Holguín.-No es banquero ni empresario. Tampoco se desempeña como operador de caja registradora de monedas y billetes. Pero, igual que quienes tienen esos roles, Yunior Torres Almaguer anda pendiente de los dineros. Es el intendente del municipio de Holguín y conoce con claridad el monto de las finanzas disponibles en el territorio para cubrir necesidades sociales.
Ni pestañea al afirmar que este año fueron aprobados 14,5 millones de pesos para acciones constructivas en 28 circunscripciones. Aclara que, al sumar el 1,4 millón que tiene por destino la atención a las madres solteras con tres hijos o más, sale a la luz que a los barrios se les ha puesto más dinero.
Sería mucho mejor disponer de sumas mayores para solucionar los problemas que aquejan a la población, sobre todo el deterioro de viales y viviendas, y de servicios vitales como el de acueducto y alcantarillado. Remitiéndose a lo hecho durante 2021, recuerda que con esos fines se demandaron 18,5 millones de pesos que no fueron completados con dinero del presupuesto, sino con el aporte de la contribución territorial.
Los desbalances presupuestarios hay que solucionarlos, apunta, con la sagacidad y capacidad para captar ingresos endógenos, de ahí que la conversación gire hacia el impacto del pago de impuestos, una de las vías empleadas por el Estado para engrosar las finanzas públicas.
Pero la existencia de esa ruta no indica que siempre la cumplan quienes tienen obligaciones tributarias.
POSIBILIDADES Y PLANES
El municipio de Holguín posee un alto potencial de ingresos por concepto de impuestos. El Registro de Contribuyentes, aclara Dayamí Rojas Hernández, directora de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) del territorio, está conformado por 35 000 personas naturales (cerca de 16 000 son trabajadores por cuenta propia) y más de 550 personas jurídicas, entre ellas 86 mipymes. Es la razón por la que las recaudaciones superan a las de algunas provincias, entre ellas Cienfuegos.
«Este año tenemos que recaudar más de 4 490 millones de pesos para el Presupuesto del Estado. Ahora bien, el presupuesto municipal, que es el utilizado por el Gobierno del territorio para diferentes destinos, tiene un plan próximo a 1 276 millones de pesos. Crece cerca de un 45 % con respecto a 2021»
El crecimiento no es capricho. «La recuperación de la economía, una vez que va quedando atrás la etapa pico-pandémica de la COVID-19, se manifestará en la recaudación. Asimismo, influye el cambio del pago por cuotas fijas a cuotas porcentuales».
Los análisis han tenido en cuenta que las 86 mipymes del territorio tienen seis meses o un año de beneficio fiscal. Hoy solo aportan lo que corresponde a la Seguridad Social. Será otra cosa cuando tributen por concepto de los pagos de utilidades y los demás aportes, dígase servicios o ventas.
LO QUE HAY Y LO QUE FALTA
Se ha logrado cumplir al 100,3 % lo que debía ser recaudado en lo que va de año; sin embargo, la especialista considera que es temprano para cantar victoria. Como es mejor precaver que lamentar, la ONAT del municipio está identificando reservas potenciales para suplir el déficit de ingresos por el incumplimiento de las obligaciones tributarias, al tiempo que define posibles bolsas de evasión que enfrenta con acciones de control fiscal integral.
«Contabilizamos 6 918 personas, quienes entre los meses de enero, febrero y marzo no habían honrado sus obligaciones tributarias. Entonces comenzamos a determinar sus deudas, que no es otra cosa que establecer lo que debían pagar, más el recargo y la multa. Al actuar de esa forma sobre más de 1 800 incumplimientos, identificamos como no pagado a tiempo más de un millón de pesos, del que ya se recuperó el 80 %».
La caracterización del entorno también les indica la existencia de contribuyentes a quienes la subida de los precios les ha incrementado los ingresos, pero no aportan el creciente porcentaje que les corresponde.
«El año pasado, atípico por la COVID-19, fuimos consecuentes al otorgar aplazamientos de pagos, pero hubo 22 personas que acumularon ocho millones de pesos incumplidos. Ya se agotó el tiempo en el que debían pagar. Con ellas vamos a la aplicación de multas y recargos. Además, el proceso conduce a una vía de apremio, que es el último acto administrativo por nuestra parte, a lo que sigue la denuncia por evasión fiscal».
