con argumentos tan falaces que el día que Cuba regrese a la democracia la justicia no se ocupará solamente de los esbirros de la Seguridad del Estado. Muchos periodistas tendrán que responder también por su complicidad criminal con el castrismo en un momento de suprema urgencia para la nación.
Aunque muy pocas personas creen lo que dice la televisión cubana sobre la Marcha Cívica que ha sacado de sus casillas a la dictadura, el nivel de virulencia apreciable en las calumnias mal fabricadas contra el dramaturgo Yunior García resulta, cuando menos, inquietante. Los ataques a su domicilio, las publicaciones de ese repugnante libelo que se hace llamar Cubadebate, y el empecinamiento en relacionarlo con cubanos exiliados que han luchado toda su vida contra el régimen comunista, no solo buscan desprestigiar al joven, sino convertirlo en blanco de un odio que se viene ensayando desde 1959.
El castrismo sigue reaccionando con embestidas ante la solicitud de un diálogo imprescindible para la supervivencia del país. Quienes engordan en oficinas y autos climatizados no parecen intranquilos porque Cuba haya entrado en un conteo regresivo acelerado. A su indiferencia se suma el desprecio por un grupo de cubanos que intenta remediar el descalabro nacional con acciones pacíficas, apelando al entendimiento por encima de cualquier provocación, y obteniendo por toda respuesta despidos laborales, amenazas de golpizas o promesas de cárcel.
La dictadura se esfuerza en desperdiciar esta oportunidad de resolver la crisis sin que el país termine deshecho. Insiste en la estrategia, cada vez menos eficaz, de organizar fiestas populares para mostrarle al mundo que quienes apoyan la “proeza socialista” superan en número a los ciudadanos inconformes que llevan adelante la iniciativa del cambio. Sin embargo, ignora que esa franja de pueblo que puede estar o no a favor del sistema porque es fácil de controlar a golpe de ron y pan con timba, no se siente tan propensa al circo como en otros tiempos.
Los cubanos están hartos de jolgorios presupuestados para disimular la miseria y hacerle juego a la propaganda. La apatía popular fue especialmente notable durante los pobrísimos festejos del 26 de julio pasado, cuando a pesar de la pandemia pusieron bafles en algunos parques y organizaron ferias de tres por kilo para vender la calamitosa producción nacional. Solo los alcohólicos, locos e indigentes de la zona hicieron caso de la música bailable, ofreciendo un cuadro tan penoso como elocuente.
Las personas cruzaban los parques aprisa, sin dedicar atención a tan inapropiado espectáculo. Los sucesos del 11 de julio habían quebrantado el alma de los cubanos con una mezcla de rabia y tristeza que perdura hasta hoy; una mezcla que no se disuelve en algarabías revolucionarias.
El pueblo ha superado el hartazgo habitual. Algo mucho más destructivo se manifiesta principalmente entre compatriotas, pero en cualquier momento puede volver proa hacia ese enemigo común que todos tienen bien identificado, aunque todavía no se decidan a atacarlo con la fuerza de un solo pueblo. El castrismo sigue tensando la cuerda del malestar social pese a saber que entre las colas, el desabastecimiento y la inflación la gente anda desquiciada, en modo Terminator, y le da lo mismo morir o matar.
Esas imágenes de burócratas armados con garrotes que han aparecido en las redes sociales, lejos de amedrentar están acomplejando a la gente. Responder con agresiones a la razonable petición de Archipiélago podría malograr las intenciones pacíficas y desviarlas por un camino muy peligroso. Si esa amplísima fracción de pueblo que el castrismo cree domesticable con pachanga y fritura decide tomar las calles nuevamente, la violencia será extrema. Muchos aguantarán los golpes que la revolución de los humildes propinará con odio fascista; pero otros no van a permitir que les rompan un hueso y responderán en consecuencia.
Aún hay tiempo de impedir que el presente de Cuba sea más luctuoso de lo que ya es. Archipiélago ha colocado una propuesta sensata sobre la mesa. Lo que demandan es tan justo y apremiante que no han logrado hacerlos desistir a pesar del terror y el cargo de “Sedición” imputado a jóvenes manifestantes del 11 de julio, para que sirva de escarmiento a quienes pretendan rebelarse contra el poder.
La marcha del 15 de noviembre será la acción conjunta de miles de ciudadanos que no tienen nada que perder, porque en Cuba la vida y la libertad no son lo que deberían. Malvivir es también una forma de morir. No solo tapias y barrotes conforman una cárcel. Los cubanos están presos en una circunstancia que ha durado demasiado. Les asiste todo el derecho de exigir que eso acabe, y lo harán de la manera más cívica posible.
Archipiélago se ha conducido con transparencia y ecuanimidad frente a un discurso cada vez más hostil. Todo acto de violencia que empañe la marcha del 15 de noviembre irá a la cuenta del castrismo, autorizado de antemano por la misma voz que dio la orden de combate el 11 de julio.
ARTÍCULO DE OPINIÓNLas opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.
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Reflexiones sobre el 11 de julio y lo que viene después

Las jornadas del 11 de julio fueron el primer gran movimiento autónomo y democrático de los cubanos pobres y negros por lo menos desde 1959. Es cierto que otros grupos se unieron a las manifestaciones de ese día, por ejemplo, los estudiantes, pero ninguno de estos fueron los que le dieron su carácter social. No parece haber existido una presencia visible de los grupos políticos de derecha en la Isla, y, que yo sepa, nadie ha reclamado lo contrario.
Por eso no es sorprendente que los manifestantes no hayan esgrimido ningún eslogan o demanda de la derecha cubana, como la que esta propuso antes de las jornadas pidiendo la «intervención humanitaria» del exterior, o reclamando vergonzosamente, en una manifestación de cubanos radicados en una ciudad de Nueva Jersey, la invasión estadounidense. Si bien el rap cubano Patria y Vida no es claro respecto a las alternativas que propone al sistema social y político que impera en la Isla, no se puede decir, como algunos han pretendido, que su contenido político sea de derecha.
En respuesta a estas jornadas, el gobierno cubano decidió, por un lado, procesar judicialmente a la gran mayoría de los cientos de manifestantes arrestados, aunque para no variar su costumbre, ha rehusado proveer cifras sobre el número de detenidos, los cargos en su contra y las sentencias impuestas.
Al parecer, una parte de ellos fue sometida a juicios sumarios, sin derecho a un abogado defensor, y recibieron sentencias de hasta un año en la cárcel. Sin embargo, para los que consideró líderes, el régimen demandó sentencias mucho más largas. Ese fue por ejemplo, el caso de diecisiete cubanos arrestados en San Antonio de los Baños, el pueblo donde se originó la protesta, contra los que la fiscalía demandó condenas de hasta doce años de prisión.
Por otro lado, el gobierno incrementó sus presencia asistencial en numerosos barrios pobres de la capital y otras ciudades, lo que indica que, aunque no lo haya admitido públicamente, le preocupa mucho el descontento popular expresado el 11 de julio, y está intentando con esos servicios por lo menos calmar a los sectores más golpeados por la crisis económica, y aminorar el creciente distanciamiento y enojo de amplios sectores populares hacia el régimen.
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Al mismo tiempo, el liderazgo político ha tratado de desacreditar la protesta popular, aprovechando su control absoluto de la prensa, radio y televisión para diseminar imágenes de los manifestantes que se involucraron en actos de violencia, pasando por alto el hecho de que la gran mayoría lo hizo pacíficamente. Asimismo ocultó la violencia con que la que, bajo sus órdenes, los llamadas «boinas negras» y otros órganos represivos, como la Seguridad del Estado, atacaron a la gente que ejercía su derecho a manifestarse pacíficamente. 
La profunda crisis económica —exacerbada por la pandemia del Covid-19 y por las medidas imperialistas de Trump, mantenidas por Biden—, afectó especialmente a los cubanos pobres y negros que salieron a la calle el 11 de julio. Dicha crisis no está por desaparecer con la apertura oficial del turismo extranjero programada para el 15 de noviembre, al principio del invierno en Canadá, Estados Unidos y Europa.
Además, el gobierno ya no cuenta con el grado de legitimidad con que Fidel y Raúl Castro, junto al resto de la generación histórica, gobernaban el país. Personajes como Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nuevo Presidente de la República y Primer Secretario del Partido, y Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, pertenecen a la segunda generación burocrática del sistema, cuyo prestigio y legitimidad política no pueden compararse con los de los históricos, que han llegado o están muy cerca de sus noventas, como Ramiro Valdés con 89 años. No es ocioso preguntarse cuántos de los manifestantes hubieran proferido el exabrupto «s…» a Raúl y aún menos a Fidel.
Soy de los que piensan que el 11 de julio del 2021 puede muy bien acabar siendo un parteaguas en la historia contemporánea de Cuba. Pero esto depende de cómo los cubanos respondan a la propuesta de la plataforma virtual ciudadana Archipiélago para organizar manifestaciones a través de la Isla a mediados de noviembre. Solo entonces veremos si los manifestantes del 11 de julio verdaderamente sembraron las semillas de los frutos del mañana, o si desafortunadamente su protesta pública fue apenas un brote aislado de descontento y rebeldía.
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La manifestación del 15 de noviembre
El llamado a la manifestación del 15 de noviembre no pudo haber ocurrido en un momento más oportuno. Después de la gran explosión del 11 de julio —y de la manera en que el gobierno respondió— era políticamente lógico que el próximo paso sería presionar al gobierno para que reconociera, de facto, si no de jure, el derecho del pueblo a manifestarse libremente.
También era de esperar que el gobierno procedería, como efectivamente hizo, a negar el permiso para la manifestación, arguyendo que «los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba», y citando la Constitución del 2019 que establece que el sistema socialista que impera en Cuba es «irrevocable». O sea, que los gobernantes cubanos de ahora tienen el derecho constitucional de mantener y controlar el sistema imperante en la Isla per saecula saeculorum.
Esta es la constitución que, en contraste con la del 1940, fue adoptada bajo un sistema unipartidista que monopoliza la televisión, prensa y radio, y que no permitió que otras corrientes de opinión y partidos participaran en el proceso constituyente.
El control del partido único fue tal, que los ciudadano(a)s que participaron en las discusiones organizadas por el gobierno en diferentes lugares para dar sus sugerencias sobre el proyecto, no tuvieron siquiera el derecho, y aún menos la oportunidad, de organizar y coordinar sus sugerencias con las de otras personas en otros lugares; ni pudieron dar a conocer tales sugerencias directamente (sin los filtros y censura por parte del PCC) al público cubano a través de los medios masivos de comunicación, un síntoma clásico de la deliberada atomización política que promueve y mantiene el sistema de partido único.
Muy diferentes fueron las elecciones libres para delegados a la Asamblea Constituyente del 1940, que resultaron en la selección de personas que cubrieron un amplio espectro político, desde comunistas hasta conservadores. Estos pudieron organizar a la opinión pública para que los eligieran a dicha asamblea y participaron en la elaboración del texto progresista que devino de ella.
Es imposible predecir cómo y a qué grado la prohibición gubernamental va a afectar el alcance y dimensión de las protestas proyectadas para el 15 de noviembre. Planear protestas pequeñas, como ya se ha propuesto con el propósito de apaciguar al todopoderoso estado cubano, sería percibido por el régimen como una victoria (lograda mediante su abuso de poder).

