HAVANA CLIMA

Abogacía

Osmany, un abogado de Manzanillo

Osmany Alfaro, abogado del bufete de Mantilla, Arroyo Naranjo. Foto: Cortesía del entrevistadoOsmany Alfaro nació en Manzanillo y se crió en Arroyo Naranjo. De su infancia recuerda los juegos, cómo él los llama, “sanos”. Estudió en los “Camilitos”. Comenzó la Fiscalía Militar, pero debido a una enfermedad fue baja y en el 2012 se graduó de Derecho en la Universidad de La Habana. 
Osmany podría haber sido médico. Esa carrera o Derecho era a lo que lo impulsaban estudiar su mamá y su hermana. Él escogió la segunda. Lo tomó como un reto, pues las letras no eran en aquel entonces lo que más le gustaba. 
¿Por qué lo estudió? Aunque parezca cliché lo hizo para “ayudar a las personas que en un momento determinado tuvieran una situación vulnerable”. Pero como toda persona que inicia una carrera, llegó con una idea y terminó con otra. Al principio soñaba con ser fiscal. Culpa de ello a las series y películas que vio y mostraban esa cara del Derecho.   
Finalmente terminó siendo abogado penalista, aunque también se ha involucrado en lo civil y administrativo. El Derecho Penal siempre fue la asignatura que mejor se le dio durante la carrera. El Derecho Civil General fue la que más le costó. 
Dice que lo que más le gusta de este mundo es la acción propia de lo penal. Cuando se graduó lo ubicaron a trabajar en la Fiscalía de 10 de Octubre. De allí pasó al Registro Civil y finalmente empezó a trabajar en un bufete colectivo. 
Como todo recién graduado empezó de menos a más. Sus primeros casos estuvieron relacionados con lo civil y con delitos menos complejos relacionados con lo penal. 
Recuerda el primero que lo marcó, se trataba de un asesinato. “Traté de hacer todo para que esa persona saliera lo mejor posible en el sentido de lo que es la justicia. Representamos intereses de partes, pero lo que estamos tratando es que la justicia sea lo más loable posible”, apunta.
Llevar un caso de este tipo -dice- depende mucho de las circunstancias que lo rodean. Para Osmany siempre hay que analizar el por qué suceden las cosas y no hacerlo de una manera fría. “Quitarle la vida a una persona nunca va a estar justificado, pero quizás esa persona tenía situaciones que exacerbaron ese hecho delictivo”. 
Osmany habla de endogamia, “esa adaptación que uno tiene al medio en que está trabajando”. El impacto de llevar un caso de tamaña complejidad lo compara con un cirujano que abre un cuerpo por primera vez. “Pero llega un momento en que te vas adaptando y lo tomas como tu trabajo cotidiano”. 
¿Un caso que le haya dolido? “Siempre hay casos que nos marcan”, dice y se refiere sobre todo a aquellos que se pudieran haber evitado. 
¿Uno que le haya alegrado? “Los casos que más pueden alegrar a un abogado son aquellos donde el cliente sale satisfecho, sobre la en base de lo que es la legalidad y la justicia de los procesos”. 
Pero detrás de un cliente hay más que alegrías y dolor. Llevar un caso implica madrugadas y libros. Lleva también una dosis de tensión. Osmany explica que no importa si tienes 10 o 20 años de experiencia, siempre hay conceptos y criterios que consultar en bibliografías. Eso se traduce en horas sentado en una computadora. 
En estas horas Osmany no solo consulta la ley, si no que busca experiencias internacionales y estudia las lógicas y razonamientos aplicados en otros casos, que puedan ayudarlo a respaldar su caso ante un juez. 
Osmany Alfaro tiene dos hijos y trabaja hace años en el bufete colectivo de Mantilla en Arroyo Naranjo, donde ha sido vanguardia los últimos cuatro años. Es uno de los abogados que ha defendido en La Habana a personas involucrados en los sucesos del 11 de julio. 
Enfatiza en que “a pesar de que representamos intereses particulares, al final estamos inmersos existe también en un interés social”. Alfaro considera clave el contacto de un abogado con la familia. “Tenemos que hacer una labor psicológica y mediadora. La familia es de las primeras afectadas después de la víctima”.
El abogado de Mantilla habla también de las redes sociales, donde a veces sale contenido que es cierto y no se puede estar aislado, “pero muchas veces sale contenido tergiversado”. Asegura que siempre tuvo acceso “al acusado y a entrevistarlo, a las pruebas y debatirlas”. 
Finalmente Osmany define eso que lo llevó a ser abogado: “Una de las cosas más bonitas de la profesión es la posibilidad de llevar los casos por donde podamos llevarlos en dependencia de nuestros conocimientos”. A ello le suma el sensibilizarse con los problemas de la gente y resolverlos. 
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Las 3 del día: ¿Qué defiende la declaración habanera sobre los juristas que participaron en los procesos derivados del 11 de julio?(+ Podcast)

