HAVANA CLIMA

Rostros que nunca olvidarán esta hora de dolor y solidaridad

La Habana, 13 may (ACN) Sus rostros están tan conmovidos como los de todo un pueblo, o un país, a esta hora en que a escasos metros del Saratoga se les rinde homenaje a las víctimas del accidente, junto a sus seres queridos.

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Comienza III Taller Regional de Trabajo Comunitario Integrado de la región occidental del país

Taller Regional de Trabajo Comunitario Integrado de la región occidental del país. Foto: Tony Hernández Mena.El III Taller Regional de Trabajo Comunitario Integrado (TCI) de la zona occidental del país, quedó inaugurado este viernes en la provincia de Matanzas, con el objetivo de compartir las mejores experiencias y fortalecer esta importante labor a nivel nacional.
El encuentro inicial, celebrado en la universidad de la Atenas de Cuba, contó con la presencia de Miriam Brito Sarroca y Arelys Santana Bello, presidentas de las comisiones de Órganos Locales y de Atención a la Juventud, la Niñez e Igualdad de Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional del Poder Popular, respectivamente; Mariela Rondón, funcionaria del Comité Central del Partido; Mario Sabines Lorenzo, gobernador matancero, y Jesús Otamendi, viceministro de Trabajo y Seguridad Social.
También asistieron delegados de la Isla de la Juventud, Pinar del Río, Mayabeque, La Habana, Artemisa y el territorio sede; representantes de varios ministerios e instituciones, entre otros invitados.
Miriam Brito Sarroca expresó que, a partir de las indicaciones del miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Esteban Lazo Hernández, titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, se desarrolló en todo el país un proceso organizativo de estas actividades.
En este sentido, reconoció que, de los 1 401 consejos populares, se realizaron talleres de TCI en 1 397 y presentaron sus experiencias 8 653 delegados. Destacó que se celebraron previamente los talleres municipales, donde fueron presentadas 1 811 ponencias.
Taller Regional de Trabajo Comunitario Integrado de la región occidental del país. Foto: Tony Hernández Mena.
“Los temas más recurrentes en los debates fueron los vinculados a la participación popular en la vida de las comunidades, la inclusión de los jóvenes en estas acciones, la actualización de los diagnósticos, el impulso a proyectos comunitarios, así como la solución de los problemas con los propios recursos disponibles, entre otros”, señaló.
De esta manera, los talleres de los consejos populares y municipales sentaron las bases para la celebración de los regionales, con sede en las provincias de Matanzas, Ciego de Ávila y Granma, respectivamente, donde se expondrán una selección de experiencias relativas a este tópico de las diferentes regiones del país.
Estuvieron presentes también en el evento Carlos Rafael Fuentes y Caridad Álvarez Rivero, vicepresidente y funcionaria de la Comisión de Órganos Locales del legislativo cubano, respectivamente; y las jefas de los departamentos independientes de Relaciones con los Órganos Locales del Poder Popular de la zona occidental.
De la Ley no. 132/2019 “De Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular y de los Consejos Populares”:
Artículo 104. Los delegados promueven y apoyan el desarrollo del trabajo comunitario integrado como método impulsado desde la circunscripción, para cohesionar a la comunidad, en la formación de valores patrióticos y éticos, y buscar soluciones propias a situaciones existentes, sin suplantar el papel de las organizaciones que allí actúan.
Taller Regional de Trabajo Comunitario Integrado de la región occidental del país. Foto: Tony Hernández Mena.
Taller Regional de Trabajo Comunitario Integrado de la región occidental del país. Foto: Tony Hernández Mena.

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Sentenciando a una comunidad empobrecida

La justicia es igual a las serpientes: 
Sólo muerden a los que están descalzos.