Según @DiazCanelB, los que apoyan al régimen han pasado de ser “inmensa mayoría” a ser “suficientes”. Ya nunca más podrán hablar de grupúsculos. Los que pedimos un cambio somos una parte considerable de este pueblo. Necesitamos urnas, no órdenes de combate.#15NCuba pic.twitter.com/vFNJR2lR68
— Yunior García Aguilera (@yuniortrebol) October 25, 2021

Así lo vería también la prensa internacional, cuya importancia en esas situaciones no es nada despreciable, incluyendo su impacto tanto sobre el gobierno cubano como sobre la oposición. Tal victoria sería proclamada por el gobierno como una derrota del legado del 11 de julio. Y lo envalentonaría para por lo menos mantener el status quo político sin concesiones de ningún tipo.  
Pero también hay que tomar en cuenta las medidas drásticas que el régimen tomará para impedir la asistencia de la gente a la marcha, lo que no pudo hacer el 11 de julio por lo imprevisto de las manifestaciones. Ya la Fiscalía de la República ha advertido públicamente que tomará medidas muy duras para castigar a los que salgan a la calle a desafiar al régimen el 15 de noviembre.
Ante esa realidad, es muy posible que mucha gente decida no salir a la calle a protestar. Y que el mismo gobierno debilite la posibilidad de la protesta arrestando preventivamente, como ha hecho en otras ocasiones, a cientos y cientos de cubanos previo a la fecha fijada para la manifestación.
Es difícil prepararse para la represión. Pero ante la posibilidad del éxito —en este caso, el que los cubanos confronten al estado en una protesta masiva— hay que estar preparado para hacer uso de esa coyuntura con el fin de presentar y promover demandas democráticas. Porque una protesta masiva el 15 de noviembre pudiera conllevar a una situación análoga a una crisis hegemónica del régimen actual, la que, o bien invite a un gobierno sorprendido y temeroso a adoptar la línea dura de represión —lo que es muy probable—, o que abra nuevas posibilidades para la organización autónoma de nuevas fuerzas políticas en la Isla. 
Esta última posibilidad requeriría una reevaluación tanto estratégica como táctica de lo que deberían ser las propuestas y actitudes políticas de la nueva izquierda crítica en Cuba, teniendo en cuenta que posiblemente ocurriría en el contexto de un conflicto triangular entre esa nueva izquierda, el gobierno y la derecha plattista y revanchista. Esas propuestas, que se deberían haber formulado anteriormente, se volverían, con esa apertura, verdaderamente indispensables.
Una de las propuestas indispensables es la abolición del unipartidismo, justificado por el gobierno por tanto tiempo, en infinidad de ocasiones y con los más diversos argumentos. Entre ellos, la apelación a la unidad política como idea de José Martí.
A fines del siglo XIX, Martí exhortó a todos los grupos y facciones que apoyaban la independencia de Cuba a que se unieran en el Partido Revolucionario Cubano para combatir más efectivamente al colonialismo español. Cuando convocó a esa unidad por la causa independentista, intentaba superar los pequeños celos y tendencias autoritarias de los jefes militares insurgentes y unificar la campaña militar contra España subordinada a una dirección civil.
José Martí junto a otros miembros del PRC.
La unidad a la que instaba respecto a la guerra, no tenía nada que ver con el sistema de partidos que él, junto con otros líderes independentistas concibieron para la nueva república de Cuba independiente, y muchísimo menos con el establecimiento constitucional de un estado unipartidista que excluyera o declarara ilegales a otros partidos.
Otra justificación frecuentemente esgrimida por el régimen se basa en la supuesta «unidad monolítica» del pueblo cubano —término acuñado por Raúl Castro— que el PCC pretende representar. Pero qué prueba más contundente de la diversidad de nuestro pueblo que las grandes manifestaciones que tuvieron lugar el 11 de julio. Aunque estas no son verdaderamente necesarias para probar nuestra pluralidad respecto a las estructuras de clase, raza y género, por solo mencionar las más importantes.
Mucho menos se puede tomar en serio el argumento que el régimen proclama cada primero de mayo, cuando declara al PCC como el único partido que debe y puede representar a la clase obrera cubana. Esta es una pretensión de origen estalinista que León Trotsky demolió en La Revolución Traicionada, publicada en 1936, como sigue:

En realidad, las clases son heterogéneas, desgarradas por antagonismos interiores, y solo llegan a sus fines comunes por la lucha de las tendencias, los grupos y los partidos. Se puede conceder con algunas reservas que «un partido es parte de una clase». Pero como una clase está compuesta de numerosas capas —unas miran hacia delante y otras hacia atrás— una misma clase puede formar varios partidos. Por la misma razón, un partido puede apoyarse sobre capas de diversas clases. No se encontrará en toda la historia política un solo partido representante de una clase única, a menos que se consienta en tomar por realidad una ficción policíaca.  

El razonamiento marxista de Trotsky no solo descarta ideas que él mismo mantuvo en otras etapas de su vida política, sino que, aplicado a la situación cubana, claramente indica que la concepción monolítica de la clase obrera y del PCC no tiene justificación alguna en la realidad.
El sistema de partido único es el obstáculo principal a la democratización del país, un proceso cualitativamente diferente de la liberalización que el régimen ha instaurado hasta cierto grado, como por ejemplo, cuando en 2013 aumentó considerablemente el número de cubanos que podían viajar al exterior. Si bien liberalizó las salidas, no las estableció como un derecho para todos los cubanos de la Isla, sino como un privilegio concedido discrecionalmente por el gobierno, como demuestra la situación de los «regulados», a los cuales no se les permite salir y regresar a su país.
Es por situaciones como esa, que cubanos conscientes y preocupados por las arbitrariedades que han tipificado al sistema imperante, han insistido por mucho tiempo en la necesidad de establecer lo que fue sancionado ya hasta por la Constitución de 2019: un estado de derecho que funcione basado en las leyes y no en la discreción de los que gobiernan.

Esta es una demanda fundamental en el combate contra la arbitrariedad, los privilegios y abusos del poder. Sin embargo, es una conquista imposible bajo el sistema unipartidista imperante en Cuba, en el que la voluntad política del PCC, transmitida a través de sus «orientaciones», se coloca por encima de las leyes e instituciones del propio sistema.
Aquellos que consideran que la abolición del unipartidismo es una demanda demasiado radical, pero aun así quieren participar en un movimiento para democratizar al país, pudieran presentar demandas que avancen por esa senda y eduquen a la gente, haciendo más transparente para ellos el enorme poder del PCC.
Así, por ejemplo, podrían argumentar que mientras el PCC sea el único partido permitido debe representar a toda la diversidad social y política que existe en Cuba. Esa diversidad incluye a las mismas filas del PCC, aunque es un hecho que el poder la ha suprimido creando un clima de coacción burocrática y, cuando es necesario, recurriendo a métodos policíacos como en el caso de la «microfacción» liderada por el viejo estalinista Aníbal Escalante entre 1967 y 1968, que acabó siendo encarcelado junto con sus partidarios.
El argumento por la inclusión de la diversidad en el partido sería equivalente a demandar que el PCC rompa con la tradición que equivocadamente llama «centralismo democrático», que en realidad es un centralismo burocrático: decisiones tomadas desde arriba, en contraste con las basadas en una discusión, y voto libre que cesa, muchas veces provisionalmente, una vez que se ha determinado un voto que vincula a todos los miembros a actuar en conjunto). Lograr esto permitiría la formación de facciones y plataformas (para las convenciones del partido) dentro de su propia organización.    
También pudieran demandar que el PCC se transforme en un partido estrictamente electoral, o sea, que se restrinja a proponer sus candidato(a)s para las elecciones de funcionarios públicos. Tal cambio pondría fin a las funciones de «orientación» del PCC, mediante las cuales controla y dirige, como partido único, las actividades económicas, educacionales y políticas. Si bien este cambio en sí no conformaría una democracia, al menos conllevaría a un pluralismo de los de arriba, con cada comunista electo actuando por cuenta propia, lo que efectivamente fragmentaría el monolito burocrático del partido único.
En realidad, estas dos últimas propuestas difieren más en grado que en substancia de la primera, ya que golpearían seriamente al sistema unipartidista y crearían espacios para organizar más efectivamente la oposición al régimen, y especialmente para seguir insistiendo y luchando por la abolición total del unipartidismo con el objetivo de sentar las bases de una democracia socialista.

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Archipiélago a las familias cubanas: ¿hasta cuándo vamos a seguir callados ante la injusticia?

