HAVANA CLIMA

20-N

Agrupémonos todos

Ciudadanos:
Sé que algunos se quejan porque he declarado sábado laborable este 10 de octubre de 1868. El objetivo es tenerlos acá y poder hacerles un trascendental anuncio que convertirá este día en feriado, tan feriado que en el porvenir, cuando caiga domingo, espero se traslade el descanso reparador para la siguiente jornada.
A partir de hoy son ustedes libres. Digo libres y me refiero no solo a la cantidad de esclavos aquí presentes, que son los menos, sino también a los obreros asalariados que he contratado como una de las principales reformas introducidas desde que en 1866 le comprara este ingenio a mi hermano Francisco Javier y elevara de tres a dieciocho las caballerías sembradas de caña. Con ello doy un primer paso para que se inicie en Cuba la liberación definitiva de las fuerzas productivas, para poner en juego, de una vez y para siempre, las relaciones sociales de producción.
Sé que tendré detractores, pero quien no tiene detractores no ha hecho nada bueno en el mundo. Me adelanto con este paso histórico a una decisión ya tomada por el poder caduco y carcomido de la metrópoli y que tendrá devastadoras consecuencias para la economía de la Isla: el cierre de la mayoría de los centrales, en tiempos en que en otros lares se diversifica la producción azucarera y se produce etanol, abonos, alimento animal, levadura torula y hasta libretas escolares.
¿A quién se le ocurriría, preguntarán ustedes, cerrar un ingenio como la Demajagua, que gracias a la tecnología logró multiplicar su producción de bocoyes de melaza y hoy tributa al desarrollo local y a las fincas y estancias arrendadas al Estado, como Limones Arriba y Limones Abajo (oigan ustedes: ¡limones!), y otras tantas en donde poseemos 16 yuntas de bueyes y 742 cerdos, estos últimos en tiempos en que no se sabe a cuánto puede subir la libra? ¡Qué esperar de un país rodeado de mar en el que despertamos con la noticia de que también la sal es problema!
Es tal la productividad de mis trabajadores, tanto de los asalariados libres como la de los esclavos, que hemos llegado incluso a contratar cañas de las haciendas vecinas para molerlas en La Demajagua. Bajo el actual gobierno nunca gozaremos del franco ejercicio de los derechos imprescriptibles del hombre, incluido el sufragio universal. Con la lucha en todo el archipiélago por librarnos del yugo cumpliremos con la grandeza de nuestro destino. Uno allá atrás pregunta cuál será el de los trabajadores, y yo le respondo: ¡tendrás una central sindical y alguien que, cual Ulises, será capaz de guilarte!
Hay que lograr que la sociedad en su conjunto avance hacia formas más desenajenantes del trabajo, como actividad fundamental de la vida del ciudadano independiente. Que la democracia adquiera su valor genuino, que se impongan las importaciones y exportaciones libres, los mercados mayoristas y la inversión de cubanos desde el exterior.
La contradicción capital/trabajo se convertirá en oposición de contrarios dialécticos que, sin basamento materialista para generar el sentido de clase en la sociedad, propicien relaciones sociales con horizontes infinitos para la liberación definitiva de las fuerzas productivas, redimiéndose del autoritarismo de la burocracia política y de sus gestores administrativos, con complementariedad de formas económicas, transformando la gestión estatal de formas centralizadas a multiactorales, a través de concertaciones participativas múltiples. Los he dejado botados, pero era urgente que se los dijera.
Hace más de dos décadas, en 1845, los filósofos Carlos Marx y Federico Engels —cuyas ideas son prácticamente desconocidas en predios manzanilleros, pero algún día incendiarán Bayamo— alertaron en su libro «La ideología alemana» acerca de que la liberación es un acto histórico y no mental, que no es posible si no es en el mundo real y con medios reales, y que conducirán a ella las relaciones históricas y el estado de la industria, del comercio y de la agricultura.
Alegaron que no se puede abolir la esclavitud sin la máquina de vapor, que es imposible proscribir el régimen de la servidumbre sin una agricultura mejorada, que no se puede liberar a los hombres mientras no estén en condiciones de asegurarse plenamente comida, bebida, vivienda y ropa de adecuada calidad y en cantidad suficiente.
¿Podremos asegurarles agricultura mejorada, comida, bebida y vestimenta cuando pretendemos hacerles creer que se ha unificado la moneda y se ha equiparado el poder adquisitivo de las grandes mayorías, mientras la producción de bienes de consumo va en picada, la inflación galopa cual jinete en la manigua y se abren tiendas por doquier donde la población solo puede pagar en… onzas españolas?
Ciudadanos: hasta el momento habéis sido esclavos míos. Desde ahora, sois tan libres como yo. Los que quieran seguirme que me sigan, los que quieran quedarse que se queden, no importa si son doce o solo regresamos doce. Ellos ayer hubieran sido como nosotros, nosotros hoy hubiéramos sido como ellos.
¡Nos vemos el 20… de octubre! Perucho les tiene una sorpresa.

