MIAMI, Estados Unidos.- “No sabemos por qué, el no es ningún delincuente”, fueron las palabras de Roxana García Lorenzo en directo para CubaNet esta mañana, durante la transmisión de La Red con Cuba. García Lorenzo denunciaba así la detención de su novio, Jonathan López.
El joven activista, quien junto a su familia coordina la iniciativa “Ayuda a los Valientes del 11J”, fue detenido por un agente de la Seguridad del Estado cuando ambos se dirigían a trabajar. “Él no ha cometido ningún delito, pero esto es lo que le hacen a las personas inocentes”, dijo Roxana.
García Lorenzo explicó que desde la pasada semana los están acosando, y han citado a Jonathan para que se presente en la Unidad. La joven relató que la represión contra su familia no ha parado, que incluso se ha intensificado, y que ahora la Seguridad del Estado los sigue a todos lados.
“Me han contado que las calles de Santa Clara están militarizadas, y es que ellos tienen temor de que se vuelva a ver un 11 de julio, y no es para menos porque es mucho lo que se está viviendo, no solo con los apagones, sino con la miseria que hay, con el hambre que se pasa”, dijo.
Sobre la iniciativa que lleva a cabo su familia, con la que ayudan a las madres y familiares de los presos políticos del 11J, Roxana García Lorenzo asegura que el régimen la utiliza como excusa para continuar la represión, pues les molesta que ayuden con comida y apoyo a esas familias que sufren por sus seres queridos.
“Muchas madres de La Güinera, que son apoyadas por el grupo, han sido citadas, pero estas cosas no se exponen porque tienen temor”, explicó.
Por su parte, Bárbara Farrat, madre del preso político Jonathan Torres Farrat, quien fuera excarcelado bajo fianza hasta el día del juicio el pasado mes de mayo, contó que el régimen está buscando la manera de callarle la boca a las madres y familias de los manifestantes del 11J.
Durante la conversación Farrat contó además que ha dejado de ir a las citaciones de la Seguridad, pues ya ni siquiera la citan de manera formal, la llaman por teléfono, y ella ya no responde. “Eso me ha costado mucho”. Lo último, explica, fue el derecho a alimentar a su familia.
Después de que ella y su esposo comenzaran a denunciar en agosto de 2021 la situación de Jonathan Torres, menor de edad y preso por protestar el 11J, Bárbara explicó que la Seguridad le decomisó los medios de trabajo de su esposo y le impuso una multa de 10 mil pesos. Desde entonces les fue retirada la licencia. Ahora, cuando ella se disponía a sacar una para vender maní y así ayudar económicamente a su familia, se la negaron.
“Nos dimos cuenta que no querían dejarnos trabajar”, dijo.
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