Para tomar decisiones es necesario estar informados. Ocultar o dificultar el acceso a información pública no solo viola derechos ciudadanos acordados internacionalmente, sino que limita la conversación y la acción sobre el poder. La opacidad y la falta de transparencia son prácticas frecuentes de regímenes cerrados, como el cubano.
El derecho a la información ha sido estudiado y referenciado por la capacidad “llave” que otorga al ciudadano de interrogar a sus representantes y de hacerlos responder por su gestión. En la región, varios países cuentan con políticas públicas que regulan y facilitan ese derecho, pero Cuba no es uno de ellos.
Cómo se invierte el presupuesto estatal, más allá de la presentación de gráficos con rubros generales en la Mesa Redonda, debería ser de conocimiento público. Contar con datos desagregados sobre cuántas mujeres cubanas son víctimas de feminicidio o la información de contacto de los principales funcionarios públicos, también debería ser accesible.
Para abogar por el acceso a información de calidad, un grupo de medios e iniciativas cubanas se ha unido a la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información y han presentado la campaña conjunta Derecho a Saber, en favor del derecho de acceso a la información pública.
CubaNet, Alas Tensas, Árbol Invertido, Diario de Cuba, El Estornudo, elTOQUE, Hypermedia, Periodismo de Barrio, Rialta y Tremenda Nota han combinado recursos para alertar sobre el poco conocimiento sobre el derecho a la información y, también, sobre el uso desregulado que los órganos que deben garantizarla hacen de este derecho. En Cuba, por ejemplo, se esgrimen de manera continua excepciones y “cuestiones de seguridad nacional” para negar la información.
En una plataforma atractiva, los usuarios podrán encontrar recursos visuales, infografías, animaciones que se encuentran bajo licencia de Creative Commons, por lo que “pueden ser utilizados libremente por cualquier persona u organización interesada en replicarlos, sin la necesidad de autorización previa”.
El acceso a la información pública está reconocido en el Artículo 53 de la Constitución cubana, pero este reconocimiento no es suficiente.
Para exigir información, demandar su publicación y establecer mecanismos de control —más allá de la rendición de cuentas de un delegado que solo puede elevar inquietudes—, son necesarias normas, pero también habilidades y conocimientos que permitan a los cubanos pasar de espectadores al centro de las decisiones de la vida y las políticas públicas que les competen.
“La ciudadanía tiene derecho a saber dónde y cómo recibir los servicios públicos, a conocer en qué se invierte el presupuesto estatal, y cuáles son las decisiones que se toman y afectan su vida cotidiana. Proveer esta información es una obligación de los Estados”, declara el comunicado de la campaña.
Según recoge esta herramienta para la ciudadanía, “el gobierno cubano trabaja con la UNESCO en una ley sobre transparencia y acceso a la información, pero tiene planificada su promulgación hasta octubre de 2022”.
Hasta entonces es importante demandar que todo el proceso relacionado con la conformación de esa propia ley sea verdaderamente público y accesible para todas las personas.
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