MIAMI, Estados Unidos.- En un mensaje dirigido “a las familias cubanas” este jueves 28 de octubre, el Grupo Archipiélago aseguró que pese a las calumnias que el gobierno vierte sobre ellos impunemente, son jóvenes en su mayoría que solo piensan diferente y quieren un mejor país mejor, “pues antes que ciudadanos somos hijos, padres, nietos, hermanos y primos”, y “hemos visto salir a nuestros familiares y amigos de Cuba porque no encuentran futuro en esta tierra asfixiada de política y autoritarismo”.
“Queremos que Cuba sea verdaderamente la casa de todos y que como una gran familia podamos echar adelante: sin injerencias del vecino y sin dejar a nadie atrás. Pero para eso necesitamos respetarnos, sanar las heridas, trabajar juntos”, dice el comunicado de Archipiélago, principal promotor de la Marcha Cívica por el Cambio convocada para el próximo 15 de noviembre.
“Nosotros pasamos las mismas penurias que ustedes y perdemos largas horas haciendo colas para conseguir comida y medicinas. Intentamos sobrevivir en esta ‘luchita cotidiana’”. Sin embargo, reza el texto, “la única diferencia entre nosotros y una parte del pueblo cubano es que sentimos que la vida en Cuba solo va a peor”, y “llevamos muchos años esperando a que una élite de elegidos cumpla sus promesas. Cada año el sueño de una vida próspera no solo está más lejos, sino que se materializa como una pesadilla”.
En el mensaje, publicado en la cuenta oficial de Facebook del Grupo Archipiélago, los firmantes aseguran que solo quieren “un país mejor”, y que “si la forma en que se han hecho las cosas hasta el día de hoy no ha funcionado es hora de pensar en cambios. Pensar así no nos hace malos, ni ‘gusanos’, ni delincuentes. Nos hace diferentes. Nosotros respetamos a los que piensan diferente ¿por qué no puede respetársenos a nosotros? ¿Acaso por eso somos menos humanos o menos cubanos? Queremos que todo proyecto de Nación soberana dignifique la vida humana y que el Estado vele por los derechos de su pueblo todo, no de una élite privilegiada”.
El grupo señaló: “nos urge una Cuba que no permita que nuestras cárceles sigan llenas con los más de 500 jóvenes cuyo único crimen fue pedir un país mejor el 11 de julio”, y llamó a la reflexión y la empatía por los manifestantes encarcelados.
“Sabemos que a muchos les duelen las historias de esos muchachos, que están siendo condenados con altas penas ejemplarizantes. Familias cubanas, una cárcel le fastidia la vida a cualquiera ¿hasta cuándo vamos a seguir callados ante la injusticia? Si mañana el gobierno decide incriminar a sus hijos o como a tantos otros los obliga a irse del país lazándoles al mar o instándoles a cruzar la selva del Darién, ¿seguirían en silencio?”
“Abuelos y Padres, bien saben muchos las injusticias que se han vivido en este país y que se han callado por temor. Entendemos sus miedos y razones”, dijeron, “pero de la verdad podemos correr por un tiempo, pero no escondernos de ella para siempre. Todos los males que eligieron no enfrentar, ahora pesan sobre el presente y futuro de sus hijos y nietos”.
“Criticar o silenciar a sus hijos no hace más que contribuir al problema. En lugar de eso, pregúnteles a sus jóvenes cuáles son sus sueños, qué quieren para la Patria. La familia debería está por encima de cualquier ideología o doctrina; la humanidad por encima de cualquier partido. Al menos así pensamos nosotros y muchos otros”.
Archipiélago denunció que las imágenes publicadas en las redes sociales y los discursos gubernamentales están llenos de un odio aberrante e “invitan a la violencia fraticida con maderos y armas”, ellos, en cambio, “invitamos al amor y la concordia, a recitar “Cultivo una rosa blanca” frente al uso de la fuerza”.
Ante una Isla que se “cae a pedazos”, dice el documento, que ya cuenta con miles de reacciones, “el 15 de noviembre no permitamos que nadie usurpe la legítima e intransferible autoridad de los padres sobre los hijos en el proceso formativo. Los niños cubanos están para reír, jugar y soñar con un futuro distinto, no como instrumentos o armas políticas. Piensen que esos pequeños y adolescentes se merecen un futuro mejor, que esos son nuestros hijos y sobrinos también, que tienen derecho a tener la Cuba de las soluciones, las oportunidades y los proyectos, no la de los exilios”.
El grupo pidió a los que salgan el día de la marcha que eviten todo espacio donde estén los infantes. “Si ven un Plan de la Calle con niños, tomen la dirección contraria”.
A las familias cubanas, “les queremos pedir que no formen parte de las Brigadas de Respuesta Rápidas o de cualquier otra estratagema empleada desde el Gobierno para generar violencia. Piensen que con cada golpe lastiman a otro ser humano, golpean sueños, cortan esperanzas y destruyen la posibilidad de un futuro mejor para todos. No podemos seguir cometiendo los errores del pasado prestándonos para los mítines relámpagos o las órdenes de combates”.
“Nosotros no somos mercenarios. Nadie se entrega a una posible condena judicial por dinero, sino por el peso de las convicciones y los deseos de una vida digna. Piensen familias, el 15 de noviembre puede ser una fiesta de la reconciliación y el respeto al otro. Cuba se merece un futuro mejor, sé protagonista del cuidado de la persona humana desde el gesto pequeño y el respeto a los hijos de esta tierra piensen como piensen”, finalizó el Grupo Archipiélago.

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El largo camino de la ciudadanía, cada vez más arduo

No comprendo el entusiasmo de quienes ven en la denegación del permiso para la realización de la marcha de noviembre «una gran victoria contra el enemigo imperialista».
Oigo «argumentos»; no veo la victoria.
La negativa fue una elección de las autoridades entre dos alternativas: a) prohibir la marcha y quedar ante el mundo como un gobierno que pasa por encima de su propia Constitución; b) permitirla y prepararse para la eventualidad de aplicar la represión policiaca (también ante los ojos del mundo) contra potenciales desmanes de participantes…, o por la posibilidad de que se vuelva multitudinaria.
El gobierno escogió la primera opción, supuestamente menos riesgosa. Así de simple. No hay victoria en ello. Ni siquiera pírrica. Victoria habría sido encontrar una tercera opción respetuosa del artículo 1, que califica a Cuba como Estado de derecho. Faltó creatividad.
Algo de historia: El proyecto Varela
Sin pretender comparaciones, encuentro cierto paralelismo entre el Proyecto Varela y la actual situación. En ambos casos, personas inconformes con el actuar gubernamental (o, simplemente, contrarias al gobierno) hicieron uso de un derecho consagrado en la Constitución vigente; en ambos se les prohibió.
La Constitución de 1976 consagraba el derecho de iniciativa de leyes de los ciudadanos, si contaban con al menos diez mil firmas. En uso de ese derecho, un grupo de ciudadanos elevó al parlamento (2002) un documento al que denominó Proyecto Varela. Sus promotores planteaban algunos cambios en el sistema, no el cambio de sistema. Los cuatro elementos fundamentales eran: a) derecho a la libre expresión y asociación, b) amnistía, c) derecho a formar empresas, d) nueva ley electoral.
Oswaldo Payá (derecha) fue el creador del Proyecto Varela.
La Asamblea Nacional rechazó el documento, por considerar que no contenía diez mil firmas. Una segunda presentación sobrepasó con creces la cifra (se afirma que fueron más de catorce mil), a pesar de no contar los organizadores con medios para la difusión del proyecto: Ni prensa nacional, como era de esperar, ni redes sociales, desconocidas por entonces.
Correspondía someter el documento a la consideración de los diputados. Dada la composición de la Asamblea Nacional, hubiera sido derrotado por unanimidad, pero la presentación en sí era ya un éxito.
Para no admitir la victoria del grupo opositor, el gobierno no aplicó la legalidad, sino la «acción de las masas». En tiempo récord se realizó un referendo que modificaba la Constitución (98,97% de votos a favor) con la afirmación de que el socialismo es irrevocable. El 100% de los diputados lo ratificó.
Una «aplastante victoria» contra la oposición. Pero…
a) El referendo no cumplió el requisito básico de cualquier referendo: No fue secreto. Se exigió al ciudadano declarar nombre completo, firma y número del documento de identificación.
b) La votación en la Asamblea Nacional no fue secreta, se realizó a viva voz.
c) Se paralizó el país durante tres días para que la población viera por televisión a los diputados identificarse uno por uno y realizar alocuciones de apoyo al resultado del «referendo».
Sumado lo dejado de producir durante tres días de sorpresivo asueto a los miles de personas movilizadas como aseguramiento del «referendo», más los insumos y la logística requeridos, aquella «victoriosa acción de masas» afectó la economía nacional tanto o más que cualquier bloqueo económico en ese lapso.
Pirro hubiera exclamado que con otra victoria así se quedaba sin reino.
La «nueva victoria»
Siguiendo la lógica usada contra el Proyecto Varela, en otros tiempos se hubiera convocado a una movilización de un millón de personas contra la desertificación en África o la colonización de la Luna. Para garantizarla se hubiera trasladado a la capital miles de personas de otras provincias.
Los tiempos cambian. Hay que ahorrar. Para impedir la marcha, las autoridades (inicialmente municipales; posteriormente el presidente de la República, los medios de difusión y las diversas instituciones) aludieron a los artículos 4 y 45 de la propia Constitución.
El artículo 4 afirma: «El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable». Pasando por alto la coma incorrecta y el hecho de que no pocos se preguntan si en Cuba existe realmente socialismo, no recuerdo en qué momento de la solicitud se afirma que el propósito de la marcha es revocarlo. Tampoco recuerdo que se llame a la intervención extranjera, como repiten quienes no la han leído.

Por su parte, el artículo 45 establece: «El ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes». En la negativa tampoco se cita la parte de la petición donde se llama a violar lo estipulado en ese artículo.
Las autoridades, pues, afirman que se violan artículos constitucionales, pero no aportan pruebas al respecto, ni reproducen el texto rechazado: El ciudadano debe realizar un acto de fe y creer en su palabra.
A los entusiasmos por la negativa se ha sumado alguna que otra persona versada en leyes. Allá ellas con su conciencia. A mí, desde mi ignorancia, me preocupa que se pueda considerar violación del artículo 45 de la Constitución hacer valer el derecho de expresión para algo que no sea apoyar al gobierno.
Ignorante, me pregunto: Si un grupo se reúne para exigir que la cuota de leche para los niños se extienda hasta los diez años, y no como establece el decreto correspondiente, ¿viola el artículo 45?, ¿la manifestación sería ilegal?, ¿exigir modificar el sistema de cuotas podría considerarse un llamado a revocar el socialismo?
Si grupos asentados en Miami declararan que apoyan dicha manifestación, y exhortaran a que más personas, en más lugares de Cuba, realicen reclamaciones similares, ¿se podría afirmar que la manifestación por leche para los niños es una maniobra anexionista, auspiciada por mercenarios al servicio del enemigo imperialista?
Por fin, ¿quién ganó o perdió?
Al negar el permiso, insisto, el gobierno no ganó nada; optó por una de dos opciones posibles, y perdió la oportunidad de mostrarse creativo y respetuoso de la Constitución. Por su parte, quienes lo solicitaron, aunque no ganaron, nada perdieron, pues la negativa estuvo siempre entre las posibilidades.
Son otros los vencedores y los perdedores:
Vencen quienes se oponen a cualquier intento de reconciliación, diálogo y discusión pacífica en Cuba. Pierden quienes desean el acercamiento entre cubanos de dentro y de fuera, al margen de ideologías y tendencias, en aras de mejorar el país y la situación de su gente, sin menoscabo de nuestra identidad nacional.
Tal es el saldo inicial de esta confrontación.
Vencen quienes se oponen a cualquier intento de reconciliación, diálogo y discusión pacífica en Cuba. (Foto: Yamil Lage/AFP)
Lo que ha quedado demostrado con este pulso entre promotores de la marcha y gobierno es algo archisabido: Un principio inserto en el articulado constitucional es letra muerta si no se emiten a tiempo las leyes que lo ponen en vigor. En ese sentido, el artículo 56 ha sido también el gran perdedor: Está condenado a muerte.
Tal vez los promotores de la marcha de noviembre desistan. Tal vez persistan, modifiquen cualquier afirmación que sirva de pretexto para otra negativa, y hagan patente su rechazo a supuestos apoyos de quienes, en realidad, apuestan por su fracaso. O tal vez agreguen una demanda más, y exijan la promulgación de la ley sobre el derecho a la libre expresión y la libre manifestación.
¿Una manifestación para exigir la ley complementaria del artículo 56 podría considerarse maniobra enemiga?
Para finalizar
El camino a la ciudadanía en Cuba es largo y cada vez más arduo. No seremos ciudadanos mientras impere la idea de que unas personas son sujeto de derecho y otras no.
El Estado debe proteger por igual a todos los ciudadanos, incluidos quienes no lo apoyan. Pretender que los derechos constitucionales valgan para unos y no para otros es una aberración jurídica.
Afirmar que reclamar derechos consagrados por la Constitución es inconstitucional suena a chiste o esquizofrenia.
En un Estado de derecho todas las personas tienen todos los derechos, salvo los casos previstos por la ley; esto es, salvo quienes los tengan limitados por tribunal competente, en juicio efectuado con todas las garantías procesales.
Proclamar lo contrario es abogar por la ilegalidad.