Leer más »

Ciudadanía en Cuba, un largo camino por recorrer

Una noticia inusitada
Una noticia publicada en el extranjero circula de boca en boca por el país: Un grupo de ciudadanos solicitó permiso para manifestarse pacíficamente el 20 de noviembre próximo (ayer los convocantes anunciaron el cambio de fecha al 15 del mismo mes); para entonces, gran parte de la población estará vacunada y habrán disminuido las medidas de restricción por la pandemia, además de que el país estará abierto al turismo.
La prensa oficial desconoce el hecho. Lamentablemente, no sorprende: «Lo que es costumbre no se extraña». En otros medios, en cambio, suenan los primeros disparos de una guerra en toda regla. Que se produzca una manifestación pacífica no tiene nada de particular; es habitual en cualquier país democrático (con independencia de los sesgos que ese adjetivo pueda sufrir), al menos en teoría, como es Cuba, según el artículo 1 de la Constitución de 2019.
En Estados Unidos, por ejemplo, hay frecuentes manifestaciones frente al Capitolio; en el Zócalo de México se ven desde demostraciones masivas hasta personas que, megáfono en mano, protestan, reclaman, piden. Nadie se asombra, pues las constituciones de ambos países garantizan libertad de expresión y manifestación pacífica a los ciudadanos. La cubana también: «Artículo 56. Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley».
En el Zócalo de México se ven desde demostraciones masivas hasta personas que, megáfono en mano, protestan, reclaman, piden.
Reacciones
De inmediato en redes sociales se observaron dos reacciones (dos caras: una misma moneda fundamentalista) que mueven a la preocupación.
La primera: Opositores «intransigentes» piden mayor radicalización a los organizadores. En lugar de las consignas anunciadas, las cuales «hacen el juego a la dictadura», demandan otras más agresivas, violentas, con groserías y ofensas personales incluidas. Se acusa a los solicitantes de aliados solapados del «régimen», y se les exige «acciones más efectivas» para derrocarlo. (Todo desde el exterior, valga la aclaración).
La segunda: Defensores «intransigentes» del gobierno les critican no manifestarse contra el bloqueo o las agresiones norteamericanas; los acusan de aliados del enemigo, y de organizar un golpe blando contra el sistema; insinúan, cuando no afirman, el vocablo «mercenario». (Todo desde sitios o medios apoyados directa o indirectamente por el gobierno, valga la aclaración).
A ellas se sumó una tercera: Convocatorias a manifestaciones en fechas anteriores al 20 de noviembre inicialmente acordado.
Retos
Aunque desde fines de 2020 se ha asistido a situaciones a las cuales el gobierno no estaba acostumbrado, por lo que ha improvisado sobre la marcha (en mi criterio, no muy acertadamente), esta de ahora adquiere ribetes dramáticos por el dilema planteado: Si niega el permiso, viola el artículo 56 de la Constitución y pone en entredicho el artículo 1; si lo concede, deberá apelar a toda su inteligencia para impedir que la situación se salga de control. Deberá reprimir a quienes intenten cometer desmanes, y a la vez, proteger a los manifestantes pacíficos.
El reto para los solicitantes tampoco es pequeño: Ser capaces de movilizar seguidores y exponer reclamos, y a la vez impedir que desvíos hacia el desorden, el vandalismo y el caos conviertan la manifestación en una batalla contra las fuerzas del orden en que nadie resultará ganador.
Cartel publicado en Archipiélago para convocar a la marcha ciudadana que inicialmente se desarrollaría el 20 de noviembre (Foto: Facebook)
De vencer el reto, obtendrían un peso político no conocido antes por ninguna fuerza opositora. Se convertirían en una contraparte a la cual el gobierno no podrá ignorar. Para lograrlo, no deberían aspirar a una manifestación gigantesca (como parece que pretenden), sino modesta, porque sería un fiasco si resultara pequeña, y porque podrían ser incapaces de controlarla, de ser muy grande. Una marcha de pocos cientos, incluso menos, disciplinada, respetuosa de las leyes, con consignas que puedan generar adeptos, sería un éxito nada despreciable para sus promotores.
La reacción del gobierno me parece el menor problema para los organizadores, pues se enfrenta al conflicto de respetar o no su propia Constitución, y tendrá los ojos del mundo fijos en él. Es una posición incómoda, y de cómo la asuma dependerá su credibilidad como cabeza de un «Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva».
El verdadero reto para los organizadores, para mí, está en el campo de la oposición, donde hay interesados en demostrar la inutilidad de las vías pacíficas de participación ciudadana. Por motivaciones varias, algunos intentarán robar protagonismo a los organizadores de la manifestación, y harán cuanto puedan para convertirla en enfrentamiento violento entre autoridades y ciudadanía, y demostrar así su «peso político». Si lo logran, no solo la manifestación será un fracaso, también lo serán los esfuerzos por democratizar al país.
El largo camino por recorrer
En 2004 traduje el ensayo Ciudadanía en Brasil: El largo camino, de José Murilo de Carvalho, premio Casa de las Américas de ese año. Es una mirada panorámica a la historia de Brasil desde el punto de vista de la formación del brasileño como ciudadano. Su lectura me hizo preguntarme en repetidas ocasiones si los cubanos somos ciudadanos. Todavía hoy me lo pregunto, y cada vez estoy menos seguro de la respuesta. Cito algunas frases:

«Derechos civiles son los derechos fundamentales, a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la igualdad ante la ley, (…) garantía de movimiento, de escoger el trabajo, de manifestar el pensamiento, de organizarse, de que sea respetada la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, de no ser detenido sino por las autoridades competentes y de acuerdo con las leyes, de no ser condenado sin proceso legal regular…».

***

«Los derechos políticos tienen como institución principal los partidos y un parlamento libre y representativo. Son ellos quienes confieren legitimidad a la organización política de la sociedad».

(Hago la salvedad de mi oposición a la existencia de partidos; estoy por una sociedad autogestionada, sin partidos de ningún color).
***

«…los derechos civiles garantizan la vida en sociedad…, los derechos políticos garantizan la participación en el gobierno de la sociedad, los derechos sociales garantizan la participación en la riqueza colectiva (…) En teoría, pueden existir sin los derechos civiles, y seguramente sin los derechos políticos. Pueden incluso ser usados en sustitución de los derechos políticos. Pero, en ausencia de derechos civiles y políticos, su contenido y su alcance tienden a ser arbitrarios».

Defensores del gobierno salieron a las calles el 11 de julio. (Foto: El Correo)
Aunque comparto el criterio, para mí el concepto de ciudadanía abarca otros elementos, como el respeto a las normas de convivencia y al derecho ajeno. Respetar el derecho de quien no piense igual a uno es ciudadanía. Impedir a otro ejercer pacíficamente su derecho no lo es. Reprimir manifestantes pacíficos, o convertir manifestaciones en vandalismo, son señales de cuánto nos falta para ser ciudadanos.
Los organizadores deberían crear una comisión de orden claramente identificada para prevenir desmanes. Las autoridades, por su parte, tendrían que otorgar la autorización, y ejecutar las medidas adecuadas para evitar que elementos perturbadores (del matiz político que sean) promuevan incidentes que impidan el ejercicio pacífico de un derecho constitucional. Quienes produzcan disturbios, tanto en contra como a favor del gobierno, habrán de recibir el peso de la ley. Sin distingos.
Las fuerzas del orden, identificadas como tales, deberían situarse convenientemente para impedir tanto desórdenes de infiltrados en la manifestación como agresiones de quienes se opongan a ella.
Por mi parte, desearía que la marcha del 15 de noviembre demuestre que los cubanos somos capaces de defender criterios y ejercer derechos con respeto a quien piensa diferente. Que somos ciudadanos.
Confieso, no obstante, que albergo dudas. La proliferación de llamadas a marchas en fechas anteriores al 15 de noviembre me hace temer que no las mueva la preocupación por el futuro de la patria, sino el interés de algunos por ganar, o no perder, protagonismo.
Me gustaría que quienes abogan por marchas multitudinarias y descontroladas reflexionen y se pregunten qué es mejor para Cuba: una manifestación pacífica, aunque no sea gigantesca (y sin importar quién la encabece), con consignas sensatas y capaces de movilizar multitudes; o conducir al país al vandalismo y el caos, con su secuela de destrucción y dolor.
Un recordatorio: Colombia, Chile, Ecuador, Nicaragua y Venezuela han conocido en años recientes enfrentamientos callejeros con saldo doloroso para las familias. Ninguno produjo un cambio de régimen.
Nota: He oído con preocupación el llamamiento a la realización de un «Día de la Defensa» entre los días 18 y 19 de noviembre. No me parece coincidencia; ojalá me equivoque.

Leer más »

20 de noviembre y derecho de manifestación en Cuba

El reconocimiento del derecho de los cubanos a manifestarse ha sido desde hace décadas un asunto candente. A lo largo de 62 años de Gobierno Revolucionario, el ejercicio de la libertad de expresión, así como de los derechos de asociación y manifestación, se han coartado por una interpretación restrictiva y por la aplicación selectiva de la ley.