Monseñor Romero
***
El 12 de julio del 2021 la ciudadanía protestó de forma masiva en La Güinera, barrio del municipio habanero de Arroyo Naranjo. Esta manifestación se debe situar en el contexto del estallido social que sacudió el archipiélago desde la jornada anterior, y que tuvo como resultado más de mil personas detenidas en los días siguientes, la muerte del ciudadano Diubis Laurencio, así como un amplio despliegue de la violencia de Estado.
A estos hechos ha seguido el desarrollo de varias causas judiciales contra un total de 161 ciudadanos residentes en la comunidad en cuestión, según datos aportados por la ONG Justicia 11J. Los delitos más frecuentes en las condenas han sido sedición, propagación de epidemias, desacato, desordenes públicos y atentado.
Un patrón que se repite en las sentencias se basa en que los testigos presentados por fiscalía, en su inmensa mayoría, fueron oficiales del Ministerio del Interior o la Policía Nacional Revolucionaria. Además, si bien se observan en estos documentos referencias a los episodios de violencia por parte de los manifestantes, se omite toda información concerniente al ejercicio de la fuerza policial y de los funcionarios gubernamentales, visibles en los videos grabados por la ciudadanía y en el testimonio de los familiares.
Aun cuando existe un alto cúmulo de información sobre los sucesos del 11 y 12 de julio, en este texto nos concentraremos en analizar la compleja situación social de la comunidad La Güinera, reflejada en los propios dictámenes judiciales y en la información aportada por los familiares de los presos. Con ese fin se seleccionaron como muestra las sentencias de las causas 13/21; 14/21 y 19/21. En esos procesos fueron juzgados sesenta y un ciudadanos, con edades comprendidas entre los diecisiete y los sesenta y cuatro años. Las penas impuestas por los jueces oscilaron entre seis y veintiséis años de prisión.
Durante la visita del presidente Miguel Díaz Canel a La Güinera, el 20 de agosto del 2021, los medios oficiales intentaron presentar al barrio «como un espacio social donde las problemáticas poblacionales estaban resueltas o en vías de solución». En cambio, las sentencias ofrecen información que permite constatar la enorme complejidad de las dificultades existentes en el tejido social y la vida comunitaria, que tienen como denominadores comunes la agudización de la pobreza y la exclusión social.
Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)
Escolarización, empleo y relación con las instituciones gubernamentales
En el texto que publiqué en este espacio el pasado mes de marzo, afirmé que los efectos de las continuas crisis económicas y del deterioro del modelo socio-político cubano, han influido en el débil mercado laboral de los residentes en este barrio. Tal proceso tiene su expresión más apreciable en tres características comunitarias: elevada tasa de abandono del sistema educativo al concluir la enseñanza media, auge del empleo informal y desconfianza en las instituciones públicas o gubernamentales.
Si bien en la sentencia de la causa 13/21 no se ofrece información sobre el nivel educativo de los imputados, los expedientes 19/21 y 14/21 aportan datos que permiten develar la naturaleza social del estallido en cuestión. El alto índice de abandono escolar se encuentra motivado por la precarización del nivel de vida, la disfuncionalidad de los hogares y la falta de acceso a elementos tecnológicos, como computadoras o discos externos, que permitan responder a las necesidades de los procesos docentes en la educación superior. Esta tesis es verificable a simple vista en las sentencias, pues de los acusados analizados ninguno posee titulación universitaria.
En un país en que la escolaridad obligatoria es hasta el noveno grado, los datos presentes en las sentencias ofrecen un panorama educativo desolador: cuatro detenidos poseen 6to grado de escolaridad, veintisiete concluyeron el 9no grado y solo nueve poseen el duodécimo grado. Dicha información muestra la presencia de un alto índice de escolarización elemental, pero también revela una abrupta deserción escolar, que, lejos de favorecer la continuidad de estudios al menos hasta el preuniversitario, potencia la incorporación de adolescentes al mercado laboral, en especial en el sector informal.
El otro elemento que evidencia la situación de vulnerabilidad económica que incentivó a la ciudadanía a tomar el espacio público, es la informalidad del mercado laboral, que se agudizó aún más con la «Tarea Ordenamiento», la crisis de desabastecimientos y el proceso de hiperinflación que se vive en el país. El agravamiento de esta realidad condujo a las protestas, pues empeoraron el acceso a la alimentación, los medicamentos y otros insumos básicos en medio del peor pico de la pandemia de covid-19.
La inestabilidad del mercado laboral se observa en el alto nivel de desocupación declarado en los procesos judiciales. Esta información ha sido empleada por el Gobierno para criminalizar a los manifestantes, sin ofrecer las causas sociológicas y económicas que la originaron. Los datos y la realidad de la comunidad demuestran el difícil panorama laboral de sus habitantes: en el momento de la manifestación, treinta siete personas se encontraban desempleadas, solo quince tenían vinculación laboral reconocida, tres eran estudiantes y uno estaba atendido por la Seguridad Social.
