HAVANA CLIMA

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APLP denuncia seis agresiones a periodistas durante marzo de 2022

MIAMI, Estados Unidos.- La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) de Cuba denunció que en la isla ocurrieron seis nuevas agresiones contra periodistas el pasado mes de marzo, una práctica común del régimen para tratar de silenciar a quienes reportan la realidad del país.
Los nuevos casos de agresiones, como el de la columnista de CubaNet Anay Remón, se unen al de Camila Acosta, también periodista de nuestro medio, en reclusión domiciliaria desde el 17 de julio de 2021.
Estos son los casos de marzo de 2022:
Iliana Hernández, La Habana/CiberCuba. El día 5 de marzo la policía política citó a la madre de la periodista, Mariceli Cardoso Elías, a la delegación en Cojimar. Hernández no se encontraba en Cuba, había viajado días antes a España.
Dagoberto Valdés, Pinar del Río/Centro de Estudios Convivencia. El día 9 el periodista y su hijo fueron citados a interrogatorio por la Policía Política. “Hoy 9 de marzo de 2022, el capitán Otoniel (Policía Política) citó para la Oficina de Inmigración de Pinar del Río a mi hijo, Javier Valdés Delgado. Durante una hora fue entrevistado”, dijo Valdés, quien agregó que luego se reunió con él aproximadamente 90 minutos para hablar “acerca de nuestro viaje (febrero) a Miami para la Semana Social Católica, el VII Encuentro de Convivencia y la boda de mi hija. De esta forma sigue el hostigamiento al Centro de Estudio Convivencia”.
Luz Escobar, La Habana/14ymedio. Los días 11 y 25 la periodista fue impedida de salir de su domicilio. “Un agente de la Seguridad del Estado me impide salir de mi casa. No me sabe decir los motivos; y claro, no muestra documento alguno”, dijo en la primera ocasión.
Anay Remón, La Habana/CubaNet. El día 23 un agente de la policía Política se personó en la casa de su madre para amenazar a la señora y que esta influyera para que Remón abandone la prensa independiente:
“El agente, que a mi madre le pareció demasiado joven para tan innoble menester, habló de supuestas asociaciones y órdenes del exterior. En algún momento le hizo saber que vienen nuevas leyes. Le aseguró a mi madre que si continúo escribiendo van a sancionarme, que es hora de parar. Le creo cuando profiere sus amenazas. Y él también debe creerme cuando le digo que este es tiempo de cualquier cosa menos de parar”, dijo Anay.
Boris González Arenas, La Habana/Diario de Cuba. El día 25, desde horas de la mañana, el periodista tuvo vigilancia policial en su casa. Su esposa presentó en redes una foto de un auto de patrulla aparcado en los bajos del edificio donde residen. La vigilancia se extendió durante varias horas.
Lázaro Yuri Valle Roca, La Habana/Freelancer. El día 29 la Fiscalía solicitó para Valle Roca, en prisión desde el 15 de junio de 2021, seis años de cárcel por los presuntos delitos de “desacato” y “propaganda enemiga”. Valle Roca, de acuerdo con su esposa, está afrontando en la prisión provincial de La Habana, Combinado del Este, serios problemas de Salud.
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Libertad de prensa en Cuba: “El régimen pretende esconder la verdad a toda costa”

