HAVANA CLIMA

Abortos

Aborto en Cuba: un derecho a blindar (I)

Con más de 50 años de práctica legal e institucionalizada en Cuba, y una interpretación más flexible y tolerante que en muchas otras naciones desde décadas anteriores, el aborto no resulta desde hace mucho un tema tabú en la Isla. La interrupción voluntaria del embarazo es asumida mayormente como legítima y aceptable a nivel social, al tiempo que es considerada una conquista, un derecho ganado y mantenido, tanto por las autoridades como por activistas, expertos y buena parte de la comunidad femenina.Sin embargo, este derecho —incluido en el conjunto de los derechos sexuales y reproductivos consagrados de manera colectiva en la Constitución cubana— no escapa hoy a la controversia, una polémica atizada por el avance de corrientes conservadoras y fundamentalistas, tanto en el mundo como en Cuba, su creciente influencia a nivel político y social, y su disputa de normas y derechos ya establecidos o en proceso de construcción y debate. Y, por otro lado, por la consolidación de activismos que, sobre todo desde la sociedad civil y el entorno académico, hacen frente a estos conservadurismos y emplazan al poder político a mantener y ampliar lo ya normado.Aunque el fenómeno no es precisamente nuevo en el país caribeño, varios factores han funcionado en los últimos tiempos como telón de fondo a un litigio que ha venido subiendo de tono y ha hecho que cada parte se posicione con mayor fuerza —no solo a nivel de discurso, sino también de acciones concretas— ante una presumible mayor escalada de la controversia. Fuera de Cuba, pueden mencionarse los amplios debates legislativos, sociales y políticos sobre el aborto en varias naciones de América Latina en los últimos años, que han conducido al rechazo o la aprobación de leyes sobre este particular, y al consecuente enfrentamiento entre movimientos partidarios y detractores de esta práctica —las llamadas mareas verdes (proaborto) y azules (antiaborto)—, y también la reciente decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de revertir el histórico fallo de Roe vs. Wade, que respaldaba el derecho al aborto a nivel federal, lo que ha dejado a millones de mujeres a merced del conservadurismo de no pocas legislaturas estaduales.Mientras, en Cuba, primero los debates y consultas públicas sobre la Carta Magna y, recientemente, los centrados en el nuevo Código de las Familias, aun cuando han tenido otros temas —como el matrimonio igualitario, la adopción por parejas no heterosexuales y la gestación solidaria— como focos de las mayores discusiones, han mostrado la puja cada vez más visible de posturas encontradas y hasta antagónicas sobre la sexualidad, la reproducción y sus derechos asociados, y han puesto en evidencia el poder de influencia de movimientos religiosos y otras corrientes conservadoras, al punto de provocar la posposición del posible respaldo legal al matrimonio entre personas del mismo sexo de la Constitución al Código de las Familias, algo que finalmente deberá decidirse en referendo popular el próximo 25 de septiembre. De esta forma, no es descabellado avizorar nuevas y enconadas disputas públicas en torno a asuntos relacionados, como la interrupción voluntaria del embarazo.Código de las Familias: el referéndum y el país que seremos“Blindar el derecho”Ante el actual escenario nacional e internacional, las autoridades cubanas han reiterado su consideración del aborto como un derecho y han asegurado que pretenden incluirlo en una nueva ley de salud en la que actualmente se trabaja. Además, han defendido las políticas aplicadas en la Isla por más de cinco décadas en aras de facilitar el acceso a esta práctica de manera gratuita, en instituciones del sistema estatal de Salud, y evitar con ello las muertes maternas por causa de procedimientos riesgosos e inseguros.“Nosotros tenemos claro que se trata de un derecho el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, un derecho que está respaldado en un proceder médico, legal, gratuito y seguro, y así está establecido en las normas cubanas. Este tema ha sido recurrente en los últimos tiempos, ante el avance de fundamentalismos y conservadurismos que están poniendo en riesgo en el mundo y en la región una conquista fundamental de la salud de las mujeres”, afirmó recientemente el ministro de Salud, Dr. José Ángel Portal Miranda, en una conferencia de prensa, en la que abordó varios temas y programas relacionados con la situación actual de su sector.