HAVANA CLIMA

Minsap: Cuba sin casos de hepatitis aguda de origen desconocido

Se han estudiado casos en el instituto de referencia del IPK, pero ninguno ha cumplido con el criterio de hepatitis aguda de origen desconocido, aseguró el ministro. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

“Las hepatitis no son hoy un problema de salud en Cuba y los casos disminuyen hasta la fecha en mas de un 77% en comparación con el año anterior. No se ha detectado en el país ningún caso que cumpla con el criterio de hepatitis aguda de origen desconocido”, informó este viernes en el Parlamento el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda.

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Llaman a propietarios de riquimbilis a completar el proceso de legalización de estos medios

El primero de agosto vence el plazo de tramitación para legalizar dichos vehículos. De los 7 000 equipos inscritos inicialmente, solo 2 362 han realizado la inspección técnica
Desde septiembre del 2021 a la fecha solo se han realizado 2 362 inspecciones técnicas de los 7 000 equipos declarados inicialmente en la provincia. (Foto: TransportEspirituano)

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El proceso de homologación de equipos armados por partes y piezas muestra cierto atraso en Sancti Spíritus por lo que se solicita a los propietarios de estos medios que hasta el momento no se hayan presentado a realizar la inspección técnica de los mismos que acudan de inmediato a la Planta de Revisión radicada en Sancti Spíritus, aun cuando estos no estén en óptimas condiciones técnicas.

Así lo declaró a Escambray Orestes Bacallao Medina, presidente de la Comisión de Homologación Provincial, y añadió que el plazo para este trámite expira el primero de agosto de este año, según consta en la Resolución No. 200 del Ministerio del Transporte, la cual indica, además, que la aprobación final del proceso, que por única vez se desarrolla en el país, vence en el mes de diciembre.

Ante la urgencia de que los propietarios de riquimbilis acudan a realizarles la correspondiente revisión, Bacallao Medina explicó que desde que se inició el proceso en la provincia se han censado alrededor de 7 000 vehículos armados por partes y piezas de diferentes tipologías, pero a partir de septiembre del 2021, hasta la fecha solo se han realizado 2 362 inspecciones técnicas, en las cuales se decretaron aptos 1 896 medios.

Asimismo, dijo que, como establece la propia resolución, los vehículos deben pasar por una comisión provincial integrada por el Ministerio del Interior y el de Transporte antes de elevar las propuestas a la comisión nacional, pero hasta ahora solo se han presentado unos 1 530 vehículos.

La fuente explicó que aquellos propietarios cuyas motos no poseían guardacadena cuando realizaron la revisión técnica tienen que presentarse nuevamente ante la comisión. En tanto, dijo que en el caso de los riquimbilis que aún no están aptos para circular pueden ser presentados ante esta comisión para obtener el número del expediente y en los seis meses posteriores deben concluir el resto del proceso de legalización.

Los dueños de los riquimbilis que ya fueron notificados como aprobados por parte de la Comisión Nacional de Homologación deben esperar por la publicación del cronograma en el sitio web TransportEspirituano, donde aparecerán las fechas establecidas para formalizar su inscripción en el Registro de Vehículos.

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Cuba Alimentos 2.0 Fair concluded in Havana

HAVANA, Cuba, May 27 (ACN) With the presence of Miguel Diaz-Canel Bermudez, first secretary of the Central Committee of the Cuban communist party and president of the country, the 3rd edition of the Cuba Alimentos 2.0 (“Cuba 2.0 Food Fair”) concluded in Pabexpo, in Havana.The Cuban president toured several stands belonging to domestic and foreign companies, where he talked with managers and workers, noticed innovations and inventions and was interested in the progress of new models of economic management in the country.Also on this last day, Manuel Marrero Cruz, member of the Political Bureau and Cuban PM, exchanged with representatives of several projects dedicated to food production. The meeting was a favorable scenario to establish strategic agreements in the development and production of the food industry, to promote exports and import substitution with the participation of the new actors present in the management model of the Cuban economy.Hosted by the Cuban ministry of food industry and organized by Fira de Barcelona, the space allowed the exchange of more than a hundred domestic and foreign companies, with the participation of 15 countries, such as Spain, Mexico, Italy, Chile, Venezuela and Brazil.Alimentos Cuba 2.0 had three days of activities that included the launching of new products, a round of negotiations by the Cuban Chamber of Commerce, and presentations of equipment and Cuban entities to promote their services.

