El presidente Joe Biden finalmente ha aprendido la lección, como cada uno de sus once predecesores tuvo que hacer a regañadientes a la hora de relacionarse con Cuba: algunos intereses de Estados Unidos solo pueden promoverse si existe un compromiso con La Habana. Luego de una revisión de política que duró quince meses, durante los que se mantuvieron las sanciones económicas draconianas del ex presidente Donald Trump, el Departamento de Estado anunció recientemente que flexibilizará las medidas que han tenido mayor impacto sobre el pueblo cubano.
El cambio sobreviene en un momento en el que la migración irregular desde Cuba agrava la crisis en la frontera sur de Estados Unidos y los jefes de Estado latinoamericanos amenazan con boicotear la próxima Cumbre de las Américas si se excluye a Cuba.
Las nuevas medidas de Biden no constituyen un regreso a la política de normalización del ex presidente Barack Obama. Representan una flexibilización limitada y unilateral de sanciones específicas que, en su conjunto, se parecen más a la política hacia Cuba del primer mandato de Obama que al avance histórico de restaurar las plenas relaciones diplomáticas, anunciado en diciembre de 2014. Pero tendrán un impacto enorme, mejorando el estándar de vida de millones de cubanos y reduciendo los detonantes de la migración irregular.
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Biden levantará las restricciones a las remesas en efectivo, que ascendían a unos 3 500 millones de dólares anuales antes de que Trump las bloqueara, y restaurará los viajes educativos de persona a persona, utilizados por más de 638 000 visitantes estadounidenses anuales hasta que Trump los suspendió. La nueva política también promete medidas financieras para facilitar el comercio entre las empresas estadounidenses y el creciente sector privado cubano, aunque el diablo estará en los detalles de las regulaciones finales.
Las nuevas medidas de Biden parecen impulsadas por la confluencia de la crisis migratoria y la rebelión en América Latina ante la política estadounidense.
A medida que la economía cubana se ha contraído bajo los golpes paralelos de las sanciones estadounidenses y la pandemia de la COVID-19, la migración se ha disparado. Pero desde que Trump redujo el personal de la Embajada Estados Unidos (2017), incluido el fin de los servicios consulares, la emisión de visas de inmigrantes se ha desplomado en un 90%. Con la migración segura y legal cerrada, decenas de miles de cubanos han cruzado el continente latinoamericano y se han movido hacia el norte, hasta la frontera de Estados Unidos: más de 35 000 solo en abril y 115 000 desde septiembre pasado. Eso ya es más gente de la que llegó durante la crisis migratoria de los balseros de 1994 y casi tantas como en el Mariel de 1980, y sin un final a la vista.
En abril, Estados Unidos invitó a Cuba a reanudar las conversaciones sobre migración regular, según lo establecido por los acuerdos migratorios bilaterales surgidos de la crisis de 1994 —consultas que Trump había suspendido. Las nuevas medidas de Biden reafirman el compromiso previo de reponer gradualmente el personal de la sección consular de la Embajada de Estados Unidos y reanudar la emisión de visas de inmigrantes en el marco del Programa de Reunificación Familiar Cubano. Además, la restauración de las remesas y los viajes por parte de Biden aliviarán las dificultades económicas, la razón principal por la que los cubanos se van del país.
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Otro factor clave de la nueva política de Biden son las objeciones de los jefes de Estado latinoamericanos a afirmaciones de altos funcionarios estadounidenses en el sentido de que Cuba, Venezuela y Nicaragua no serán invitados a la Novena Cumbre de las Américas, que Biden organizará el próximo mes en Los Ángeles. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reprendió a la administración estadounidense y advirtió: “Si no los invitan a todos, no iré”. Otros asistentes dudosos incluyen a los mandatarios de Bolivia, Honduras y las veinte islas de la Comunidad del Caribe. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha insinuado que tampoco podría participar, aunque por razones ajenas a Cuba. Un boicot sería una gran vergüenza para Biden. Incluso en esta fecha tardía, las invitaciones no se han enviado, por lo que, después de todo, se le puede ofrecer a Cuba un asiento en la mesa.