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El proceso de trabajo y seguridad social, también protagonista de la reforma procesal cubana

La Constitución de la República de Cuba en su artículo primero consagra como uno de los fundamentos del Estado Socialista de Derecho, que somos una república “fundada en el trabajo”; y más adelante, en el artículo 64, establece que todos los ciudadanos poseen el derecho al trabajo y a obtener un empleo digno. Estos derechos sociales, consagrados en el Estado cubano poseen toda una implementación en normas jurídicas de variado rango normativo, encabezadas coherentemente con la Ley 116 de 20 de diciembre de 2013, Código de Trabajo.
A partir del reconocimiento de derechos laborales, es necesario determinar las vías y maneras que permitan a los trabajadores reclamar e instar a órganos competentes cuando entienden que han sido vulnerados sus derechos laborales reconocidos por el orden jurídico laboral, derechos por demás, indispensables para que los trabajadores, en una sociedad socialista, puedan satisfacer sus necesidades económicas personales y familiares.
Sobre esta base, se construye un proceso laboral como el modo a través del cual se ejercitan, mediante órganos judiciales competentes, los derechos laborales. Por ello, para que puedan conocerse las principales garantías reguladas en este “reformado” proceso de trabajo y seguridad social intentaremos responder, desde simples preguntas y respuestas, las principales trasformaciones que posee la administración de justicia laboral en Cuba.

¿Ha sufrido trasformaciones el procedimiento laboral?

Las primeras normas procesales de trabajo data del año 1924 con la Ley de Inteligencia de Puertos, a través de la cual se dilucidaban los conflictos de trabajo de los trabajadores del mar. Luego, tras el triunfo de la Revolución Cubana en el país fueron promulgadas varias normas de justicia laboral, que establecían los mecanismos para que los trabajadores reclamaran sus derechos en el trabajo; hasta que llegó en 1977 la LPCALE, la cual dedicó parte de su articulado al procedimiento laboral.
En consecuencia, el antiguo procedimiento laboral, hoy devenido en proceso de trabajo y de la seguridad social, ha sido también protagonista en la reciente reforma procesal que aconteció en el país. No solo ha sufrido un cambio de nombre para atemperarse a las corrientes teóricas más contemporáneas, sino que ha colocado importantes garantías que hoy pueden invocar los trabajadores de cualquier sector de la economía.
Además, se nutre de las categorías e instituciones procesales que han sido modificadas en la parte general del nuevo Código de Procesos.

¿Cuáles es el fundamento del proceso de trabajo y de seguridad social?

El proceso laboral, posee un carácter eminentemente social, de ahí que su fundamento se sustente en la protección de la parte más débil de la relación de trabajo: el trabajador.
Por ello, la nueva norma jurídica establece en su articulado el principio protectorio como baluarte y sostén de la justicia laboral. Así se mandata que los tribunales en los procesos de trabajo y seguridad social han de prestar atención primordial a la protección de la persona trabajadora y del beneficiario de la seguridad social.

¿Quiénes pueden instar la tutela de sus derechos laborales ante los tribunales de trabajo y seguridad social?

Todos los trabajadores, sin importar el sector de la economía al que pertenezcan pueden instar la tutela de sus derechos laborales de acuerdo a los preceptos que se regulan en el nuevo proceso y a partir del reconocimiento de la tutela judicial efectiva como derecho constitucional.
También los trabajadores autónomos (hoy denominados por el Decreto Ley 44/2021 trabajadores por cuenta propia), y los socios de las cooperativas o de las micro, pequeñas y medianas empresas cuando entiendan violados los derechos en el trabajo de los cuales son titulares.
Los empleadores, entendidos como aquellos sujetos con la capacidad legal para contraer relaciones jurídicas de trabajo con personas naturales.

¿Cuáles son los asuntos que se pueden reclamar ante los tribunales de justicia en materia de trabajo?

Todos los trabajadores y empleadores podrán reclamar ante los tribunales de justicia dos cuestiones fundamentales: la imposición de medidas disciplinarias o la violación de derechos laborales.

¿Puede reclamarse contra la imposición de todas las medidas disciplinarias impuestas por el empleador?

A partir de las nuevas transformaciones en el proceso de trabajo la competencia de los tribunales de trabajo se ha abierto a nuevos conflictos. Por ello, los trabajadores podrán poner en conocimiento de los tribunales municipales todos los conflictos emanados de la imposición de medidas disciplinarias; a saber, amonestación pública ante el colectivo de trabajo, multa de hasta el 25% del salario básico de un mes, suspensión del vínculo con la entidad sin retribución por el termino de hasta 30 días naturales, los traslados de puestos de trabajo hacia otros de menor remuneración o calificación o en condiciones laborales distintas,  sean temporales o definitivos y la separación definitiva de la entidad.
También, cuando la medida disciplinaria impuesta sea la de separación del sector o actividad podrá presentar su demanda ante la Sala de Trabajo del Tribunal Provincial Popular de su provincia.

