LA HABANA, Cuba. — La radicalización política de los presos comunes es un fenómeno que se aprecia en las cárceles cubanas desde hace más de treinta años. Entre las causas que han propiciado el surgimiento y posterior afianzamiento del fenómeno podríamos citar la influencia de los presos políticos y la toma de conciencia como fruto de las injusticias sufridas por ese grupo de sancionados.
Es innegable que la dignidad y heroísmo del presidio político, que surgió en Cuba casi con el triunfo del castrismo, ha tenido gran influencia en el surgimiento de este fenómeno. Hasta mediados de la década de los años ochenta del pasado siglo los presos políticos cubanos cumplían su sanción separados de los comunes. A pesar de esto, muchas veces el Ministerio del Interior (MININT) utilizó —aún lo hace— a los comunes para enfrentar a los políticos, porque la prisión es una especie de sentina de la sociedad en la que se encuentran numerosas personas sin escrúpulos, precisamente las que los represores utilizan para cumplir sus objetivos.
A pesar de la separación mencionada, prácticas como “el plante” —de indudable génesis y connotación política— se fueron introduciendo entre los presos comunes como una forma de luchar contra las arbitrariedades de los funcionarios o como forma de presión para satisfacer reclamos.
Es obvio que la eliminación de tal separación obedece a que en Cuba no se reconoce la existencia del delito político. De hecho, una de las prácticas históricas de la dictadura castrista ha sido sancionar por delitos comunes a opositores políticos con el objetivo de denigrarlos ante la opinión pública nacional e internacional.
Sin embargo, suprimida esa separación, la influencia de los presos políticos no ha hecho más que crecer.
El preso político cubano se caracteriza —salvo excepciones, que siempre las hay— por tener mayor cultura que el preso común. Puede afirmarse que está mejor informado y tiene un punto de vista más certero sobre lo que ocurre en nuestra sociedad en comparación con el de los presos comunes. Esa posición rinde muchos dividendos en la lucha ideológica que se libra en todos los espacios sociales cubanos, incluidas las prisiones.
En ocasiones, las largas horas de encierro o los momentos de compartir en la solera o el comedor se convierten en espacios propicios para enconados debates donde los correveidiles de la dictadura quedan muy mal parados, incluidos funcionarios simples y oficiales, quienes, derrotados por la fuerza de la razón, no tienen otra alternativa que usar la razón de la fuerza contra sus adversarios ideológicos.
Otro aspecto que distingue a los presos políticos es su cohesión y su comportamiento. No pocos manifiestan fe religiosa. Muchos de ellos ayudan generosamente a quienes lo necesitan, a pesar de la extrema precariedad de la vida carcelaria y de que ellos están más expuestos a ser privados de visitas que los demás reclusos, algo que deriva en falta de alimentos y medicamentos.
Los presos políticos también se distinguen por su inclaudicable posición ante las injusticias y violaciones de sus derechos, y esto bien que lo saben los funcionarios del MININT. Es indudable que tal comportamiento engendra admiración entre los reclusos comunes, al extremo de que algunos de ellos toman conciencia sobre nuestra realidad gracias a esos ejemplos.
Pero también hay presos comunes que se radicalizan al sufrir en carne propia injusticias iniciadas en las unidades de la policía y luego ratificadas por la Fiscalía y los tribunales.
En 1999 conocí el caso de dos reclusos radicalizados políticamente cuando descubrieron que ningún recurso ni ninguna carta dirigida a las autoridades políticas del país habían logrado justicia para sus casos. Uno de ellos recibió una condena de cuatro años de privación de libertad porque presuntamente había ofrecido información para que unos vecinos suyos salieran del país por la zona de la Base Naval estadounidense. Incluido él, fueron cuatro los implicados en el caso. Tres negaron la acusación, uno la aceptó. Eso bastó para que el tribunal los sancionara a todos.
El otro caso resulta también ilustrativo de la crueldad del sistema de justicia cubano, la impunidad con que actúan los oficiales del MININT y el desamparo en que se encuentran los ciudadanos. El ciudadano al que me refiero se puso de acuerdo con tres vecinos para ir hasta una finca estatal y sacrificar una res. Según su testimonio —que pude verificar leyendo la sentencia— cada uno tomó cien libras de carne, pero tuvieron la mala suerte de ser sorprendidos al regreso por patrullas campesinas al servicio de la policía.
Ante los hechos, todos los acusados se reconocieron culpables en la Unidad Provincial de Operaciones del MININT de Guantánamo. Pero lo que parecía ser un caso expedito no lo fue, sencillamente porque al mando de esa unidad se le ocurrió imputarles, además, 23 casos de Hurto y Sacrificio Ilegal de Ganado Mayor que aún no habían sido esclarecidos, una práctica que todavía es común en la provincia.
Con el objetivo de que reconocieran esos hechos, la mayoría cometidos años atrás, los dejaron detenidos e incomunicados en esa unidad durante nueve meses, hasta que no les quedó más remedio que enviarlos a prisión provisional. Luego fueron sancionados nada menos que a la friolera de 35 años de privación de libertad.
La cruda realidad de estas personas que han tomado la decisión de convertirse en opositores a la dictadura dentro de las cárceles cubanas, donde la represión de la dictadura alcanza su faceta más cruel e impune, es que no pueden ser reconocidos como presos políticos. No obstante, reciben la misma represión, acoso, vigilancia y privaciones de derecho que los demás presos políticos. Todos ellos son considerados contrarrevolucionarios y sus expedientes carcelarios están marcados con dos letras rojas bien grandes: C/R.
Si alguna noticia relacionada con ellos trasciende el ámbito de la prisión y las autoridades cubanas se sienten obligadas a ofrecer alguna información al respecto, sin dudas acudirán rápidamente a los antecedentes de estos reclusos para desacreditarlos como vulgares delincuentes.
Con el aumento del número de personas presas en Cuba por motivos políticos y la permanencia de un sistema de administración de justicia corrupto es indudable que este fenómeno continuará creciendo.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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