Para nadie es un secreto que la economía cubana afronta una crisis estructural desde hace más de tres décadas. En este tiempo ha aumentado considerablemente la vulnerabilidad externa y se ha reforzado el subdesarrollo, entendido como incapacidad para el desarrollo. Desde los años noventa, tras la implosión del llamado campo socialista, comenzó a derrumbarse el tejido productivo nacional, tanto en la industria como en la agricultura. La dirigencia cubana apostó por un cambio estructural a favor del desarrollo del turismo, con escasos encadenamientos productivos internos.
En la actualidad, se ha deteriorado notablemente el patrón de inserción internacional del país, que depende de las importaciones para mal afrontar la mayor parte de sus necesidades, tanto de materias primas como de bienes de consumo en general, y muy especialmente de alimentos. Esto es insostenible económicamente, pero también desde el punto de vista social y político. Por eso resulta imprescindible superar la crisis que afecta al sistema productivo y abarca a la agricultura, la industria azucarera y la industria manufacturera no azucarera. Al análisis de esta última está dedicado el presente texto.
Antes de 1959 la economía cubana era altamente dependiente de la industria azucarera y aseguraba su inserción internacional a través de exportaciones de azúcar, tabaco y algunos otros bienes primarios. Sin embargo, es sabido que a partir de la década del cuarenta se habían comenzado a desarrollar varias ramas de la industria transformadora, entre ellas, la producción de alimentos, bebidas, manufactura del tabaco, textiles, prendas de vestir, calzado, papel y sus productos, imprenta e industria editorial, madera y sus productos, muebles y accesorios, cuero y sus productos, jabonería y perfumería, caucho e industria del plástico, productos químicos, metalurgia y manufacturas diversas.
A partir de informaciones del Tribunal de Cuentas, puede constatarse que en 1954 dichas industrias solo requerían un 11,5% de componentes importados.(1) Entre 1952 y 1956 se habían creado 154 nuevas plantas industriales, dieciséis generaban exportaciones y 117 sustituían importaciones.(2) Según datos del Consejo Nacional de Economía, en 1958 el 21% de la fuerza laboral empleada lo hacía en actividades industriales, y de acuerdo con Claes Brundenius, en su libro Revolutionary Cuba: The Challenge of Economic Growth with Equity (1984), en el año anterior al triunfo revolucionario, la industria no azucarera representaba el 32,2% de la producción material estimada.
El Gobierno Revolucionario —a través de la ley 890 de octubre de 1960— nacionalizó, mediante expropiación forzosa, la mayor parte de las empresas industriales, comerciales y de trasporte del país. Luego las nacionalizaciones se hicieron extensivas a otras empresas subsidiarias y colaterales, con lo que la estatización de los medios de producción fue casi total desde inicios de la Revolución. La mayor parte de las empresas, algunas previamente intervenidas, fueron puestas bajo la dirección de revolucionarios con escasos conocimientos profesionales y técnicos, lo que unido al idealismo predominante condujo a graves errores en su dirección, a la caída de la producción y de la eficiencia.
No obstante, la industria ocupó un lugar central en la estrategia económica de los primeros años de la Revolución, en correspondencia con las ideas desarrollistas predominantes en América Latina y teniendo en cuenta la experiencia de otros países socialistas. Sin embargo, la excesiva centralización de las decisiones operativas y administrativas, el abandono de criterios financieros, los excesivos costos y el despilfarro predominante, lastraron rápidamente la actividad industrial.
La ruptura de vínculos económicos con Estados Unidos obligó a la mayor parte de la industria cubana, tanto a una reconversión tecnológica como a un cambio radical de proveedores de materias primas, maquinarias y equipos de repuesto. Pasó entonces a depender de suministros recibidos desde la Unión Soviética y otros países de Europa Oriental, en muchos casos tecnológicamente inferiores a sus similares procedentes de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón.