LA HABANA, Cuba. — La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) destacó en su informe anual que en 2021 el régimen cubano mantuvo su política de mordaza contra la libertad de prensa y expresión. En esencia, el reporte ilustra que el periodismo continúa siendo una profesión de alto riesgo en la isla.
José Antonio Fornaris, presidente de la APLP, precisó a CubaNet que el pasado año se computaron 195 casos de agresiones a periodistas, 40 menos que los registrados en 2020. Durante 2019 se habían documentado 254 casos.
“A simple vista parece una mejoría, pero creo que fue algo circunstancial. No se puede decir que el gobierno esté cambiando su actuar contra los periodistas, no hay nada nuevo que sea positivo para la libertad de prensa”, explicó Fornaris, quien argumentó que el año pasado la represión se extendió a 12 provincias del país, dos más que en 2020.
La APLP es una Organización No Gubernamental (ONG) única de su tipo en el país. Desde su fundación, el 27 de enero de 2006, ha funcionado indistintamente como gremio y sindicato de la prensa independiente al monopolio estatal. La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) son algunos de los organismos internacionales destinatarios de sus informes sobre violaciones a la libertad de prensa y expresión.
Otras organizaciones internacionales con fines similares a la APLP, como Artículo 19, destacan que solo en el primer semestre de 2021 ocurrieron más de 600 agresiones a periodistas independientes. Según aclara Fornaris, la APLP reporta aquellos casos que logra documentar, pero considera que en el curso analizado ocurrieron más violaciones que las registradas por la organización que preside.
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De acuerdo con el informe, las agresiones se materializaron en forma de amenazas, interrogatorios, agresiones verbales, casas sitiadas, multas, vigilancia a viviendas, invasión de domicilio, incautación de equipos de trabajo, interrupción de internet, amenazas a familiares, prohibición de retorno al país, difamación a través de los medios, destrucción de teléfonos celulares y expulsión de viviendas rentadas.
“Hay que entender que la prensa es el cuarto poder. No porque simplemente lo haya dicho Edmund Burke allá por 1787, sino porque maneja información y la realidad ha demostrado que la información es poder. Este tipo de sistema no admite otro poder que no sea su poder absoluto. Por eso al Estado no le conviene que exista prensa, solo medios de propaganda a su servicio”, señaló.
En los últimos meses del 2021, comenta Fornaris, disminuyó la utilización del Decreto-Ley 370 y las difamaciones a los periodistas independientes en la televisión nacional. Sin embargo, asegura que aumentó el rigor de los arrestos y su naturaleza.
En particular, citó la detención, durante meses o días, de los periodistas Esteban Rodríguez (30 de abril), Mary Carla Ares (30 de abril), Lázaro Yuri Valle Roca (15 de junio), Camila Acosta (12 de julio), Neife Rigao (12 de julio), Iris Mariño (12 de julio), Henry Constantín (12 de julio) y Orelvis Cabrera Sotolongo (12 de julio).
En la actualidad, únicamente Valle Roca permanece recluido, en la cárcel provincial de La Habana (Combinado del Este). Por su parte, Acosta enfrenta un proceso penal y permanece en prisión domiciliar a petición de la fiscalía.
Una novedad negativa –refiere el informe- fue la suspensión el 14 de noviembre de las credenciales de tres periodistas, un camarógrafo y un fotógrafo de la agencia de prensa española EFE. A raíz de ese suceso se conoció que el mes anterior ya se le había retirado la credencial a un coordinador de redacción.
“Eso nunca había pasado, obviamente tuvo que ver con el estallido social del 11 de julio y la proximidad de la convocatoria a tomar las calles el 15 de noviembre. Demostró que el régimen pretende esconder la verdad a toda costa, a pesar del costo político y moral de una violación como esa a la libertad de prensa”, sentenció Fornaris.
Aunque el Artículo 54 de la Constitución afirma que el Estado garantiza la libertad de expresión, el reporte de APLP refiere que en la práctica las autoridades políticas asumen como “una ofensa grave” las opiniones contestatarias al sistema o sus dirigentes.
Una muestra es la violencia desatada hacia los participantes de la marcha cívica del 11 de julio. El grupo Justicia 11J confirma 1 377 arrestos derivados de esa jornada, de ellas 727 permanecían en prisión cuando la APLP dio a conocer su informe anual.
“En términos generales, el 11 de julio marca un antes y un después para la nación. Lo tenemos que ver como una agresión a la libertad de expresión porque demostró que los cubanos nada más nos podemos expresar en la sala de  nuestra casa, o en un taxi colectivo, fuera de un marco cualquier opinión va a tener una represalia política”, acotó el líder de APLP.
“Se pone de manifiesto la agresión del Estado contra la ciudadanía -continuó ampliando- ya como un problema de terrorismo. Lo estamos viendo con las largas penas que quieren imponer a los manifestantes. Tenemos que calificarlo como terrible desde el punto de vista social, la gente ha reaccionado y los juicios estos son un problema del temor del Estado. Lo preocupante es que, ese tipo de reacciones contra la libertad de expresión, van a continuar a lo largo del 2022”.
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Seguridad del Estado amenaza al hijo menor de edad del periodista Carlos Manuel Torres