¿Se pueden invocar a los tribunales ante cualquier derecho en el trabajo o de seguridad social que se entienda violentado?

Sí, los trabajadores pueden reclamar ante la violación de cualquiera de los derechos laborales que le son reconocidos por la legislación laboral o en las normas específicas de la relación de trabajo, como los contratos de trabajo, los Convenios Colectivos de Trabajo o cualquier otra reglamentación interna de la empresa que le reconozca derechos en el marco de la relación de empleo. Esto lo harán ante los tribunales municipales en primera instancia.
También, podrán reclamar sus derechos en materia de seguridad social a corto plazo ante los mismos tribunales municipales, y cuando son a largo plazo ante la instancia provincial.

¿Podrán reclamarse otros asuntos ante los tribunales populares de justicia?

Sí, los trabajadores podrán instar ante los tribunales municipales asuntos de jurisdicción voluntaria relativos al trabajo, donde pueden ubicarse, según corresponda, aquellos acuerdos que emanan de los métodos alternativos de soluciones de conflictos en materia de trabajo, como pueden ser la mediación, la conciliación o el arbitraje.

¿Puede reclamarse ante otra instancia judicial cuando no se esté de acuerdo lo resuelto por un tribunal de justicia?

La respuesta a esta interrogante también es positiva. A diferencia del procedimiento establecido en la LPCALE, los trabajadores ahora podrán establecer recurso de apelación contra las resoluciones definitivas de la primera instancia ante las Salas de Trabajo de los Tribunales Provinciales o del Tribunal Supremo, según corresponda.

¿Es necesaria la representación jurídica de los trabajadores para reclamar ante los tribunales de justicia?

Uno de los principios del proceso de trabajo es la sencillez del mismo, de ahí que en su proceder siempre han operado elementos y circunstancias particulares. Una de ellas es que, si bien los trabajadores podrán hacerse representar por abogados ante los tribunales, esto no resulta obligatorio, pudiendo acudir por derecho propio ante las salas de justicia. En estos casos, a diferencia de otros procesos, tampoco necesitaran la dirección de un abogado.

¿Necesita alguna formalidad la presentación de las demandas de trabajo y seguridad social ante los tribunales de justicia?

No, las demandas de trabajo y seguridad social no necesitan formalidades para ser presentada, y basta con la identificación de las partes, del centro de trabajo en que se produjo el conflicto, lo que se desea que resuelva el tribunal, y los medios de prueba de que intente valerse para demostrar sus alegaciones.
Incluso, ante determinadas circunstancias dichas demandas pueden presentarse oralmente ante la secretaria de las secciones de trabajo y seguridad de los tribunales.

¿Ante qué tribunal se deben presentar las demandas con contenidos de trabajo y de seguridad social?

En los conflictos de esta materia, con causa en infracciones disciplinarias o violaciones de los derechos del trabajo y de la seguridad social a corto plazo, es competente el tribunal del lugar donde radique el centro o establecimiento en el que se ejecuten habitualmente las actividades de trabajo.
Para la solución de las controversias sobre seguridad social a largo plazo, es competente el tribunal del lugar de residencia del demandante.
Las demandas contra lo resuelto en última instancia administrativa por el ministro de Trabajo y Seguridad Social en materia de seguridad social a largo plazo, se conocen por el Tribunal Provincial Popular de La Habana.

¿Cuál es el plazo que poseen las partes para presentar sus demandas ante los tribunales de justicia?

Para la presentación de las demandas ante los tribunales que correspondan, los trabajadores tendrán un plazo de 10 días contados desde la fecha de notificación de la decisión emitida en los procedimientos previos, salvo para aquellos derechos de seguridad social a largo plazo en los cuales el plazo será de 30 días.
Igualmente, cuando un trabajador desee reclamar alguna cuestión asociada a los derechos en el trabajo, siempre que no exista un procedimiento prejudicial que deba incoarse con anterioridad de acuerdo con la ley, tendrá 180 días naturales.

¿Los trabajadores del sector estatal deberán agotar el procedimiento de reclamación ante los órganos de justicia laboral antes de acudir a los tribunales?

Los trabajadores del sector estatal deberán agotar con anterioridad el procedimiento de reclamación ante el órgano de justicia laboral existente en su entidad o el indicado por las Direcciones Municipales de Trabajo para aquellas entidades que no cuentan con uno propio.

¿Deberá esperarse por el acuerdo del órgano de justicia correspondiente para presentar demanda ante el tribunal de trabajo?

No, los trabajadores podrán acudir directamente o mediante abogado a presentar demanda ante los tribunales de justicia competente cuando, en el término que legalmente poseen los órganos de justicia laboral para emitir el acuerdo correspondiente, no se han pronunciado.
Para ello, deberán aportar documento que acredite la fecha de presentación de sus reclamaciones ante las instancias precedentes.
En estos casos serán los tribunales quienes, en caso de existir, reclamarán los antecedentes del hecho al órgano que corresponda.

¿Existen otros procedimientos previos que deban agotarse antes de llegar a los tribunales populares?

