En la medianoche del 17 de junio, entró en vigor el estado de excepción decretado por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, en tres provincias del país ante las movilizaciones indígenas en gran parte del país que ya cumplen cinco días.
Telesur conoció que el estado de excepción para las provincias de Pichincha, Imbabura y Cotopaxi por un periodo de tres meses faculta al Jefe de Estado a movilizar a las Fuerzas Armadas para mantener el orden interno, suspender derechos ciudadanos y declarar toques de queda en las regiones donde rige la medida.
Críticos al presidente advirtieron que esta acción podría incrementar la represión a las manifestaciones por parte de las fuerzas policiales y de seguridad, de acuerdo a la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en cinco días de protestas ha dejado más de 40 heridos y 37 detenidos, señala la televisora.
Como parte del intento de poner fin a las movilizaciones, Lasso resolvió elevar de 50 a 55 dólares un bono económico para aliviar la difícil situación de las familias más pobres.
También anunció que subsidiará hasta 50 por cierto el precio de algunos insumos para pequeños y medianos productores y ordenó condonar los créditos vencidos por hasta 3.000 dólares otorgados por el banco estatal.
En el anuncio Lasso no se refirió a la congelación y reducción del precio de las gasolinas, que es una de las principales demandas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
El presidente ecuatoriano descartó entrar en procesos de privatización de servicios públicos y sectores estratégicos, que es otra de las demandas del movimiento indígena, opuesto a la gestión económica del mandatario a la que consideran cercano al Fondo Monetario Internacional (FMI).
En la víspera, el presidente Lasso volvió a convocar a la mesa de conversaciones a todos los sectores de la sociedad, sin incluir a la Conaie u otros colectivos que se han sumado a las protestas.
La Conaie interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Ecuador en contra de Guillermo Lasso y los ministros Patricio Carrillo y Luis Lara por la detención ilegal del presidente Leonidas Iza.