Estos datos deben ser contrapuestos con la información aportada por los familiares de los detenidos. De las ocho familias consultadas, se pudo constatar que sus hijos realizaban distintas actividades en el sector de la economía informal, obligados por la situación de vulnerabilidad de sus núcleos familiares, integrados por madres solas o compuestos por un elevado número de miembros.  
A este panorama debe añadirse el efecto causado entre esas personas por la apertura de tiendas en monedas libremente convertibles (MLC), que complejizó aún más su situación. Estos comercios expiden productos en una moneda a la que no tiene acceso la mayoría de los manifestantes, y habían reforzado el mercado informal de reventa de insumos básicos para una vida digna, los cuales llegaron a precios inconcebibles para familias que, en muchos casos, están en el umbral de la pobreza extrema.
Elizabeth León (Foto: María Lucía Expósito)
Si analizamos la composición de los grupos etarios predominantes en las causas, es patente que el grupo más numeroso de manifestantes oscila entre los dieciocho y los treinta años, con un total de treinta y cuatro enjuiciados; mientras, entre los treinta y uno y cuarenta años fueron sentenciados catorce.  Únicamente trece detenidos exceden las cuatro décadas de vida.
La presencia mayoritaria de una ciudadanía joven, millennials, que ha vivido en carne propia las continuas crisis de la economía y se ha distanciado de los metarrelatos políticos gubernamentales, demuestran un panorama distinto en los posicionamientos cívicos y políticos de los manifestantes, que se alejan del discurso que atrajo a sus abuelos.
El otro aspecto que llevó a la ciudadanía al espacio público el 12 de julio, fue la desconfianza en las instituciones públicas y los poderes del Estado. La situación de fragilidad presente en los escenarios de la vida cotidiana de estas personas, las ha obligado en distintos momentos a acercarse a las dependencias gubernamentales para solicitar ser beneficiarios de políticas sociales, que pueden ir desde requerir círculos infantiles para sus hijos hasta subsidios por concepto de familias numerosas o por el mal estado de sus viviendas. Según refieren estas personas en nuestros intercambios, sus planteamientos han sido desoídos la mayor parte de las veces, lo cual les demostró la ineficacia de «los canales establecidos».
Esta situación ha cobrado mayor intensidad después del 12 de julio, pues los padres y familiares han remitido quejas sobre la instrucción de causas o sobre el propio proceso legal a instancias fiscales y a la presidencia de la República, que solo en algunos casos han tenido contestaciones escuetas; en otros, aún esperan respuesta.
Disenso político y criminalización gubernamental
A raíz del estallido social de julio pasado, importantes figuras políticas han empleado una serie de calificativos peyorativos para referirse a los manifestantes: «mercenarios, vándalos, lacayos o pagados del imperialismo». Tales expresiones han sido usadas indistintamente por Miguel Díaz Canel y otros funcionarios públicos con el fin de criminalizar el disenso, pero lo que hacen en realidad con estas etiquetas es pasar por alto la situación de pobreza y marcada desigualdad social de gran parte de los sectores que se manifestaron esos días. Para caracterizarlos, utilizan el suave término de «población vulnerable».   
María Luisa Fleitas y Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)María Luisa Fleitas (Foto: María Lucía Expósito)
En el firme intento de incluir a los manifestantes de La Güinera en la categoría de vándalos, uno de los aspectos alegados por el discurso político y los medios oficiales, es que la mayoría de los procesados de esa comunidad poseían antecedentes penales. No obstante, al examinar las tres causas seleccionadas, se verifica que, de un total de sesenta y un ciudadanos, cuarenta y cuatro, poco más de las dos terceras partes, no posee antecedentes penales; mientras, diecisiete de ellos sí ha tenido en algún momento de sus vidas una condena judicial.
En el caso de estos últimos, en su inmensa mayoría habían cumplido las sentencias, lo cual motiva dos cuestionamientos: ¿tener antecedentes penales constituye causa de limitación de los derechos políticos?, ¿acaso la justicia no debe tener carácter reeducativo, por qué criminalizar el disenso político, cuando el ciudadano ya ha pagado su pena?
Las condenas a los ciudadanos de esta comunidad reflejan la ausencia de una capacidad de negociación política, que, en lugar de apuntar a la búsqueda de soluciones para revertir la fragilidad social y económica presentes en dicha colectividad, optan por el uso punitivo de la justicia, sentenciando y criminalizando a los habitantes de barrios empobrecidos a penas ejemplarizantes.
Este panorama, lejos de resolver conflictos, agudiza la vida comunitaria y sienta precedentes en la mentalidad de una ciudadanía que hace décadas vive bajo el efecto de la crisis del modelo político y económico imperante en Cuba.