Como regla, las partes deben agotar las vías previas si existieran, y en caso contrario acudir directamente ante los órganos judiciales. No obstante, la existencia de procedimientos previos depende de los procederes que se estipulen por las partes o por la legislación específica relativa a cada asunto.
Así ocurre, por ejemplo, con el agotamiento de las vías administrativas antes de reclamar derechos asociados a la seguridad social a largo plazo o para la sanción disciplinaria de separación del sector o actividad.
También para los socios de las cooperativas o de las micro, pequeñas y medianas empresas que reclamen sobre derechos en el trabajo reconocidos a estos, pueden establecerse estos procederes previos en los Estatutos internos de la empresa o cooperativa.

¿Podrán los jueces de trabajo y seguridad social tomar decisiones más gravosas que las decididas en procedimientos previos?

Los jueces de trabajo y seguridad social, como principio no podrán adoptar decisiones que agraven la situación de la parte que impone demanda ante el tribunal, salvo cuando se detecten en el conocimiento del asunto violaciones de la legalidad, en cuyo caso los jueces podrán fallar de manera distinta.
De esta forma se resumen los principales conflictos de trabajo y las vías de reclamación que pueden instar los trabajadores o empleadores. El nuevo proceso adopta garantías procesales necesarias para atemperar el nuevo ítem procesal a la realidad de la nación cubana, con la premisa de salvaguardar los derechos laborales, en una sociedad socialista donde los trabajadores son la fuente principal de desarrollo y sustento del país.

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¿Qué debemos saber sobre el Código de Procesos?

Por estos días ha sido noticia de amplia y detallada difusión, el análisis por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de los proyectos legislativos procesales y el orgánico del sistema de tribunales del país. En el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la ANPP, el pasado 28 de octubre de 2021, luego de cumplir las formalidades que corresponden para la aprobación de las leyes en nuestro país, este órgano aprobó todos los proyectos devenidos en leyes, entre los que figura el Código de Procesos.
A diferencia de otras normas, esta se aleja del dominio del ciudadano, que suele desconocer que existe una legislación que se encarga de regular las vías de acceder a los tribunales de justicia, la forma en la que se formulan las peticiones a los jueces y el modo en el que se hacen efectivas las decisiones de estos últimos. Las personas conocen que, al encontrarse en situaciones de conflicto frente a otras personas, pueden acudir ante los jueces en ejercicio de los derechos de los que se consideran titulares. Sin embargo, no conocen cómo hacerlo.
¿Qué es el Código de Procesos?
Es el conjunto de normas que se encargan de regular el modo en el que se realizan en Cuba los derechos civiles, familiares, del trabajo y la seguridad social y mercantiles ante los tribunales. Dicho de otro modo, es el cuerpo legal integrado por preceptos adjetivos que son aquellos que establecen el cómo se ejercita un derecho, en este caso en la vía judicial y siempre que se trate del orden civil, familiar, mercantil y del trabajo y la seguridad social. Otras normas se encargan de regular el ejercicio judicial de los derechos que derivan de la  comisión de delitos y los que tienen que ver con la interacción de los individuos con la Administración, llamados administrativos.
¿Cuál es el antecedente de esta norma?
El 4 de enero de 1974, con la promulgación de la Ley 1261 de Procedimiento Civil y Administrativo (LPCA), se derogó la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil española y, por primera vez, en nuestro país comenzó a regir una norma con autoría, impronta y sentido nacionales. Este cuerpo normativo recibió en 2006 una importante modificación, consistente en la incorporación del proceso económico, con la entrada en vigor del Decreto-Ley 241.
¿Qué regula el Código de Procesos?
El actual Código, comprende el conjunto de procesos por los cuales pueden someterse a decisión de los tribunales cubanos conflictos de tipo civil, familiar, del trabajo y la seguridad social y mercantiles. Ahora bien, qué entender por cada uno de estos tipos de conflictos para llegar a comprender el contenido del Código, es una de las claves fundamentales.
Los litigios civiles son aquellos que se establecen entre personas que de cara al ordenamiento jurídico se encuentran en un plano de igualdad, o sea en una posición equiparada. Están relacionados fundamentalmente con los contratos, la sucesión por causa de muerte, las copropiedades y otros derechos sobre bienes, conflictos de vecindad, eficacia de actos jurídicos y de las escrituras notariales que los contienen, violaciones de los derechos inherentes a la personalidad y el derecho de autor. En esencia, las situaciones que dan lugar a procesos civiles tienen que ver con la persona en sí misma y con sus relaciones con otras.
Los asuntos de naturaleza familiar son aquellos que se suscitan en el ámbito de las relaciones familiares y en cuya solución es aplicable la legislación familiar, especialmente el Código de Familia. Los conflictos de este tipo de mayor incidencia en la radicación judicial son los divorcios, las reclamaciones de pensiones alimenticias, los diferendos que derivan del ejercicio de la patria potestad entre los que destacan las privaciones, determinaciones de guarda y cuidado y régimen de comunicación; los reconocimientos de uniones matrimoniales no formalizadas y las adopciones.
Es de destacar que han sido observados patrones para la concepción del proceso que se ajustan a los requerimientos de la impartición de justicia en el ámbito judicial familiar como son la intervención de profesionales expertos en la atención a las situaciones fácticas que generan los litigios para el asesoramiento al tribunal; la inmediatez que es el principio que informa la directa relación del juzgador con el conflicto y con las partes que lo componen, la participación de terceros miembros de la familia durante el proceso, sobre todo los abuelos y otros que resulten cercanos al diferendo.
En materia laboral, el Código franquea la posibilidad al trabajador de acudir ante los tribunales para someter sus inconformidades con la aplicación de medidas disciplinarias de que lleguen a ser objeto, con vulneraciones de los derechos del trabajo y las reclamaciones sobre seguridad social.
Los procesos mercantiles se establecen en torno a controversias entre personas naturales o jurídicas con motivo de sus relaciones contractuales en el marco de una actividad comercial, productiva o de servicio y otras que giran alrededor de la actividad mercantil.
¿Por qué en un solo cuerpo normativo se acumulan tantos ámbitos jurisdiccionales judiciales?
Resulta una pregunta habitual, por qué regir bajo normas comunes ámbitos procesales tan distintos. Ello es posible en primer orden porque existen principios y categorías que son inherentes al funcionamiento del tribunal, a la actuación del juez, a las posibilidades de actuación de los justiciables y al desarrollo del proceso que son de aplicación estandarizada, es decir que no requieren distinciones mediante normas de regulación diferentes. Esto ocurre, por ejemplo, con las características formales de las demandas, con los principios, con las potestades y facultades de los jueces, con los tipos de resoluciones judiciales, con las medidas cautelares, con los recursos o sea la forma en la que se concibe la apelación y la casación, entre otras.
¿Cómo se logra la armonía necesaria en una regulación que se anuncia tan diversa?
No obstante existen pautas de actuación diferentes entre estos procesos, especialmente los de familia y los del trabajo y la seguridad social, que el Código proporciona al juzgador para el adecuado despliegue de sus funciones en uno y otro tipo. De este modo se logra la agrupación armónica de diferentes ámbitos procesales bajo la rectoría de normas comunes que no escapan de ser acotadas, precisadas cuando ello resulta necesario.
¿Por qué es importante este Código?
Como se ha visto en publicaciones anteriores, las normas procesales son aquellas que permiten al sujeto ejercer los derechos de que se considera asistido ante un tribunal. Este ejercicio depende de una regulación que discurra desde la presentación de la demanda hasta la ejecución de la decisión judicial. El Código de Procesos ofrece esta regulación para los cuatro ámbitos que ya hemos analizado y, en tanto, cualquier persona con intenciones de ejercitar derechos en el marco de relaciones conflictuales de tipo civil, familiar del trabajo y la seguridad social y mercantiles, podrá encontrar en sus regulaciones, todo lo necesario para conocer cómo hacerlo.
¿Cuáles son sus principales novedades?
Son muchas las novedades de este cuerpo  normativo pero destacan cuatro que deben ser de dominio de todas las personas:

