El eurodiputado español Hermann Tertsch aseguró este 27 de junio al activista cubano Alberto Fonseca que los diputados de derecha de Europa lucharían por la libertad de los presos políticos en Cuba durante una reunión de trabajo.
Tertsch, militante del partido conservador Vox, calificó de “brutal” la represión contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio y dijo que los juicios fueron una “farsa”, sin garantías legales mínimas.
Fonseca, hermano de un prisionero político que fue condenado a 10 años de cárcel por romper en público una imagen del dictador Fidel Castro, agradeció la conversación y elogió el conocimiento sobre Cuba del parlamentario.
La ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD) elevó este 8 de junio a 1046 la cifra de su registro sobre presos políticos en Cuba, la mayoría encarcelados tras la escalada represiva por las manifestaciones de julio de 2021, que se extendieron por más de 60 localidades de la isla.
Roberto Pérez Fonseca, el hermano de Alberto, recibió una condena de 10 años por los supuestos delitos de “atentado”, “desacato”, “instigación para delinquir” y “desorden público”. Fiscalía había pedido en un inicio 12 años de cárcel.
Aunque las autoridades aseguraron que el joven manifestante agredió “con piedras y botellas” a agentes de policía en San José de las Lajas, Mayabeque, el día de las protestas, Alberto asegura que la sentencia en verdad lo castiga por destruir en público el cuadro del dictador.
Las protestas de julio comenzaron en San Antonio de los Baños, un pueblo ubicado en la provincia Artemisa, y se extendieron a decenas de localidades del país. Según expertos, se trata del estallido social más grande en la historia del socialismo cubano.
El Gobierno reconoció la muerte de una persona, Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años y residente en el municipio habanero Arroyo Naranjo, de quien no se dieron las causas del deceso en la nota oficial.
Entre los 1046 que continúan entre rejas, hay 37 menores de edad, 23 de los cuales ya han sido sentenciados. Según Prisoners Defenders, gran parte de estos menores han sido condenados por sedición y la pena media son seis años y medio de cárcel.
En términos generales, de los 726 presos que tienen sentencia, 246 han recibido penas superiores a los diez años de prisión.
