“Si no quieres explicarle a tu jefe cómo carajo dejaste morir encerrada en su casa a una mujer asmática, hipertensa y seropositiva, ¡detenme ahora para que veas!”, le gritó entre jadeos Bárbara Farrat Guillén al policía encubierto que le impedía salir de su casa bajo un arresto domiciliario ilegal.
Uno de tantos, dice. En lo que va de año le han prohibido salir de su casa durante cinco períodos de varios días, sin que alguno de los policías vestidos de civil y montados en autos patrulleros le dé una explicación o le muestren un documento legal.
Esa vez le temblaron las manos por la ansiedad, como cuando supo del arresto de su único hijo, Jonathan, de 17 años, luego de las protestas del 11 de julio (11J) o de la golpiza que le dieron cuatro guardias[1] en la prisión hacia donde lo trasladaron después. A Bárbara le faltaba el aire. Le sobraba impotencia adentro.
Bárbara Farrat Guillén, madre de Jonathan Torres Farrat, menor de 18 años preso desde el 13 de agosto de 2021, acusado de desorden público y atentado (pena de ocho años), todavía pendiente a juicio.
Al menos 36 menores de 18 años fueron apresados por su participación en los sucesos del 11J (según un reciente informe de Prisoners Defenders) y Bárbara fue una de las primeras madres que decidió usar su perfil de Facebook para denunciar las injusticias y arbitrariedades de los procesos judiciales impulsados por el Gobierno cubano.
Conversamos un par de horas por primera vez el 8 de abril de 2022, cuando acababa de regresar, sudorosa, de la calle y con las manos vacías. Denis, el agente de la Seguridad del Estado[2] que la vigila o “atiende”, le sugirió que buscara comida porque la iban a “guardar” en su casa unos días. “Estás advertida”, fueron sus palabras para Bárbara, como si le asistiera a ella la decisión de pasar hambre en un país saturado de colas y dificultades para obtener alimentos esenciales.
Bárbara sufrió lo que considera una “dolorosa” mutación: de vendedora ambulante de maní tostado a activista por la liberación de los presos políticos, acosada por agentes de la Seguridad del Estado.
Bárbara tiene 33 años. Antes de la encarcelación de su hijo vendía maní tostado en la calle. Se autodefine como una mujer luchadora.
“Aquel 11 de julio (2021) era el cumpleaños 17 de mi hijo. No salió a la protesta, sino a buscar a su padre. La calle estaba llena de gente y los policías se pusieron agresivos. Ahora, a mi hijo lo acusan de desorden público y atentado por tirar una piedra”.
Ese día nos despedimos con la promesa de vernos otra vez en mayo para conversar sobre la evolución del caso de Jonathan. Al bajar las escaleras, noté a uno de los policías vestidos de civil sentado en el portal frente a su casa en la calzada Diez de Octubre. El señor, de unos 50 años, usaba su mascarilla justo en el borde inferior de los ojos. Se levantó de inmediato y sacó del bolsillo de su pulóver a rayas un teléfono para grabar. Con la otra mano sujetaba una almohada para el cuello que usaba como cojín. A una cuadra de la casa esperaba una patrulla con dos hombres y dos mujeres policías.
Bárbara y su familia viven en un tercer piso, al subir las escaleras de la casa de su mamá, en el municipio Diez de Octubre, La Habana, Cuba.
Mientras prepara café, mira el cielo nublado con preocupación. Durante el aguacero de la noche anterior tuvo que poner varios recipientes dentro de la casa para recoger el agua de las goteras.
El 5 de mayo, sin orden judicial, registraron su casa en busca de unos pulóveres con letreros que piden la libertad para los presos políticos y se llevaron esposado a su marido.
Bárbara Farrat y Orlando Ramírez Cutiño, padre de Jonathan.
Un día después, el 6 de mayo, hablamos por teléfono. Había pasado un mes desde nuestra primera conversación.
A pesar del hackeo a su cuenta de Facebook y la eliminación de varias de sus denuncias, Bárbara todavía confía en que “lo que no mata, fortalece”.
—Si tuvieras que pensar en una o dos cosas que has tratado de inculcarle conscientemente a tu hijo, ¿cuáles serían?, le pregunté.
—Que sea bueno, que no se llene del odio que le rodea… Y es bien difícil con todo lo que hemos tenido que enfrentar. A mí, el odio es lo que me ha dado fuerzas para resistir, porque no pueden salirse con la suya con tanto hostigamiento criminal.