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Nicholas Steele: «Es inaceptable permitir que otras fuerzas nos dividan como pueblo y región»

Nicholas Steele, ministro de Salud y Seguridad Social de Granada, expresó que es un honor estar presente en esta XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
Al iniciar su intervención, extendió sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas del accidente en el Hotel Saratoga, así como a los fallecidos por la COVID-19.
Resaltó que las limitaciones propias impuestas por la pandemia de la COVID-19 nos han dividido. Por ese motivo, es inaceptable, en este momento histórico, permitir que otras fuerzas nos dividan como pueblo y región. Denunció que desafortunadamente, en vez de concentramos en la recuperación pospandemia, hablamos de separaciones injustas.
Agradeció al Gobierno cubano por el envío de personal médico a Granada y a muchos países de la Caricom. Recordó que fueron Cuba y Venezuela los primeros que ayudaron positivamente a su país, así que tienen la obligación de apostar por un mundo mejor y esa época tiene que llegar, pero para ello es necesario, primero, la eliminación del bloqueo económico comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

XXI Cumbre del ALBA-TCP en La Habana .Fragmentos de la intervención del Ministro de Salud y Seguridad Social de #Granada , Nickolas Steele. #ALBAUnida pic.twitter.com/gY33xgJ1XX
— Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) May 27, 2022

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Sentenciando a una comunidad empobrecida

La justicia es igual a las serpientes: 
Sólo muerden a los que están descalzos.