Se simplifican los procesos en cuanto a tipos y a trámites que lo componen, de modo que la variedad de procesos que se regulan hoy día, es sustituida por los procesos sumarios y ordinarios con algunas matizaciones en el ámbito del proceso del trabajo y la seguridad social; el ejercicio de la capacidad de obrar y las pensiones alimenticias, enfocadas a la celeridad y la simplificación en todos los casos.
Se robustece la parte general del Código que es la que regula todas las categorías procesales comunes a los distintos tipos de procesos. Ello permite mayor uniformidad en la actuación de los jueces, más claridad en las posibilidades de intervención de las partes y contribuye a la armonía interna del cuerpo normativo.
Se protege de manera integral, o sea desde todo punto referido a la tramitación de los procesos judiciales que se regulan, a las personas en situación de vulnerabilidad. Esto significa que se prevén mecanismos de acceso a la justicia, de participación en el proceso y de ejecutabilidad de los fallos judiciales en los que se toman en cuenta las condiciones de estos sujetos y se le equipara a sus contrapartes procesales en aras de alcanzar la igualdad efectiva en el debate. Así se concede al tribunal la posibilidad de realizar ajustes razonables en los procedimientos que garanticen la debida participación de la parte débil del conflicto. De igual modo se prevé la escucha de las personas menores de edad en todo tipo de proceso en el que estén involucrados sus intereses.
Se intensifican los mecanismos de ejecución de las resoluciones judiciales definitivas. Todas las decisiones adoptadas por los jueces durante el proceso resultan de obligatorio cumplimiento. Existen dos tipos de decisiones, las de mero trámite o de impulso del proceso, cuya ejecución no genera dificultad alguna. En cambio las decisiones que ponen fin al proceso y por lo tanto deciden el conflicto, y con ella se reconocen derechos o se hacen conminaciones a la parte que no triunfa, resultan de muy compleja ejecución. Para revertir tal estado de cosas, el nuevo texto legal perfecciona las regulaciones y refuerza los mecanismos judiciales de control de los fallos.