“Jonathan es hipertenso, tiene problemas del corazón, no ha sanado bien de un esguince que se hizo hace tres semanas y ahora tiene una gripe seria. No lo han llevado en los últimos dos meses al hospital a hacerse rayos X o una prueba de COVID-19. Gracias a las personas que me donaron medicamentos pudo bajar la inflación del pie y la fiebre. Pero temo todos los días por él”.
“Él es un niño ñoño: se arrimaba a mí en la cama para pedirme que le hiciera sopita cuando se sentía mal. En la cárcel está solo, porque incluso quienes tienen la obligación judicial de preocuparse por su salud no mueven un dedo ni me dejan a mí hacer más por él”.
Bárbara rememora lo que ha enfrentado por reclamar la liberación de su hijo, uno de los 36 menores de edad presos políticos en Cuba tras el 11J. “No ha sido fácil sobreponerse al acoso, al encierro domiciliario, a las amenazas del Gobierno”.
“Rezo todos los días porque se haga justicia”, dice Bárbara.
—¿Te has sentido débil?
—Agotada, y mucho. Cada día me levanto y vivo una agonía. Además, con todo lo que me hacen para que renuncie y me arrepienta de lo que digo o hago, para que me arrepienta de lo que creo… Pero mi hijo es inocente, nunca ha tenido un problema con nadie y tengo que verlo libre como el hombre bueno que es. Aunque a veces necesite alejarme un par de días de las redes sociales, no me permito descansar, menos ahora que dicen que harán el juicio a finales de mayo.
Ella y su esposo hicieron un cartel para colgarlo del balcón durante sus arrestos domiciliarios ilegales.
En ese momento, a las 4:41 p. m. del 6 de mayo, su esposo la interrumpe para darle la noticia de que el joven Joan de la Cruz[3], quien sufrió prisión por transmitir en vivo las protestas del 11J en San Antonio de los Baños, “había salido de la cárcel”.
Al otro lado del teléfono, la voz de Bárbara tiembla. Se nota la risa nerviosa que en cualquier momento puede transmutarse en llanto.
“¿Ves? Esa es la esperanza que todas las madres de los presos políticos tenemos: la injusticia tiene que terminar algún día”, me dice.
—¿Crees que las cosas podrían volver a ser normales para ustedes, como familia, tan pronto liberen a Jonathan?
—No creo que las cosas puedan volver a ser normales para las personas después del 11J, sobre todo para quienes estuvieron en ella. Es difícil intentar ser los mismos después que se ha llorado tanto, que se ha sufrido tanta injusticia y represión. Pero tenemos que sanar, aunque nos cueste paciencia, tiempo y esfuerzo para perdonar. Con volver a tener a mi hijo en casa me conformo, con verlo crecer y aprender ahora a ser padre por su cuenta. Ha sido mi mayor aspiración en la vida desde que nació.
“Han sido duros estos cambios. Antes vendía maní y me buscaba el sustento, pero ahora, entre el acoso de la policía y las tareas añadidas, me es imposible”, reflexiona Bárbara. Le lleva a Jonathan a la cárcel los alimentos y medicamentos que recibe como donación.
Bárbara también cuida al bebé de Jonathan. Varias fotografías de madre e hijo cuelgan de la pared cercana a la cuna.
Ocho meses cumplió preso su hijo y seis de nacido su nieto.
—¿Podrás perdonar a quienes le han hecho esto a tu familia?
—No.
Jonathan Torres Farrat (17 años) está acusado de los delitos de desorden público y atentado (el de “propagación de epidemias” fue desestimado). La Fiscalía pide ocho años de prisión. A Bárbara le dijeron, sin mucha seguridad, que el juicio se realizaría a finales de mayo.
[1] Según Bárbara, los cuatro guardias fueron removidos de sus puestos por este delito.
[2] Según la enciclopedia cubana Ecured, el Departamento de la Seguridad del Estado (1959, DSE), adscrito al Ministerio del Interior, ha enfrentado durante su existencia “los planes de atentados contra los principales dirigentes cubanos, en especial su Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, subversión ideológica, bombardeos a ciudades, aeropuertos, centrales azucareros y campos de caña, sabotajes a la economía, invasiones militares, infiltraciones de grupos terroristas, estímulo y apoyo a las organizaciones terroristas incluyendo las bandas de alzados, lanzamiento de armas y explosivos, espionaje e introducción de plagas y enfermedades”.
[3] La sentencia de seis años de prisión a Joan de la Cruz fue conmutada por cinco años sin internamiento, en los que solo podrá ir de la casa al trabajo, como popularmente se traduce.
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