En 1969 Norma McCorvey (1947-2017), por entonces una joven de unos 20 años, quiso interrumpir un embarazo no deseado. La muchacha había crecido en circunstancias de pobreza, dado a luz dos veces y entregado a ambos niños en adopción. En el momento de aquel embarazo, el aborto era solo legal en Texas cuando ponía en riesgo la vida de la mujer. Si bien las mujeres estadounidenses con suficientes medios económicos podían abortar viajando a otros países en los que el procedimiento era seguro y legal, o pagando una suma elevada a un médico local dispuesto a realizar un aborto por debajo de la cuerda, esas opciones estaban, de hecho, fuera del alcance de McCorvey y de muchas otras mujeres de su misma condición social.
Proyecciones confiables aseguran que en las décadas de los 50 y los 60 del siglo XX el número de abortos ilegales en Estados Unidos llegó a alcanzar un máximo de 1,2 millones anuales. Después de intentar sin éxito obtener un aborto ilegal, McCorvey fue remitida a las abogadas texanas Linda Coffee y Sarah Weddington, interesadas en desafiar las leyes vigentes contra el aborto. En los documentos del proceso, McCorvey pasó a llamarse “Jane Roe” por una cuestión de privacidad. En 1970, esas abogadas presentaron una demanda en su nombre y en el de todas las mujeres “que estaban o podrían quedar embarazadas y quieren considerar todas las opciones”. El demandado era Henry Wade, el fiscal de distrito del condado de Dallas, donde residía McCorvey/Roe.
En junio de 1970, un tribunal de distrito de Texas dictaminó que la prohibición estatal del aborto era ilegal porque violaba el derecho constitucional a la privacidad. Después, el juez Wade declaró que continuaría procesando a los médicos que practicaban abortos, hasta que el caso finalmente fue aceptado por la Corte Suprema (en medio de este proceso, McCorvey dio a luz y decidió dar al niño en adopción).
El 22 de enero de 1973 la Corte Suprema, en una decisión de 7-2, anuló la ley de Texas que prohibía el aborto, legalizando, por consiguiente, el procedimiento en todo el país.
El tribunal legisló que el derecho de la mujer al aborto estaba implícito en el derecho a la privacidad protegido por la Enmienda 14 de la Constitución.
Un parteaguas.
En el día de hoy se ha destrozado ese parteaguas con la votación de seis contra tres, con la que la Corte Suprema acaba de anular el precedente establecido por la sentencia del caso Roe vs. Wade, que dio en 1973 rango constitucional a la libertad de las mujeres de interrumpir el embarazo.
EEUU: Corte Suprema decide terminar con la protección constitucional al aborto
La Corte Suprema
Tres factores han determinado la actual mayoría conservadora en la Corte Suprema de Estados Unidos (6-3), hecho con profundas implicaciones políticas, sociales y culturales en el largo plazo.
El presidente Trump comenzó su mandato en enero de 2017 con una vacante en la Corte Suprema por la muerte del juez Antonin Scalia, en febrero de 2016. En ese momento, tres de los jueces de la Corte (Ruth Bader Ginsburg [1933], Anthony Kennedy [1936] y Stephen Breyer [1938]) tenían 78 años o más y estaban en el ambiente de posibles jubilaciones o fallecimientos durante los cuatro años del mandato Trump. Este, de inmediato, nominó al juez Neil Gorsuch para suceder a Scalia. El nuevo juez fue confirmado por el Senado en abril de 2017.
Más tarde, en junio de 2018, el juez centrista Anthony Kennedy anunció su retiro, creando una segunda vacante en la Corte Suprema. Al mes siguiente, Trump nominó a Brett Kavanaugh como su remplazo, ratificado por el Senado después de un proceso muy caliente por alegaciones de acoso sexual durante su juventud.
Por último, tras la muerte de la jueza superliberal Ruth Bader Ginsburg el 18 de septiembre de 2020, Trump nominó a Amy Coney Barrett como su sustituta. Un mes después, el 26 de octubre de 2020, fue confirmada por una votación de 52 a 48.
Estas tres confirmaciones fueron factibles gracias a un cambio de regla realizado por los demócratas del Senado en 2013, que aplicó la llamada “opción nuclear” a los candidatos presidenciales y permitió que las nominaciones avanzaran por mayoría simple de votos.
Pero vale la pena abundar un poco sobre el proceso luego de la muerte de Scalia, la segunda vez en 60 años en que un juez de la Corte Suprema fallecía en funciones. Esto dio lugar a una vacante durante el último año de la presidencia de Barack Obama. Mitch McConnell, por entonces el líder de la mayoría republicana en el Senado, declaró que el nuevo presidente, cualquiera fuera su filiación partidaria, debería ser el que nominara al sustituto de Scalia. Mientras, el presidente Obama declaró que planeaba nominar a un candidato suyo para remplazarlo. El 23 de febrero, los 11 miembros republicanos del Comité Judicial del Senado firmaron una carta a McConnell declarando su intención de negar el consentimiento a cualquier candidato propuesto por Obama, y subrayando que no se realizarían audiencias hasta después del 20 de enero de 2017, una vez que el nuevo presidente hubiera asumido el cargo.