“Donde los abortos están restringidos legalmente, las mujeres tienen más probabilidad de acudir a prestadores del servicio carentes de capacitación o someterse a procedimientos bajo condiciones realmente insalubres”, estimó el titular del Ministerio de Salud Pública (Minsap), quien enfatizó en el riesgo que ello representa para la vida de las mujeres, “porque lo que sí es seguro —dijo— es que la quiera interrumpir su embarazo lo va a hacer de manera clandestina, insegura y en espacios no asépticos”.En su intervención, Portal Miranda resaltó el que Cuba fuera “el primer país de América Latina y el Caribe en legalizar el aborto en 1965”, y explicó que la Isla “tiene construida su base legal sobre tres principios fundamentales: la mujer es la que decide sobre su cuerpo y si llevará o no a término su embarazo; la intervención es totalmente voluntaria y se realiza en entornos de salud controlados y por personal especializado; y se trata de una práctica totalmente gratuita”. La legalización e institucionalización de esta práctica, sostuvo, “fue una medida encaminada a la reducción de las muertes maternas, que en aquel momento se estimaba en más de 120 fallecidas por 100 mil nacidos vivos, y dirigida a promover el pleno ejercicio del derecho a decidir sobre la reproducción”.Según lo explicado por el ministro a la prensa, “en Cuba la interrupción del embarazo está establecida bajo la utilización del consentimiento informado, para la autorización en todos los casos de la mujer o su representante legal, en caso de que la gestante sea menor de edad, o no esté en condiciones físicas o mentales”. El aborto, detalló, es permitido en la Isla hasta las 12 semanas de edad gestacional “por decisión voluntaria de la mujer y sin restricción en cuanto a su razón”, mientras que hasta las 26 semanas es autorizado en caso de “malformaciones fetales incompatibles para la vida”, una responsabilidad que recae sobre una comisión nacional de expertos de diferentes especialidades y “siempre bajo el consentimiento de la madre”. Para la realización de estos procedimientos, agregó, están “definidos dentro del sistema de Salud los hospitales con servicio de ginecobstetricia, y también están acreditados los policlínicos para realizar regulaciones menstruales, a pacientes con un retraso menstrual de hasta 45 días, contando a partir del primer día de la última menstruación”.Pero, más allá de lo normado institucionalmente, en reglamentos y protocolos del Minsap, el titular de dicho ministerio confirmó la intención gubernamental de que la interrupción voluntaria del embarazo esté respaldada en la próxima Ley de Salud. La anterior legislación, todavía en vigor, data de 1983, por lo que ya se cumplieron 39 años de su elaboración y aprobación en un contexto sociocultural diferente y bajo el amparo de una Carta Magna ya superada. En aquella ocasión, tal como han enfatizado activistas y estudiosos del tema, el aborto fue contemplado en el reglamento asociado, pero no de manera explícita en la propia ley. Actualizar entonces esa norma, en sintonía con el escenario actual y con los derechos consagrados en la actual Carta Magna, es el desafío asumido por las autoridades del sector, en medio de una ascendente y no siempre solapada disputa sobre estos derechos entre determinados actores sociales.Fundamentalismos, política y Estado“Los derechos reproductivos incluyen igualdad, no discriminación, salud, autonomía reproductiva, información e integridad”, defendió Portal Miranda, quien precisó que “estos son temas que deben estar incluidos en la próxima Ley de Salud, que debe aprobarse a finales de año y en la que se está trabajando en estos momentos. Ya se aprobó la política para la ley, y entre los elementos que van a estar respaldados en ella están los relacionados con todos estos derechos de la mujer cubana, incluida la interrupción voluntaria del embarazo”. En esa nueva legislación, subrayó el ministro, “aspiramos a que se blinde aún más este derecho ante la aparición de fundamentalismos y actitudes conservadoras. Por eso, lo estamos previendo precisamente como un derecho. Lo estamos proponiendo de esa manera en la ley”.Abortos y planificación familiarDe acuerdo con estadísticas citadas por Portal Miranda, en el mundo se realizan cada año unos 56 millones de abortos, de los cuales alrededor del 45 % se practican de forma insegura. En Cuba, la cifra oficial pasó de más de 150 mil a finales de los años 80 a menos de 62 mil en 2020, según las estadísticas de Minsap, si bien este descenso no ha sido sostenido y ha tenido vaivenes en su evolución —en los tempranos 2000, por ejemplo, llegó a bajar varios años de los 70 mil y luego en la segunda década del siglo se produjo un incremento, con un pico de 91 500 en 2015—. En su conferencia ante la prensa, el ministro defendió la confiabilidad y transparencia de estas cifras, las que, dijo, “son reconocidas por los organismos internacionales vinculados al tema” y, al ser recopiladas de manera institucional a lo largo de la Isla, “permiten conocer el comportamiento del fenómeno al interior del país