Hoy viernes un juez federal impidió temporalmente que la administración Biden ponga fin a la orden de salud pública del Título 42, impidiendo que la administración tomara una medida que había tenido y tiene una importante oposición republicana y demócrata en medio de temores de que exacerbaría la crisis fronteriza.
El juez Robert Summerhays, del distrito oeste de Luisiana, otorgó una orden judicial preliminar sobre el plan de la administración Biden de poner fin a la orden el 23 de mayo. Fue en respuesta a una demanda de dos docenas de estados republicanos, encabezados por Arizona, Luisiana y Missouri. «El fallo de hoy es una victoria significativa, ya que el Título 42 es una de las pocas políticas que realmente funciona», dijo el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich. «Estoy agradecido con la corte por defender el estado de derecho y ayudar a mantener cierto nivel de cordura mientras continuamos luchando contra la crisis fronteriza provocada por Biden».
En abrill los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) habían anunciado que la orden, utilizada desde marzo de 2020 para expulsar a la mayoría de los migrantes en la frontera sur debido a la pandemia de COVID-19, expiraría a fines de mayo. «Después de considerar las condiciones de salud pública actuales y una mayor disponibilidad de herramientas para combatir la COVID-19 (como vacunas y terapias altamente efectivas), el director de los CDC ha determinado que ya no es necesaria una orden que suspenda el derecho a introducir migrantes a los Estados Unidos», dijo la agencia.
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La medida provocó la reacción tanto de demócratas como de republicanos, advirtiendo que conduciría a un aumento de la inmigración ilegal en la frontera y a más personas liberadas en Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional ha reconocido estas preocupaciones diciendo que planea recibir hasta hasta 18 000 personas diarias. Sin embargo, también ha dicho que cree que con el tiempo reducirá los números que se encuentran en la frontera cuando se vuelvan a implementar sanciones penales por cruces fronterizos repetidos.
Varios demócratas moderados se unieron a los republicanos para firmar una legislación impidiendo que la administración levante la orden hasta 60 días después de que los CDC digan que la emergencia nacional por el COVID-19 ha terminado. Esa legislación aún no ha sido votada en el Senado.
La demanda alega que el levantamiento de la orden viola la Ley de Procedimientos Administrativos, que requiere un período de notificación y comentarios, y también prohíbe los movimientos considerados «arbitrarios y caprichosos».
