La activista y opositora cubana Rosa María Payá exigió este 7 de junio que los nombres de Cuba, Venezuela y Nicaragua se reconozcan como Estados que violan los derechos humanos en una declaración de la sociedad civil latinoamericana a los líderes que participan en la Cumbre de las Américas.
Al participar en un foro paralelo al evento principal, que tiene lugar en Los Ángeles, California, la hija del famoso disidente cubano Oswaldo Payá coincidió con otros representantes latinoamericanos en nombrar claramente a estos Gobiernos, violadores del consenso democrático en el continente.
“Nosotros como sociedad civil tenemos que mencionar por sus nombres a las tres dictaduras que están sangrando nuestro continente”, declaró.
Los participantes en el foro fueron enfáticos en este sentido y sugirieron que la vocera del evento, la panameña Adela Panezo, intentaba ser condescendiente con los regímenes dictatoriales de América Latina al evitar una mención específica en el documento.
Payá denunció en Twitter este martes la asistencia de Panezo a foros organizados por La Habana.
“No sabemos cómo fueron elegidas las vocerías. Me preocupa mucho una vocería que está defendiendo el derecho de la dictadura a estar en la mesa en lugar del derecho de los pueblos a vivir en democracia”, respondió Payá esta mañana a Panezo cuando esta lamentó la exclusión de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El lunes, Estados Unidos dio a conocer su decisión definitiva de no aceptar en el foro a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua por sus violaciones a los derechos humanos y las reglas democráticas.
En cambio, sí fueron invitados actores de la sociedad civil cubana, residentes en el exilio y en la isla, pero a estos últimos el gobierno comunista les prohibió viajar.
Durante 2021, en Cuba se agravó la situación de derechos humanos, sobre todo tras las masivas protestas contra el régimen comunista que estallaron en julio pasado. Permanecen cientos de presos en las cárceles de la isla, en su mayoría jóvenes, condenados a penas de hasta 30 años por manifestarse durante el levantamiento popular del último verano.