y también definir las características de ese comportamiento en cada uno de los territorios y en cada momento del año”.Con estos elementos en la mano, el titular del Minsap aseveró que los números confirman “una discreta tendencia” a la disminución de los abortos y las regulaciones menstruales en la Isla, en particular en los últimos años, y sostuvo que “la interrupción voluntaria del embarazo en Cuba no ha sido determinante en el descenso actual de la fecundidad”, un fenómeno que impacta negativamente en la actual dinámica demográfica de la Isla y redunda en el sostenido crecimiento del envejecimiento poblacional. Las cifras oficiales muestran que esa tendencia descendente de los abortos y regulaciones se refleja también —aunque igualmente de manera discreta y con altas y bajas— en las tasas de estos procedimientos realizados por cada mil mujeres entre 12 y 49 años —las edades contempladas en la base de datos del Minsap—, por cada 100 partos y por cada 100 embarazadas, según la tabla sobre el tema del anuario de Salud de 2020, el último publicado hasta la fecha.Captura de pantalla del Anuario de Salud de Cuba correspondiente al 2020. Fuente: Minsap.Al respecto, Portal Miranda consideró que “esta disminución ha estado fundamentada en programas educativos, tanto generales como de educación sexual —un aspecto cuestionado desde sectores del activismo independiente y la academia—, y también a la disponibilidad de medios y métodos anticonceptivos variados, eficientes y eficaces”, si bien apuntó que “todo esto es perfectible de mejorarse”. “Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un déficit importante de anticonceptivos, eso no es un secreto para nadie —reconoció al ser preguntado sobre este particular en la conferencia de prensa—. Hemos tenido dificultades para adquirirlos, porque compiten, además, con otros recursos necesarios para nuestro sector y que definen la vida de las personas, por lo que debemos priorizarlos en medio de la compleja situación económica y financiera que atraviesa el país, recrudecida por el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos”.Captura de pantalla del Anuario de Salud de Cuba correspondiente al 2020. Fuente: Minsap.No obstante, aun con el descenso que marcan las estadísticas, el ministro enfatizó que “hoy se considera que el volumen de abortos voluntarios (que se realiza en el país) es elevado”. “Para nosotros —dijo—, aun cuando es una cifra que ha venido disminuyendo, el propósito principal es disminuir esta práctica al mínimo imprescindible, y no lo hemos logrado. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando sobre este particular”.“Cuba —añadió— defiende una política pública de planificación familiar, que permita tomar una decisión consciente sobre el número de hijos que se quiere tener y en qué momento, así como se aboga por implementar un proceso de acompañamiento a la mujer en su derecho a decidir sobre su cuerpo y se deja al aborto como última instancia ante un embarazo no deseado. De esta forma, se puede asegurar una práctica legal, segura, gratuita y feminista. Mantener esa perspectiva dentro de una interrupción voluntaria del embarazo implica ser consciente de que no basta solo con llevar a cabo el procedimiento, ya que se requiere mucho más para que las mujeres disfruten plenamente de su derecho a una salud sexual y reproductiva”.Para disminuir el número de estos procedimientos clínicos y potenciar otros métodos, en correspondencia con prácticas coherentes y saludables de planificación familiar, el Minsap cuenta con una estrategia a nivel de país, de acuerdo con su titular. “El objetivo es que sean extendidas técnicas no invasivas para la interrupción voluntaria de la gestación —explicó Portal Miranda—, principalmente el método medicamentoso con Misoprostol, protocolo que pretende realizar el 80 % de todos los abortos voluntarios con este método, sin abandonar, como es lógico, el desarrollo de los servicios institucionales para incrementar la seguridad, resolutividad y eficacia de esta práctica”.“Nosotros hemos estado insistiendo en la prevención del embarazo no deseado”, afirmó el ministro, quien recalcó que el aborto “no es un método anticonceptivo en sí mismo, pues su uso indiscriminado puede poner en riesgo la salud sexual y reproductiva de la mujer”. En el actual contexto cubano, junto al deseado reconocimiento legal de la interrupción voluntaria del embarazo, el titular del Minsap resaltó la importancia de “seguir trabajando y brindando información a nuestras mujeres sobre todas las posibilidades y servicios en esta dirección que existen en el sistema nacional de salud. Que se conozca cómo acceder a los mismos, y se sepa del respaldo que brinda nuestro sistema a la autonomía corporal, a la vida y la salud de las mujeres”.