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Pianista surcoreano Yeontaek Oh ofrecerá hoy concierto en La Habana

El laureado músico surcoreano Yeontaek Oh Sala se presentará este viernes en la Sala de Conciertos Ignacio Cervantes, en La Habana, como parte del VI Encuentro Internacional de Jóvenes Pianistas, según informan medios oficiales en la Isla.La presente edición de esta cita, ideada hace una década por el catedrático Salomón Mikowsky y el fallecido historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal, reúne también a siete alumnos del Manhattan School of Music de Estados Unidos, de acuerdo con un despacho de la agencia Prensa Latina (PL).🇨🇺🎹|| La Sala de Conciertos Ignacio Cervantes en La Habana acoge la presentación del músico surcoreano Yeontaek Oh, como parte del programa del VI Encuentro Internacional de Jóvenes Pianistas en #Cuba.Leer más 👉https://t.co/fUDDGoj1ap#Cuba #RadioCubana@CubaEsCultura pic.twitter.com/L0dO2ds2NB— Radio Habana Cuba (@RadioHabanaCuba) May 27, 2022Según la página Concours musical international de Montréal, Yeontaek Oh nació en 1992, en Wonju, Corea del Sur, estudió en la Academia Prodigy del Centro de Artes de Seúl, la Escuela Secundaria de Artes de Seúl y la Universidad Nacional de Seúl. Debutó a los 13 años y desde entonces ha ganado más de veinte premios nacionales e internacionales. Actualmente vive en Alemania.En cuanto al evento, en los mejores escenarios dedicados a la música clásica en la capital cubana tendrán lugar 19 funciones de conciertos con orquesta, recitales y clases magistrales. Tienen como protagonistas a 14 intérpretes de nueve naciones, entre los que destacan además el ruso-estadounidense Kirill Gerstein y la griega Katia Skanavi, detalla el medio.La lista de figuras foráneas incluye también al chino Guangshou Tian, al ruso Alexandre Moutouzkine, a la ucraniana Inesa Sinkevych y al egipcio Wael Farouk; así como, a los cubanos Marcos Madrigal, Ernesto Oliva, Daniel Rodríguez y Sofía Iraola.Añade PL que la curaduría de este evento musical comprende partituras de la pianística universal, el estreno de obras de reconocidos compositores como Leo Brouwer, Ernesto Oliva e Inesa Sinkevych, así como una selección de piezas del acervo de la Isla compuestas, entre otros, por Roberto Valera y José María Vitier.Otra de las actividades relacionadas con el evento, y organizada por el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas y la Subdirección de Gestión Cultural de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, será el coloquio sobre el arte de tocar el piano con el profesor Mikowsky, acota el reporte.La información de PL recuerda que la sala de conciertos que acogerá la presentación ocupa desde hace una década uno de los pisos del otrora Casino Español de La Habana, construido en 1914 en el emblemático Paseo del Prado, y conocido en la época por la celebración de festejos, bailes y banquetes.Desde su reapertura, tras un significativo proceso de restauración asumido por la Oficina del Historiador de la Ciudad, el sitio ha recibido a figuras como el cantautor Silvio Rodríguez, la pianista María Victoria del Collado, el violinista Alfredo Muñoz y el clarinetista Arístides Porto, agrega el reporte.

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