La directa más cara de la historia de Cuba
Fueron noticia esta semana las condenas del Tribunal Provincial de Camagüey dictadas contra los manifestantes de Nuevitas de agosto de 2022. Según varios reportes de prensa, 13 manifestantes fueron sentenciados a condenas que van desde los cuatro hasta los 15 años de privación de libertad por delitos como sedición, desacato, difusión de propaganda enemiga y sabotaje. Una sola de las acusadas quedó absuelta en el juicio, por falta de pruebas. Las sentencias podrían ser apeladas.
Uno de los casos más notorios fue el de Mayelín Rodríguez Prado, condenada a 15 años de cárcel por los delitos de «sedición» y «propaganda enemiga», la sanción más alta entre las personas juzgadas.
La noticia ha tenido gran repercusión en medios cubanos no estatales e incluso en grandes medios internacionales. Algunos han afirmado que Rodríguez Prado apenas «publicó videos de las protestas en Facebook».
Hasta el momento el gobierno cubano no se ha pronunciado sobre el asunto.
Esto significa que los tribunales cubanos se anotan otra condena desproporcionada y mantienen el estilo de justicia «ejemplarizante» que tantas críticas le atrae al gobierno.
Nuestra opinión es que el incremento de presos políticos con condenas excesivas pone al gobierno en una posición muy cuestionada, tanto dentro como fuera del país.
Lo inteligente, con vistas a ahorrarse críticas por procesos indebidos, que no dejan de ser señalados por organismos y organizaciones internacionales, sería resolver paulatinamente la situación de los presos ya existentes, la mayoría desde las protestas el 11 de julio de 2021.
El tratamiento dado a las protestas que estallaron el 17 de marzo del presente año en varios lugares del país —con un menor uso de la fuerza policial, un reconocimiento al derecho de manifestación pacífica por parte de las autoridades y una baja criminalización— daba ciertas esperanzas de que el gobierno cubano estuviera aprendiendo a lidiar de forma política con el disenso ciudadano, no obstante, esta noticia da señales contraria.
Lo sucedido implica un claro retroceso con un altísimo costo político. Cada vez es más difícil justificar estas condenas excesivas ante la opinión pública y, por demás, lanzan a buena parte de los familiares y allegados de quienes las sufren a manos de la oposición y quiebran aún más el consenso ciudadano.
Las prioridades del Consejo de Ministros
Fue noticia esta semana las prioridades del Consejo de Ministros, expresadas minuciosamente en su reunión mensual sobre temas económicos y sociales.
En la reunión, celebrada este 28 de abril, el gobierno reflexionó una vez más sobre la actual crisis y trató de presentar una perspectiva optimista, dejando clara la dimensión de los problemas que enfrenta el país.
El primer ministro Manuel Marrero admitió, una vez más, que «no se podrán lograr los mejores niveles productivos, pero sí es posible seguir avanzando».
Marrero informó que, a partir de los recorridos por provincias y municipios, que se han hecho tan habituales, han decidido «revisar» el plan de acciones previsto para sortear la crisis.
Las prioridades, insistió el primer ministro, son los «temas bancarios y de precios», el «mercado cambiario y la generación de ingresos en divisa». Dijo que estos pendientes se deben «acelerar», «porque son los que tienen un impacto más favorable de cara a la población».
El nuevo ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, informó ampliamente sobre el comportamiento de los indicadores económicos al cierre de marzo.
La situación es decididamente peor: bajaron los ingresos por exportaciones, disminuyeron también las importaciones y se incumplió en actividades esenciales.
Más de 300 empresas estatales tienen pérdidas y empeora la inflación, como consecuencia de la depreciación del peso cubano, detalló el ministro.
Tres sectores tuvieron un comportamiento favorable: la exportación de servicios médicos, el turismo y las telecomunicaciones. En el caso del turismo, reveló que hasta marzo reportaba un crecimiento del 6.5% con respecto a 2023.
Sobre la respuesta gubernamental ante la emergencia social, Alonso dijo que el gobierno «protege» a más de 330.000 personas vulnerables y «mantiene la atención» a alrededor de 62.800 madres con tres o más hijos. No trascendió a los medios oficiales ningún detalle sobre el carácter de esta protección.
Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, celebró medidas como la eliminación de exenciones de impuestos al sector privado, la ampliación del impuesto sobre las ventas a todas las operaciones realizas por las mipymes y el perfeccionamiento de la fiscalización por parte de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (Onat).
Regueiro comentó que hubo un ligero mejoramiento del déficit presupuestario y que se debió a que varias asignaciones sociales del presupuesto no fueron ejecutadas. Marrero replicó que ese tampoco es el camino para resolver el déficit y subrayó la importancia del gasto con fines sociales.
La agricultura fue otro de los temas priorizados por la reunión de los ministros, en particular la contratación y comercialización de productos agropecuarios.
Ydael Pérez Brito, el ministro de la Agricultura, dijo que al cierre de marzo apenas hubo contratos con la mitad de los productores registrados en el país. Criticó a los municipios por «la falta de seguimiento y control». También mencionó uno de los problemas más denunciados por los campesinos: «el impago».
El ministro declaró que existe un plan para resolver estos señalamientos. Los medios oficiales no ofrecieron detalles sobre el contenido.
Pérez Brito recordó que «la tierra es del Estado» y que apenas ha sido entregada en usufructo y añadió, contundente, que, si bien el 80% de las tierras están gestionadas por privados, la responsabilidad de dar alimentos al pueblo es del gobierno.
Sobre la corrupción, cada vez más reportada en Cuba, incluso en altos cargos, la contralora general, Gladys Bejerano Portela, informó que se realizaron más de 4.000 controles y la cuarta parte fue calificada de «deficiente o mal».
Esto significa que las numerosas medidas del gobierno para remontar la crisis económica, social y política no han logrado ningún avance notable, a pes