Los reportes de la prensa oficial sobre la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular que tuvo lugar los días 14 y 15 de mayo de 2022 indican que fueron escasos los aportes o críticas al anteproyecto del nuevo Código Penal (CP) aprobado. El debate más enconado no parece haber sido sobre la legitimación de la represión política, las restricciones a derechos fundamentales o la permanencia y aumento de la pena de muerte por fusilamiento en el CP. El debate más importante, según los medios estatales, parece haber sido en torno a la propuesta de Mariela Castro de incluir el femicidio como delito en la normativa.
Castro Espín propuso que se configurara el delito de femicidio en el artículo 345 del anteproyecto. De acuerdo con lo reseñado por Cubadebate, la diputada afirmó que, de no añadirse una figura como esta en la normativa, “se afectaría el registro y seguimiento de los casos que tributan al diseño de programas para su atención y prevención”.
El planteamiento de la también directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) parte de reconocer la existencia en Cuba de asesinatos de mujeres a causa de su género, que no son contabilizados como feminicidios. También reconoce que la ausencia de un registro oficial de estos casos influye en el monitoreo de la efectividad de los programas y políticas públicas destinados a evitarlos. La propuesta de Castro Espín aspiró a reconocer la existencia de un problema que ha sido negado o, como mínimo, ocultado por las autoridades cubanas en otras oportunidades; incluso, por ella misma.
En 2015, el discurso de Mariela difería de sus actuales palabras ante la Asamblea. En ese entonces, afirmó para el medio Tiempo Argentino que en Cuba no se asesinaban mujeres por razones de género. “Nosotros no tenemos, por ejemplo, femicidios. Porque Cuba no es un país violento”; aclaró, además, que eso era un “mérito de la Revolución”, declaraba Castro Espín.
Sin embargo, parece que la percepción de la diputada ha cambiado. Ahora, favorece con su intervención un debate que fue respondido con negativas por parte de los redactores del anteproyecto y otros diputados.
Captura de pantalla. Tomado del perfil de Facebook de Mariela Castro.
Castro Espín pidió que fuese modificado el artículo 345 del anteproyecto, en el cual se establecen las penas para quienes asesinen a una mujer por razones de género, xenofobia, transfobia u homofobia.
“Propongo que se configure el delito de femicidio en el que se sanciona con privación de libertad de 20 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte cuando concurran cualquiera de las circunstancias siguientes: a) a quien de propósito mate a la mujer con la que mantiene o ha mantenido una relación conyugal o de pareja de hecho afectiva; b) dé muerte a una mujer como consecuencia de la violencia de género; y c) prive de la vida a una mujer por motivo de género”, especificó la directora del Cenesex.
Uno de los primeros en rebatir la propuesta de Mariela Castro fue Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (organismo encargado de rectorar la redacción del proyecto). Remigio Ferro arguyó que el artículo 345 describe el delito de femicidio y subrayó que “la ley busca mantener la tradición y la coherencia con respecto a las figuras delictivas”.
“No está la nomenclatura femicidio o feminicidio porque habría que establecer en el asesinato nomenclaturas distintas, como infanticidio, por ejemplo”, dijo Remigio Ferro.
Asimismo, la diputada Mayda Goite, presidenta de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y una de las participantes en la redacción del anteproyecto, reconoció que se tuvo en cuenta que el Código Penal recogiera el fenómeno de la violencia. Afirmó que, en ese sentido, el texto contiene “36 modificaciones relacionadas con la violencia de género que tratan de cumplir todas las garantías y derechos de las mujeres que son transversales a todas las figuras delictivas, no solo al asesinato”. Por otro lado, Teresa Amarelle, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y representante de los intereses de las mujeres cubanas en el Parlamento, sostuvo que, aunque el concepto no se maneje dentro de la norma, no existen vacíos legales.
“Lo que no tenemos es definido el término de femicidio, pero la interpretación sí está recogida en el Código, antes sí teníamos la inconformidad de que existieran vacíos en el Código Penal en relación con la violencia. Ahora nosotras consideramos que hemos avanzado suficientemente en reflejar en el Código todo lo que tiene que ver con la violencia de género”, detalló Teresa Amarelle.