¿Cómo impactan en la realidad nacional y en el ámbito personal?
La Constitución de 2019, en su artículo 92 introduce el catálogo de garantías consagradas en el magno texto, con la tutela judicial efectiva. Como se ha dicho en publicaciones anteriores, la tutela judicial efectiva es el principio que proclama la concepción de un proceso judicial propicio, adecuado, sin impedimentos ni dificultades para el logro de las pretensiones de los justiciables y durante el cual todas sus expectativas de  acceso, de participación en el proceso, de debida tramitación y de ejecutabilidad de los fallos sea una realidad. Cuando ello se logra este principio deviene en garantía de los titulares de derechos, cuyo ejercicio es necesario ante el juez.
Así el Código de Procesos, consagra y desarrolla los componentes para el despliegue de una tutela judicial efectiva en sus tres dimensiones: acceso a la justicia, debido proceso y ejecutabilidad del fallo. Con ello, se robustece la legislación nacional a tono con mandamientos constitucionales y con la puesta a disposición del ciudadano de una normativa cabal para el ejercicio de muchos de sus derechos, sin duda, los que con mayor incidencia generan situaciones controversiales en las que se encuentran inmersas personas de todas las edades y de todas las condiciones socio-económicas y culturales.

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El cauce del proceso administrativo a partir de la reforma constitucional de 2019

La justicia administrativa en Cuba se remonta al siglo XIX, cuando la dominación colonial de España sobre nuestro país. Su esquema normativo se sustentó esencialmente en la Ley de 13 de septiembre de 1888, conocida como Santamaría de Paredes, que rigió hasta 1974. A dicho cuerpo legal solo se le efectuaron reformas puntuales en el período republicano, las cuales no solucionaron los problemas históricos de la justicia administrativa cubana.
El 4 de enero de 1974, entra en vigor la Ley No. 1261, “De procedimiento civil y administrativo”, y el 19 de agosto de 1977, la Ley No. 7, “De procedimiento civil, administrativo y laboral” (LPCAL) —hoy, “Ley de procedimiento civil, administrativo, laboral y económico (LPCALE)”—, que es el cuerpo legal procesal vigente en relación con el proceso administrativo y solo ha recibido modificaciones en cuanto a cuestiones sustantivas.
En un balance general, vale decir que el cauce jurídico de la justicia administrativa ha tenido muy poca evolución o progreso en Cuba hasta nuestros días, lo que nos permiten afirmar que el proceso administrativo cubano no proporcionaba una tutela judicial adecuada a la conflictividad actual en materia de Derecho administrativo y la que se abre a futuro a raíz de los nuevos postulados constitucionales, ni constituye un instrumento idóneo para reflejar y proveer al “Estado socialista de Derecho y justicia social”, tal como se define en la nueva Constitución.
La reforma procesal que acontece con la nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) es coherente y se pronuncia por un marco legal dinámico que permita el cuestionamiento de la actuación de la administración y de quienes no teniendo tal carácter ejerzan esa función pública. Este marco procesal debe conducir necesariamente a un replanteo de la legitimación pasiva, que comprendería, en sentido general, las demandas contra actos administrativos, disposiciones reglamentarias, actuaciones materiales y omisiones de la administración en sus distintos grados, de las organizaciones de base asociativa de Derecho público, de carácter profesional (Unión Nacional de Juristas de Cuba, Unión de Periodistas de Cuba, Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba…) y cualquier otra entidad que preste servicios públicos o ejerza funciones o potestades administrativas. Conoce, además, en todo caso, de las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial de la administración pública, a saber, la reclamación por daños y perjuicios causados indebidamente por directivos, funcionarios y empleados del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos.
En contraposición con lo anterior y siguiendo las reglas de la actual norma procesal quedarían excluidas las cuestiones siguientes:

Los acuerdos de la ANPP y del Consejo de Estado.
La actuación del presidente y el vicepresidente de la República, del primer ministro y el Consejo de Ministros, como Gobierno de la República.
La actuación de los gobernadores en el ámbito de su función gubernativa provincial y los Consejos Provinciales.
Las de índole militar, la defensa nacional, la seguridad del Estado y las medidas adoptadas en circunstancias excepcionales para salvaguardar los intereses generales.
Las atribuidas a la jurisdicción en materia constitucional, civil, de familia, penal, del trabajo y la seguridad social y mercantil.
Las relaciones exteriores.
Las políticas monetaria, cambiaria, financiera, fiscal y bancaria.
La planificación de la economía nacional.
Los acuerdos de la ANPP y del Consejo de Estado.
Las ordenanzas y acuerdos de las Asambleas Municipales del Poder Popular.
Las normas de obligado cumplimiento para todos los tribunales dictadas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (CG-TSP), así como las instrucciones de carácter obligatorio que imparte ese órgano para establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley.
La función electoral.
El control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado por parte de la Fiscalía General de la República.