La migración y las políticas hemisféricas no son temas nuevos en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Otros tres presidentes enfrentaron antes crisis migratorias: Lyndon Johnson en 1965, Jimmy Carter en 1980, y Bill Clinton en 1994. Cada uno se comprometió con Cuba diplomáticamente porque esa era la única forma de resolver la crisis en cuestión. Además, en las tres ocasiones los costos políticos internos de las crisis que se convirtieron en noticias de primera plana fueron mucho mayores que el riesgo de ofender a los cubanoamericanos del sur de Florida comprometiéndose con el régimen de Castro.
Dos de los predecesores de Biden enfrentaron desafíos similares en América Latina por sus políticas hacia Cuba. A principios de los años 70, los países latinoamericanos comenzaron a desertar de las sanciones económicas y diplomáticas impuestas por la Organización de Estados Americanos en 1964 a Cuba. El entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, se quejó de que el tema Cuba dominaba las reuniones con sus homólogos latinoamericanos. Sacar a Cuba de la agenda interamericana fue uno de los motivos de Kissinger para iniciar conversaciones secretas en 1975 a fin de normalizar las relaciones con La Habana, aunque no llegaron a nada.
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La decisión de Obama de 2014 de normalizar las relaciones estuvo fuertemente influenciada por el regaño público que recibió de los jefes de estado latinoamericanos en la Sexta Cumbre de las Américas (2012). Incluso aliados cercanos de Estados Unidos advirtieron que a menos que Cuba fuera invitada a la cumbre de 2015, no asistirían. En palabras del asesor adjunto de seguridad nacional de Obama, Ben Rhodes, la política de perpetua hostilidad de Washington se había convertido en “un lastre en el cuello de Estados Unidos en el hemisferio y en todo el mundo”.
Y así permanece. El extraño paralelismo entre la vergüenza que sufrió Obama en la Sexta Cumbre y el riesgo de una vergüenza aún mayor para Biden en la Novena, finalmente ha obligado a la Casa Blanca a abrazar una reapertura limitada a Cuba. Es un buen primer paso que beneficiará a muchas familias cubanas, pero las acciones unilaterales por sí solas no son suficientes.
Durante sus últimos dos años la administración Obama firmó 22 acuerdos bilaterales con el gobierno cubano sobre una amplia gama de temas de interés mutuo, desde la protección del medio ambiente hasta la aplicación de la ley. El Departamento de Estado también abrió conversaciones con La Habana acerca de temas altamente controvertidos como los derechos humanos y la compensación por daños y perjuicios a la propiedad nacionalizada en Cuba. Al revertir la política de Obama, Trump congeló la implementación de esos acuerdos y rompió todo diálogo diplomático sustancial con Cuba.
El próximo paso de Biden en el desarrollo de su propia política hacia Cuba debería ser retomarla en el punto donde Obama la dejó, construyendo una cooperación más estrecha con La Habana en temas de interés mutuo —no como un favor al gobierno cubano, sino porque la única forma en que Estados Unidos puede avanzar en los problemas transnacionales es cooperando con sus vecinos.
La experiencia de otros presidentes demuestra que comprometerse diplomáticamente con el gobierno cubano en temas de interés mutuo, en primer lugar y ante todo la migración, ha constituido una manera efectiva de promover los intereses de Estados Unidos. El diplomático cubano Ricardo Alarcón, quien dirigió las negociaciones de Cuba con Washington durante dos décadas, resumió brevemente la lógica del compromiso: “Somos dos vecinos que han tenido relaciones abominables”, dijo, pero “a diferencia de las personas, nosotros no podemos mudarnos a otro lugar”.
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*Este artículo fue publicado originalmente en inglés en el sitio WRP. Se publica su versión en español con la autorización explícita de su autor.