En el texto constitucional de 1976, se limitaban esos derechos expresamente a los «fines de la sociedad socialistas». Esta frase de inmensa ambigüedad permitía a cualquier autoridad ejercer censura previa según su criterio, es decir, arbitrariamente. A los efectos prácticos cualquier opinión susceptible de interpretarse como contraria a la ideología y doctrina del PCC podría ser reprimida y perseguida.
La Constitución de 2019, en cambio, introduce un marco de reconocimiento mucho más flexible. Sin embargo, ello no ha supuesto un giro de la política al respecto por parte del gobierno, el cual sigue tratando como un crimen el ejercicio del derecho de manifestación y libre expresión que implique una denuncia o crítica al sistema.
A raíz de las cartas firmadas por varias personas y entregadas a las administraciones de diferentes ciudades, en las cuales se notifica la intención de efectuar una manifestación pacífica prevista para el próximo 20 de noviembre, se ha puesto en el centro del debate nacional una pregunta: ¿Puede denegarse a los ciudadanos el ejercicio de derechos constitucionales?
En su artículo 61, la Constitución de 2019 reconoce el derecho de las personas a dirigir peticiones a las autoridades, «las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley». Entonces, ¿pueden someterse quejas y peticiones a la administración? Sí. ¿Es legal firmarlas? Sí. Por tanto, las cartas de solicitud para la realización de la marcha pacífica están dentro de la ley cubana.
Cartel publicado en el grupo Archipiélago para convocar a la marcha ciudadana del 20 de noviembre (Foto: Facebook)
¿Qué pasa entonces con la posibilidad de manifestarnos? El texto constitucional en su artículo 56 reconoce los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos. No obstante, en la práctica, en lugar de ese reconocimiento, se reprime en violación flagrante de lo establecido en la Constitución. ¿Tenemos derechos a manifestarnos pacíficamente? La respuesta es: absolutamente, sí.
¿Qué sucedería si la administración niega la solicitud para la manifestación del 20 de noviembre? ¿Invalida esto nuestro derecho a hacerla? No. Aún si las autoridades no conceden permisos para tomar las medidas administrativas pertinentes, como cerrar avenidas y facilitar la marcha, seguimos teniendo derecho a manifestarnos.
Tan es así, que el Código Penal establece en su artículo 292 el delito contra los derechos de reunión, manifestación, asociación, queja y petición. Al amparo del mismo, son sancionables con pena de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas, a quien impida la celebración de una manifestación lícita o la concurrencia a ella; asimismo, sanciona al que niegue u obstaculice que una persona dirija quejas o peticiones a la autoridad. Si el comisor del delito es un funcionario público, la sanción oscila entre seis meses y dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas.
Es decir, que no solo es ilícito obstruir el ejercicio de estos derechos, sino que además puede ser constitutivo de un delito. La Constitución es la ley de leyes; no se puede prohibir lo que permite. Igualmente debe destacarse que los derechos implican como contrapartida deberes. En este caso, el de manifestación supone el deber tanto de los ciudadanos como de las autoridades de respetarlo.
Los límites naturales al ejercicio de los derechos serán siempre la lesividad directa a otros individuales o colectivos. Este es el sentido que debería dársele a términos como «orden público», que usualmente se emplean para intentar justificar la represión.
Ser conscientes de ello es la mejor forma de empoderarnos como ciudadanos y como nación. No se pide permiso para tener derechos, ni se conceden ni se aprueban, se ejercen.