FEMINICIDIO EN CUBA: EL ESTADO ES RESPONSABLE
En su intervención, la directora del Cenesex hizo referencia a dos términos: femicidio y feminicidio. A pesar de las posibles similitudes entre ambos conceptos, existe una tendencia a diferenciarlos y otra, como la de Naciones Unidas, a unificarlos dado el uso indistinto de ambos para definir en esencia el asesinato de mujeres a causa de su género.
Mientras el femicidio surge como un término político en 1976 para nombrar los asesinatos perpetrados por varones contra mujeres por razones de género, el feminicidio, a decir de la antropóloga feminista mexicana Marcela Lagarde, comprende un grupo de delitos contra las mujeres y niñas permitidos por el Estado, sea por acción u omisión. O sea, remarca la responsabilidad estatal en la prevención de estos crímenes, no solo en la impartición de justicia.
Con antelación a la propuesta de Castro Espín, la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTC) analizó el entonces anteproyecto de Código Penal y puso a disposición de la sociedad civil sus consideraciones al respecto. YSTC rechazó el documento y señaló entre los aspectos negativos de este que “la definición del Anexo en materia de violencia de género [carecía] de formas fundamentales de este tipo de maltrato estructural, como la violencia vicaria y sus formas más extremas: feminicidio y femigenocidio”.
La plataforma pidió modificar tres artículos para tipificar el feminicidio dentro de la norma: el 43.1, el 81.1 y el 344; en este último recomendó incluir, dentro de las circunstancias en que ocurre un asesinato, “todas las formas de feminicidio en vigor en España desde enero de 2022”.
En el marco actual, la iniciativa de Castro Espín fue presentada ante una Asamblea que responde a una clase política indolente —a la cual Mariela pertenece— y aferrada al poder. Esa clase ignora los reclamos de la sociedad civil a la par que reprime y obvia las solicitudes de grupos marginados y violentados por las políticas gubernamentales.
Mariela Castro Espín durante su intervención en el Parlamento cubano.
Un ejemplo cercano que ilustra lo anterior fue la presentación, el 21 de noviembre de 2019, de una solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género firmada por 40 mujeres y que hoy reúne casi 900 firmas. Entre las demandas de ese proyecto figuraban el reconocimiento de los feminicidios en el país, la necesidad de crear refugios y protocolos específicos para proteger y atender a las víctimas de violencia de género.
En enero de 2020, miembros del Parlamento cubano informaron a las feministas que representaban al proyecto que este no se contemplaría dentro del Cronograma Legislativo que culmina en 2028.
Mientras esperan ocho años, las mujeres cubanas tendrán a su disposición, en el nuevo Código Penal, un grupo de figuras delictivas para alejar a sus agresores, aunque esto no determina que su empleo será efectivo —pues el Estado no ha garantizado un acceso a la justicia sin que exista la revictimización de las afectadas.
En Cuba existe una cultura de tolerancia a la violencia machista, incluso al interior de instituciones como la policía (adonde acuden las mujeres a denunciar) o en los tribunales que procesan los casos.
El Gobierno ha creado espacios para la recepción de estas denuncias, pero no ha abierto refugios para víctimas ni espacios para la atención integral a estas mujeres y sus hijas e hijos menores de edad.
Como parte de las herramientas estatales figura una red institucional integrada por 174 Casas de Atención a la Mujer y la Familia en las que, desde 2021, operan las Consejerías para el Tratamiento a la Violencia; los Servicios de Orientación Jurídica del Cenesex y un gabinete jurídico en Cienfuegos (este trabaja localmente y se especializa en violencia contra las mujeres), entre otras pequeñas iniciativas estatales y de la sociedad civil.
En diciembre de 2020, el Gobierno también habilitó la línea 103 para un servicio de orientación y apoyo psicológico a casos de violencia de género. En los últimos días, un equipo de elTOQUE intentó comunicarse con el servicio; pero nadie ha respondido las llamadas. Este número se ha empleado en el pasado para atender, además, las adicciones a las drogas, y dudas y problemas psicológicos durante la pandemia de COVID-19.