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Coincidencias

—¿Y eso qué es?
—Una solicitud de manifestación.
—¡¿Otra?!
—Técnicamente es la primera, al ser denegada la anterior.
—Igual podemos poner toda la técnica en función de disolverla, pero a ver, sobre qué va la cosa ahora.
—Es una manifestación contra el calentamiento global.
—¿Y eso qué puede importarles?
—Es una crisis de alcance mundial que nos afecta. Es notorio el retroceso de nuestras costas.
—¿Retroceso ante qué?
—Ante el avance del mar. En muchos lugares se han perdido decenas de metros, de ahí lo cara que está la libra de caracoles.
—Conviene que se los tiren a ver si esta vez tienen más suerte. ¿En qué fecha es la cosa?
—El 8 de noviembre, Día de la Constitución y Fiesta Nacional en Tonga.
—¿Y qué pinta Tonga en todo esto?
—Que es uno de los tantos archipiélagos amenazados con desaparecer si el mundo se sigue calentando.
—En eso tienen razón: hay un archipiélago que va a desaparecer si sigue calentando demasiado.
—Escogimos el Día de la Constitución de Tonga porque la carta magna de ese pequeño Estado insular es una de las más estrictas e inflexibles del mundo.
—¿Y por qué allá la celebran entonces?
—Porque lo impone el rey, es el que manda. Según la Constitución, su identidad es sagrada, es gobernante de todos los jefes y del pueblo, administra el país junto con sus ministros. Coincidentemente…
—…es un estado insular, como el nuestro. ¿Y dónde proponen el desfile ese?
—Desde la embajada de Islas Salomón, en 12 entre 5ta. y 7ma., hasta la playita de 16, para refrescar.
—¿Islas Salomón? Esto me huele a tonga de países implicados, me lo dicen tus respuestas salomónicas.
—En los últimos veinte años la subida del nivel del mar en Islas Salomón ha sido tres veces mayor que la media mundial. Nos estamos solidarizando también con Nauru, Islas Fiyi, Kiribati e Islas Cook, todos territorios amenazados con ser tragados por el mar.
—¡Amenazados nosotros, no jodas! Pero será mejor hundirnos en el mar que antes…
—Pertenecen al Pacífico.
—Ya leo sobre el supuesto carácter de la manifestación.
—En Nauru vive un pueblo indígena genéticamente acostumbrado a pasar grandes temporadas sin ingerir alimentos, hasta que la dieta occidental ha impuesto el pollo.
—¿Sigues hablando de coincidencias?
—En lo absoluto. Los científicos explican así que los ciudadanos de Nauru sean de los más obesos del planeta. Tienen un alto por ciento de inmigrantes que sufren del síndrome de resignación, pues los tienen detenidos injustamente en centros de internamiento muy cuestionados por los defensores de los derechos humanos.
—Eso les hace falta a ustedes: un tiempito de internamiento a ver si se resignan.
—Saldremos en defensa no solo de esos cinco países. Son en realidad treinta y nueve los Estados insulares amenazados, a pesar de ser lugares paradisíacos en los que el turismo es el principal motor económico. En todos ellos la producción propia es muy limitada, lo que significa que lo importan casi todo, en el caso de la comida más del ochenta por ciento.
—Si vamos a hablar de amenazas, Cuba lleva más de sesenta años jugándosela.
—Nuestra nación no está en esa lista. Se supone, según la ONU, que su extensión territorial permite grandes explotaciones agrícolas o ganaderas, o que los miles de kilómetros de líneas costeras aporten una cantidad significativa de peces.
—¿Qué quieres decir con ello?
—…Que el calentamiento global es una cosa tremenda.
—¿Y es tan grave el problema de esas islas como para solicitar una manifestación en su apoyo? ¿Acaso van a hundirse tan pronto y de todas formas?
—Es irrevocable, sí.

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Fiscalía cubana cita a cinco promotores de la Marcha Cívica por el Cambio

MIAMI, Estados Unidos.- El actor y dramaturgo Yunior García Aguilera, de La Habana, el médico Manuel Guerra Guerrero y el poeta Javier Luis Mora Blanc, ambos de Holguín, el artista Omar Mena González, de Villa Clara, y el ingeniero químico y profesor universitario David Martínez Espinosa, de Cienfuegos, fueron citados este jueves por la Fiscalía de sus respectivas provincias para un encuentro “con carácter oficial” hoy 21 de octubre a las 9:00 de la mañana.
Los cinco jóvenes, miembros del grupo Archipiélago y promotores de la Marcha Cívica por el Cambio del próximo 15 de noviembre, recibieron una “Diligencia de notificación de citación oficial”, según fue denunciado en la red social de Facebook por el periodista y académico José Raúl Gallego, quien compartió cuatro de las citaciones, y el propio García Aguilera, que también publicó la suya.
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Según el dramaturgo cubano, desconocen el motivo de las citaciones, aunque intuyen que están relacionadas con la Marcha del 15 de noviembre. “Pase lo que pase, insistimos en nuestro derecho a tener derechos. Estamos decididos a conquistar cívicamente nuestro espacio de participación en la realidad del país donde nacimos”, escribió García Aguilera junto a la imagen del documento oficial de la Fiscalía.
Así mismo, agregó que “no se puede pedir permiso para ser honestos, para expresar nuestro pensamiento de manera franca y pública. Cuba tendrá que dejar de ser un clóset ideológico. Los cubanos tendremos que aprender también a salir de esos armarios, con la frente bien alta, sin importar los prejuicios o los adoctrinamientos de los conservadores. La ciudadanía tiene que acabar de empoderarse, con su amplia y legítima diversidad”.
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El activista, que se ha convertido en los últimos meses en un líder de opinión en el convulso escenario político y social en la Isla, denunció que, durante décadas, el régimen ha censurado el pluralismo político y “nos sembraron un complejo de orillas, tribunas y trincheras. El poder ha pretendido extirparnos como si fuéramos un tumor maligno, pero las viejas manipulaciones ya no les funcionan como en otros tiempos”.
“No somos ese rosario de adjetivos con los que intentan descalificarnos. No llegamos en paracaídas para sembrar el caos y la hecatombe. Somos el fruto de nuestra realidad, dura y cruda. Somos como cualquiera que hace colas y corre detrás de una guagua y compra café por la izquierda, como cualquiera que comprende lo mala que está ´la cosa´ y usa malas palabras singularmente nuestras. Pero hay algo distinto, ya no nos funciona la muela oficialista de continuismos obedientes ni dogmas irrevocables. Nos toca a nosotros hacer que la palabra revolución vuelva a significar Cambio, y que la Soberanía al fin sea nuestra, de los ciudadanos”, señaló el también líder de Archipiélago.
Entretanto, el citio oficialista Cubadebate publicó este jueves un artículo en el que advierte “a los ciudadanos convocantes” de la Marcha Cívica por el Cambio sobre las “consecuencias legales de persistir en la marcha ilegal”, en el que confirmó las citaciones de la Fiscalía.
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Interpretar los derechos