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Aborto en Cuba: un derecho a blindar (I)

Con más de 50 años de práctica legal e institucionalizada en Cuba, y una interpretación más flexible y tolerante que en muchas otras naciones desde décadas anteriores, el aborto no resulta desde hace mucho un tema tabú en la Isla. La interrupción voluntaria del embarazo es asumida mayormente como legítima y aceptable a nivel social, al tiempo que es considerada una conquista, un derecho ganado y mantenido, tanto por las autoridades como por activistas, expertos y buena parte de la comunidad femenina.Sin embargo, este derecho —incluido en el conjunto de los derechos sexuales y reproductivos consagrados de manera colectiva en la Constitución cubana— no escapa hoy a la controversia, una polémica atizada por el avance de corrientes conservadoras y fundamentalistas, tanto en el mundo como en Cuba, su creciente influencia a nivel político y social, y su disputa de normas y derechos ya establecidos o en proceso de construcción y debate. Y, por otro lado, por la consolidación de activismos que, sobre todo desde la sociedad civil y el entorno académico, hacen frente a estos conservadurismos y emplazan al poder político a mantener y ampliar lo ya normado.Aunque el fenómeno no es precisamente nuevo en el país caribeño, varios factores han funcionado en los últimos tiempos como telón de fondo a un litigio que ha venido subiendo de tono y ha hecho que cada parte se posicione con mayor fuerza —no solo a nivel de discurso, sino también de acciones concretas— ante una presumible mayor escalada de la controversia. Fuera de Cuba, pueden mencionarse los amplios debates legislativos, sociales y políticos sobre el aborto en varias naciones de América Latina en los últimos años, que han conducido al rechazo o la aprobación de leyes sobre este particular, y al consecuente enfrentamiento entre movimientos partidarios y detractores de esta práctica —las llamadas mareas verdes (proaborto) y azules (antiaborto)—, y también la reciente decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de revertir el histórico fallo de Roe vs. Wade, que respaldaba el derecho al aborto a nivel federal, lo que ha dejado a millones de mujeres a merced del conservadurismo de no pocas legislaturas estaduales.Mientras, en Cuba, primero los debates y consultas públicas sobre la Carta Magna y, recientemente, los centrados en el nuevo Código de las Familias, aun cuando han tenido otros temas —como el matrimonio igualitario, la adopción por parejas no heterosexuales y la gestación solidaria— como focos de las mayores discusiones, han mostrado la puja cada vez más visible de posturas encontradas y hasta antagónicas sobre la sexualidad, la reproducción y sus derechos asociados, y han puesto en evidencia el poder de influencia de movimientos religiosos y otras corrientes conservadoras, al punto de provocar la posposición del posible respaldo legal al matrimonio entre personas del mismo sexo de la Constitución al Código de las Familias, algo que finalmente deberá decidirse en referendo popular el próximo 25 de septiembre. De esta forma, no es descabellado avizorar nuevas y enconadas disputas públicas en torno a asuntos relacionados, como la interrupción voluntaria del embarazo.Código de las Familias: el referéndum y el país que seremos“Blindar el derecho”Ante el actual escenario nacional e internacional, las autoridades cubanas han reiterado su consideración del aborto como un derecho y han asegurado que pretenden incluirlo en una nueva ley de salud en la que actualmente se trabaja. Además, han defendido las políticas aplicadas en la Isla por más de cinco décadas en aras de facilitar el acceso a esta práctica de manera gratuita, en instituciones del sistema estatal de Salud, y evitar con ello las muertes maternas por causa de procedimientos riesgosos e inseguros.“Nosotros tenemos claro que se trata de un derecho el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, un derecho que está respaldado en un proceder médico, legal, gratuito y seguro, y así está establecido en las normas cubanas. Este tema ha sido recurrente en los últimos tiempos, ante el avance de fundamentalismos y conservadurismos que están poniendo en riesgo en el mundo y en la región una conquista fundamental de la salud de las mujeres”, afirmó recientemente el ministro de Salud, Dr. José Ángel Portal Miranda, en una conferencia de prensa, en la que abordó varios temas y programas relacionados con la situación actual de su sector.“Donde los abortos están restringidos legalmente, las mujeres tienen más probabilidad de acudir a prestadores del servicio carentes de capacitación o someterse a procedimientos bajo condiciones realmente insalubres”, estimó el titular del Ministerio de Salud Pública (Minsap), quien enfatizó en el riesgo que ello representa para la vida de las mujeres, “porque lo que sí es seguro —dijo— es que la quiera interrumpir su embarazo lo va a hacer de manera clandestina, insegura y en espacios no asépticos”.En su intervención, Portal Miranda resaltó el que Cuba fuera “el primer país de América Latina y el Caribe en legalizar el aborto en 1965”, y explicó que la Isla “tiene construida su base legal sobre tres principios fundamentales: la mujer es la que decide sobre su cuerpo y si llevará o no a término su embarazo; la intervención es totalmente voluntaria y se realiza en entornos de salud controlados y por personal especializado; y se trata de una práctica totalmente gratuita”. La legalización e institucionalización de esta práctica, sostuvo, “fue una medida encaminada a la reducción de las muertes maternas, que en aquel momento se estimaba en más de 120 fallecidas por 100 mil nacidos vivos, y dirigida a promover el pleno ejercicio del derecho a decidir sobre la reproducción”.Según lo explicado por el ministro a la prensa, “en Cuba la interrupción del embarazo está establecida bajo la utilización del consentimiento informado, para la autorización en todos los casos de la mujer o su representante legal, en caso de que la gestante sea menor de edad, o no esté en condiciones físicas o mentales”. El aborto, detalló, es permitido en la Isla hasta las 12 semanas de edad gestacional “por decisión voluntaria de la mujer y sin restricción en cuanto a su razón”, mientras que hasta las 26 semanas es autorizado en caso de “malformaciones fetales incompatibles para la vida”, una responsabilidad que recae sobre una comisión nacional de expertos de diferentes especialidades y “siempre bajo el consentimiento de la madre”. Para la realización de estos procedimientos, agregó, están “definidos dentro del sistema de Salud los hospitales con servicio de ginecobstetricia, y también están acreditados los policlínicos para realizar regulaciones menstruales, a pacientes con un retraso menstrual de hasta 45 días, contando a partir del primer día de la última menstruación”.Pero, más allá de lo normado institucionalmente, en reglamentos y protocolos del Minsap, el titular de dicho ministerio confirmó la intención gubernamental de que la interrupción voluntaria del embarazo esté respaldada en la próxima Ley de Salud. La anterior legislación, todavía en vigor, data