El coordinador de esta línea, Giovani Leal Duque, explicó en junio de 2021 en el programa televisivo Mesa Redonda que en ese año habían recibido “alrededor de 21 mil llamadas a la línea, de ellas el 4 % son relacionadas con este tema de la violencia”.
Por otra parte, en marzo de 2021 se publicó bajo el Decreto presidencial 198/2021 el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. El programa abarca siete áreas y define acciones a realizar en cada una de ellas; pero no hace alusión a los feminicidios, cada día más crecientes en el archipiélago, ni a la necesidad de crear centros de acogida temporales para las víctimas.
Meses después, en diciembre, fue difundida la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar. Uno de sus componentes centrales, el local-comunitario, hace énfasis en desarrollar acciones para proteger a víctimas o sobrevivientes de violencia de género y en el diseño e implementación de un protocolo para prevenir femicidios.
LOS CRÍMENES CONTRA MUJERES CUBANAS Y EL SILENCIO ESTATAL
En pleno 2022, el Gobierno aún emplea las cifras de la Encuesta Nacional de Igualdad de Género realizada en 2016 —disponible en el sitio de la Oficina Nacional de Estadística e Información— para hablar de violencia de género en encuentros internacionales.
La única cifra oficial disponible sobre muerte de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, data también de 2016, pero fue publicada en 2019, en el primer Informe Nacional sobre la implementación de la Agenda 2030. En ese momento, la tasa de feminicidios en Cuba fue de 0.99 por cada 100 mil habitantes de la población femenina de 15 años o más. En 2016, vivían en Cuba 5 052 239 mujeres pertenecientes a ese rango de edad, por lo que se calcula que, ese año, 50 fueron asesinadas por sus parejas o exparejas.
Datos más actualizados aparecen en los anuarios del Ministerio de Salud Pública, aunque estos reportan las muertes de mujeres por agresiones y se desconoce cuántas de ellas clasificarían como feminicidios. Según la información de los últimos anuarios, en 2017 murieron 130 mujeres por agresiones, en 2018 unas 114, en 2019 otras 102 y, curiosamente, 95 en 2020, año del inicio de la pandemia y, con ella, del aumento de la violencia intrafamiliar en el continente latinoamericano a causa de los regímenes de aislamiento.
A pesar de estos datos, medios del sistema de prensa estatal ignoran los feminicidios que ocurren en Cuba. Solo plataformas feministas como Yo Sí Te Creo en Cuba, Alas Tensas y la Red Femenina de Cuba, surgidas dentro de la sociedad civil independiente, realizan un subregistro de estos crímenes.
El Informe de Feminicidios de 2021 de la revista Alas Tensas contabilizó un total de 32 feminicidios en 2020 y 36 fueron verificados en 2021; de estas últimas, al menos 19 dejaron a personas dependientes de sus cuidados.
Estos datos arrojan que en Cuba, en menos de 15 días, muere una mujer por razones de género. Las dificultades para acceder a registros estatales y la persecución al activismo feminista impiden aseverar con certeza estas estadísticas. Al respecto, Alas Tensas refiere:
“A pesar del gran esfuerzo de la red del Observatorio de Género de Alas Tensas, resulta imposible garantizar que podamos notificar exacta y absolutamente todos los feminicidios ocurridos hasta en el último rincón del archipiélago cubano, porque el Gobierno, que posee el control de las instituciones, se cuida de prohibir el acceso a la información y ocultar tales estadísticas. Ni los récords criminales ni instituciones de la salud y sociales brindan estos datos, incluso las cifras globales de víctimas de homicidio no aparecen desagregadas por género”.
En lo que va de 2022, se han reportado 12 feminicidios, uno de ellos vicario (como se define, por lo general, el asesinato de una tercera persona, un niño o una niña, con el objetivo de dañar a su madre). Una de las últimas víctimas murió a manos de su esposo —quien tenía antecedentes de agresión contra ella— en Cárdenas, Matanzas.
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