Leer más »

Ingenuos y confundidos: el derecho a manifestación pacífica en Cuba

De acuerdo a Miguel Díaz-Canel, secretario general del PCC y presidente de la república de Cuba —opinión que encuentra resonancia en medios oficiales—, las personas que han comprendido que la participación en la vida política de la nación es, no solo un deber, sino un derecho, son ingenuos o están confundidos.
Pueden parecer denominaciones poéticas si se las compara con los términos vulgares e incriminatorios que usan otros sitios dizque revolucionarios; pero no debemos engañarnos, su intención es sembrar dudas y desmovilizar a la ciudadanía ante una crisis nacional en la que se juega, no ya el futuro sino el presente de la Patria. Sin embargo, ¿quiénes son los verdaderos ingenuos y confundidos en este sentido?
De la gratitud a la crítica, la manifestación pacífica en Cuba
La memoria histórica nos convence muy pronto de que este no es un pueblo de ingenuos ni confundidos. En 1899, Matanzas, como toda Cuba, estaba regida por un gobierno interventor norteamericano. Aunque el mayor general Pedro Betancourt fue designado gobernador civil de la provincia, también existía un gobernador militar, que era siempre un oficial estadounidense y quien verdaderamente tomaba las decisiones principales. En nuestro caso fue el coronel H. Noyes.
Las reacciones iniciales de una buena parte de los citadinos a la ocupación se reflejan en la prensa de la época. El diario Aurora del Yumurí trasluce una postura de agradecimiento, casi un canto de gratitud, que reconoce el apoyo del Norte a la causa independentista y que se aprecia en el artículo «Los Americanos», de 1899 y sin autor declarado:

¿Quiénes pusieron fin a una desastrosa guerra que hubiera terminado con la total ruina de la Isla y con el exterminio de todos sus habitantes?
Los americanos
¿Quiénes han enviado a Cuba millones de toneladas de víveres para restaurar las fuerzas de todos y tantos cubanos que se estaban muriendo de hambre?
Los americanos
Pues si a ellos debemos tan inmensos favores, despreciemoz (sic.) el laborantismo de los que quieren entronizar la discordia entre los Americanos, que han sido nuestros salvadores, y nosotros, que, por haber sido por ellos salvados y redimidos, no debemos abrigar otros sentimientos por los mismos que el de la gratitud.

