Las calles de Uruguay, siempre repletas de personas que portan bajo el brazo un termo y una bombilla para absorber mate, devinieron este mes espacio de miles de trabajadores que exigen al gobierno mejoras salariales, entre otras demandas. Movilizaciones que culminarán el próximo día 7 de julio con un paro general del país.
El régimen derechista del presidente Luis Lacalle Pou, de la Coalición Multicolor, cuyo padre también gobernó la pequeña nación suramericana (1990-1995), ganó en referendo el pasado marzo, la Ley de Urgente Consideración (LUC), su proyecto estrella, la que sustentó las disposiciones neoliberales del Ejecutivo.
El resultado de la consulta popular significó que no fueron derogados 135 de los 476 artículos de la denominada LUC, que solicitaban numerosas organizaciones sindicales y sociales, ya que insuficientemente debatida por la población. Es una normativa que modifica decenas de artículos de otras leyes. Cambia diversas cuestiones que van desde las condiciones para ajustar los precios del combustible, hasta el papel de las empresas públicas en la economía, la educación, el empleo, la seguridad, la capacidad de pagar bienes en efectivo y el proceso penal uruguayo, al aumentar las penas para delitos como la ocupación de espacios públicos y poner límites a las protestas callejeras.
EL URUGUAY DE HOY
Son varias las circunstancias que motivaron a los trabajadores de Uruguay, uno de los cuatro miembros del Mercado Común del Sur, del cual es fundador junto a Argentina, Brasil y Paraguay, a plantarle cara al mandatario, a quien exigen cumpla con sus objetivos de campaña, con los que destronó al izquierdista Frente Amplio(FA), con tres mandatos previos.
En estos momentos, hay hambre en Uruguay, lo que resulta insólito, pues ese país suramericano produce alimentos para 30 000 000 de personas, cuando su población es de poco mas de 3 000 000 de habitantes. Famoso por su ganadería, hay casi cuatro reses por persona.
Que 100 000 uruguayos sigan comiendo en las ollas populares en los barrios cuando la pandemia de la COVID-19 está en retirada es el resultado de un modelo que está destruyendo el Estado con la venta de importantes empresas como una práctica económica y el sustento político de sus promotores; el lacallismo y sus socios Cabildo Abierto y el Partido Colorado.
Para analistas políticos, el actual es el mayor y más regresivo cambio económico desde la caída de la dictadura, porque el que se produjo en el 2002- 2003 fue el resultado de la explosión de la crisis financiera y bancaria tanto en Uruguay como en Argentina. Pero lo que ahora se aplica allí es un modelo económico y político, frio y premeditado.
La prensa uruguaya reprodujo informes y noticias sobre casos de hambre y pésima alimentación en centros educativos de Montevideo, la capital, una bellísima ciudad que abriga un malecón de contención del río La Plata, de donde parten con regularidad barcos con destino a la vecina Argentina.
El gobierno neoliberal liderado por Lacalle deja al desnudo un sistema que deja a miles sin protección estatal, aunque el oficialismo niega y desacredita tales situaciones.
Un relevamiento de la empresa Usina de Percepción Ciudadana recogió la opinión de la población sobre seguridad y hambre, y la respuesta de un 63 % fue que el 75 % de los sectores socioeconómicos de bajas entradas carecen de medios para comprar alimentos.
Respecto a la seguridad ciudadana, consultó con la frase “La seguridad pública está desbordada”. Los resultados arrojan que 66 % de los interrogados coincide con la afirmación, mientras que 16 % está indecisa, 16 % en desacuerdo y 2 % no sabe o no contesta.
Ante el malestar popular por el crecimiento de la delincuencia, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber compareció ante el Parlamento debido a la subida de cifras de homicidios, vinculados al narcotráfico, asaltos, robos y balaceras en escuelas que motivaron reclamos de docentes y familiares de escolares. Sin embargo, Heber no brindó solución.
Si se suman las distintas temáticas consultadas, la realidad económica es la que más preocupa. Un 14 % menciona la subida de precios, otro 14 % el desempleo, 10 % los bajos salarios y 9 % la pobreza.