De hecho, se incrementó el componente importado en una serie importante de industrias. En su artículo «La planificación del comercio exterior» —Cuba Socialista, # 28 de 1963—, el futuro presidente del Banco Nacional Raúl León Torras, afirmaba que en 1962 la dependencia de insumos importados afectaba al 79% de la refinación de petróleo, 58% de la industria química, 44% de la metalurgia, 40% de la minería, 22% de la textil, 21% de la energía eléctrica, 12% de la construcción, 8% de la industria alimenticia y 4% de la azucarera.
A pesar del énfasis en el desarrollo industrial, la producción bruta de este sector tuvo una caída promedio anual de 2,7% entre 1960 y 1964. En consecuencia, a partir de la segunda mitad de los sesenta la estrategia de desarrollo se reorientó hacia la industria azucarera, aprovechando así el establecimiento de acuerdos ventajosos con la Unión Soviética, que posteriormente se readecuaron con el ingreso de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) a partir de 1972.
Ello no significaba abandonar la idea de la industrialización, sino utilizar la industria azucarera y a su mercado seguro y estable en los principales socios económicos de Cuba, como pivote del desarrollo posterior de una industria más diversificada. Más allá de tales intenciones, el resultado fue un reforzamiento del carácter monoproductor y monoexportador de la economía cubana.
No obstante, la industria no azucarera cubana se benefició de inversiones estatales y, sobre todo en los años ochenta, aparecieron algunas producciones industriales de relativamente baja calidad, orientadas al consumo nacional. Entre los principales rubros pueden mencionarse la industria alimentaria, con producciones de lácteos, embutidos, pastas alimenticias, cervezas, rones y aguardientes, maltas y refrescos, carnes deshuesadas y en conserva, pescados y mariscos; jabonería y perfumería; textiles; pinturas; materiales de construcción; fertilizantes; ensamblaje de ómnibus, camiones, vagones de ferrocarriles, montacargas; así como aparatos electrónicos para el hogar: televisores, radios y refrigeradores.
También se inició la fabricación de combinadas azucareras, aunque hacia el final de la década comenzó su descenso. En la segunda mitad de los ochenta se apreciaban descensos sostenidos en varios de los rubros industriales no azucareros.
Con el advenimiento del llamado Período Especial, la industria manufacturera cubana entró en su más profunda crisis, debido a múltiples factores, sobre todo: obsolescencia tecnológica; alta dependencia de componentes importados; escasez de combustibles, materias primas, maquinarias y demás insumos; así como escasa capacidad de ahorro e inversión del Estado cubano, propietario de todas las fábricas industriales de envergadura.
(Foto: Cibercuba)
A ellos debe añadirse el escaso interés de inversionistas extranjeros por dicho sector ante las dificultades del país para conectarse a cadenas globales, debido tanto a las restricciones impuestas por las sanciones económicas estadounidenses como a dificultades tecnológicas.
La situación actual de la industria manufacturera en la Isla es catastrófica. De acuerdo con cifras de UNCTADStat, basadas en datos oficiales cubanos, ella ha tenido una variación promedio anual de -1,14% en el período comprendido de 1989 a 2020. Entre 1990 y 1999 fue de -1,95%, desde 2000 hasta 2009 de 3,4% y entre 2010 y 2020 de -0,3%.(3)
La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de Cuba ha publicado recientemente el capítulo dedicado a la industria manufacturera del Anuario Estadístico 2021. El índice físico de producción de la industria no azucarera en 2021, respecto a 1989, es de 60,5, el más bajo del último lustro.
Ciertas industrias, como las de bebidas, productos del tabaco o fabricación de muebles, que en los últimos años habían logrado superar los niveles de 1989, volvieron a caer por debajo de la producción alcanzada en aquella fecha, que resultó previa al Período Especial pero que ya reflejaba una tendencia hacia el descenso. En algunos rubros, como equipos de transporte, aparatos eléctricos, papel y sus productos, cuero y sus productos, fertilizantes, productos textiles y prendas de vestir; los niveles de producción varían entre 0,1% y 8,8% del alcanzado a fines de los años ochenta.
