ROMA, Italia.- Recientes estadísticas de la ONU confirman que en Venezuela el éxodo ya alcanzó 6.11 millones de personas en los últimos seis años. En consecuencia, la migración se ha convertido en objeto de negocio, en cuanto a la tramitación de documentos se refiere. Así lo explicó la Dra. Ana Lisbeth Mata Aguilar, abogada y Doctora en Derecho Constitucional, quien conversó con CubaNet desde la nación sudamericana.
En la lista del calvario que sufren los venezolanos para obtener los documentos necesarios para emigrar, el primer lugar lo ocupa la obtención de los diplomas que acreditan la formación educativa a través del GTU. Se llama así al sistema de gestión de trámites universitarios y se utiliza para validar nacionalmente todos los documentos relacionados con estudios superiores. “Es completamente gratuito, no pagas absolutamente nada, el detalle está en que logres ingresar a la página para poder hacer el trámite online”, aseguró Mata Aguilar.
Según la abogada, con mucha frecuencia la página no funciona y en ese caso hay que utilizar otros mecanismos. “¿Cuál es el plan B? Buscar un funcionario que trabaje dentro de ese organismo y cobran montos desde 50 dólares hasta 150 por cada documento universitario, para poderlo legalizar, que es el primer paso”. Porque “luego viene la apostilla de ese documento para que sea válido fuera de Venezuela”. “Es uno del organismo en donde hay más corrupción ahorita, el de gestión de tramites universitario”, reiteró.
Gestores dolarizados
La legalización de los documentos civiles no escapa de este entramado de corrupción que según Mata Aguilar repite el mismo modelo de la cita inalcanzable. “Tú vas a solicitar la legalización de tu acta de nacimiento, de tu acta de matrimonio, de un acta de defunción, de una sentencia de divorcio, tienes que hacerlo ante un registro, el registro principal donde tramitaste ese documento por primera vez. Es un trámite sencillo que se hace online y se paga una tasa irrisoria, 15, 30 bolívares. El detalle es conseguir la cita, nunca hay cita; pasa lo mismo que con la legalización de documentos universitarios”, dijo.
Al no ser posible la gestión online, resulta obligatorio dirigirse a los llamados “gestores” que agilizan el proceso a cambio de pagos en dólares: “el funcionario cobra desde 20 hasta 100 dólares por tramitarte una legalización”. La figura del gestor no es legal ni mucho menos el pago en dólares, consecuencia de la hiperinflación galopante que ha normalizado el cobro de servicios en divisas o su equivalente en dólares, utilizando como tipo de cambio el del mercado negro.
Pasaportes impagables
“El otro trámite que es indispensable para poder salir de Venezuela y cuyo arancel es bastante alto es el del pasaporte. Es conocido por todo el mundo que el trámite del pasaporte venezolano es uno de los más caro del mundo, imagínate que, por renovar el pasaporte, que es lo que acá le llamamos la prórroga, son 100 dólares lo que tiene que pagar un usuario y si vas a solicitar un pasaporte nuevo, son 200 dólares”, afirmó.
El salario mínimo vigente en Venezuela desde el pasado 3 de marzo es de medio Petro (PTR), la denominada criptomoneda del régimen de Nicolás Maduro; lo que equivale a 139.33 bolívares o 30 dólares al cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Entonces, una persona que gane salario mínimo debe acumular 6 meses de salario para poder obtener un pasaporte.
“No todo el mundo tiene acceso a 200 dólares. Hay personas que ganan 10 dólares al mes y de repente requieren su pasaporte, entonces alguien dirá, si ganas 10 dólares para qué necesitas el pasaporte, justamente para migrar y ganar más de 10 dólares mensuales. Entonces, es un freno que le hacen a esa posibilidad de buscar ese sueño, esa mejor oportunidad”.
Además, la abogada explicó que el cobro de los pasaportes contradice la Ley Orgánica del Niño, Niña y Adolescente. ¿Por qué? “Esa ley dice que el interés principal o superior siempre es en beneficio del niño. Están cobrando emolumentos por el trámite de un niño, niña o adolescente, adicional a ello es un derecho constitucional, al derecho de tener una identificación, incluso si vas fuera de Venezuela”.
Aranceles desmedidos
La Dra. Ana Lisbeth Mata Aguilar, asimismo, explicó que “los migrantes venezolanos se han visto en la necesidad de despojarse de todos sus bienes muebles e inmuebles para tener algún tipo de capital que les permita buscar ese mejor sueño, esa mejor oportunidad fuera de Venezuela”.
El problema es que los venezolanos están obligados a registrar la venta a través del registro inmobiliario conocido como SAREN, que de acuerdo con el testimonio de la abogada fija tarifas de emolumentos impagables que pueden alcanzar incluso la mitad del valor del inmueble.
“Cuando vas al registro inmobiliario y presentas el documento para su trámite, debes pagar unos aranceles, unos emolumentos, unos tributos al rey como le digo yo. Y cuando haces ese cálculo del monto que vas a cancelar, muchas veces es casi un 50% del valor del inmueble que estás vendiendo. Si el inmueble vale 20 000 dólares, tienes que pagar 10 000 dólares de gastos de registro, para poder vender tu propiedad a un tercero y buscar ese mejor sueño fuera de Venezuela”, afirmó.
Asimismo, aseguró que la situación “es totalmente incoherente y esta tasa la calculan en base a nadie sabe cómo, porque cuando tú le preguntas a un funcionario público cómo es este cálculo… Y el funcionario te dice: ‘mira, ese es el sistema, el sistema es el que lo da’. Pero, ¿quién es ese sistema?, ¿quién es la mano peluda que está detrás de ese sistema? ¿Cómo es posible que un sistema te arroje un arancel a pagar por trámite de venta de un inmueble casi equivalente al 50% o más del inmueble que estás vendiendo o comprando. Es totalmente absurdo, sin embargo, sucede”.
Qué pasa entonces
Esta situación ha obligado a muchos venezolanos a no registrar la venta de sus inmuebles y hacerla a través de la firma de documentos privados, con los riesgos que eso implica.
Y luego aparece siempre la solución, oportuna y al alcance de todo: la corrupción. Entonces, “viene la segunda parte, la más tenebrosa y de la que nadie habla y muchas personas tratan de hacerse las locas y olvidarse de ese tema. Es que el funcionario te dice, bueno, son 10 000 dame 5 000 y yo te proceso el documento, bueno ¿y cómo es ese sistema?, ¿cómo se calcula esa tarifa? Son esas cosas incomprensibles, pero que están sucediendo Venezuela”, denunció.
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