LA HABANA, Cuba. – Tras 10 meses y 10 días de que la Seguridad del Estado me abriera un expediente y acusara de “desórdenes públicos” por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), este 25 de mayo se cerró el proceso.
Fui citada para la estación policial de Aguilera, en el municipio Diez de Octubre, en donde ―en presencia de mi abogada― el teniente Ernesto Dávila Gallardo (de la Seguridad del Estado) me impuso una multa de 1 000 CUP, en virtud de la Ley 143, artículo 17, inciso b, referida al “criterio de oportunidad”. Esta norma permite a las partes resolver las diligencias sin llegar a tribunales.
Además de la multa, se hizo oficial la confiscación de varios bienes personales que me ocuparan el 12 de julio de 2021, luego de mi detención: tanto aquellos que tomaron del lugar donde entonces vivía como los que llevaba conmigo en el momento del arresto. En total, fueron dos laptops, un disco duro, dos teléfonos, cinco memorias flash (algunas de ellas vacías), agendas de trabajo, libros, una blusa (que llevaba puesta el 11J), 50 USD y 20 000 CUP. Debo destacar que parte de estos bienes ni siquiera eran de mi propiedad, lo cual era fácilmente comprobable.
Según la legislación cubana, el decomiso debe ser de aquellos bienes que hayan sido utilizados para la comisión del delito u obtenidos como resultado de él. El supuesto delito de “desórdenes públicos” nada tiene que ver con esto pues, según el artículo 200 del Código Penal (el vigente aún), incurre en él aquel que, “en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas, dé gritos de alarma, profiera amenazas de un peligro común o realice cualquier otro acto con el propósito de provocar pánico o tumulto”. Para esta acusación solo contaban con dos supuestos testigos, ambos agentes del régimen, además de mi firme confirmación de haber reportado las protestas de ese día. No hubo delito y tampoco ninguno de los equipos embargados se utilizaron para la comisión de él; aun así, se impuso la sanción. La única explicación de Ernesto era que estos bienes tenían contenidos “contrarrevolucionarios”; una vez más, nada que ver con el supuesto delito que imputaban. Tampoco pudieron probar o constatar que esos bienes se habían adquirido como resultado de la comisión del delito.
Solo me devolvieron algunos equipos, realmente insignificantes, como un cargador de teléfono portátil y un mouse inalámbrico, también una tableta propiedad de un amigo masón (supongo que esto lo pudieron constatar), y una grabadora de audio marca Sony que debieron haber roto pues no funciona.
Debo pagar la multa en tres días. Y, en este punto, hago una aclaración: yo participé en las protestas del 11J en La Habana como reportera, tal y como se lo hice saber a los oficiales de la Seguridad del Estado que me interrogaron ―al menos dos veces al día durante unas dos horas en cada ocasión― los cuatro días que estuve detenida. No me arrepiento de haberlo hecho y lo volvería a hacer. Informar no es un delito, tampoco manifestarse pacíficamente. Aceptar esta multa significa que, sin siquiera poder defenderme, acepto una medida arbitraria o que cometí ese supuesto delito pero, por otro lado, representa que no tendré que llegar a tribunales, lo cual, conociendo las violaciones constantes que se cometen y el estado de indefensión total ante las leyes, es el menor de los males. Mientras, ir a juicio sería enfrentar una condena segura, de tres meses a un año.
De esta forma, finaliza la acusación y, por tanto, la medida cautelar de reclusión domiciliaria (por la cual estuve más de cinco meses bajo vigilancia diaria, en mi propia vivienda).
Se cierra mi proceso, pero al menos otras 730 personas ―de las cerca de 1 470 arrestadas el 11J― continúan tras las rejas, según el grupo de trabajo Justicia 11J. De este total, 564 han sido juzgadas y 519 sentenciadas, 40 esperan sentencias y solo cinco han sido absueltas. Prisoners Defenders registra además a otros 141 presos políticos desde antes de las protestas o que se sumaron luego por diferentes motivos.
Luis Manuel Otero Alcántara y a Maykel (Osorbo) Castillo irán a juicio próximamente con peticiones fiscales de siete y diez años de prisión, respectivamente. José Daniel Ferrer, Félix Navarro y su hija, Sayli Navarro, Sissi Abascal y cientos más están tras las rejas por ejercer un derecho humano. Todos ellos son los más vulnerables ahora mismo.
Justo este miércoles fueron excarcelados unos nueve manifestantes del 11J en La Habana y Santa Clara, quizás una estrategia del régimen para buscar una mayor relajación de sanciones, fundamentalmente de Estados Unidos.
En mi caso, aunque me liberaron, me mantuvieron más de 10 meses de hostigamiento constante, con la carga sicológica que ello representa tanto en lo personal como para la familia y amigos. Algunas personas cercanas fueron detenidas o interrogadas durante ese tiempo solo por su relación conmigo.
No obstante, esta sanción, aunque finaliza una etapa, abre paso a otra aún peor. El nuevo Código Penal es más criminal que el anterior, y dota al régimen de herramientas represivas que atentan directamente contra los periodistas independientes, la oposición y la sociedad civil en general. El calvario está lejos de acabar.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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