Ginsburg y Breyer formaban parte del ala liberal de la Corte; Kennedy era un centrista/moderado. A los republicanos se les abrió entonces una oportunidad dorada durante el mandato de Trump para poder alterar el balance del poder en Suprema y remodelar significativamente la Corte hacia una perspectiva sólidamente conservadora.
Eso fue exactamente lo que ocurrió. Tras la muerte de Ginsburg y la confirmación de Amy Coney Barrett, la Corte Suprema se movió hacia el conservadurismo. El tema del aborto fue central en la elección trumpista.
La filtración
El pasado mes de mayo Politico filtró un documento comprometedor: a principios de este año la mayoría de la Corte Suprema había apoyado anular el dictamen de Roe vs. Wade.
El texto filtrado establece que no existe un derecho constitucional para los servicios de aborto. Por consiguiente, se permitiría que los estados regulen más estrictamente o prohíban por completo el procedimiento.
El borrador está firmado por el juez Samuel Alito, miembro de la mayoría conservadora de la Corte y designado por el presidente George W. Bush en 2005. Una fuente familiarizada con las deliberaciones internas dijo que cuatro de los jueces designados por los republicanos (Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett) habían votado con Alito en la conferencia celebrada entre los jueces después de escuchar los argumentos orales.
La divulgación del borrador de la opinión mayoritaria de Alito, una rara violación del secreto de la Corte Suprema y de la tradición en torno a sus deliberaciones, se produjo cuando todas las partes en el debate sobre el aborto se estaban preparando para el fallo.
Esto es lo que dice el borrador: “Roe estaba terriblemente equivocado desde el principio. Su razonamiento fue excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Y lejos de lograr un acuerdo nacional sobre el tema del aborto, Roe y Casey han inflamado el debate y profundizado la división”.
“Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados”, agrega haciendo referencia al caso de 1992 de Planned Parenthood vs. Casey, que afirmó el hallazgo de Roe de un derecho constitucional a los servicios de aborto, pero permitió que los estados impusieran algunas restricciones a la práctica.
Y concluye: “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”.
El juez Samuel Alito junto al ex presidente Donald Trump. Foto: The New York Times.
Algunos observadores predijeron que la mayoría conservadora eliminaría el derecho al aborto sin anular de plano un precedente de casi medio siglo. Pero el borrador indica que el tribunal busca rechazar la lógica toda y las protecciones legales de Roe vs. Wade.
Eliminar Roe vs. Wade significa fallar a favor de Mississippi en el caso sobre la decisión de ese Estado, intentando así prohibir la mayoría de los abortos después de las quince semanas de embarazo.
Las repercusiones en el lado conservador no se hicieron esperar: “Estamos entrando en una nueva realidad”, dijo en un comunicado Craig DeRoche, presidente y director ejecutivo de Family Policy Alliance, un grupo de cabildeo cristiano conservador de Colorado Springs. “Este es el momento que el movimiento pro-vida ha estado esperando. Por primera vez en casi cincuenta años, los estados tendrán la oportunidad de proteger completamente a sus ciudadanos más jóvenes”. En Facebook, el reverendo Franklin Graham, hijo del televangelista Billy Graham, escribió: “¡Alabado sea Dios! …. No sé si este informe es cierto, pero si lo es, es una respuesta a muchos años de oraciones”.
“Si este informe es cierto, esto es nada menos que una gran victoria para la vida y salvará la vida de millones de bebés inocentes”, dijo el senador Ted Cruz, republicano por Texas, en un despacho de prensa. “Pero mientras sigo esperando la opinión final de la Corte Suprema, estoy consternado por el impactante abuso de confianza que plantea esta filtración”.
Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization y el futuro del aborto en Estados Unidos
Los Estados
La estrategia conservadora, muy bien pensada y articulada, consistió en dar un impulso “desde abajo” para incitar/estimular juicios federales sobre el aborto y, con ello, aumentar las posibilidades de que la Corte Suprema, con su nueva mayoría conservadora, que acaba de dictaminar la anulación de Roe v. Wade.
Eso es exactamente lo que quieren decir con la expresión: “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”.
Veamos. Según cálculos de defensores de los derechos reproductivos, desde 2010 las legislaturas estaduales han aprobado alrededor de 400 proyectos de ley contra el aborto, algunos tan inconstitucionales que jueces federales no han tenido más opción que anularlos.