La nueva norma procesal produce una reordenación de las competencias de los tribunales. Siguiendo la tendencia que ha seguido la organización judicial en Cuba, que propende al acercamiento lo más posible a sus destinatarios, se atribuye competencia a la instancia municipal para conocer de asuntos de esta materia que no sean de notable complejidad (contravenciones, contenido económico de cuantía limitada).
En el caso de la instancia provincial, puede conocer, entre otros, los relacionados con la expropiación forzosa, el medio ambiente y las confiscaciones.
El TSP conocerá de los recursos de casación y los procesos de revisión. Además, ante el máximo órgano de justicia se ventilarán, en primera instancia, las reclamaciones contra los actos administrativos, las disposiciones reglamentarias, actuaciones materiales y omisiones que adopta o corresponda adoptar al Consejo de Ministros, en el ámbito de sus competencias ejecutivo-administrativas, su Comité Ejecutivo y sus dependencias, o las entidades subordinadas o adscritas; las reclamaciones relacionadas con la actividad en materia de personal funcionarial y de gestión de bienes o de contenido económico de la ANPP y el Consejo de Estado, la Presidencia de la República, el Consejo Electoral Nacional y el TSP, y la responsabilidad patrimonial derivada de esos órganos.
El objeto del proceso administrativo comprende:
a) Los actos administrativos, que son los que adopta la administración pública u otra entidad en el ejercicio de la función administrativa y que producen efectos jurídicos concretos, de forma directa e inmediata. De ordinario, son decisiones que adopta la administración pública en el marco de sus competencias, con efectos externos (crean, modifican o extinguen derechos o relaciones concretas con otro sujeto), aunque no pueden circunscribirse solo a actos de naturaleza decisoria.
b) Disposiciones reglamentarias integradas por las disposiciones normativas adoptadas por la administración pública u otra entidad, en el ejercicio de la función administrativa, en virtud de la potestad reglamentaria que se les atribuye.
c) Actuaciones materiales constituidas por los comportamientos u operaciones materiales que adopta la administración pública u otra entidad en el ejercicio de la función administrativa y que producen efectos jurídicos. Estas actuaciones materiales pueden ser legítimas, que son aquellas que se fundan en lo dispuesto en una disposición normativa, acto administrativo u otro título jurídico que legitime dicha actuación; o ilegítimas, porque no se fundan en un título jurídico adecuado o en título jurídico alguno, e implican una evidente violación al ordenamiento jurídico.
d) Omisiones de la administración pública que se configuran a partir del incumplimiento del deber de esta de emitir un acto formal (reglamentos o actos administrativos) o de realizar alguna actuación material. Las omisiones administrativas implican el no cumplimiento del plazo fijado para una actuación formal o material debida por parte de la administración pública y se configuran una vez transcurrido ese plazo, sin que se haya producido la actuación de dicha entidad.
La nueva norma procesal mantiene la regla de que las personas deben reclamar, primero, ante la administración, para, luego, acudir a la vía judicial. La Instrucción No. 245 del CG-TSP sistematizó este concepto, que resulta de especial utilidad mientras no exista un procedimiento administrativo común en sede gubernativa.
Se establece como cuestión novedosa un régimen de medidas cautelares adecuadas a este tipo de proceso, como, por ejemplo, la suspensión de la ejecución del acto o la disposición impugnados.
Se regulan expresamente las facultades de los tribunales para hacer cumplir las decisiones judiciales firmes en correspondencia con los artículos 92 y 151 de la Constitución de la República; al respecto se prevén conminaciones personales y económicas.
Se regula un proceso ordinario, como tipo procesal general, en el que se refuerza la oralidad mediante la audiencia, lo que constituye una importante novedad, pues permite la interacción del tribunal con las partes.
Se establece la posibilidad de reducir los plazos establecidos en la ley cuando la urgencia del asunto lo amerite y para los casos expresamente previstos en la norma.
La justicia administrativa ha sido parte innegable de la organización del Estado cubano desde sus orígenes, en los albores mismos del siglo XX. Es parte de la realización del Derecho en Cuba, el andar de nuestro Estado, es una parcela del derecho necesaria de la garantía y de la consecución de la justicia en el país, que está llamada a fortalecerse y actualizarse para colocarse en la línea de coherencia con los postulados y exigencias de la propia justicia y la aplicación misma de la Constitución que nos hemos dado.