Monseñor Romero
***
El 12 de julio del 2021 la ciudadanía protestó de forma masiva en La Güinera, barrio del municipio habanero de Arroyo Naranjo. Esta manifestación se debe situar en el contexto del estallido social que sacudió el archipiélago desde la jornada anterior, y que tuvo como resultado más de mil personas detenidas en los días siguientes, la muerte del ciudadano Diubis Laurencio, así como un amplio despliegue de la violencia de Estado.
A estos hechos ha seguido el desarrollo de varias causas judiciales contra un total de 161 ciudadanos residentes en la comunidad en cuestión, según datos aportados por la ONG Justicia 11J. Los delitos más frecuentes en las condenas han sido sedición, propagación de epidemias, desacato, desordenes públicos y atentado.
Un patrón que se repite en las sentencias se basa en que los testigos presentados por fiscalía, en su inmensa mayoría, fueron oficiales del Ministerio del Interior o la Policía Nacional Revolucionaria. Además, si bien se observan en estos documentos referencias a los episodios de violencia por parte de los manifestantes, se omite toda información concerniente al ejercicio de la fuerza policial y de los funcionarios gubernamentales, visibles en los videos grabados por la ciudadanía y en el testimonio de los familiares.
Aun cuando existe un alto cúmulo de información sobre los sucesos del 11 y 12 de julio, en este texto nos concentraremos en analizar la compleja situación social de la comunidad La Güinera, reflejada en los propios dictámenes judiciales y en la información aportada por los familiares de los presos. Con ese fin se seleccionaron como muestra las sentencias de las causas 13/21; 14/21 y 19/21. En esos procesos fueron juzgados sesenta y un ciudadanos, con edades comprendidas entre los diecisiete y los sesenta y cuatro años. Las penas impuestas por los jueces oscilaron entre seis y veintiséis años de prisión.
Durante la visita del presidente Miguel Díaz Canel a La Güinera, el 20 de agosto del 2021, los medios oficiales intentaron presentar al barrio «como un espacio social donde las problemáticas poblacionales estaban resueltas o en vías de solución». En cambio, las sentencias ofrecen información que permite constatar la enorme complejidad de las dificultades existentes en el tejido social y la vida comunitaria, que tienen como denominadores comunes la agudización de la pobreza y la exclusión social.
Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)
Escolarización, empleo y relación con las instituciones gubernamentales
En el texto que publiqué en este espacio el pasado mes de marzo, afirmé que los efectos de las continuas crisis económicas y del deterioro del modelo socio-político cubano, han influido en el débil mercado laboral de los residentes en este barrio. Tal proceso tiene su expresión más apreciable en tres características comunitarias: elevada tasa de abandono del sistema educativo al concluir la enseñanza media, auge del empleo informal y desconfianza en las instituciones públicas o gubernamentales.
Si bien en la sentencia de la causa 13/21 no se ofrece información sobre el nivel educativo de los imputados, los expedientes 19/21 y 14/21 aportan datos que permiten develar la naturaleza social del estallido en cuestión. El alto índice de abandono escolar se encuentra motivado por la precarización del nivel de vida, la disfuncionalidad de los hogares y la falta de acceso a elementos tecnológicos, como computadoras o discos externos, que permitan responder a las necesidades de los procesos docentes en la educación superior. Esta tesis es verificable a simple vista en las sentencias, pues de los acusados analizados ninguno posee titulación universitaria.
En un país en que la escolaridad obligatoria es hasta el noveno grado, los datos presentes en las sentencias ofrecen un panorama educativo desolador: cuatro detenidos poseen 6to grado de escolaridad, veintisiete concluyeron el 9no grado y solo nueve poseen el duodécimo grado. Dicha información muestra la presencia de un alto índice de escolarización elemental, pero también revela una abrupta deserción escolar, que, lejos de favorecer la continuidad de estudios al menos hasta el preuniversitario, potencia la incorporación de adolescentes al mercado laboral, en especial en el sector informal.
El otro elemento que evidencia la situación de vulnerabilidad económica que incentivó a la ciudadanía a tomar el espacio público, es la informalidad del mercado laboral, que se agudizó aún más con la «Tarea Ordenamiento», la crisis de desabastecimientos y el proceso de hiperinflación que se vive en el país. El agravamiento de esta realidad condujo a las protestas, pues empeoraron el acceso a la alimentación, los medicamentos y otros insumos básicos en medio del peor pico de la pandemia de covid-19.
La inestabilidad del mercado laboral se observa en el alto nivel de desocupación declarado en los procesos judiciales. Esta información ha sido empleada por el Gobierno para criminalizar a los manifestantes, sin ofrecer las causas sociológicas y económicas que la originaron. Los datos y la realidad de la comunidad demuestran el difícil panorama laboral de sus habitantes: en el momento de la manifestación, treinta siete personas se encontraban desempleadas, solo quince tenían vinculación laboral reconocida, tres eran estudiantes y uno estaba atendido por la Seguridad Social.
Estos datos deben ser contrapuestos con la información aportada por los familiares de los detenidos. De las ocho familias consultadas, se pudo constatar que sus hijos realizaban distintas actividades en el sector de la economía informal, obligados por la situación de vulnerabilidad de sus núcleos familiares, integrados por madres solas o compuestos por un elevado número de miembros.  
A este panorama debe añadirse el efecto causado entre esas personas por la apertura de tiendas en monedas libremente convertibles (MLC), que complejizó aún más su situación. Estos comercios expiden productos en una moneda a la que no tiene acceso la mayoría de los manifestantes, y habían reforzado el mercado informal de reventa de insumos básicos para una vida digna, los cuales llegaron a precios inconcebibles para familias que, en muchos casos, están en el umbral de la pobreza extrema.
Elizabeth León (Foto: María Lucía Expósito)
Si analizamos la composición de los grupos etarios predominantes en las causas, es patente que el grupo más numeroso de manifestantes oscila entre los dieciocho y los treinta años, con un total de treinta y cuatro enjuiciados; mientras, entre los treinta y uno y cuarenta años fueron sentenciados catorce.  Únicamente trece detenidos exceden las cuatro décadas de vida.
La presencia mayoritaria de una ciudadanía joven, millennials, que ha vivido en carne propia las continuas crisis de la economía y se ha distanciado de los metarrelatos políticos gubernamentales, demuestran un panorama distinto en los posicionamientos cívicos y políticos de los manifestantes, que se alejan del discurso que atrajo a sus abuelos.
El otro aspecto que llevó a la ciudadanía al espacio público el 12 de julio, fue la desconfianza en las instituciones públicas y los poderes del Estado. La situación de fragilidad presente en los escenarios de la vida cotidiana de estas personas, las ha obligado en distintos momentos a acercarse a las dependencias gubernamentales para solicitar ser beneficiarios de políticas sociales, que pueden ir desde requerir círculos infantiles para sus hijos hasta subsidios por concepto de familias numerosas o por el mal estado de sus viviendas. Según refieren estas personas en nuestros intercambios, sus planteamientos han sido desoídos la mayor parte de las veces, lo cual les demostró la ineficacia de «los canales establecidos».
Esta situación ha cobrado mayor intensidad después del 12 de julio, pues los padres y familiares han remitido quejas sobre la instrucción de causas o sobre el propio proceso legal a instancias fiscales y a la presidencia de la República, que solo en algunos casos han tenido contestaciones escuetas; en otros, aún esperan respuesta.
Disenso político y criminalización gubernamental
A raíz del estallido social de julio pasado, importantes figuras políticas han empleado una serie de calificativos peyorativos para referirse a los manifestantes: «mercenarios, vándalos, lacayos o pagados del imperialismo». Tales expresiones han sido usadas indistintamente por Miguel Díaz Canel y otros funcionarios públicos con el fin de criminalizar el disenso, pero lo que hacen en realidad con estas etiquetas es pasar por alto la situación de pobreza y marcada desigualdad social de gran parte de los sectores que se manifestaron esos días. Para caracterizarlos, utilizan el suave término de «población vulnerable».   
María Luisa Fleitas y Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)María Luisa Fleitas (Foto: María Lucía Expósito)
En el firme intento de incluir a los manifestantes de La Güinera en la categoría de vándalos, uno de los aspectos alegados por el discurso político y los medios oficiales, es que la mayoría de los procesados de esa comunidad poseían antecedentes penales. No obstante, al examinar las tres causas seleccionadas, se verifica que, de un total de sesenta y un ciudadanos, cuarenta y cuatro, poco más de las dos terceras partes, no posee antecedentes penales; mientras, diecisiete de ellos sí ha tenido en algún momento de sus vidas una condena judicial.
En el caso de estos últimos, en su inmensa mayoría habían cumplido las sentencias, lo cual motiva dos cuestionamientos: ¿tener antecedentes penales constituye causa de limitación de los derechos políticos?, ¿acaso la justicia no debe tener carácter reeducativo, por qué criminalizar el disenso político, cuando el ciudadano ya ha pagado su pena?
Las condenas a los ciudadanos de esta comunidad reflejan la ausencia de una capacidad de negociación política, que, en lugar de apuntar a la búsqueda de soluciones para revertir la fragilidad social y económica presentes en dicha colectividad, optan por el uso punitivo de la justicia, sentenciando y criminalizando a los habitantes de barrios empobrecidos a penas ejemplarizantes.
Este panorama, lejos de resolver conflictos, agudiza la vida comunitaria y sienta precedentes en la mentalidad de una ciudadanía que hace décadas vive bajo el efecto de la crisis del modelo político y económico imperante en Cuba.