Por Benjamin Marcheco Acuña*
Por las redes sociales circula una respuesta de los organismos estatales a la solicitud de permiso para la manifestación pacífica convocada por un grupo de ciudadanos hace algunas semanas. En el mismo sentido van las ideas de una de las más importantes juristas del país, alguien a quien le profeso cariño, respeto y de quien mucho he aprendido, pero de cuya opinión estoy obligado a discrepar, también desde el respeto y el cariño.
Se cuestiona la «licitud» de los fines que persiguen las manifestaciones pacíficas solicitadas con fundamento en cuatro preceptos constitucionales, a saber: el que define el Estado cubano como socialista (art. 1), el derecho a combatir contra cualquiera que intente derribar el orden [socialista] establecido en la Constitución (Art.4); los fines del Estado de encauzar los esfuerzos hacia la construcción del socialismo y de afianzar la ideología y la ética socialista (art. 13); y la imposibilidad de reformar la cláusula de irrevocabilidad del socialismo (art. 229).
El argumento es diáfano y rotundo: la defensa de la ideología socialista es un límite (y condición) infranqueable al ejercicio de los derechos humanos, no sólo a la libertad de manifestación y de expresión, sino de todos los derechos (sólo recordar que hasta para comprar equipos electrodomésticos en algunos territorios del país hay que ser cederista destacado o trabajador ejemplar ­­­—y tener quien envié euros o dólares, claro está—, pero toca sólo referirse a estos).
Este límite estaba previsto explícitamente, con esa claridad, en el art. 62 de la Constitución de 1976. Desapareció de la actual, por una cuestión de «imagen» pero su espíritu sigue encarnado, disimulado, en los preceptos citados por la profe; sólo que ahora hay que hacer un esfuerzo argumentativo para explicar lo que antes no hacía falta.
En otras palabras, el sistema socialista no admite o castiga las expresiones o manifestaciones (individuales o colectivas) contrarias al socialismo, porque así se deriva del mismo artículo que también define a ese Estado como «república» y «democrática». Planteado en esos términos, el concepto «república socialista democrática» es un oxímoron.
El concepto mismo de democracia presupone que, en una sociedad que se defina por tal, se garanticen las más amplias posibilidades para la libre emisión del pensamiento.
La libertad de expresión, en su manifestación individual o colectiva, como derecho humano fundamental en las sociedades democráticas modernas se identifica con la libertad que tiene cualquier individuo de exteriorizar y difundir sus opiniones y sus deseos, por cualquier medio adecuado para ello a los destinatarios que considere.
El concepto mismo de democracia presupone que, en una sociedad que se defina por tal, se garanticen las más amplias posibilidades para la libre emisión del pensamiento, de forma individual o colectiva, así como el más amplio acceso a la información. La libertad de expresión se inserta, en palabras de la CoIDH, en «en el orden público primario y radical de la democracia».
Ciertamente no constituye, como menciona la profesora, un derecho absoluto o ilimitado —ninguno lo es—, pero el principio de favor libertatis que ha de inspirar la interpretación de los derechos en las sociedades democráticas, su contenido y las condiciones de su ejercicio, determina que cualquier restricción, límite o sanción impuesta por el Estado debe constituir una medida absolutamente necesaria y proporcional, que persiga como fin legítimo salvaguardar el resto de los derechos.
Es por ello que ordinariamente se configuran como límites generales a la libertad de expresión y de manifestación, la difusión de discursos de odio, la incitación al delito, a la violencia en general o al desorden público, el respeto a la intimidad personal y la dignidad humana; y, como límites concretos, los establecidos en situaciones excepcionales para garantizar la seguridad pública, la salud colectiva, la seguridad nacional, etc.
Fuera de estos supuestos excepcionales, la libertad de expresión ampara el derecho a difundir, sin injerencias de las autoridades, no sólo ideas o expresiones favorablemente aceptadas por la mayoría o las indiferentes o inocuas, sino también aquellas que pueden disgustar, molestar o inquietar a otras personas y —fundamentalmente— aquellas que disienten, contrarían o desagradan al Gobierno o a algún sector de la población. En ello radica el pluralismo, la diversidad, la apertura, que constituyen atributos consustanciales al concepto de democracia y de república.
De manera que, enarbolar la ideología socialista y un referendo constitucional como causa de restricción a la libertad de expresión y, por tanto, como condición para calificar a priori cualquier manifestación pacífica contraria a ella como «ilícita» y, en consecuencia, negarla o castigarla si se produce; no constituye un «límite» democráticamente legítimo a la libertad de expresión, sino su negación misma, su anulación total y absoluta dentro del catálogo de derechos de la sociedad socialista.
Esta forma de entender e interpretar los derechos constituye una evidente conculcación del derecho humano a la igualdad, en tanto la discriminación por la posición ideológica es lesiva a la dignidad humana.
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El diseño de una sociedad y de un Estado asentados en el monismo político, en el criterio único, en la creencia en una única fórmula con la que pueda lograrse una sociedad armónica, perfecta, que elimine los conflictos y los problemas que originan la diversidad de valores —a veces contradictorios e incompatibles—, que defienden los seres humanos es, por su propia naturaleza, contraria al desarrollo.
Como sostiene Isaiah Berlin, cuando esta fe y este criterio único son lo suficientemente inflexibles, al encontrarse con situaciones imprevistas propias del desarrollo humano en las que no se puede acomodar; entonces será utilizado para justificar las barbaridades a priori de Procusto —personaje mitológico que acomodaba a su víctima en un lecho y lo ataba a las esquinas y si su cuerpo era más largo que la cama le cortaba las partes que sobresalían, si era más corto, lo descoyuntaba para estirarlo— : la vivisección de la sociedad en algún esquema fijo, dictado por la falible comprensión de un pasado en gran medida imaginario, o de un futuro imaginario por completo.
Y termino con una frase suya. «Preservar nuestras categorías o ideales absolutos a expensas de las vidas humanas ofende igualmente a los principios de la ciencia y de la historia».[1]
***
*Este texto fue publicado originalmente en el perfil de Facebook de su autor y lo reproducimos con su autorización.
[1] Isaiah Berlin (1959). Dos conceptos de libertad.

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Constitución vs Constitución

El pasado 12 de octubre autoridades administrativas de varios municipios respondieron a la petición a la Marcha Cívica por el Cambio convocada por la plataforma Archipiélago y planificada para el 15 de noviembre. Refieren estar amparadas en los artículos 4 y 45 de la Constitución para dar una negativa, asimismo aseguran que la marcha es ilícita porque sus fines carecen de legitimidad.
El artículo 4 suele ser empleado por los voceros del gobierno para justificar cualquier restricción al ejercicio de los derechos fundamentales, basados en criterios como el «carácter irrevocable del socialismo» y el derecho «a combatir por todos los medios al que intente derribar el orden establecido». Mediáticamente puede que cumpla su objetivo, pero en el campo de lo jurídico carece de fundamento.
El artículo 4 contiene tres enunciados de diferente naturaleza. El primero refiere que «la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano; la traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien la comete está sujeto a las más severas sanciones».
El empleo de términos como «patria socialista» supone un neologismo que pretende identificar los asuntos de la nación con el socialismo, lo que puede conducir a la idea errada de que una crítica a la ideología socialista representa un ataque a la nación. No obstante, estos primeros párrafos del artículo tienen un carácter meramente declarativo. Sus únicas formas de concreción jurídica serían los delitos contra la nación y el estado, los cuales se encuentran tipificados en el Código Penal.
El segundo enunciado del artículo 4, está referido a la irrevocabilidad del socialismo. Las autoridades y lo medios oficiales suelen referirse a este enunciado como un límite al ejercicio de los derechos de forma indiscriminada. Como declaración tiene un correlato en el artículo 229 del texto constitucional, que establece una cláusula de intangibilidad, es decir, una prohibición de reforma de la Constitución en lo referente a su carácter socialista.
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No se trata de una prohibición de pedir un cambio, exigirlo o proyectarlo, sino que la misma opera cuando se esté proponiendo o efectuando un proceso de reforma constitucional. Fuera de ese marco, no tiene aplicación. No supone un límite a los derechos, sino un impedimento formal en los procedimientos de reforma. Esto es lo que se conoce en la práctica como «clausula ideal». Su verdadera fuerza es más simbólica que material.
La misma prohibición existía en la Constitución de 1976, aun así, el texto de 2019 supuso no solo una reforma sino un nuevo texto. Si el pueblo, en tanto soberano, aprueba un nuevo proyecto o un nuevo pacto social, no habría otra forma que no fuera la fuerza para impedírselo.
El último enunciado del artículo 4 establece: «los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución».
El texto consigna en los artículos 54 y 56 el derecho de expresión y manifestación, respectivamente. El límite establecido para el ejercicio de esos derechos es que sean con «fines lícitos y pacíficos, con respeto al orden público y el acatamiento de las preceptivas establecidas en la ley».
Los promoventes de la Marcha Cívica han actuado respetando el orden público, las leyes y la Constitución, a la vez han dejado claro sus fines pacíficos y lícitos. Tal ha sido su actitud cívica que establecieron cartas a las autoridades, incluso cambiando la fecha para el 15 de noviembre en aras de evitar cualquier afectación al orden público cuando el gobierno decidió, con posterioridad a la solicitud ciudadana, hacer ejercicios militares para la fecha originalmente prevista (20 de noviembre).

La respuesta de las autoridades del Gobierno entregada este martes a la notificación para la realización de la Marcha Cívica por el Cambio el día 15 de noviembre informó a los integrantes de Archipiélago que “no se reconoce legitimidad en las razones que esgrimen para la marcha” pic.twitter.com/rfNNxoNS8k
— Archipiélago (@ArchipielagoCu) October 12, 2021

Teniendo en cuenta entonces que no hay justificación en el artículo 56, se acudió al 4. Sin embargo, muchos han pasado por alto que ese artículo contempla también un derecho de la ciudadanía, no una prerrogativa o facultad que las autoridades pueden ejercitar sin límites. Como derecho ciudadano, está al mismo nivel que el resto de los derechos.
El artículo 45 de la Constitución —también citado por las autoridades— declara que «el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes». Por ende, el derecho de defensa del orden establecido también tiene límites en el ejercicio de otros derechos.
Por su parte, el artículo 4 establece que se puede «combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no quedara otro recurso». Es decir, el propio texto establece una preferencia y un mandato de emplear la violencia en última instancia. Una lectura integrativa del artículo 4 aclara varios puntos:

Contempla un derecho de la ciudadanía, no una prerrogativa de las autoridades.
El derecho concedido en el artículo 4 sólo puede ejercerse en sentido de defensa del orden constitucional y atendiendo a la proporcionalidad de la amenaza.
El derecho de defensa no puede en su ejercicio vulnerar ni oponerse a otros derechos, de lo contrario implicaría ello una violación al propio texto Constitucional.

Según la interpretación que emitieron las intendencias, la Marcha Cívica supone un intento de «derribar» el orden establecido en la Constitución. El verbo derribar significa «demoler, arruinar, echar en tierra muros o edificios». Por su propia raíz etimológica vemos que la palabra supone acciones que materialmente atenten contra el orden establecido. ¿Puede una protesta estar contemplada entre tales acciones?
Protestar, significa pedir, rogar o demandar a alguien que haga algo de gracia o de justicia. Es decir, materialmente una protesta se ejerce a través de la expresión y la manifestación.
No obstante, aún si esto no estuviera claro, los intendentes cometieron una violación fundamental a la Constitución: interpretaron. Según la propia Carta Magna, sólo compete a la Asamblea Nacional del Poder Popular, al Consejo de Estado y al Tribunal Supremo Popular la facultad de interpretar las leyes (artículos 108-b), 122-b) y 148 respectivamente). Por ende, cualquier autoridad fuera de estos casos no está habilitada para emitir interpretaciones vinculantes a la ley, mucho menos prohibir el ejercicio de un derecho.
Cuando las intendencias se arrogan la facultad de negar el ejercicio legítimo del derecho de manifestación contemplado en el artículo 56 oponiendo el 4, están haciendo una interpretación sesgada e ilícita de la Constitución. Frente a tal escenario, el artículo 4 en lugar de significar un límite a la manifestación la legitimaría ante la urgencia de defender los derechos violados por la administración y consagrados en la propia Constitución. La manifestación en sí misma implicaría una forma de exigir que se respete el orden constitucional.