Lázaro Santos Álvarez, especialista principal del área jurídica de la ONAT municipal, confirma que este año ya han radicado dos expedientes de denuncia por el delito de evasión fiscal a personas naturales. Si las sancionan, les corresponderá de tres a ocho años de privación de libertad, aunque no significa que pagarán la deuda. Y eso se debe a que, en el procedimiento de recaudación de impuestos, existe una laguna legal que debe ser segada.
«De etapas anteriores hay sancionados que no han honrado las deudas. Unos están en libertad condicional, y existe el caso de uno que falleció. Así, después de realizar investigaciones y preparar los expedientes, nuestro trabajo queda incompleto.
«A veces, cuando una persona está en pleno proceso por otro delito, se nos pide intervenir para determinar su deuda, pero una vez sancionada aquella, los órganos de control que nos llamaron, no nos dan el acompañamiento que necesitamos, con el fin de recuperar el dinero no tributado».
PÉRDIDAS PARA TODOS
Si la conversación deja claro que el 70 % del presupuesto municipal se conforma con los aportes del sector empresarial, también aparece una alarma cuando son enumeradas las empresas que reportan pérdidas económicas, lo que tristemente persiste.
Los datos que maneja Dayamí Rojas revelan que, al cierre del primer trimestre del año en curso, 19 de esas entidades empresariales, entre ellas empresas estatales socialistas, cooperativas de créditos y servicios y cooperativas no agropecuarias, es decir, contribuyentes con personalidad jurídica, estaban en la lamentable situación. Por lo tanto, no tuvieron utilidades y no pagaron los impuestos que estas debían generar.
Habituales operaciones matemáticas realizadas sobre el supuesto de que fuera diferente la situación de las 12 empresas estatales socialistas que aparecen en el nefasto escalón, demuestran que, si cada una hubiera aportado, por las utilidades, un millón de pesos, el monto habría sido cercano a lo que este año se ha dedicado en el municipio a actividades constructivas en los barrios.
Entonces, las palmas son para las entidades empresariales que lograron utilidades, de las cuales se derivaron 116 millones de pesos captados como impuestos.
GASTAR MENOS E INGRESAR MÁS
Al cierre del mes de marzo de este año se registró un déficit de 103 millones de pesos, porque se gasta más de lo que se ingresa, independientemente de que se cumplen los ingresos, comenta el director de Finanzas y Precios del territorio, Douglas Ricardo Torres.
«No podemos pasar por alto que la COVID-19 ha seguido afectándonos, y nos ha obligado a gastar 25 millones de pesos en el primer trimestre».
Es un contexto en el que se exige a la Empresa de Comercio y Gastronomía, una de las que tuvo pérdidas, buscar formas de obtener mayores ingresos. Como no hay suficiente harina de trigo y otros recursos, uno de los métodos para mantener las ofertas es la compra de viandas y otros productos en establecimientos agropecuarios locales y de sitios más allá. Así venden bolas de yuca y plátano burro, tortas de casabe y bocaditos preparados con estas, además de alimentos semielaborados como los trozos de frutabomba, cuya cocción se puede concretar en casa.
«Con la Dirección de Cultura realizamos, semanalmente, análisis con el fin de que organice y desarrolle actividades recreativas que capten ingresos por el cobro de entradas. El municipio tiene espacios con la infraestructura apropiada para recibir los elencos artísticos».
Está claro que no es sencillo buscar dinero para sostener un presupuesto con fines totalmente sociales. Como es de suponer, continuarán las acciones legales frente a los contribuyentes que incumplen deberes tributarios y creen que gozarán de impunidad. Al unísono, se estimulará la aplicación de procedimientos que eviten a las entidades caer en pérdidas en medio de la compleja situación económica en la que actúan.
PRECISIONES
- Más de 250 000 contribuyentes fueron exonerados del pago de impuestos durante el aislamiento social por la pandemia de la COVID-19.
- Más de 100 000 aún no pagan impuestos por encontrarse sus actividades limitadas en el actual escenario epidemiológico.
- Se identificaron más de 72 000 contribuyentes que no efectuaron el pago de sus tributos en enero, febrero y marzo de este año. Ya se han rescatado por ese concepto más de 16 millones de pesos.
- Las provincias con más incumplimientos detectados son Guantánamo, Granma y Sancti Spíritus.