A juicio de los parlamentarios se puso también este sábado el Proyecto de Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad alimentaria y nutricional, norma de alto rango que establecerá el marco jurídico general para alcanzar y fortalecer la soberanía y seguridad alimentarias en función de la protección del derecho de toda persona a una alimentación sana y adecuada.
Ydael Jesús Pérez Brito, ministro de la Agricultura, quien presentó el texto legal, se refirió a la voluntad política de aprobar el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, del cual esta ley se convierte en la instrumentación jurídica, pero que también tiene su ejercicio práctico en las propias 63 medidas para incentivar la producción agropecuaria.
El titular reflexionó sobre las ventajas del documento, pues pacta un sistema nacional relativo a las buenas prácticas de educación nutricional, incentiva la producción de alimentos sensibles a la nutrición y favorece la protección alimentaria a las personas más vulnerables.
De la misma forma, insistió en la importancia que da la ley a la agricultura a mediana y pequeña escala, porque es en los municipios donde se concretan los términos de la ley, donde la relación con los comités de contratación es más estrecha.
En ese sentido, especificó sobre el desarrollo efectivo de relaciones contractuales, una fortaleza para los productores para que se puedan desarrollar y lograr un verdadero encadenamiento.
Agregó que el proyecto de ley promueve la producción de alimentos con la movilización de los recursos existentes en el territorio, tenemos personal preparado y mucha tierra ociosa, por lo que hay que intencionar la explotación de esa tierra por productores con mayor experiencia, mejores resultados.
Por su parte, Ramón Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria, quien dio lectura al dictamen, insistió en la novedad del texto, debido a la ausencia de normativas relacionadas con esta materia en nuestro ordenamiento jurídico.
Refirió, además, su cumplimiento con los mandatos constitucionales y la coherencia entre las regulaciones contenidas en la norma y el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. De la misma forma, la ley está a tono con lo establecido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En primer lugar, destacó, el Proyecto de Ley establece la creación, composición y funciones de las comisiones de Soberanía Alimentaria y Seguridad alimentaria y Nutricional, a los niveles nacional, provincial y municipal.
También aclara la responsabilidad de los organismos de la Administración Central del Estado y los órganos locales del Poder Popular para el adecuado funcionamiento de los sistemas alimentarios locales, con una amplia participación de la ciencia y la innovación en estos procesos.
Significó, además, lo novedoso de la definición del Comité Nacional para la Prevención y Reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos en la cadena alimentaria, en aras de cumplir con lo regulado.
Agregó que se perfeccionan los procesos de producción, transformación, comercialización y consumo de los alimentos, a partir de las capacidades endógenas de cada territorio.
Por otro lado, se definen los deberes de los diferentes órganos, organismos y entidades en el marco de sus competencias, con respecto a la sustitución de importaciones de alimentos, materias primas, insumos y tecnologías para asegurar la producción nacional.
Es destacable la participación de las agencias de las Naciones Unidas encabezadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en el aporte de experiencias acerca del tema, en la capacitación y movilización de fondos de la colaboración internacional para apoyar su elaboración.
En reuniones desarrolladas durante marzo, abril y mayo por videoconferencia y de forma presencial, las comisiones Agroalimentaria y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos consultaron este proyecto, y de allí se recogieron unas 75 observaciones, informó.
De la misma manera, subrayó, se realizaron seis en igual número de provincias con cooperativistas, campesinos y sus dirigentes, con un total de 371 participantes, que generaron 68 intervenciones y 67 fueron aceptadas.
En resumen, de las 282 propuestas recibidas 146 fueron aceptadas y 59 aceptadas en parte, con una modificación íntegra al artículo 44, así como se hicieron modificaciones parciales a 44 artículos y se incorporó una disposición final al texto inicialmente circulado.
Algunas consideraciones de los diputados
La diputada Reina de la Caridad Torres Pérez, de Ciego de Ávila, comentó que esta ha sido una ley que se nutre de los valores académicos y de la savia popular, por lo tanto, además de lo novedosa, contextualizada y coherente, es pertinente y necesaria.
Afirmó que soberanía alimentaria es también reducir la dependencia de medios e insumos externos, sustituir importaciones y desarrollar producto endógeno.
Mientras, destacó las condiciones en las que se ha desarrollado esta ley: una crisis global e inflación con expresiones en el país, situación no siempre favorable de los bienes y servicios, el bloqueo recrudecido y el acoso comercial y financiero a la Isla.
De la misma forma, la diputada Elizabeth Peña Turruellas, reconoció la base fundamental de la ley, el Plan SAN, una idea estratégica del Presidente de la República que se trabaja desde el año 2019 y culminó el 2020.
Además, resaltó que el término de soberanía alimentaria y nutricional ha sido una proyección del país en todos estos años de Revolución, en lo que hay que tener en cuenta el legado de Fidel Castro y de Raúl Castro, quienes sentaron las bases para ello.
El debate concluyó con la aprobación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad alimentaria y nutricional, de forma unánime.