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Cuba: poder, sistema, modelo y Constitución

Tengo ante mí la respuesta del poder a la solicitud de ciudadanas y ciudadanos para efectuar una manifestación política pacífica el 15 de noviembre, a tenor con derechos postulados en la Constitución de 2019. No por esperada la respuesta deja de ser indignante dada la soberbia que destila. La negativa rotunda se escuda en una interpretación maniquea de los artículos constitucionales, que pretenden blindar el modelo de socialismo estatizado y burocrático ante cualquier reclamo de transformación que no provenga del propio Gobierno/Partido/Estado.
Una interpretación constitucional de tal naturaleza hace tabla rasa del Estado Socialista de Derecho y los convenios internacionales sobre derechos humanos, pero su contenido revela una verdad de fondo que es aún más peligrosa. ¿Acaso el Gobierno/Partido/Estado considera equivalentes los términos de poder/sistema social/modelo? ¿Es eso lo que dice la Constitución de 2019? ¿Será preciso luchar por una nueva carta magna para que sea posible promover cambios al actual modelo cubano desde la sociedad civil?

-I-
Con perdón de Roa, la Revolución del Treinta no se fue a bolina totalmente. La nueva república que salió de ella, más inclusiva y pluralista que la anterior, halló su conformación en la Constitución del 40, una de las más modernas y progresistas del mundo al cierre de la década. Todos los movimientos políticos transformadores y reivindicativos que surgieron a partir de entonces la tuvieron, al mismo tiempo, como ara y pedestal. Los derechos humanos de primera y segunda generación (políticos y económico-sociales) estaban representados en ella con tintes radicales, lo cual empoderó a diversos sectores sociales.
Cuando en las elecciones de 1952 el movimiento progresista amenazó con romper el modelo tradicional de dominación de la oligarquía cubana, se impuso el gobierno de facto de Fulgencio Batista, quien se apresuró a proclamar sus propios «Estatutos Constitucionales».
La lucha contra la tiranía tuvo como bandera el retorno al imperio de la Constitución de 1940. No obstante, al triunfar la Revolución, la Ley fundamental de 1959 adoptó el cuerpo teórico de la del 40 pero otorgó el poder legislativo al Consejo de Ministros (Artículo 119), extinguiendo así la trilogía de poderes del Estado. Entre otras potestades adicionales, se facultaba al Gobierno Revolucionario Provisional (GR) para:

c) Discutir y aprobar los presupuestos de gastos, inversiones e ingresos del Estado; d) Resolver sobre los informes anuales que el Tribunal de Cuentas presente acerca de la liquidación de los presupuestos, el estado de la deuda pública y la moneda nacional; e) Acordar empréstitos y autorizar, asimismo, la prestación de garantía estatal para las operaciones de crédito. (Artículo 121)

Con ello se otorgaba al ejecutivo un poder tan grande en la república que eclipsaba a los anteriores, y recordaba, por un lado, al Comité de Salud Pública de los jacobinos durante la Revolución Francesa; por otro, al régimen de las Facultades Omnímodas otorgadas por la Corona a los gobernadores coloniales para mantener sujeta por la fuerza a la «Siempre fiel isla de Cuba».
Fidel Castro toma posesión como Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, el 16 de febrero de 1959, en el Palacio Presidencial de La Habana.
 Desde entonces, y hasta hoy, la voluntad política del grupo de poder militar hegemónico, representado directamente en las diferentes instancias del GR, ha actuado como un poder omnímodo que subordina todo el andamiaje del Estado y la sociedad a sus mandamientos. En 1965, al surgir el PCC como «fuerza política dirigente», aparentemente lo hacía como subordinante —según el modelo oficial del socialismo real— sin embargo, en la práctica, era un subordinado del GR y su correa de trasmisión más importante a nivel social.
Una década más tarde, al finalizar la provisionalidad y crearse las nuevas estructuras del Estado socialista al estilo soviético —durante el llamado «Proceso de Institucionalización»—, estas vinieron no a limitar sino a reforzar el poder del GR. A partir de aquella etapa se constituyó definitivamente la tríada Gobierno/Partido/Estado, que pasaría a detentar —por ese orden— el poder real y efectivo.
Así lo demuestran tanto la letra y el espíritu de la Constitución de 1976, como un vistazo a la composición de los órganos supremos de la república socialista: Buró Político y Secretariado del Comité Central del PCC, Consejo de Estado y Consejo de Ministros; integrados por las mismas personas y sus acólitos.
El poder burocrático centralizado tomaba cuerpo en una sólida estructura de dominación que, amparada por el liderazgo carismático de Fidel y la defensa de la soberanía nacional ante las agresiones e intentonas desestabilizadoras del gobierno de los Estados Unidos, rechazaba de plano cualquier disidencia y atribuía la crítica a sus decisiones a la labor quintacolumnista de «mercenarios al servicio del Imperio», empeñados en destruir la Revolución.
-II-
Cuando se vino abajo abruptamente el modelo de socialismo estatizado y burocrático impuesto por la Unión Soviética en países de Europa, Cuba y Corea del Norte quedaron como sus únicos exponentes a nivel mundial. Mientras los países de Europa oriental y las antiguas repúblicas soviéticas optaron por transitar al capitalismo y China y Vietnam establecieron regímenes de socialismo de mercado que aprovechaban las ventajas de la globalización, Cuba se hundía en la crisis del Período Especial.
Cuando se vino abajo abruptamente el modelo de socialismo estatizado y burocrático impuesto por la Unión Soviética en países de Europa, Cuba y Corea del Norte quedaron como sus únicos exponentes a nivel mundial.
La estrategia diseñada para superar esa etapa sin renunciar a las «conquistas de la Revolución», pasaba por introducir elementos de la economía capitalista y limitadas cuotas de descentralización interna. El grupo de poder, sin embargo, preservaría su hegemonía política impoluta, exigiendo cada vez mayores cuotas de sacrificio y lealtad al pueblo.
Tras el inicio de las reformas de Raúl, plasmadas en los Lineamientos y la Conceptualización, con su marcha zigzagueante y a trompicones —marcada más por la influencia de la política hacia Cuba de las administraciones estadounidenses que por una voluntad sostenida de transformaciones internas—, se llegó a la aprobación de la Constitución 2019 y a la inédita proclamación del Estado Socialista de Derecho. Pero cada vez se ha hecho más evidente que tal concepto no significa lo mismo para el grupo de poder hegemónico, amplios sectores de la ciudadanía y la práctica internacional.
Cuando el artículo 4 proclama: «El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable», establece una falsa similitud entre sistema y modelo e instaura un principio que petrifica el actual modelo socialista como si fuera único e inamovible. De nada valdría tratar de cambiar todo lo que deba ser cambiado para mejorar el país si cualquier modificación, sustracción o adición a los elementos del modelo es considerada inconstitucional a criterio de un puñado de decisores y académicos.

Menos aún como se hace en la respuesta de las autoridades a la solicitud de permiso a manifestación, en la que se reitera el llamado al pueblo a «combatir por todos los medios» cualquier solicitud de esa índole, aunque sea pacífica y en silencio, sin que se cite el resto del artículo constitucional, que establece una condicionante: «cuando no fuera posible otro recurso».
El referido artículo constitucional tiende a eternizar el actual modelo de socialismo, al impedir cualquier modificación que conduzca a formas de gestión económica, social y política socialistas que respondan a una sociedad menos burocratizada e inmovilizada y sí más dinámica, democrática y participativa. Lo que habría que preservar es el socialismo como sistema, no el estatismo burocrático como modelo.
Hace un tiempo escribí:

La soberbia es considerada por muchos como el pecado capital primario. Su expresión más peligrosa socialmente es cuando se presenta en aquellos que pertenecen al grupo de poder hegemónico en un momento determinado. En esos casos, la alucinación que provoca en la visión de los poderosos respecto a los demás afectará sus modos de gobernar a las grandes masas.
Si la soberbia se entroniza en un grupo de poder de origen militar, tiende a crecer en progresión geométrica debido a los tradicionales hábitos de ordeno y mando de ese sector. Si a eso se añade el lastre acumulado tras largos períodos de ejercicio de un poder omnímodo, los niveles de soberbia pueden llegar a destrozar la escala de cualquier soberbímetro. Por eso Martí no dudó en advertirle a tiempo a su querido y respetado M. Gómez: «Un pueblo no se funda, General, como se manda un campamento».

Si la tríada poder/sistema social/modelo se encumbra como indivisible, no será posible aspirar a cambios promovidos desde la sociedad civil. Solo descentralizando el poder que ha acumulado el grupo hegemónico, democratizando la vida política y social y empoderando a la ciudadanía y los sectores emergentes, podrán avanzar las reformas que Cuba necesita para encontrar el rumbo de la prosperidad y la democracia.
Para lograrlo, debemos luchar en Cuba por una nueva Carta Magna que defienda la soberanía y el Estado de derecho, no por el actual modelo de socialismo realmente existente, reliquia del pasado y fuente nutricia de la sobrevivencia de un grupo de poder anquilosado y deslegitimado. 

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Tienes que vivir gritando

Apuntes sobre la reacción del pensamiento católico tras la convocatoria para realizar una marcha pacífica de protesta, amparada en los derechos constitucionales.
***
La frase que da título a este texto surgió de la rabia de una anciana que tras cuatro horas de extenuante cola, vio cómo se escurrían de su alcance los dos paquetes de picadillo que daban por persona en la tienda. Después de tanto tiempo perdido, una empleada salió del establecimiento a comunicar a los náufragos de aquel mar de espera la noticia. Ante eso estalló la anciana, que se volvió a quienes estábamos detrás de ella en esa fila tediosa y nos espetó: «¡En Cuba tienes que vivir gritando para poder sobrevivir!».
Aquel grito representó un soplo de verdad en nuestros rostros agotados por la realidad, un golpe en el que toda la rabia contenida en la garganta de un país explotó y salió disparado hacia nuestras vidas, petrificadas en un mito revolucionario.
El filósofo Theodor Adorno expresó que «la dimensión histórica de las cosas no es sino la expresión de los sufrimientos del pasado». Un religioso latinoamericano me preguntaba sobre la posibilidad de otro estallido social tras las protestas del 11 de julio en el país. De alguna forma, según su visión de izquierda, las cosas en la Isla no están del todo mal, teniendo como eslabón comparativo otros contextos de la región. Sin pretender dar una respuesta definitiva a su inquietud, siento como una bomba de tiempo el constatar que el anhelo de felicidad parece haber sido podado del futuro social cercano de nuestro país.
Personas con poco que perder a sus espaldas —con la adecuada dosis de odio inoculada desde diversos puntos— pueden ser el carbón directo a la caldera de una violenta rebelión.
¿Qué constituye una fuerza social?
Por estos días un grupo de cubanos nucleados alrededor de la plataforma Archipiélago, en cuyo tejido social se agruparon entre otros, algunos de los protagonistas del 11-J, han presentado una solicitud de permiso al gobierno para realizar una protesta cívica el 20 de noviembre, fecha que ha sido cambiada para el 15 de propio mes.