El artículo, no obstante, concluía con una advertencia: «Si ellos, olvidándose del providencial papel que el Dios de los pueblos desgraciados les señalara, se portasen mal, que no lo creo, si ello sucediese… ¡peor para ellos!».
La exigencia de la Enmienda Platt indicó muy pronto que «los Americanos» se portaban mal —Cuba era, apenas, su primera aventura imperialista fuera del continente. La reacción de los matanceros pasó en poco tiempo de la gratitud a la condena. Un diario local, El Republicano Federal, convocaba «¡A protestar!» en titular correspondiente al 7 de marzo de 1901.
Al siguiente día, El Heraldo Español publicaba el artículo «La manifestación», que reportaba la ocurrida el referido 7 de marzo. La misma se había dirigido al Ayuntamiento para comisionar a las autoridades a entregar una protesta en la residencia del gobernador militar estadounidense, ubicada en la barriada de Versalles. El alcalde y los concejales se sumaron a la marcha, que atravesó las principales arterias viales.  
El periódico comentaba: «Esperábamos mucho del patriótico pueblo de Matanzas, que siempre acude lleno de enorme entusiasmo a demostrar su amor a la patria y su vehemente deseo por la independencia; pero en esta ocasión, las demostraciones de patriotismo han superado con exceso a todo lo que esperábamos».
El funcionario militar no recibió a la comisión que, en representación de los matanceros, consideraba como una afrenta a la soberanía nacional la exigencia de la Enmienda Platt por parte del Congreso de EE.UU.
Nótese que solo cuatro meses antes de junio de 1901, fecha en que se aprobaría finalmente la primera Constitución republicana, ya la sabiduría popular y la participación política se imponían ante la ingenuidad y la confusión.
El ejemplo de Matanzas no fue una excepción, ni siquiera la primera muestra de inconformidad cívica en el período. El pueblo de Cuba ha presionado por sus derechos a lo largo de la historia, a veces con demora pero siempre con determinación. La manifestación pacífica ha sido una de sus sendas.
Las Constituciones de 1901 y 1940 reconocieron a la manifestación en tanto derecho ciudadano. Ellas se utilizaron con el fin de presionar a los gobernantes por decisiones económicas y políticas impopulares y ante violaciones a la legislación constitucional. Fueron importante estrategia en la oposición a los gobiernos dictatoriales de Machado y Batista.
Para prohibirlas debían suspenderse las garantías constitucionales, algo muy ejercitado desde 1952 por la dictadura batistiana. Las hubo estudiantiles, obreras, femeninas, gremiales… Hoy justamente se cumple el 91 aniversario de una de las más importantes manifestaciones estudiantiles antimachadistas, acaecida en 1930.
Reprimida violentamente por la tiranía, en ella murió el líder estudiantil Rafael Trejo y fue herido el periodista y revolucionario Pablo de la Torriente Brau. Precisamente aquella represión radicalizaría al movimiento estudiantil, que creó el Directorio Estudiantil Universitario (DEU) del 30.  
La presión social es lo que ha hecho evolucionar a los sistemas políticos desde la antigüedad. Si no fuera así, Cuba posiblemente fuera todavía una colonia de España o un protectorado de los Estados Unidos.
En gran parte de la época republicana, sobre todo en las primeras décadas, se recurrió a las manifestaciones a pesar de la inmovilizadora consigna: «Contra la injerencia extraña, la virtud doméstica»; añeja tesis que se enuncia en la actualidad menos eufemísticamente: «en plaza sitiada, toda disidencia es traición».  
Estándares internacionales
Según instancias de la ONU, «la manifestación pacífica es uno de los derechos que más pone en evidencia el grado de respeto y responsabilidad de un Estado con los derechos humanos y la fortaleza de sus instituciones democráticas para evitar y prevenir el uso abusivo o violento del poder público en contra de los ciudadanos». (El Derecho a la Manifestación Pacífica CivilisDDHH, 2014)
Se define como un ejercicio de acción cívica para expresar, de forma pública, inconformidad o insatisfacción con problemáticas no resueltas de diversa índole. Puede estar motivada por la indignación, la disidencia o la resistencia ante políticas públicas o conductas de los poderes públicos que afectan de manera significativa el ejercicio de derechos ciudadanos.
Casi siempre la manifestación pacífica es un punto de llegada y no un punto de partida. Aparece después que se agotan otras vías de solución, durante un tiempo prolongado que excede los límites de espera, porque los problemas se agravaron o porque hay daños inminentes a las personas.