El relanzamiento de la industria no azucarera cubana
La economía cubana en general y la industria en particular, enfrentan una grave crisis de la que no podrán salir si no se producen profundos cambios estructurales. El modelo de una industria estatal administrada centralmente probó su ineficacia porque la estatización de los medios de producción no condujo a su socialización, algo que ha lastrado toda la experiencia socialista contemporánea. No tiene sentido persistir en un modelo fracasado que lo único que hace es perpetuar y profundizar el subdesarrollo y agravar el deterioro del nivel de vida de la población.
Con una economía esencialmente en manos del Estado, la inversión bruta fija ha sido de solo 8,28%(4) respecto al producto interno bruto entre 2000 y 2020, lo cual resulta a todas luces insuficiente para conducir a un proceso de crecimiento económico sostenido. Como es sabido, en los últimos años la prioridad inversionista del gobierno han sido los servicios empresariales, las actividades inmobiliarias y de alquiler, que incluyen todo el andamiaje de hoteles y servicios asociados al turismo; ello, a pesar de la persistencia de niveles insuficientes de ocupación hotelera.
Mientras, la industria, la agricultura, la educación y la salud han recibido muchos menos recursos de inversión. Entre 2017 y 2021, las actividades inmobiliarias y hoteleras atrajeron el 50,5% de la inversión del país, en tanto la industria no azucarera ha recibido el 11,3%, la azucarera 1,2%, agricultura 2,8%, educación 0,8% y salud 1,3%.
(Gráfico: Pedro Monreal)
Más allá de los insistentes cuestionamientos realizados por algunos economistas y otros profesionales sobre lo erróneo de esta política, la dirección del gobierno no ha sido conminada a explicar sus decisiones ante los organismos de control político —como debería ser la Asamblea Nacional— o de control fiscal —como debería ser la Contraloría General de la República—, a pesar de que los errores en política económica se traducen normalmente en deterioro del bienestar de la población.
Sin duda alguna se impone una reorientación de la política inversionista del gobierno hacia los sectores productivos y aquellos que tienen un mayor impacto en el bienestar material y social. Sin embargo, hasta ahora el reconocimiento público de sus errores y el enfrentamiento de sus responsabilidades no ha sido el punto fuerte de las autoridades cubanas.
Después de una larga sucesión de errores entre los cuales vale mencionar la Zafra de los Diez Millones que nunca se cumplió, la infructuosa siembra de café en el Cordón de La Habana, el desmonte de la mitad de las tierras sembradas de caña y el cierre de la mitad de los centrales azucareros, la dolarización parcial de la economía, unidos a los defectos de los mecanismos de dirección de la economía impuestos a contrapelo de la realidad; no quedan opciones diferentes al desmonte de una economía estatizada que no funciona.
La industria cubana no tiene futuro en manos de una burocracia incompetente. Sin embargo, entregarla a manos privadas sin la existencia de mecanismos democráticos transparentes, lo único que facilitará es que la supuesta propiedad del pueblo sea feriada a favor de intereses corruptos, no importa de dónde provengan. Por tanto, será necesario pensar en la combinación de alternativas verdaderamente socialistas con el estímulo a la inversión privada.
Ello podría lograrse, entre otras medidas, mediante la creación de cooperativas obreras en ciertas empresas industriales; establecer el control democrático y directo de los trabajadores como representantes de la sociedad en aquellas que no se establezcan como cooperativas; «equitización» de empresas industriales, como ocurrió en Vietnam, donde se convierte a los trabajadores en propietarios de una parte considerable de las acciones emitidas por las empresas; arriendo mediante contratos a largo plazo de empresas estatales o de las partes que mantenga el Estado de las empresas «equitizadas» a inversionistas y gerentes privados para su gestión.
Finalmente, es imprescindible abrir la posibilidad al sector privado nacional y extranjero de crear empresas industriales privadas, eliminando las inmensas restricciones que pesan en la actualidad sobre las micros, pequeñas y medianas empresas.
Un proceso de esta naturaleza debe producirse en el contexto de la democratización de la sociedad, de forma tal que se evite la privatización corrupta de la propiedad que la Constitución define como «de todo el pueblo», pero que no lo es en realidad si el pueblo no puede decidir sobre ella.