Entre sus reclamos, sobresale el deseo expreso de hacer esta manifestación por «todos los que han sufrido persecución, censura, acoso policial, prisión política o destierro. Además, por los marginados, los que padecen miseria, los que viven sin un salario digno, los que no tienen divisas para adquirir productos básicos, los que tienen que inventar la comida de sus hijos en medio de la peor inflación del último cuarto de siglo en Cuba».
Esta movida cívica abre una jugada nunca antes vista en los últimos sesenta años el tablero de la nación. Toca ver cómo responde el otro jugador, el Estado/Partido/Gobierno, que nunca antes había sido interpelado por este tipo de estrategia donde una parte de la sociedad civil, basada además en un derecho constitucional, desafía de forma pública al poder.
Las organizaciones católicas han sido dentro del tejido social de la nación, uno de los actores que ha logrado prestar un servicio reconocible a los detenidos y sus familiares tras las protestas del 11 de julio, sin estropear de forma radical los canales mínimos de comunicación con el gobierno.
Ante una situación de vulnerabilidad de parte del pueblo cubano, el alma eclesial ha optado por estar más cerca de la gente que de las estructuras de poder, sin romper, como es su vocación, la capacidad de aportar, desde su autoridad moral y experiencia, a la instauración de un ambiente de reconciliación nacional una vez que estén dadas las condiciones para solucionar el conflicto.
Para los laicos y consagrados que han sido protagonistas de los acontecimientos en la Isla, lo insoportable no es el dolor en sí causado por represalias de todo tipo o la prisión; sino el sinsentido en que quedan atrapados cuando ese dolor no es capaz de ser entendido por el poder, que no acaba de admitir su falla ni de ceder un milímetro de su control.
En la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín en 1968, por primera vez se habla de violencia institucionalizada y pecado estructural. La pobreza no es casualidad, más bien es un mal nacido en el corazón del hombre y en la historia humana. Por vocación, el rol principal de la Iglesia en Cuba ha estado y estará siempre en «sinodalidad» (la palabra es utilizada como Caminando junto a…) con el pueblo, especialmente con los más vulnerables.
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Optar por el cubano de a pie significa en primer lugar, abrir bien los ojos para ver su condición de inhumanidad a causa del aplastamiento que sufre diariamente en su dignidad. Tocar esa realidad es indispensable para comprenderla. Es importante descubrir qué provoca esta situación de infelicidad en la filosofía existencial de la gente, y oponerse a esos elementos, sean personas, relaciones o estructuras. Así también, elegir un estilo de vida que sea coherente con esa verdad que deseamos defender hasta sus últimas consecuencias.  
Ante la pregunta sobre la reacción de la Iglesia católica tras la convocatoria a la marcha pacífica de noviembre próximo, no habrá una respuesta definitiva y de seguro coexisten tantas posiciones como diversos son los modos de proceder dentro del ámbito eclesial cubano.
Sin embargo, una pista a seguir es que en este tiempo tan difícil los laicos hemos visto ganar fuerza la visión de un pensamiento y accionar que busca incluirse en la realidad de su gente, acompañar en silencio el paisaje desolador a su alrededor. Hubo laicos, religiosas y sacerdotes exponiendo su cuerpo el 11-J en la calle.
Hoy cualquier desafío pastoral y social comprende la urgencia de no quedarse ya solo dentro de las estructuras establecidas, sino salir y desde ahí vivir como la Iglesia cubana: herida, sin privilegios, pero feliz de entregar su espiritualidad servicial al tejido de la nación.

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La vida de los míos

Recuerdo que cuando vi por primera vez la película La vida de los otros,  del cineasta Florian Henckel, lo hice durante mis estudios de Historia Contemporánea en la Universidad de La Habana. Entonces el filme me ayudó  a reflexionar sobre cómo el Ministerio para la Seguridad del Estado alemán (STASI, por sus siglas), era capaz de deshumanizar a los sujetos espiados desestabilizando el mundo de sus afectos.
Aun cuando se haya escogido otro escenario para la historia narrada, a muchos cubanos nos resultó muy fácil establecer similitudes entre nuestra realidad y la expuesta tras la pantalla. Resultaba escalofriante el saber que algo parecido vivíamos los cubanos. Lamentablemente, aún lo vivimos.
La Seguridad del Estado cubana, cuyas prácticas la acercan a las del cuerpo represivo de la desaparecida Alemania Oriental, violenta hoy la débil legislación constitucional y penal existente. Lo hace con la intención de dinamitar las familias de los miembros del movimiento crítico y disidente que cada vez toma más fuerza entre grupos de la sociedad civil, liderada en los últimos tiempos por jóvenes.
Conozco historias de cómo agentes de este cuerpo realizan acciones anticonstitucionales y acosan a las familias de artistas, intelectuales, periodistas independientes, trabajadores…, y de muchos detenidos por expresar su descontento con el régimen que gobierna. Ahora también los míos y yo lo estamos sufriendo.

El pasado 11 de julio fui arrestado en la manifestación ocurrida en los bajos del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), como parte del estallido social que sacudió toda la Isla. Después de la represión sufrida por quienes fuimos manifestantes pacíficos se disolvió nuestra ya escasa fe en la posibilidad de una reforma interna del sistema autoritario como vía para llegar a una vida democrática y participativa. Como respuesta, surgió la iniciativa cívica Archipiélago.
En este colectivo coordino con un grupo de amigos el espacio ciudadano Ágora, donde fomentamos el intercambio que busca consensos y propuestas para el desarrollo de la Nación. Mi participación en ese grupo y la injusta reclusión domiciliaria, que según la ley cubana ya concluyó, han sido los motivos empleados por la Seguridad del Estado para hostigar a mis padres y amigos. Por la gravedad de estos hechos, alzo mi voz para denunciarlos públicamente.
El día 17 de septiembre, en un abierto ejercicio de acoso digital que se gestó desde un perfil falso, mis padres recibieron un mensaje donde los emplazaban a realizar acciones de reprimendas contra mí debido a mis proyecciones sociopolíticas y a la queja que había interpuesto ante la Fiscalía General de la República contra el periodista Humberto López por exponer en la televisión pública a dos menores de edad.
Ese reclamo se encuentra amparado por el derecho constitucional a presentar quejas ante las autoridades, por lo ha sido una violación del Código Penal cubano vigente y de los acuerdos internacionales de protección de los adolescentes que infringió López en su espacio televiso.
Este tipo de herramientas difamatorias se ha convertido en una práctica común por parte de los cuerpos de inteligencia cubanos desde la llegada de las redes sociales al país, en franca violación del artículo 46 de la Constitución en vigor, que establece: «El estado respeta y garantiza el derecho de las personas a su intimidad personal y familiar, a su imagen, dignidad y honor».
De igual modo, el pasado 6 de octubre, mientras me encontraba en un interrogatorio policial, un agente de la Seguridad del Estado visitó la casa de mis padres. Aunque solo se encontraban mi madre y mi sobrina menor, la persona en cuestión, atribuyéndose prerrogativas que no le corresponden, amenazó a la familia con un proceso penal sobre mi persona debido a mis planteamientos cívicos.

Dichas proyecciones se amparan en mis derechos constitucionales de libertad de pensamiento, asociación, expresión y manifestación establecidos en el artículo 59 de la actual Carta Magna y respaldado por el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, en rueda de prensa efectuada en el mes de julio pasado. Esta actitud anticonstitucional y violatoria del artículo 46, sumió a mi familia en una profunda crisis emocional. Mis padres, ciudadanos dignos y honestos, han sido injustamente acosados por una autoridad parapolicial.
Minutos después también fue detenido en plena calle y sin ninguna notificación, mi vecino, cuyo nombre no revelaré para proteger su identidad. Lo sometieron a un interrogatorio conducido por la Seguridad del Estado, en el que constantemente difamaron contra mí, hasta llegar a decir que era agente de la CIA, argumento grotesco para quien me conoce y sabe de mi vocación cívica. Ante tan hiperbólico planteamiento, me pregunto por qué no presentan las pruebas y me llevan a juicio por traición a la tierra que me vio nacer, esa a la que siempre regreso y sueño plural.
Debido a los profundos lazos de afecto que nos unen, el día 7 de octubre también fue citada a la estación de Zapata mi amiga Carolina Sansón Aguiar. En el interrogatorio volvieron a difamar contra mí, pues me calificaron como mercenario financiado desde el extranjero. Debo apuntar que los padres de Carolina también fueron sometidos a dos episodios de acoso por parte de la Seguridad del Estado, los días 6 y 8 octubre, con el fin de «alertarlos» para que aconsejaran a Carol que se alejara de sus amigos, pues podía ser procesada por instigación a delinquir.
Resulta grotesco cómo el Estado cubano, en pleno siglo XXI, emplea estos métodos anticonstitucionales y violatorios de los derechos humanos para intimidar a los ciudadanos que solo alzan su voz para criticar la situación política, económica y social que se vive en el país, con total apego a la legislación vigente.
Debido a la gravedad de estas acusaciones vertidas sobre mí y encaminadas a colapsar mi universo afectivo, me siento en la obligación de hacer precisiones necesarias.
En primer lugar, los planteamientos hasta ahora mencionados son infundados y constituyen ejercicios difamatorios. Soy un trabajador honrado, mis vínculos laborales son con la Academia de Ciencias de Cuba, con el Centro de Estudios Fray Bartolomé de las Casas, donde ejerzo la docencia, y con la Compañía de Jesús en Cuba, estas dos últimas instituciones pertenecientes a la Iglesia católica.