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Rechazan exclusión de naciones de Cumbre de las Américas (+Fotos)

La Habana, 27 may (ACN) Es inaceptable que países del hemisferio no sean invitados a la IX Cumbre de las Américas, manifestó hoy desde su país Roosevelt Skerrit, primer ministro de la Mancomunidad de Dominica, al intervenir de forma virtual en la XXI Cumbre del ALBA-TCP, con sede en esta capital.
Cada nación debe decidir si asiste o no, y expresamos nuestra solidaridad irrestricta, declaró en referencia a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la reunión, a celebrarse a inicios de junio en Los Ángeles, organizada por el gobierno de Estados Unidos.
En la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Skerrit defendió mediante videoconferencia, la soberanía y libre determinación de las naciones del hemisferio.
Reconoció que el pueblo cubano demuestra su compromiso y solidaridad y mantiene vivo, como en el contexto de la pandemia de la COVID-19, los principios y el legado de Fidel Castro, así como su espíritu indomable.
Agradeció a los Estados miembros del ALBA-TCP por el apoyo a Dominica durante la pandemia, con el envío de kit diagnóstico por Venezuela y el trabajo de una brigada médica cubana por seis meses.
Debemos recordar que sin la ayuda de Cuba y Venezuela miles de personas hubieran fallecido, acotó el primer ministro.

Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, al denunciar la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de participar en la IX Cumbre de las Américas subrayó que nadie tiene derecho a determinar quien asiste o no, o si quieren o no asistir.
Denunció la maniobras del gobierno de Estados Unidos de que estos países estén representados por funcionarios y no por sus mandatarios, lo que calificó como “un insulto a la inteligencia de nuestras naciones”.
El jefe de Gobierno sanvicentino, tercer orador de la cita, también criticó el criminal bloqueo económico, comercial y financiero que desde hace más de 60 años Estados Unidos impone a Cuba, que afecta la calidad de vida de su pueblo y su propio desarrollo, política que ha recibido el rechazo de la comunidad internacional en las Naciones Unidas.
Al recordar cómo las relaciones entre Cuba y Estados Unidos tuvieron cierta flexibilización en la segunda etapa del gobierno de Barack Obama, dijo que la actual administración de Joe Biden ha retomado uno de los errores más tremendos que cometió Donald Trump en cuanto a recrudecer el bloqueo.
Gonsalves condenó las sanciones norteamericanas contra Venezuela por su impacto hacia el Caribe, al no poder recibir los países del área energía menos costosa.
En sus palabras ante mandatarios y altos funcionarios de los Estados miembros de la ALBA-TCP reiteró su apoyo a la declaración final de este encuentro, respecto a rechazar la exclusión de los países ante mencionados de participar en la IX Cumbre de las Américas.
La XXI Cumbre del ALBA-TCP comenzó en el Palacio de la Revolución de La Habana con las palabras de Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, quien afirmó que Washington actúa sin tener el criterio de todos.
Esta cita de la alianza creada en 2004 trata sobre estrategias de desarrollo comunes y la situación política regional.

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