En septiembre de 1988, cuatro cubanos (Oswaldo Payá, Ramón Antúnez, Dagoberto Capote Mesa, Fernando Avedo y Santiago Cárdenas) fundaron un movimiento político basado en la doctrina social de la Iglesia: el Movimiento Cristiano de Liberación (MCL).
Desde su surgimiento, el MCL ha promovido un cambio democrático ciudadano en Cuba a través del empleo de los recursos legales establecidos por el Estado. Su posición crítica hacia el Gobierno les ha valido décadas de represión y persecución política.
El 10 de mayo de 2002, Oswaldo Payá Sardiñas —quien moriría en 2012 en medio de circunstancias no esclarecidas— en nombre del MCL, presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) la iniciativa legislativa popular (ILP) más relevante que se ha tratado de impulsar en Cuba; en un inicio, estuvo respaldada con la firma de 11 020 cubanos.
El Proyecto Varela, en concreto, era una propuesta para la democratización del país. Pedía impulsar una consulta popular, la concesión de mayores espacios para la iniciativa privada, una amnistía, una ley electoral y la realización de elecciones libres.
Junto a esta propuesta fue entregada una carta de Payá Sardiñas a Ricardo Alarcón, entonces presidente de la ANPP. En la misiva, el líder opositor escribió en referencia al Proyecto Varela:
“Los cubanos, como seres humanos, tenemos derechos que las leyes vigentes no garantizan, por lo que dichas leyes deben ser transformadas. La decisión debe ser tomada por el pueblo soberano en una consulta popular. La Constitución de la República de Cuba, en su artículo 63, anuncia el derecho ciudadano a dirigir quejas y peticiones a las autoridades. Le presentamos a usted, como presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Proyecto Varela, en su condición de iniciativa de ley, ya que con la intención de ejercitar esta iniciativa más de diez mil ciudadanos electores han firmado la solicitud de convocatoria a un referendo. Hemos cumplido con el requisito indispensable exigido por la Constitución de la República para que una propuesta se convierta en proyecto de ley”.
El Parlamento cubano rechazó la propuesta. El 26 de junio de 2002 aprobó por unanimidad una reforma constitucional que declaró la irrevocabilidad del sistema socialista en el país y el papel fundamental del Partido Comunista como fuerza política dirigente superior del Estado y la sociedad.
PROYECTO VARELA, UN ANTES Y UN DESPUÉS
Regis Iglesias, portavoz del MCL y exprisionero político de la Primavera Negra, afirmó que, con anterioridad al Proyecto Varela, la alianza disidente “Todos Unidos” promovió la convocatoria para un referendo. Esa alianza, “entre traiciones y celos que boicoteaban la colecta de firmas”, pronto derivó en un Comité Gestor, del cual Payá Sardiñas fue el principal coordinador, y, además, se organizaron Comités Ciudadanos para la colecta de firmas.
Los Comités Ciudadanos contaron, según Iglesias, “con las mismas personas sin adhesión política que poco a poco iban sumándose al proyecto y solo así fueron logradas las firmas necesarias y los focos referenciales en todo el país”.
En su momento, el Proyecto Varela recibió muchas críticas de un sector de la oposición y la ciudadanía que lo entendía como un reconocimiento o una forma de legitimar al Gobierno de La Habana y sus mecanismos legales.
¿Cuáles fueron las razones del Gobierno cubano para archivar el Proyecto Varela si este se basaba en los recursos legales permitidos por la Constitución de 1976?
Al respecto, Miguel Álvarez Sánchez, entonces asesor de asuntos políticos e internacionales de Ricardo Alarcón y quien más tarde sería juzgado y encarcelado por espionaje, explicó en 2003 al diario español El País que el tema se había analizado con minuciosidad por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, la cual decidió archivarlo porque lo planteado por el MCL era “inconstitucional” y contenía “vicios jurídicos y técnicos que fueron puestos en conocimiento” de sus promotores.
Pero esta no fue la única respuesta del Estado cubano. Como consecuencia, 75 disidentes —42 de ellos organizadores del Proyecto Varela— fueron condenados a penas entre seis y 28 años de cárcel durante lo que ha pasado a la historia cubana reciente como la Primavera Negra (marzo de 2003).
Luego de las firmas iniciales, el MCL logró reunir más de 3500 a favor del Proyecto Varela, unas 1400 entregadas por Payá Sardiñas en 2003 y otras 1000 por Eduardo Cardet —actual coordinador nacional del movimiento— en 2016. El apoyo que significaban estas firmas no persuadió al Gobierno. A decir del MCL, la “única respuesta” gubernamental fue la persecución, el secuestro, la cárcel, el destierro y el asesinato”.
Los 75 periodistas y activistas encarcelados fueron liberados tras años de campañas, la mayoría de ellos se exiliaron gracias a la intervención de la Iglesia Católica cubana y el Gobierno español.
Un reporte de la agencia Reuters menciona que las liberaciones ocurrieron a raíz de un acuerdo a mediados de 2010 entre el entonces presidente Raúl Castro y el cardenal Jaime Ortega. En ese momento, 52 presos políticos permanecían en prisión; el resto había sido excarcelado por problemas de salud.
Otros 12 decidieron quedarse en el archipiélago, entre ellos los opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro, ambos habían sido condenados a 25 años de privación de libertad por atentar contra la seguridad nacional bajo la Ley 88.
Ferrer y Navarro hoy sufren prisión nuevamente por participar en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Navarro, de 68 años, fue condenado a nueve años de cárcel por los supuestos delitos de desorden público, atentado y desacato. Ferrer deberá cumplir cuatro años y 14 días por haber violado los requisitos de limitación de libertad que le impusieron en 2020, la cual había sido sustituida por prisión domiciliar.
A pesar de las represalias y más allá de la efectividad jurídica del Proyecto Varela, la iniciativa del MCL sigue siendo uno de los referentes más importantes de activación cívica en la historia de la oposición política al Gobierno cubano.
Su lección más valiosa no estuvo en demostrar el carácter infructuoso del activismo legal como mecanismo para transformar un Estado totalitario, sino en la capacidad que tiene este tipo de iniciativas de empoderar y aglutinar a sectores no politizados de la sociedad.
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