Ciertos Estados han venido acudiendo a las llamadas “leyes gatillo” —en inglés, trigger laws—, esto es, legislaciones que no pueden implementarse a menos que se derogue Roe vs. Wade, pero que, por lo mismo, están ahí, latentes, esperando para entrar en acción. Estas movidas constituyen una manera de garantizar que el aborto sea automáticamente ilegal una vez anulado Roe vs. Wade, como acaba de suceder.
Las “leyes gatillo” no son nuevas: se remontan al año en que se decidió Roe vs. Wade, e históricamente varios Estados conservadores las han presentado en sus legislativos. Pero de aquí para atrás han solido fallar. Ahora, no necesariamente.
Sin tiempo ni espacio para un inventario exhaustivo, entre los Estados que han promulgado “leyes gatillo” valdría la pena mencionar los siguientes:
- En febrero de 2019 Arkansas aprobó la Ley 180. “Una ley para crear la Ley de protección de la vida humana de Arkansas; para abolir el aborto, proteger la vida de los niños no nacidos; y otros fines”. El quinto Estado en tener una ley-gatillo. Dice textualmente: “el aborto en Arkansas está abolido” en el caso de que Roe Wade se haya revertido y no haya excepciones por violación o incesto. La legislación también solicita a la Corte Suprema reconsiderar Roe vs. Wade.
- En 2016 Luisiana aprobó la Ley de Protección de la Vida Humana. Ese Estado ya tiene algunas de las leyes de acceso al aborto más restrictivas de Estados Unidos, pero en caso de que se anule Roe vs. Wade, el procedimiento será automáticamente ilegal. La “Ley de Protección de la Vida Humana” sostiene que “entraría en vigencia de inmediato” en caso de que la Corte Suprema “revierta, en todo o en parte, Roe vs. Wade restituyendo así al estado de Luisiana la autoridad para prohibir el aborto”. No establece excepciones en caso de violación o incesto.
- En 2007, fue Mississippi. En el escenario de que la Corte Suprema anule Roe vs. Wade, el fiscal general de ese estado tendría que certificar primero la decisión y que “es razonablemente probable que [la prohibición del aborto] sea confirmada por la Corte como constitucional”. La prohibición hace excepciones en caso de que la vida de la madre esté en peligro. Pero el Senado de Mississippi aprobó una propuesta de ley que prohibiría la mayoría de los abortos una vez que se detecte un latido fetal, una clara violación de Roe vs. Wade.
En Mississippi aprueban prohibir el aborto tras latido fetal
Los Estados liberales también se han estado preparando para un mundo post Roe vs. Wade mediante la vía opuesta: aprobando leyes que mantendrían o ampliarían el acceso al aborto. En enero de 2019, por ejemplo, los legisladores de Nueva York aprobaron la “Ley de Salud Reproductiva”, que protege el acceso a los abortos después de 24 semanas si el feto no es viable o si existe riesgo para la salud de la madre. Leyes similares se han introducido y han ganado fuerza en Estados como Nuevo México, Virginia y Vermont.
A la larga, resulta inconcebible que los Estados rojos sigan obstruyendo el acceso al aborto. Y es particularmente engorroso que lo hagan acudiendo a razonamientos-pantalla sobre la salud y la seguridad de las mujeres, quienes en última instancia son las llamadas a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. De igual modo, que intenten interferir con la decisión de una mujer de criar a un niño con una discapacidad o de someterlo a vivir con un padecimiento grave, o simplemente de llevar a término un embarazo, dar a luz, amamantar y todo lo que supone tener un hijo. Se trata de una expresión de neototalitarismo. Y promovida nada menos que por el partido que preconiza la idea de un “gobierno mínimo” en la vida de los ciudadanos.
Pero hay un problema de opinión pública. Las encuestas han venido mostrando que la mayoría de los votantes se oponen a revocar Roe vs. Wade. Una del Wall Street Journal encontró que el 55 % de los encuestados dijeron que querían que el aborto fuera legal en todos o en la mayoría de los casos, mientras que el 30 % dijo que debería ser ilegal excepto en casos de violación o incesto o cuando la vida de la madre estuviera en peligro. Peligro. Solo el 11 % dijo que debería ser ilegal en todas las circunstancias.
Una segunda, de Gallup, arroja que el 52 % de los estadounidenses piensa que el aborto es moralmente aceptable, mientras un 38 % lo encuentra moralmente incorrecto.
Mas recientemente, después de la filtración, una de USA Today-Suffolk University encontró que el 61 % de los votantes se oponen a anular Roe vs. Wade, el 28 % apoyaba quitarlo y el 11 % estaba indeciso.
Roe vs. Wade reformó sustancialmente la política nacional estadounidense, al deslindar dos campos: pro vida y pro elección. Y eso es justamente lo que arde en medio de esta división en que está sumida la Unión, como lo ilustraba aquella serpiente en sus días fundacionales.
El borrador se hizo realidad con el fallo de hoy.
La guillotina acaba de caer. Pero Suprema sigue en la mira, tal vez como nunca antes.