Pueden tornarse violentas cuando se cierran los caminos de diálogo y la resolución de conflictos por vías institucionales; o también cuando su ejercicio provoca medidas de represión o criminalización que atentan contra la vida, integridad o libertad de las personas.
Como derecho protegido, las garantías a la manifestación pacífica deben cumplir con diversos estándares, citaré algunos:
Los Estados deben abstenerse de:
a) presumir de antemano su carácter desfavorable, incluso si hubiere antecedentes,  o descalificarlas como actos de «desorden público» o «desestabilización»;
b) ilegalizarlas mediante la delimitación de zonas de reserva que justifiquen su criminalización y la respuesta violenta de los cuerpos de seguridad;
c) ordenar toques de queda, medidas de bloqueo de las rutas o impedir el acceso a las sedes de las instituciones públicas;
d) utilizar «infiltrados» con el objeto de  provocar desorden y justificar el empleo de la violencia;
e) la cercanía de grupos contrarios a los manifestantes y protegidos por los cuerpos de seguridad;
f) la colocación de mensajes y música en los lugares de concentración, contrarios al de los manifestantes.
– No se justifica invocar la seguridad nacional o el orden público con el fin de prohibir, impedir o restringir manifestaciones localizadas o relativamente aisladas; ni impedir el ejercicio de manifestaciones por la prevención de posibles enfrentamientos entre grupos o su frecuencia en un lugar específico.
– Los manifestantes pueden expresarse con libertad, independientemente del contenido de sus discursos y de su mayor o menor aceptación social y estatal. Es una obligación del Estado la neutralidad ante los contenidos y garantizar que no existan personas, grupos, ideas u opiniones excluidos a priori.
– Los Estados deben asegurar el acceso a Internet en todo momento, también en los períodos de malestar político.
– Aun cuando se protege la libertad de expresión en el decursar de una manifestación pacífica, ello no incluye:
a) la propaganda de la guerra y la apología del odio nacional, racial o religioso que inciten a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional;
b) la incitación directa y pública al genocidio;
c) la pornografía infantil.
En Cuba, la manifestación pacífica es un derecho establecido por las Constituciones de 1976 y 2019. Sin embargo, durante la vigencia de la primera no se gestó un movimiento como el que existe en estos momentos en pro de reivindicar dichas prácticas cívicas. ¿Qué ha cambiado?
La real ingenuidad
Hace más de dos años reflexionaba en un artículo: «(…) no es lo mismo ser libre que sentirse libre. Ser libre depende más de un contexto jurídico que garantice determinadas prerrogativas ciudadanas, pero sentirse libre requiere de una actitud cívica en que no se tema practicar esos derechos». A ese punto se ha llegado en Cuba.
La clase política que rige la nación, acostumbrada al apoliticismo, apatía y unanimidad que logró sedimentar durante décadas —a través de una enseñanza conductista y doctrinal, medios oficiales acríticos y complacientes con el gobierno y mecanismos de control sobre la ciudadanía— no se percató de la enorme trampa que se tendía a sí misma al clamar un Estado Socialista de Derecho y explicar que el mismo fue incorporado «a fin de reforzar la institucionalidad y el imperio de la ley, dentro de ello la supremacía de la Cons­titución».
Adaptada a crear y desechar conceptos sin ser cuestionada, no se ubicó en un contexto cambiante en el que se presentaban, a la vez:
– El extraordinario desgaste del modelo de socialismo burocrático, que no logró reformarse en el período más que extenso de tres décadas, contadas a partir del derrumbe del socialismo europeo.
– Un relevo generacional: por un lado, una vieja generación de dirigentes que, o fallecen o no están en condiciones de asumir un estilo de dirección basado en liderazgos de constante interrelación con la ciudadanía; y, por el otro, generaciones jóvenes, sin relación inmediata a la épica del proceso en su fase de hegemonía y que han crecido en un período de escasez extrema y decadencia simbólica.
– La entrada de internet y las redes sociales que han permitido: instruirse sobre el ejercicio de derechos a nivel internacional, establecer estados de opinión y debates a contrapelo de los medios oficiales, visibilizar problemáticas de interés común, denunciar violencia e incumplimiento de la legislación.
Como bien afirmó el jurista cubano Michel Fernández en su texto «El derecho de manifestación en Cuba», que data de julio del pasado año:

A pesar de que el derecho de manifestación tiene reconocimiento jurídico en Cuba, este se ha realizado casi exclusivamente en los casos en que las manifestaciones son de interés del Estado y este ofrece todos los recursos para su concreción. Las excepciones a esta regla han sido la ejecución de determinadas actividades religiosas, tales como procesiones, y la marcha contra el maltrato animal del 7 de abril de 2019, autorizada por el Gobierno municipal de Plaza de la Revolución.

El especialista enfatizó en el hecho de que aunque la manifestación pacífica es un derecho constitucional, no existe en Cuba ninguna ley que lo desarrolle y regule:

Han transcurrido 44 años sin una ley que mencione cómo es el procedimiento para hacer una manifestación y que esta no sea ilícita, que disponga las autoridades facultadas para tomar la decisión, regule los límites en el ejercicio de este derecho y el resto de los aspectos necesarios. Ese ha sido un periodo bastante prolongado, que finalmente se interrumpirá si, como está previsto, en septiembre de este año se aprueba el decreto ley sobre derechos de manifestación y reunión.

Más de un año dista de ese análisis. Entre dilaciones del cronograma constitucional y ausencia de sesiones, la Asamblea Nacional no ha cumplido con el mandato decimotercero de la Ley de leyes, que la obligaba a habilitar los derechos constitucionales en el plazo de dieciocho meses después de su entrada en vigor, ocurrida en abril de 2019.
En el ínterin ocurrieron los hechos del 11 de julio. La mayor parte de los manifestantes pacíficos, presos aún o sujetos a proceso, lo están bajo el cargo de «desorden público». Pero realmente, más que una manifestación, aquello fue un estallido social.
Hace pocos días, grupos de ciudadanas y ciudadanos han presentado cartas a las gobernaciones e intendencias de varias ciudades cubanas, en ellas se solicita autorización para una manifestación pacífica, a efectuarse el 20 de noviembre. Quizás nuestra burocracia partidista y gubernamental pensó que ese momento no llegaría jamás. Con lo cual demostraron gran ingenuidad y confusión.
En un próximo artículo analizaré las reacciones de diversos sectores a esta convocatoria.

Leer más »
 

Contáctenos

 

Si desea contactar NoticiasCubanas.com, el portal de todas

las noticias cubanas, por favor contáctanos.

¡Estaremos felices de escucharlo!

 

Con gusto le informáremos acerca de nuestra oferta de publicidad

o algún otro requerimiento.

 

contacto@noticiascubanas.com

 

Oferta


Si deseas saber como tu sitio de noticias puede formar parte de nuestro sitio NoticiasCubanas.com, o si deseas publicidad con nosotros.

 

Por favor, póngase en contacto para mas detalles.

Estaremos felices de responder a todas tus dudas y preguntas sobre NoticiasCubanas.com. ¡La casa de todas las noticias cubanas!

contacto@noticiascubanas.com


Sobre nosotros

NoticiasCubanas.com es la casa de todas las noticias cubanas, somos un sitio conglomerado de noticias en Cuba. Nuestro objetivo es darle importantes, interesante, actuales noticias sobre Cuba, organizadas en categorías.

Nosotros no escribimos noticias, solo recolectamos noticias de varios sitios cubanos. Nosotros no somos parte, solo proveemos noticias de todas las fuentes de Cuba, y de otras partes del mundo.

Nosotros tenemos un objetivo simple, deseamos brindarle al usuario el mayor monto de noticias con calidad sobre Cuba, y la visión que tiene el mundo sobre Cuba. Nosotros no evaluamos las noticias que aparecen en nuestro sitio, tampoco no es nuestra tarea juzgar las noticias, o los sitios de las noticias.

Deseamos servir a los usuarios de internet en Cuba con un servicio de calidad. Este servicio es gratuito para todos los cubanos y todos aquellos que estén interesados en las noticias cubanas y noticias internacionales sobre Cuba.

 

Términos de uso

NoticiasCubanas.com es gratis para todas las personas, nosotros no cobramos ningún cargo por el uso del sitio de ninguna manera. Leer los artículos es completamente gratis, no existe ningún costo oculto en nuestro sitio.


Proveemos una colección de noticias cubanas, noticias internacionales sobre Cuba para cualquier persona interesada. Nuestros usuarios utilizan NoticiasCubanas.com bajo el acto de libre elección y bajo su propia Responsabilidad.

Nosotros no recolectamos ningún tipo de información de nuestros usuarios, no solicitamos ninguna dirección electrónica, número telefónico, o ningún otro tipo de dato personal.

 

Medimos el monto de tráfico que noticiasCubanas.com recibe, pero no esperamos compartir esta información con alguien, excepto nuestros socios de publicidad. Nos regimos bajo las normas Cubanas en cada cuestión legal, cualquier aspecto no clarificado aquí debe ser considerado sujeto bajo el sistema Legal de Cuba.