de 1983, por lo que ya se cumplieron 39 años de su elaboración y aprobación en un contexto sociocultural diferente y bajo el amparo de una Carta Magna ya superada. En aquella ocasión, tal como han enfatizado activistas y estudiosos del tema, el aborto fue contemplado en el reglamento asociado, pero no de manera explícita en la propia ley. Actualizar entonces esa norma, en sintonía con el escenario actual y con los derechos consagrados en la actual Carta Magna, es el desafío asumido por las autoridades del sector, en medio de una ascendente y no siempre solapada disputa sobre estos derechos entre determinados actores sociales.Fundamentalismos, política y Estado“Los derechos reproductivos incluyen igualdad, no discriminación, salud, autonomía reproductiva, información e integridad”, defendió Portal Miranda, quien precisó que “estos son temas que deben estar incluidos en la próxima Ley de Salud, que debe aprobarse a finales de año y en la que se está trabajando en estos momentos. Ya se aprobó la política para la ley, y entre los elementos que van a estar respaldados en ella están los relacionados con todos estos derechos de la mujer cubana, incluida la interrupción voluntaria del embarazo”. En esa nueva legislación, subrayó el ministro, “aspiramos a que se blinde aún más este derecho ante la aparición de fundamentalismos y actitudes conservadoras. Por eso, lo estamos previendo precisamente como un derecho. Lo estamos proponiendo de esa manera en la ley”.Abortos y planificación familiarDe acuerdo con estadísticas citadas por Portal Miranda, en el mundo se realizan cada año unos 56 millones de abortos, de los cuales alrededor del 45 % se practican de forma insegura. En Cuba, la cifra oficial pasó de más de 150 mil a finales de los años 80 a menos de 62 mil en 2020, según las estadísticas de Minsap, si bien este descenso no ha sido sostenido y ha tenido vaivenes en su evolución —en los tempranos 2000, por ejemplo, llegó a bajar varios años de los 70 mil y luego en la segunda década del siglo se produjo un incremento, con un pico de 91 500 en 2015—. En su conferencia ante la prensa, el ministro defendió la confiabilidad y transparencia de estas cifras, las que, dijo, “son reconocidas por los organismos internacionales vinculados al tema” y, al ser recopiladas de manera institucional a lo largo de la Isla, “permiten conocer el comportamiento del fenómeno al interior del país y también definir las características de ese comportamiento en cada uno de los territorios y en cada momento del año”.Con estos elementos en la mano, el titular del Minsap aseveró que los números confirman “una discreta tendencia” a la disminución de los abortos y las regulaciones menstruales en la Isla, en particular en los últimos años, y sostuvo que “la interrupción voluntaria del embarazo en Cuba no ha sido determinante en el descenso actual de la fecundidad”, un fenómeno que impacta negativamente en la actual dinámica demográfica de la Isla y redunda en el sostenido crecimiento del envejecimiento poblacional. Las cifras oficiales muestran que esa tendencia descendente de los abortos y regulaciones se refleja también —aunque igualmente de manera discreta y con altas y bajas— en las tasas de estos procedimientos realizados por cada mil mujeres entre 12 y 49 años —las edades contempladas en la base de datos del Minsap—, por cada 100 partos y por cada 100 embarazadas, según la tabla sobre el tema del anuario de Salud de 2020, el último publicado hasta la fecha.Captura de pantalla del Anuario de Salud de Cuba correspondiente al 2020. Fuente: Minsap.Al respecto, Portal Miranda consideró que “esta disminución ha estado fundamentada en programas educativos, tanto generales como de educación sexual —un aspecto cuestionado desde sectores del activismo independiente y la academia—, y también a la disponibilidad de medios y métodos anticonceptivos variados, eficientes y eficaces”, si bien apuntó que “todo esto es perfectible de mejorarse”. “Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un déficit importante de anticonceptivos, eso no es un secreto para nadie —reconoció al ser preguntado sobre este particular en la conferencia de prensa—. Hemos tenido dificultades para adquirirlos, porque compiten, además, con otros recursos necesarios para nuestro sector y que definen la vida de las personas, por lo que debemos priorizarlos en medio de la compleja situación económica y financiera que atraviesa el país, recrudecida por el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos”.Captura de pantalla del Anuario de Salud de Cuba correspondiente al 2020. Fuente: Minsap.No obstante, aun con el descenso que marcan las estadísticas, el ministro enfatizó que “hoy se considera que el volumen de abortos voluntarios (que se realiza en el país) es elevado”. “Para nosotros —dijo—, aun cuando es una cifra que ha venido disminuyendo, el propósito principal es disminuir esta práctica al mínimo imprescindible, y no lo hemos logrado. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando sobre este particular”.“Cuba —añadió— defiende una política pública de planificación familiar, que permita tomar una decisión consciente sobre el número de hijos que se quiere tener y en qué momento, así como se aboga por implementar un proceso de acompañamiento a la mujer en su derecho a decidir sobre su cuerpo y se deja al aborto como última instancia ante un embarazo no deseado. De esta forma, se puede asegurar una práctica legal, segura, gratuita y feminista. Mantener esa perspectiva dentro de una interrupción voluntaria del embarazo implica ser consciente de que no basta solo con llevar a cabo el procedimiento, ya que se requiere mucho más para que las mujeres disfruten plenamente de su derecho a una salud sexual y reproductiva”.Para disminuir el número de estos procedimientos clínicos y potenciar otros métodos, en correspondencia con prácticas coherentes y saludables de planificación familiar, el Minsap cuenta con una estrategia a nivel de país, de acuerdo con su titular. “El objetivo es que sean extendidas técnicas no invasivas para la interrupción voluntaria de la gestación —explicó Portal Miranda—, principalmente el método medicamentoso con Misoprostol, protocolo que pretende realizar el 80 % de todos los abortos voluntarios con este método, sin abandonar, como es lógico, el desarrollo de los servicios institucionales para incrementar la seguridad, resolutividad y eficacia de esta práctica”.“Nosotros hemos estado insistiendo en la prevención del embarazo no deseado”, afirmó el ministro, quien recalcó que el aborto “no es un método anticonceptivo en sí mismo, pues su uso indiscriminado puede poner en riesgo la salud sexual y reproductiva de la mujer”. En el actual contexto cubano, junto al deseado reconocimiento legal de la interrupción voluntaria del embarazo, el titular del Minsap resaltó la importancia de “seguir trabajando y brindando información a nuestras mujeres sobre todas las posibilidades y servicios en esta dirección que existen en el sistema nacional de salud. Que se conozca cómo acceder a los mismos, y se sepa del respaldo que brinda nuestro sistema a la autonomía corporal, a la vida y la salud de las mujeres”.

