Las restricciones relacionadas con la pandemia que afectan a los inmigrantes que solicitan asilo en la frontera sur de Estados Unidos deben mantenerse, según falló un juez el viernes en una orden que bloquea el plan del gobierno del presidente Joe Biden de levantarlas la próxima semana.
El Departamento de Justicia indicó que el gobierno apelará, pero el fallo prácticamente asegura que las restricciones no finalicen el lunes como estaba planeado. Un retraso sería un golpe para los activistas que dicen que el derecho a solicitar asilo está siendo vulnerado, y un alivio para algunos demócratas que temen que el previsible aumento de los cruces ilegales los ponga a la defensiva en un año electoral de mitad de período que ya resulta difícil.
En la ciudad mexicana de Tijuana, Yesivet Evangelina Aguilar, de 34 años, se cubrió el rostro con las manos y sollozó cuando se enteró de la decisión a través de una reportera de The Associated Press. “Siento que ya no hay esperanza”, dijo Aguilar, que huyó del estado mexicano de Guerrero hace casi un año después de que su hermano fue asesinado. “Se siente tan mal”.
Las autoridades estadounidenses impidieron que Aguilar solicitara asilo cuando ella y su hija de 10 años se presentaron en el puerto de ingreso Tijuana-San Diego hace nueve meses. El viernes descansaba en una carpa en el albergue Ágape Misión Mundial, donde gran cantidad de migrantes acampan. Algunos llevan meses o años allí. La vida de Aguilar mientras espera no sólo ha sido aburrida, sino también peligrosa. El jueves por la noche, un migrante fue alcanzado en el cuello por una bala perdida de un tiroteo afuera del albergue.
Desde marzo de 2020, Estados Unidos ha expulsado migrantes más de 1,9 millones de veces bajo el amparo del llamado Título 42, una disposición de salud pública que les niega la posibilidad de solicitar asilo con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19, aunque es un derecho según las leyes estadounidenses y los tratados internacionales.
El juez federal de distrito Robert Summerhays, de Lafayette, Luisiana, ordenó que se mantuvieran las restricciones mientras se tramita en la corte una demanda encabezada por Arizona y Luisiana, a la que se han sumado otros 22 estados.
Summerhays falló que el gobierno de Biden no siguió los procedimientos administrativos que requieren que se dé aviso al público y se abra un periodo para comentarios sobre el plan de poner fin a las restricciones. Y dijo que los estados demandantes argumentaron que sufrirían perjuicios si las restricciones se suspendían.
El juez citó lo que dijo eran las propias predicciones del gobierno de que levantar las restricciones probablemente triplicaría los cruces fronterizos, hasta 18.000 diarios. Eso, agregó, resultaría en el procesamiento de más migrantes en sitios multitudinarios en los que pueden propagarse enfermedades contagiosas. “El registro también incluye evidencia que respalda la posición de los estados demandantes de que un incremento así en los cruces fronterizos elevaría sus gastos en atención médica y servicios educativos. Estos costos no son recuperables”, escribió Summerhays.
La Casa Blanca dijo estar en desacuerdo con el fallo pero que lo acatará mientras es apelado. “La autoridad para establecer políticas de salud pública a nivel nacional debería recaer en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y no en una corte de distrito por sí sola”, manifestó la secretaria de prensa de la presidencia, Karine Jean-Pierre, en un comunicado.
Ahora el caso pasa a la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito, con sede en Nueva Orleans, que en el pasado ya ha fallado en contra de políticas importantes del gobierno de Biden. Esa corte está dominada por nominados republicanos, incluyendo seis nominados por el expresidente Donald Trump, que también nombró a Summerhays.
El Título 42 afecta principalmente a migrantes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, muchos de los cuales han estado aguardando en localidades fronterizas mexicanas después de que el gobierno estadounidense les negó el derecho a solicitar asilo.
El gobierno mexicano ha accedido a aceptar a migrantes de esos tres países centroamericanos que sean rechazados por Estados Unidos, y el mes pasado también comenzó a aceptar números limitados de cubanos y nicaragüenses.
Unos 15 migrantes cruzaron el Río Bravo (o Grande) de México hacia Eagle Pass, Texas, tras el fallo del viernes. Entre ellos había nicaragüenses que desconocían el Título 42 y estaban complacidos de que en general a sus compatriotas no se les aplica esa política.
El Título 42 es la segunda política importante de la era Trump para disuadir el asilo en la frontera sur de Estados Unidos que es desechada por Biden y revivida por un juez designado por Trump.
Un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles criticó la decisión.
“El Título 42 sólo podría ser utilizado para propósitos de salud pública, pero a los estados que interpusieron esta demanda sólo parecen importarles las restricciones por COVID cuando involucran a solicitantes de asilo, y están usando el caso como un claro intento de manejar la frontera”, dijo Lee Gelernt. “Esa hipocresía no debería ser recompensada”.
El representante federal demócrata Raul Ruiz, presidente del Caucus Hispano, dijo que el fallo era “indignante, ridículo y erosiona nuestro sistema de asilo”.
Pero congresistas republicanos elogiaron la decisión del juez.
“Las cortes están haciendo las cosas bien de nuevo”, declaró el senador Kevin Cramer.
Incluso algunos en el partido de Biden respaldaron mantener la restricción por la pandemia.
“La decisión de hoy no modifica el hecho de que hay una crisis en la frontera y debe haber un plan detallado que pueda ser implementado antes de que se levante el Título 42”, manifestó el senador por Arizona Mark Kelley, quien intenta ser reelegido.
El mes pasado, la Corte Suprema federal escuchó argumentos acerca de si autoriza que el gobierno obligue a los solicitantes de asilo a aguardar en México sus audiencias en cortes migratorias estadounidenses. Ese caso, que impugna una política llamada “Permanecer en México”, se originó en Amarillo, Texas. La política fue restablecida en diciembre por una orden judicial y sigue en vigor en lo que se resuelve el litigio.
