Un video publicado en exclusiva por Diario de Cuba evidencia la parcialidad de la Justicia en Cuba, sometida al Partido Comunista y el Ministerio del Interior.
El material titulado “Así se pacta la justicia en Cuba” es inédito y se trata de una reunión realizada en noviembre de 2018, encabezada por Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, con la participación de fiscales, instructores penales y miembros de Criminalística.
Ferro asegura sin inmutarse que la Justicia en Cuba responde a los intereses del Partido Comunista, el Poder Popular y de la revolución y que así era en 2018 y así seguirá siendo en el futuro.
El presidente del Tribunal Supremo dice al principio del video que una reunión semejante, “con esta composición… que para nosotros es tan natural”, es “impensable” en el resto del mundo. Los jueces de otras partes, afirma, “no discuten con nadie, nada; lo más grande del mundo. No escuchan a nadie, lo mío es el proceso… Y no hay nada que interactuar, ni las inquietudes… Sí, sí o no, no, y fuera”.
Mientras los militares que asisten a la reunión toman nota diligentemente, Ferro agrega que ellos no son “los jueces del enemigo, siempre lo digo, ni los jueces que están para poner mala la cosa… Nosotros no somos del enemigo, nosotros somos los jueces de la revolución, y los jueces del partido… y por eso estamos aquí también”, señaló.
Según dijo, la inmensa mayoría de los jueces en Cuba responde a esta idea, y que no dice la totalidad para “dejar un resquicio a alguno que esté de gallo tapado por ahí”.
Ferro argumenta que “a la revolución, al partido, y al pueblo cubano no le interesa que en nombre de la seguridad y la prevención del delito se sancione a inocentes o se cometan injusticias”.
Sobre los derechos constitucionales del acusado, que estaban siendo reforzados en la revisión de la Carta Magna de 1978 que tenía lugar en ese momento, el presidente del Tribunal Supremo los ve como un “obstáculo” a su labor.
DDC subraya que el nuevo Código Penal cubano resuelve ese “problema”, al castigar el “uso excesivo de libertades y derechos constitucionales”.
Ferro menciona la “teoría” del uso del derecho penal como instrumento para “defender al acusado frente al poder punitivo del Estado”, y aunque admite que en parte es así, se muestra más propenso a utilizarlo “para que no halla impunidad con el delito”.
“No soy muy ortodoxo en creer que eso es así. Yo creo que nosotros no podemos… Nosotros tenemos que ver cómo hacemos eso a la cubana, porque si no es el caos”, señaló.
Acota que, en Cuba, solo entre el 6% y el 8% de los casos procesados terminan en absoluciones, lo que para él quiere decir que “al final hubo resultados”, una expresión que denota su falta de imparcialidad para impartir justicia.
Sobre los reclamos de jueces que no están a favor de que los expedientes de investigación sean devueltos a la Fiscalía, algo que atenta contra la imparcialidad que deben mantener en el proceso, Ferro señala que la petición de devolución es una “señal” que el juez debe atender en aras de lograr una condena. Si no lo hace, alerta, ya verán como este porciento de absoluciones sube.
En una nota sobre las declaraciones de Ferro, DDC recuerda que el Artículo 57 de la Constitución cubana establece que “la función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye”.
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, como parte del séptimo periodo ordinario de sesiones, aprobó en 2021, tras las protestas del 11J, una nueva Ley del Proceso Penal que entró en vigor en 2022, y “establece el principio de oportunidad, para una mayor transparencia, agilidad y racionalidad en la aplicación de la justicia”.
El presidente del Tribunal Supremo aseguró entonces, en presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel, que con la nueva ley se regula con mayor precisión el carácter excepcional del empleo de la medida cautelar de prisión provisional, y se incorpora el control judicial por los tribunales sobre la permanencia de su institución.
El 24 de julio, el presidente del Tribunal Supremo de Cuba anunció que se mantenía abierta la investigación de “un grupo de hechos de extrema violencia y gravedad”, en referencia a las protestas ocurridas días antes, el 11 de julio.
El reporte del Departamento de Estado de EEUU sobre las prácticas de derechos humanos en el 2021 señala que “los problemas significativos de derechos humanos en Cuba incluyeron informes creíbles de ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno; desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos y degradantes a disidentes políticos, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias”.
Al presentar el informe, el Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo que entre los hallazgos más alarmantes en el reporte de este año se encuentra el aumento del encarcelamiento de ciudadanos críticos del gobierno.
El informe también señala serios problemas con la independencia del poder judicial en Cuba; injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad; represalias contra miembros de la familia por delitos presuntamente cometidos por un individuo; restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia o las amenazas de violencia contra los periodistas, así como la censura y las leyes penales contra la difamación utilizadas contra las personas que critican al gobierno y serias restricciones a la Internet.
El presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, y los jueces a su cargo, han estado detrás de las largas condenas de cárcel a los manifestantes del 11J, entre ellos, menores de edad.