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Vivimos en una sola realidad, esa en que a cada acto le sobreviene una consecuencia y su(s) responsable(s)

Por necesidades propias de mi profesión de abogado, y en aplicación de lo aprendido en más de 20 años dedicados a la Programación de Sistemas Informáticos, fruto de mi primera carrera, me he interesado particularmente en lo establecido en el recientemente promulgado Decreto Ley 35/2021, dictado por el Consejo de Estado de la República de Cuba, cuerpo legal que regulará las relaciones jurídicas en el marco de las telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y el uso del espacio radioeléctrico, acompañado además de los respectivos Reglamentos vinculados a las áreas de actuación tratadas.
Pero el propósito de mi publicación no es aproximarme al impacto jurídico del compendio legislativo, tampoco a lo acertado, abarcador e importante del texto normativo promulgado, aunque dejo esclarecido que lo suscribo en su totalidad. Es mi propósito en palabras cercanas al pueblo, a la sociedad, a nuestra gente, hablarles sobre el por qué hay que regular esta tipología de fenómenos y relaciones que aparecen en estos momentos como una verdadera franquicia para el caos, la incivilización y escenario autorizado para los peores vicios y vejámenes humanos, superados desde la extinción de las hordas bárbaras que antecedieron las primeras manifestaciones del Derecho.
Surgen de inmediato las preguntas:

¿Existen hoy dos realidades?
¿Dos sociedades, la real y la virtual?
¿Dos especies inteligentes, el hombre y el cibernauta?
¿Existe una sociedad paralela a la que contiene el aire que respiramos, y no tiene impacto, efectos y consecuencias en ella?
¿Existe la necesaria demarcación de donde comienza y termina un derecho que consideramos nos asiste en los espacios virtuales?
¿Existe una sociedad virtual donde todo es permitido, autorizado, impune, donde la Ley de los hombres se subsume al criterio de exclusión selectivo, a la ética manejada de Facebook, Google, Twitter, entre otros grandes decisores de la “cibersociedad”?.
¿Existe lo antijurídico, lo punible, lo peligroso, lo rechazado por la sociedad, en el imperio de las redes sociales, en el reino de Internet?
¿Existe algún modo de defenderse ante derechos vulnerados por los contactos o usuarios de cualquier formación social virtual que formamos parte en internet?
¿Tenemos el control de nuestra identidad, de nuestra privacidad, de nuestra persona en el ciberespacio?

Más allá del cambio de paradigma que representan las relaciones jurídicas y comunicacionales en la era de la información y el conocimiento, más allá de lo interesante de las variables teóricas y su vinculación con las ventajas o perjuicios de la internet en nuestra cotidianidad, vivimos en una sola realidad, una realidad que no da brechas a una dualidad de comprensión porque nuestra vida comienza cuando nacemos y termina cuando morimos, y ello no obedece a las interfaces ideadas por Mark Zuckerberg o Jack Dorsey.
Por tanto, la civilización no puede permitir que, en esa realidad, creada por simples mortales, se violen los principios humanos que los próceres de la antigüedad describieron como valores humanos. No es posible entender la agresión, la discriminación racial, xenófoba o sexual, la incitación al odio, a la violencia en una publicación de Facebook, en un video de Youtube o en cualquier “web page”, contra una persona, contra el presidente de un país, ni siquiera contra un desconocido, y que nuestra sociedad de aire, carne, hueso y corazón, lo siga contemplando como un acto en franco ejercicio de la libertad.
No es posible que un grupo de Facebook incite a la destrucción de los bienes de un poblado, al enfrentamiento entre familias, a la guerra entre hermanos de crianza y ello sea justificado tan solo porque fue en Internet donde ocurrió y la Internet no es Cuba, la Internet no tiene dueño, la Internet es el espacio perfecto para hacer cuanto quiera cualquier desalmado y no responder por su conducta, tan solo por no estar parado físicamente en un territorio donde rige el imperio de la Ley.
Esas acciones que Facebook, Google, Twitter y otros “dueños del Ciberespacio” aseguran no permitir con sus restricciones de uso y buenas prácticas, pasan por el filtro selectivo de las conveniencias del capital y esa sociedad virtual de los antivalores nos llega más y más cada día. Esos “pequeños incidentes virtuales” causan enemistades, disturbios, estragos, actos terroristas, odios raciales, suicidios, asesinatos, acosos y violaciones a menores, entre otros desastres. Esa sociedad que deseamos para nuestro bien fuera paralela, no lo es, y recibimos el corte filoso y transversal de cada una de sus manifestaciones en la carne, huesos y corazón de nuestra sociedad real.
No podemos ser los ingenuos espectadores de los 90, encandilados con las indudables ventajas de la red de redes. Tenemos que entender que gran parte de los hechos graves y peligrosos ocurridos en nuestra sociedad real se gestan y comienzan en la “sociedad virtual”, donde es más fácil, y más rápido, esconderse, usurpar, agredir, ofender, instar, violentar, destruir, difamar, mentir, que en la puerta de nuestra casa.
Es más fácil solapar o llevar a una escala pública sin precedentes una acción no permitida en nuestra sociedad real y civilizada, bajo un perfil, en ocasiones falso, de usuario y contraseña.
Por ello, hay que establecer, que nuestra realidad es una sola, esa en que a cada acto le sobreviene una consecuencia y su(s) responsable(s).

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