Ante las críticas de distintos sectores, el Ejecutivo se escuda en las causas externas, que en efecto existen, pero no explican todo el panorama. El oficialismo dispone sucesivas alzas de combustible y recortes en varias áreas del Estado.
Las mediciones de distintas empresas de opinión pública revelan que el gobierno de Lacalle enfrenta un trimestre, y posiblemente un cuatrimestre bastante complicado, pues —de acuerdo con el periódico La Diaria— ya no es válido criticar al gobierno anterior del Frente Amplio. El gobierno se ha parado siempre sobre dos pilares en su relato y justificación de acciones.
La primera es echarle la culpa de todo al centroizquierdista Frente Amplio. Pero esta táctica empieza a hacer agua. La segunda sigue más firme y es la de mostrarse indemne e indefenso ante las condiciones externas, pero sin que, y eso genera duras criticas en su contra, no mueva un dedo para cambiar la situación.
La excusa sobre la problemática externa es la guerra ruso-ucraniana, mientras el lamento interior se remite a la pandemia de COVID-19. En contraste, y a pesar de que la situación económica y social es grave en Uruguay, las exportaciones engordan al gran empresariado.
MOVILIZACIONES POPULARES
Desde inicios de este mes, las asociaciones gremiales integrante de la central sindical uruguaya Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) y Convención Nacional Trabajadores (CNT) —PIT-CNT—, anunciaron un paro general el próximo día 7 en defensa del trabajo de calidad y salario, al que ya se han acogido numerosos gremios y organizaciones sociales.
Mientras, en las calles el ambiente está “movidito”, aseguró el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, quien remarcó que la lista de llamados a paralizar actividades es larga y abarca tanto a públicos como a privados.
Pereira denunció la persecución y la judicialización que sufren algunos sectores obreros, como los de la educación y del gas, y sostuvo que el conjunto de los sindicatos se movilizarán en defensa de derechos y conquistas que se quieren desconocer por el gobierno. Por esa razón, afirmó, el 7 de julio llevaremos adelante una gran movilización, en la cual participarán otras organizaciones sociales, grupos de trabajadores desempleados y población en general.
El dirigente sostuvo que “el gobierno tiene la palabra. Hoy la inflación crece y los salarios pierden poder de compra, el desempleo genuino cae y el hambre campea. Por esta razón el movimiento sindical dará respuestas, como siempre lo ha hecho”.
Mientras, el régimen trabaja para presentar un nuevo proyecto de ley de Rendición de Cuentas, en el que la Administración revisa las asignaciones presupuestarias del último año y ajusta algunas, de considerarlo necesario.
Para la economista Gabriela Mordecki, el complejo panorama inflacionario puede jugar un rol clave, en el informe presidencial.
Es que, dijo, si bien el Gobierno anunció “un adelanto en la recuperación de los salarios públicos y las jubilaciones”, se ignora si luego impondrá un descuento que implique una recuperación salarial “mucho más menguada”.
Las federaciones sindicales y sus ramificaciones temen que haya un crecimiento de la privatización de empresas públicas, como la Antel, de comunicaciones, entregada a cinco empresas privadas, lo cual fue calificado por líderes sindicales de esa rama como “un asalto a la soberanía del país, alineado con un modelo neoliberal y privatizador”
Este mes hubo paros en el transporte y la industria, funcionarios estatales, educación, sector sanitario y construcción, con movilizaciones callejeras y pliegos de demandas al oficialismo.
Para el politólogo Antonio Cardarello la oposición liderada por el FA y hoy presidido por el exlíder del PIT-CNT Fernando Pereira, está en un terreno fértil para hacer valer su peso, en tanto aliado clave de los movimientos sindicales.
Según Cardarello, el FA “históricamente” supo utilizar los asuntos económicos como centro del debate y, tras un comienzo difícil después de su derrota electoral de 2019, llega a 2022 “reforzado” en su carácter de fuerza opositora, por lo que puede aprovechar el momento a su favor.
Es muy probable que en su rendición de cuentas al Parlamento, el presidente Lacalle brinde alguna respuesta a los trabajadores, pues quizás sus esperanzas de ser reelecto en 2024 podrían convertirse en humo.