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En Estados Unidos braman dinosaurios

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le otorgó rango de ley al acuerdo aprobado por el Congreso que restringe mínimamente el acceso a las armas.
Al estampar su firma en el documento, Biden dio un paso considerado por muchos estadounidenses como necesario, pero insuficiente, en el camino para poner fin a las masacres provocadas por la promoción de la violencia y la venta y uso indiscriminado de las armas de fuego.
Es importante señalar, por lo contradictorio que resulta, que la aprobación en el Congreso, el 23 de junio, de este acuerdo, estuvo precedida por un dictamen del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que amplía el derecho a portar armas.
La Corte Suprema dictaminó anular una ley de tenencia de armas en el estado de Nueva York, promulgada hace más de un siglo, que establecía restricciones sobre la portación de armas de fuego en público.
Esta decisión puede tener implicaciones en otros siete estados con leyes similares: California, Delaware, Hawái, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, consideró «indignante» e «imprudente» el fallo del Supremo, según CNN.
Vale significar que en la nación norteña hay circulando alrededor de 310 millones de armas. Con una población de 319 millones de habitantes, eso significa que casi cada estadounidense tiene un arma, independientemente de su edad.
A pocas horas de la masacre de Uvalde, considerada –después del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, en Newtown, Connecticut– como la más mortífera en la historia de EE. UU., la Asociación Nacional del Rifle (NRA) celebró su convención anual, a la que asistieron, entre otros, el expresidente Donald Trump y el senador Ted Cruz.
En los discursos de ambos políticos, sumamente comprometidos con la NRA, ideológicamente, por asuntos de negocio y, sobre todo, de política, criticaron la propuesta de los demócratas de impulsar legislaciones de armas más estrictas.
Ted Cruz llegó a proponer el aumento de la seguridad en las escuelas, colocando guardias armados para enfrentar los tiroteos.
Muchos intereses se mueven detrás del apoyo de los políticos a la NRA. De las arcas de la poderosa asociación fluyen los dineros que financian campañas electorales, proyectos de ley y vetos contra todo el que intente limitar el negocio.
Cuando las armas dejen de ser un filón rentable que financia carreras y compra conciencias, comenzará a despejarse el camino, cesarán los cantos de muerte y el himno macabro de los disparos.
FESTEJAN LOS CONSERVADORES
La Corte Suprema de Estados Unidos también revocó el histórico fallo de 1973, conocido como Roe versus Wade, que determinaba que el derecho al aborto era una garantía constitucional en el país.
Terminar con este derecho constitucional es el resultado de una vieja campaña de los sectores más retrógrados de la nación, sobre todo de los cristianos conservadores.
Luego de confirmada, Trump calificó la decisión como «la mayor victoria para la vida en una generación»; en tanto, el ex vicepresidente Mike Pence expresó: «No debemos descansar y no debemos ceder hasta que la santidad de la vida sea restaurada en el centro de la ley estadounidense en cada estado del país».
Del otro lado, el presidente Joe Biden, aprovechando las circunstancias, en un discurso a la nación, señaló que la única forma en que los estadounidenses pueden proteger el derecho al aborto es votando por los demócratas en las elecciones de mitad de periodo de noviembre, reseñó BBC, y la líder de la mayoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, calificó de «insulto» a las mujeres, el fallo de la Corte Suprema.
La asociación sin fines de lucro, Planned Parenthood, calificó de «peligrosa» e «inaudita» la decisión de anular Roe vs. Wade, ya que dejará desprotegidas a 36 millones de mujeres en edad reproductiva, detalla La Opinión.
Antes de la decisión, el acceso a este derecho ya estaba fuera del alcance de muchas mujeres en Estados Unidos.
«Eso contrasta con muchos países, entre ellos los de Europa occidental, que ofrecen acceso a servicios de aborto subsidiados, totalmente financiados, atención médica universal, anticoncepción y programas sociales más amplios», señaló Risa Kaufman, directora de Derechos Humanos en Estados Unidos en el Centro de Derechos Reproductivos.
Es preciso aclarar que eso no solo pasa en Europa. Más cerca, en Cuba, la isla caribeña tachada de «dictadura» por Washington, fue el primer país de América Latina y el Caribe en despenalizar el aborto. En la Mayor de las Antillas es libre y legal desde 1961, y en 1965 se creó la base jurídica para que pudiera realizarse en el marco del Sistema Nacional de Salud.
EN TELA DE JUICIO LA IMPARCIALIDAD DE LA CORTE
Otro fallo de la Corte Suprema de EE. UU. demuestra la parcialidad y el fuero ultraconservador que imperan en sus decisiones.
El 27 de junio, el Tribunal reconoció el derecho del profesor Joseph Kennedy, entrenador de fútbol americano en una escuela del distrito escolar de Bremerton, Washington, a rezar con sus alumnos en el centro del campo después del partido.
La Corte Suprema dictaminó contra el Distrito Escolar y a favor de Kennedy, quien exigió el derecho a orar con sus jugadores después de los juegos, en la yarda 50. La decisión erosiona, significativamente, la separación de la iglesia y el Estado en las escuelas públicas.
La escuela había determinado que la práctica de Kennedy violaba los derechos de libertad religiosa de los estudiantes, y también creaba un riesgo de seguridad en los juegos, porque el profesor había orquestado un espectáculo público al invitar a los medios de comunicación y a los políticos locales a asistir; mientras Kennedy afirmaba que las acciones de la escuela violaron sus derechos de libre expresión y libre ejercicio.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Washington presentó un informe al Tribunal, argumentando que las oraciones de Kennedy no están protegidas por la Cláusula de Libertad de Expresión.
Los estudiantes manifestaron que fueron obligados a orar y un jugador explicó que participó en contra de sus propias creencias, por temor a perder tiempo de juego si se negaba.
Nos referimos al país que tardó siglos en calificar los linchamientos como delito de odio federal. Durante años se intentó penar, sin resultados, los asesinatos cometidos por multitudes, de los que fueron principales víctimas los afrodescendientes y otras minorías.
Más de 4 400 afroestadounidenses fueron ejecutados en Estados Unidos a merced de esta práctica, solo entre 1877 y 1950, según documentó la Iniciativa para una Justicia Igualitaria.
Los crímenes se cometían con impunidad, con frecuencia en lugares públicos y a plena luz del día, y afectaron, además, aunque en menor medida, a otras minorías como la nativa, la asiática o los migrantes mexicanos.
La división dentro de EE. UU. se acentúa cada vez más; algunos hablan, incluso, de cisma, de polarización insalvable, de posible balcanización. Lo cierto es que las fronteras entre unos y otros se distinguen con mucha nitidez.
Quien se detenga solo un instante a echar una ojeada al panorama de la sociedad estadounidense de estos tiempos, descubrirá la profundidad y la extensión que ha alcanzado el pensamiento más ultraconservador y retrógrado.
Escuchará, en medio de la parafernalia de los showmans políticos y los disparos de las armas de fuego, el bramido ensordecedor de los dinosaurios que se niegan a desaparecer.

