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Cuba: reforma económica, derechos, protestas y cambio político

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En 2019, aprobada la Constitución que cambió el régimen económico, político y social del Estado cubano, un nuevo equipo de gobierno dispuso no ya solo de los amplísimos poderes que le otorgó, al menos formalmente, el diseño del poder ejecutivo resultante de la actualización de la antigua matriz de concentración de poder en la última etapa de la transición política generacional ocurrida en Cuba; sino además —sin los límites del antiguo cuerpo constitucional—, de un margen de maniobra para acometer la reforma económica.

Contaba también con un expandido catálogo de derechos y garantías constitucionales a desarrollar normativamente. El mismo no solo tenía numerosos puntos de contacto con los contenidos y demandas del proceso de cambio social que se venía produciendo en el país desde décadas anteriores, sino que había logrado conectar con las expectativas y esperanzas de transformación de la realidad que la socialización del debate y discusión del texto constitucional cubano generaría.

No era precisamente este un punto de partida escuálido, tampoco un capital político propio despreciable para el nuevo gobierno, siempre que avanzara con suficiente coherencia y celeridad.

En los siguientes meses, mientras el gobierno trabajaba en la etapa final de una prolongada sistematización y comparación de alternativas y distintas experiencias que le permitirían finalizar la elaboración y concreción de un plan de reforma económica, y también en el pronóstico y estimación de sus efectos sociales, el manejo de la conflictividad política de la población se estaba volviendo disfuncional y peor aún, contradictorio. Ocurría que desde inicios de la década de los 2000, se habían expandido y fortalecido un enjambre de blogs, publicaciones, el acceso a Internet y el uso de las redes sociales.

Lo que en el pasado había sido una gestión de la opinión pública sin apenas fisuras y capaz de imponer, en ausencia de competidores, una hegemonía mediática indiscutible, era para entonces un campo de batalla. Primero intelectuales, activistas y periodistas, y luego ciudadanos en general, encontraron ahí el dinamismo y la posibilidad de expresión, articulación e incidencia, que los espacios públicos, institucionales y políticos reconocidos legalmente, eran incapaces de proporcionar por su propio diseño, o a medida que perdían importancia y se devaluaban.

Para ese entonces, una estrategia basada en expulsiones de centros de trabajo y estudio, advertencias, multas, procesamientos penales selectivos, campañas contra plataformas digitales, acoso, decomisos de equipos, y otras formas de control político, había agotado sus posibilidades disuasorias hasta llegar a ser una rutina punitiva.

Ciertamente financiamientos provenientes de programas foráneos para el cambio del régimen político en Cuba habían estado en el surgimiento y sostenimiento de muchas de las plataformas que existían; sin embargo, la consolidación de un entorno digital que funcionaba como suerte de ágora tan plural como la sociedad cubana, y su capacidad contestataria, crítica y propositiva, fue visto como desafío insoportable, humillante y extremadamente peligroso tanto para el gobierno, como para un aparato ideológico que, ante el desafío, optó por apostar a la polarización política.                                                                     

Cuando a inicios del 2020 el ejecutivo cubano instrumentó la primera medida del plan de reforma económica, que dio en llamar reordenamiento monetario, la dinámica de polarización inducida creada como respuesta al incremento de conflictividad política era ya, de diversas formas, un fracaso. Este funcionaría en los siguientes meses como uno de los catalizadores para que se produjera en el país la compleja unión de los tiempos, demandas y exigencias, de lo político y lo económico.

Incluso hoy, tomando en cuenta el grado de penetración de la Internet y el aumento del tráfico y tamaño de las redes sociales, es muy difícil creer que, por ejemplo, un pequeño y micro-localizado grupo de artistas, activistas y académicos, opuestos en principio a la entrada en vigor del Decreto-Ley 349 y agrupados bajo el nombre de Movimiento San Isidro (MSI), hubiese llegado a ser conocido nacional e internacionalmente. Ello hubiera sido difícil sin las presiones y acosos que recibieron sus integrantes por parte de los órganos policiales y de Seguridad del Estado, y sobre todo por la inédita sobre-exposición que le dieron medios nacionales de prens

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