MIAMI, Estados Unidos.- El periodista y delegado de la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) en Santa Clara, Carlos Manuel Torres Fleites, denunció que ha sido víctima durante este mes de octubre de varias amenazas por parte de los cuerpos represivos de la ciudad, y una de ellas incluso involucra directamente a su hijo de solo 17 años de edad.
De acuerdo a una nota de prensa de la APLP, la policía uniformada y la Policía Política (Seguridad del Estado) le dijeron que en el Servicio Militar, al cual debe acudir próximamente su hijo, “puede pasar cualquier cosa”.
“Me han dicho que me van a detener y encauzar por incitar a las protestas y hacer activismo contra el sistema socialista; eso está muy lejos de la verdad ya que solo converso y aclaro algunas dudas a las personas que me preguntan. También han amenazado con actuar contra mi hijo y mi esposa. Incluso, el último oficial que me amenazó me dijo que mi hijo muy pronto tiene que cumplir el Servicio Militar (Obligatorio) y que allí puede pasar cualquier cosa”, dijo Torres Fleites.
La asociación denunció las amenazas contra el periodista y califica de “muy graves” las realizadas contra su hijo. “Todos sabemos que en las unidades militares ocurren accidentes reales, pero que también pueden ocurrir “accidentes” preparados, y en esos sucesos se puede perder la vida”, señala la nota.
“Exhortamos a los máximos dirigentes del régimen a poner fin al terrorismo de Estado. Se conoce que la revolución encabezada por Fidel Castro llegó al poder haciendo terrorismo, pero hace tiempo es necesario terminar con esa monstruosa política que hace gran daño a cubanos inocentes y pacíficos”, exhortan.
El periodista fue visitado en su casa el día 13 de octubre por el jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), quien aseguró que tenían “órdenes de apresar a todas las personas como tú”; el 17 Torres Fleites fue interceptado en la vía pública por un oficial de la Policía Política que lo amenazó con represalias por su labor, cinco días después, el 22, nuevamente fue interceptado en la vía pública por otro represor.
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APLP: “el sistema político de Cuba ataca una vez más el derecho a la libertad de expresión”

MIAMI, Estados Unidos.- La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) denunció este miércoles que el Decreto-Ley 35 De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico, “es una normativa que va contra la libertad de expresión que encuentra en Internet una vía eficaz para potencializar su alcance con base a las características propias de la red”.
En una declaración emitida hoy 18 de agosto, APLP asegura que “la libertad de expresión en Internet facilita el desarrollo, el buen gobierno y la implementación de garantías democráticas”, sin embargo, la nueva normativa, publicada este 17 de agosto en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, criminaliza dicha libertad de expresión, “estableciendo sanciones y penas administrativas, independientemente a que se puedan considerar las personas penalmente responsables, cuando violen algunas de las regulaciones que constituyen acciones de censura previa”.
“No hay equívocos, el sistema político de la isla ataca una vez más el derecho a la libertad de expresión, viola su propia Constitución que garantiza en el artículo 54 ese derecho y se mofa del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, agrega el documento.
Para la Asociación “se conoce que donde hay crimen se trata de ocultar lo que se hace”, es por ello que “el poder político trata de ocultar lo que sucede en Cuba. Se conoce, además, que en un país donde casi constantemente se están creando nuevas leyes, es porque las cosas andan muy mal”, señaló.
En la declaración, la APLP lamenta que el régimen de La Habana ande de forma constante en “la búsqueda de medidas punitivas, cuando la lógica más elemental indica que lo que hay es que encontrar soluciones a los muchos y graves problemas que sufre la población cubana”.
“Es una verdad demostrada a través del tiempo que ninguna Ley o Decreto-Ley que viole derechos naturales de las personas, comunicarse es uno de ellos, resuelve problemas; lo que hace es crear mayores dificultades que, la sociedad, impelida por la propia vida, lanza a la basura. Creemos ese es el lugar que espera al Decreto-Ley 35”, sentencia la declaración.
El Decreto-Ley 35 forma parte de la Resolución 105 “Modelo de Actuación Nacional para la respuesta a incidentes de Ciberseguridad”, la cual tipifica como delitos “la divulgación de noticias falsas”, el “ciberterrorismo” y otras figuras que hasta ahora no tenían respaldo legal en la Isla, como “los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión”.
La nueva normativa legal, publicada por el régimen a poco más de un mes de las masivas protestas del 11 de julio, establece como daños éticos en Cuba “la divulgación de noticias falsas” y de “mensajes ofensivos”, así como la “difamación con impacto en el prestigio del país” ya sea en redes sociales u otros medios.
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