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Vandalizan un centro de crisis de embarazo en EE. UU. tras el fallo de la Corte Suprema

Un incendio ocurrido la noche del sábado en un centro cristiano de crisis de embarazo de Longmont (Colorado, EE. UU.) está siendo tratado como un incendio provocado, informó la Policía en Facebook, según Russia Today.
Las autoridades explicaron que el centro sufrió «fuertes daños por humo» y, además, fue vandalizado con pintura negra: «Si los abortos no son seguros, ustedes tampoco», dice uno de los grafitis con referencia a la controvertida decisión de la Corte Suprema que el pasado viernes acabó con casi medio siglo de derecho constitucional a la interrupción del embarazo. 
Los Centros de Crisis de Embarazo están utilizando tácticas engañosas e información confusa para evitar que las mujeres ejerzan su derecho reproductivo de realizarse un aborto o que utilicen métodos anticonceptivos de emergencia como la píldora del día después.
Entretanto, una bandera estadounidense fue quemada durante una protesta en el centro de Nueva York. En las imágenes difundidas en las redes sociales, se puede ver cómo varias personas prenden fuego al emblema nacional mientras en el fondo se escucha corear a los manifestantes: «Aborto libre, mi cuerpo es mi elección».
La decisión de anular la vigencia del caso Roe contra Wade de 1973 podría conducir a la prohibición del aborto en, aproximadamente, la mitad de los estados de la nación.
En 13 estados de EE. UU., principalmente en el sur y el Medio Oeste, ya existen leyes que prohíben el aborto. Algunos prohíben el aborto totalmente o después de las seis semanas de gestación, antes de que muchas mujeres se enteren de que están embarazadas.

This footage was given to me by the person who filmed it .During pro choice protest in midtown NYC activists burned the American flag while chanting ” FREE ABORTION, MY BODY MY CHOICE ” #RoeOverturned #RoeVWade #NYC pic.twitter.com/Do37QV9hrT
— Viral News NY (@ViralNewsNYC) June 25, 2022

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¿Cómo hizo EE. UU. para retroceder medio siglo sobre el derecho al aborto? (+Video)

La historia comienza con un litigio judicial, más conocido como Roe vs. Wade, en Texas, cuando Norma McCorvey (Jane Rose) al quedar embarazada de su tercer hijo como producto de una violación y no poder abortar, presentó una demanda ante un tribunal federal de EE. UU. contra el distrito de Henry Wade, alegando que las leyes de aborto en el estado eran inconstitucionales.
El tribunal del distrito falló a favor de Rose, aunque rechazó la restricción en contra de las leyes sobre aborto, informa CNN. El caso, en varias ocasiones, fue apelado, pero al llegar a la Corte Suprema, el 22 de enero de 1973, se decidió la legalidad del derecho de la mujer a tener un aborto bajo la Decimocuarta Enmienda a la Constitución.
Recientemente, la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó revertir el derecho nacional al aborto, siendo este el último paso dado de la ya comenzada historia. Medios de todo EE. UU. destacan que ahora depende de cada estado decidir si el aborto es legal y en qué medida.
Así, a millones de mujeres se les bloquea un derecho fundamental, uno que la mayoría han conocido toda la vida, y si bien este fallo legal cambiará la ley, no resolverá los argumentos sobre el aborto, sino que los complicará.
Encuestas recientes indicaron que dos tercios de los ciudadanos no querían que se eliminara el derecho constitucional al aborto.
La revocación del derecho al aborto en Estados Unidos trae consigo un impacto en la política estadounidense. Legisladores de más de una veintena de estados conservadores tienen preparados proyectos de ley que prohibirían o restringirían el aborto en el momento en que el Supremo anulara Roe contra Wade.
Ahora, gracias a los nombramientos clave (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett) de Donald Trump en la Suprema Corte, se materializó una decisión judicial que activó automáticamente estas leyes.
¿Que nos demuestra esto? Demuestra un país que aún no aprueba la Enmienda de Igualdad de Derechos, un país que no garantizará la seguridad de las mujeres; porque que lo prohíban no hará que muchas dejen de hacerlo y puedan morir como resultado de abortos clandestinos ilegales.
Esta particularidad traería un cambio asombroso en la vida estadounidense.
El mundo está evolucionando, la lucha contra la violencia de género está latente y las voces en contra de esta nefasta decisión, que retrocede los derechos de las féminas unos 50 años, se escucharán más fuertes que nunca. Esto podría provocar una división en el país, una que ya se encuentra irritada por la creciente polarización política de los últimos años.
EL MENSAJE DE JOE BIDEN A EE. UU.
La Corte Suprema de Estados Unidos «ha hecho lo que nunca había hecho antes: quitar explícitamente un derecho constitucional que es tan fundamental para tantos estadounidenses», ha declarado a propósito del tema Joe Biden. «De hecho, la Corte estableció leyes estatales que criminalizan el aborto que se remontan a los años 1800. […] La Corte literalmente está llevando a EE.UU. 150 años atrás», expresó el presidente en un mensaje emitido por la Casa Blanca.
«La única manera en la que podemos garantizar el derecho a elegir de la mujer, el equilibrio que existió, es que el Congreso restaure las protecciones de Roe contra Wade en forma de una ley federal. Ninguna acción ejecutiva del presidente puede hacerlo», explicó.
«Si el Congreso, como parece, carece de los votos para hacerlo ahora, los votantes deben hacer oír su voz», señaló Biden.
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EEUU: protestas por revocación del derecho constitucional al aborto

Miles de manifestantes en las principales ciudades de Estados Unidos, desde Nueva York hasta Los Ángeles, realizaron protestas pacíficas reaccionando a la decisión de la Corte Suprema de revocar el histórico Roe vs. Wade de 1973.Las multitudes confluyeron en las calles después de salir del trabajo con manifestantes cantando, marchando y llevando pancartas.Roe vs. Wade protegió el derecho constitucional al aborto. Anular ese fallo deja a los estados decidir si se permiten los abortos y en qué circunstancias.La filtración del 2 de mayo de un proyecto de opinión para derribar a Roe vs. Wade provocó protestas en todo el país de los partidarios del aborto.[embedded content]El Instituto Guttmacher, un grupo de investigación de salud reproductiva, dijo que 26 estados son «seguros o probables» de prohibir o limitar el aborto en ausencia de Roe, mientras que 16 estados tienen leyes que protegen el derecho al aborto.Los manifestantes convergieron en Washington Square en la ciudad de Nueva York.  Varios llevaban carteles rindiendo homenaje a mujeres que lucharon para preservar el derecho al aborto como Cecilia Fire Thunder, que lideró un esfuerzo para brindar servicios de aborto en la reserva de Pine Ridge, y Dawn Wooten, quien expuso las esterilizaciones forzadas en los centros de detención de ICE.Otros carteles conmemoran las vidas perdidas por abortos inseguros como la de Rosie Jiménez, una residente de Texas que murió después de someterse a un procedimiento riesgoso en 1978.