De igual modo, aclaro que mis viajes al exterior han sido los siguientes:

Del 7 de septiembre al 7 de diciembre del 2017 a Argentina, cumpliendo una invitación de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús. Durante esta estancia colaboré como voluntario internacional en el trabajo con infantes y adolescentes vulnerables de las comunidades de Villa Jardín e Ituzaingó, en las periferias de Buenos Aires.
En enero del 2019 viajé a Panamá por invitación de la Arquidiócesis de La Habana, para asistir a la Jornada Mundial de Juventud presidida por el Papa Francisco.
Entre el 24 de febrero y el 6 de abril de ese mismo año, atendiendo a mi formación doctoral en la Universidad de La Habana e invitado por la Compañía de Jesús, me trasladé a Italia para realizar una estancia de investigación en los Archivos Vaticanos.
Entre el 23 de febrero y el 3 de diciembre del 2020, gracias a los padres jesuitas españoles, viajé a España con la debida autorización de la Academia de Ciencias de Cuba, para investigar en los archivos madrileños sobre el proyecto que desarrollo.

Por ello, convido a los miembros de la policía política para que antes de verter formulaciones difamatorias, busquen en sus propios expedientes migratorios.
Si bien nunca he sido dado a denunciar los acosos que he sufrido, excepto los del 11 de julio pasado por creer que ello constituía un deber ciudadano, las recientes situaciones expuestas no solo violan mi integridad, sino que también intentan dinamitar parte de mi círculo más cercano. Como soy un hombre de fe no puedo dejar de compartir tres realidades personales:
A pesar de las lágrimas de mis padres, del sufrimiento generado a la madre de mi vecino, a quien me unen lazos maternales también, a los padres de Carolina y a mis propios amigos, que me afectan mucho; yo solo puedo decirles que los perdono, en mi corazón no hay lugar para el odio.
Denuncio el acoso que padecen otras familias como la mía y que causa un daño irreparable en la sociedad, fracturada de por sí en su dimensión antropológica y afectada por una profunda crisis, que ha hecho perder el sueño a miles.
Invito a los cuerpos militares y represivos a una reflexión basada en que las familias acosadas pueden ser también las suyas, que los jóvenes maltratados de modo continuado, bien pueden ser sus hijos.
A los que me leen, mi invitación es a cultivar una rosa blanca llamada reconciliación, que tiene como abono el respeto a la dignidad vital de los otros, los suyos y los míos.

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Ciudadanía en Cuba, un largo camino por recorrer

Una noticia inusitada
Una noticia publicada en el extranjero circula de boca en boca por el país: Un grupo de ciudadanos solicitó permiso para manifestarse pacíficamente el 20 de noviembre próximo (ayer los convocantes anunciaron el cambio de fecha al 15 del mismo mes); para entonces, gran parte de la población estará vacunada y habrán disminuido las medidas de restricción por la pandemia, además de que el país estará abierto al turismo.
La prensa oficial desconoce el hecho. Lamentablemente, no sorprende: «Lo que es costumbre no se extraña». En otros medios, en cambio, suenan los primeros disparos de una guerra en toda regla. Que se produzca una manifestación pacífica no tiene nada de particular; es habitual en cualquier país democrático (con independencia de los sesgos que ese adjetivo pueda sufrir), al menos en teoría, como es Cuba, según el artículo 1 de la Constitución de 2019.
En Estados Unidos, por ejemplo, hay frecuentes manifestaciones frente al Capitolio; en el Zócalo de México se ven desde demostraciones masivas hasta personas que, megáfono en mano, protestan, reclaman, piden. Nadie se asombra, pues las constituciones de ambos países garantizan libertad de expresión y manifestación pacífica a los ciudadanos. La cubana también: «Artículo 56. Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley».
En el Zócalo de México se ven desde demostraciones masivas hasta personas que, megáfono en mano, protestan, reclaman, piden.
Reacciones
De inmediato en redes sociales se observaron dos reacciones (dos caras: una misma moneda fundamentalista) que mueven a la preocupación.
La primera: Opositores «intransigentes» piden mayor radicalización a los organizadores. En lugar de las consignas anunciadas, las cuales «hacen el juego a la dictadura», demandan otras más agresivas, violentas, con groserías y ofensas personales incluidas. Se acusa a los solicitantes de aliados solapados del «régimen», y se les exige «acciones más efectivas» para derrocarlo. (Todo desde el exterior, valga la aclaración).
La segunda: Defensores «intransigentes» del gobierno les critican no manifestarse contra el bloqueo o las agresiones norteamericanas; los acusan de aliados del enemigo, y de organizar un golpe blando contra el sistema; insinúan, cuando no afirman, el vocablo «mercenario». (Todo desde sitios o medios apoyados directa o indirectamente por el gobierno, valga la aclaración).
A ellas se sumó una tercera: Convocatorias a manifestaciones en fechas anteriores al 20 de noviembre inicialmente acordado.
Retos
Aunque desde fines de 2020 se ha asistido a situaciones a las cuales el gobierno no estaba acostumbrado, por lo que ha improvisado sobre la marcha (en mi criterio, no muy acertadamente), esta de ahora adquiere ribetes dramáticos por el dilema planteado: Si niega el permiso, viola el artículo 56 de la Constitución y pone en entredicho el artículo 1; si lo concede, deberá apelar a toda su inteligencia para impedir que la situación se salga de control. Deberá reprimir a quienes intenten cometer desmanes, y a la vez, proteger a los manifestantes pacíficos.
El reto para los solicitantes tampoco es pequeño: Ser capaces de movilizar seguidores y exponer reclamos, y a la vez impedir que desvíos hacia el desorden, el vandalismo y el caos conviertan la manifestación en una batalla contra las fuerzas del orden en que nadie resultará ganador.
Cartel publicado en Archipiélago para convocar a la marcha ciudadana que inicialmente se desarrollaría el 20 de noviembre (Foto: Facebook)
De vencer el reto, obtendrían un peso político no conocido antes por ninguna fuerza opositora. Se convertirían en una contraparte a la cual el gobierno no podrá ignorar. Para lograrlo, no deberían aspirar a una manifestación gigantesca (como parece que pretenden), sino modesta, porque sería un fiasco si resultara pequeña, y porque podrían ser incapaces de controlarla, de ser muy grande. Una marcha de pocos cientos, incluso menos, disciplinada, respetuosa de las leyes, con consignas que puedan generar adeptos, sería un éxito nada despreciable para sus promotores.
La reacción del gobierno me parece el menor problema para los organizadores, pues se enfrenta al conflicto de respetar o no su propia Constitución, y tendrá los ojos del mundo fijos en él. Es una posición incómoda, y de cómo la asuma dependerá su credibilidad como cabeza de un «Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva».
El verdadero reto para los organizadores, para mí, está en el campo de la oposición, donde hay interesados en demostrar la inutilidad de las vías pacíficas de participación ciudadana. Por motivaciones varias, algunos intentarán robar protagonismo a los organizadores de la manifestación, y harán cuanto puedan para convertirla en enfrentamiento violento entre autoridades y ciudadanía, y demostrar así su «peso político». Si lo logran, no solo la manifestación será un fracaso, también lo serán los esfuerzos por democratizar al país.
El largo camino por recorrer
En 2004 traduje el ensayo Ciudadanía en Brasil: El largo camino, de José Murilo de Carvalho, premio Casa de las Américas de ese año. Es una mirada panorámica a la historia de Brasil desde el punto de vista de la formación del brasileño como ciudadano. Su lectura me hizo preguntarme en repetidas ocasiones si los cubanos somos ciudadanos. Todavía hoy me lo pregunto, y cada vez estoy menos seguro de la respuesta. Cito algunas frases:

«Derechos civiles son los derechos fundamentales, a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la igualdad ante la ley, (…) garantía de movimiento, de escoger el trabajo, de manifestar el pensamiento, de organizarse, de que sea respetada la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, de no ser detenido sino por las autoridades competentes y de acuerdo con las leyes, de no ser condenado sin proceso legal regular…».

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«Los derechos políticos tienen como institución principal los partidos y un parlamento libre y representativo. Son ellos quienes confieren legitimidad a la organización política de la sociedad».

(Hago la salvedad de mi oposición a la existencia de partidos; estoy por una sociedad autogestionada, sin partidos de ningún color).
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«…los derechos civiles garantizan la vida en sociedad…, los derechos políticos garantizan la participación en el gobierno de la sociedad, los derechos sociales garantizan la participación en la riqueza colectiva (…) En teoría, pueden existir sin los derechos civiles, y seguramente sin los derechos políticos. Pueden incluso ser usados en sustitución de los derechos políticos. Pero, en ausencia de derechos civiles y políticos, su contenido y su alcance tienden a ser arbitrarios».

Defensores del gobierno salieron a las calles el 11 de julio. (Foto: El Correo)
Aunque comparto el criterio, para mí el concepto de ciudadanía abarca otros elementos, como el respeto a las normas de convivencia y al derecho ajeno. Respetar el derecho de quien no piense igual a uno es ciudadanía. Impedir a otro ejercer pacíficamente su derecho no lo es. Reprimir manifestantes pacíficos, o convertir manifestaciones en vandalismo, son señales de cuánto nos falta para ser ciudadanos.
Los organizadores deberían crear una comisión de orden claramente identificada para prevenir desmanes. Las autoridades, por su parte, tendrían que otorgar la autorización, y ejecutar las medidas adecuadas para evitar que elementos perturbadores (del matiz político que sean) promuevan incidentes que impidan el ejercicio pacífico de un derecho constitucional. Quienes produzcan disturbios, tanto en contra como a favor del gobierno, habrán de recibir el peso de la ley. Sin distingos.
Las fuerzas del orden, identificadas como tales, deberían situarse convenientemente para impedir tanto desórdenes de infiltrados en la manifestación como agresiones de quienes se opongan a ella.
Por mi parte, desearía que la marcha del 15 de noviembre demuestre que los cubanos somos capaces de defender criterios y ejercer derechos con respeto a quien piensa diferente. Que somos ciudadanos.
Confieso, no obstante, que albergo dudas. La proliferación de llamadas a marchas en fechas anteriores al 15 de noviembre me hace temer que no las mueva la preocupación por el futuro de la patria, sino el interés de algunos por ganar, o no perder, protagonismo.
Me gustaría que quienes abogan por marchas multitudinarias y descontroladas reflexionen y se pregunten qué es mejor para Cuba: una manifestación pacífica, aunque no sea gigantesca (y sin importar quién la encabece), con consignas sensatas y capaces de movilizar multitudes; o conducir al país al vandalismo y el caos, con su secuela de destrucción y dolor.
Un recordatorio: Colombia, Chile, Ecuador, Nicaragua y Venezuela han conocido en años recientes enfrentamientos callejeros con saldo doloroso para las familias. Ninguno produjo un cambio de régimen.
Nota: He oído con preocupación el llamamiento a la realización de un «Día de la Defensa» entre los días 18 y 19 de noviembre. No me parece coincidencia; ojalá me equivoque.

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