La presidenta Dina Boluarte durante la rueda de prensa con medios extranjeros, el 24 de enero de 2023 en el palacio de gobierno de Lima. Foto: AP.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este martes “una tregua nacional” para apaciguar las protestas en reclamo de su renuncia, durante una rueda de prensa en la que defendió el trabajo “inmaculado” de la policía y afirmó que las manifestaciones son impulsadas por narcotraficantes, mineros ilegales y contrabandistas.
Boluarte, vicepresidenta en el Gobierno de Pedro Castillo, que juró el 7 de diciembre como nueva mandataria tras la destitución y detención del primer presidente de origen rural de Perú, dijo que la tregua busca entablar mesas de diálogo.
Las protestas estallaron tras la destitución y detención de Castillo, el 7 de diciembre, pero, tras reanudarse el 4 de enero, a los reclamos principales se sumaron los derechos sociales, la desigualdad y discriminación racial en zonas históricas olvidadas del Perú, de mayoría indígena.
Las marchas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que hasta hace una semana eran principalmente en el sur de los Andes, llegaron a la capital y este martes cientos de manifestantes caminaron por las calles del distrito más rico, San Isidro, pidiendo la dimisión de la mandataria.
Las alrededor de 60 muertes en menos de dos meses de gobierno de Boluarte, reportadas por la Defensoría del Pueblo hasta el lunes, han enardecido a los manifestantes integrados principalmente por campesinos de los Andes, pero también por universitarios y migrantes de la región andina en Lima.
En la rueda de prensa de este martes, en contraste con la preocupación internacional por el exceso de fuerza en la respuesta de los uniformados a las manifestaciones, la mandataria peruana afirmó que la policía nacional ha tenido “una conducta inmaculada” y sostuvo que narcotraficantes, mineros ilegales y contrabandistas impulsan las protestas.
El primer ministro, Alberto Otárola, declaró el lunes en una investigación preliminar fiscal por “genocidio”, tras las muertes ocurridas durante las protestas de varias semanas exigiendo la renuncia de la presidenta Boluarte y los miembros del Parlamento.
La investigación –iniciada el 10 de enero y que suma otros delitos como homicidio calificado y lesiones graves– también incluye a Boluarte. Las protestas han dejado unos 60 muertos y más de 900 heridos, según la Defensoría del Pueblo.
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