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EEUU: protestas por revocación del derecho constitucional al aborto

Miles de manifestantes en las principales ciudades de Estados Unidos, desde Nueva York hasta Los Ángeles, realizaron protestas pacíficas reaccionando a la decisión de la Corte Suprema de revocar el histórico Roe vs. Wade de 1973.Las multitudes confluyeron en las calles después de salir del trabajo con manifestantes cantando, marchando y llevando pancartas.Roe vs. Wade protegió el derecho constitucional al aborto. Anular ese fallo deja a los estados decidir si se permiten los abortos y en qué circunstancias.La filtración del 2 de mayo de un proyecto de opinión para derribar a Roe vs. Wade provocó protestas en todo el país de los partidarios del aborto.[embedded content]El Instituto Guttmacher, un grupo de investigación de salud reproductiva, dijo que 26 estados son «seguros o probables» de prohibir o limitar el aborto en ausencia de Roe, mientras que 16 estados tienen leyes que protegen el derecho al aborto.Los manifestantes convergieron en Washington Square en la ciudad de Nueva York.  Varios llevaban carteles rindiendo homenaje a mujeres que lucharon para preservar el derecho al aborto como Cecilia Fire Thunder, que lideró un esfuerzo para brindar servicios de aborto en la reserva de Pine Ridge, y Dawn Wooten, quien expuso las esterilizaciones forzadas en los centros de detención de ICE.Otros carteles conmemoran las vidas perdidas por abortos inseguros como la de Rosie Jiménez, una residente de Texas que murió después de someterse a un procedimiento riesgoso en 1978.

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Intenciones de eliminar el derecho al aborto en Estados Unidos aviva discrepancias

Documentos filtrados del Tribunal Supremo sobre la legalización del aborto en Estados Unidos desató una crisis política por el control de la Cámara de Representantes y el Senado.
El tema le genera tensiones a la administración de Joseph Biden, porque el borrador con la opinión del Tribunal Supremo, que aún no se ha finalizado, invertiría por completo los precedentes establecidos en Roe v. Wade, decidido en 1973 y que otorga a las mujeres estadounidenses el derecho a un aborto en los primeros tres meses del embarazo, indica Prensa Latina.
Si el proyecto se mantiene en una forma parecida a la versión filtrada, provocaría la prohibición de la ruptura del embarazo en muchos estados conservadores que se preparan desde ahora.
Tanto los demócratas como los republicanos esperan que el fallo, que probablemente se concrete cuando termine el mandato del tribunal en junio, de un vuelco al debate político de cara a las elecciones de mitad de mandato, comentó.
Añadió que esa situación supone una amenaza para el presidente Joseph Biden, que se encuentra en medio del proceso electoral para los comicios parciales dentro de los partidos Demócratas y Republicanos, quienes buscan tomar las bancadas de los gobernadores y las cámaras legislativas estatales en todo el país.
Los resultados de las elecciones de mitad de mandato, programadas para noviembre, determinarán hasta qué punto los defensores y los oponentes del derecho al aborto pueden avanzar sus posiciones en los próximos años, señala PL.

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Corte Suprema de Justicia de EE. UU. debate derecho al aborto en el país

Tras casi 50 años de haber sido sentenciado como un derecho de las mujeres la interrupción del embarazo en todo el país, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos estuvo inmersa este miércoles en un debate donde está en juego este derecho, informa la multiestatal Telesur.
Los magistrados analizaron si apoyan una ley de Mississippi que prohíbe el aborto luego de las 15 semanas y anularían la decisión de Roe contra Wade de 1973, acota la publicación.
Según la televisora Russia Today (RT), la causa genera preocupación entre organizaciones feministas, ya que, si el tribunal falla a favor de la prohibición, este precedente podría conllevar a que se penalizara el aborto en otros estados.
En 2018, el entonces gobernador republicano del estado de Misisipi, Phil Bryant, restringió el derecho al aborto al establecer como tope las 15 semanas de gestación. Sin embargo, esa ley estatal entró en conflicto con el derecho constitucional que garantiza el poder de interrumpir el embarazo hasta el momento en el que exista viabilidad para el feto, alrededor de la semana 24.
En noviembre de 2018, un juez federal derogó esa ley de Mississippi, una decisión que fue confirmada por otro tribunal tras una apelación. Sin embargo, en mayo de este año acordó examinar el caso el Tribunal Supremo, una institución que actualmente cuenta con una mayoría de seis jueces conservadores frente a tres progresistas.
El tribunal supremo quedó transformado por las designaciones del expresidente Donald Trump, quien había prometido nombrar jueces que, según afirmó, se opondrían al aborto, reseña Telesur.
La corte no había accedido antes a escuchar un caso sobre la prohibición del aborto en un momento tan temprano del embarazo hasta que los designados por Trump, los jueces Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, integraron el jurado.
Los peticionarios del estado de Misisipi, Thomas Dobbs y Kenneth Cleveland, argumentan que la prohibición del aborto de 15 semanas debe mantenerse porque la Constitución de Estados Unidos no respalda el derecho al aborto.
Los tribunales inferiores han bloqueado la ley, arguyendo que viola los derechos consagrados por las decisiones de la Corte Suprema en los casos previos. Con estos fallos, el estado no puede prohibir el aborto antes del punto de viabilidad fetal, alrededor de las 24 semanas de gestación.

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