Los juicios contra manifestantes del 11J estuvieron amañados y jueces y fiscales recibieron presiones del régimen para alterar el debido proceso legal, declaró este 10 de mayo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) el exfiscal cubano Raucel Ocaña.
Exiliado en Suiza y en espera de asilo político en esa nación europea, Ocaña dijo haber recibido presiones de este tipo en otras ocasiones, aunque él mismo no participó en los procesos relacionados con las protestas antigubernamentales del 11J en Palma Soriano, Santiago de Cuba, su lugar de residencia.
“Ya prácticamente cuando se emite una sentencia referente a estos temas de personas que se manifiestan contra el Gobierno, ya el fallo viene prejuzgado antes de que se haga el juicio”.
“Ya el fiscal sabe lo que tiene que decir, el juez también sabe lo que tiene que hacer. Los órganos que están detrás dirigen el proceso judicial”, explicó Ocaña en entrevista con OCDH.
Afirmó que “generalmente, la Jefatura coacciona y no apoya la propuesta del fiscal” e indica “que se deben tener en cuenta algunas cuestiones políticas del país, que no se debe ser tan benevolente y hay que asumir una posición de escarmiento, totalmente represiva”.
El exfiscal concluyó apuntando que “la justicia no debe ser parte de la política”, y que “Cuba nunca va a prosperar en beneficio del pueblo mientras siga creciendo la corrupción”.
Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que, “en Cuba, donde el poder judicial está firmemente sometido al control gubernamental, no hay transparencia en los procedimientos ni se permite asistir a los juicios a periodistas y observadores de derechos humanos independientes”.
En cambio, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró el 28 de abril que los juicios contra los manifestantes del 11 de julio se llevaron a cabo de acuerdo con “todas las garantías legales”.
Entre las últimas sanciones se cuentan las de los manifestantes de la esquina de Toyo y La Güinera, en La Habana. La pena más elevada fue de 30 años de cárcel, según información publicada el 16 de marzo por el Tribunal Supremo.
Familiares de los presos han asegurado que los juicios han sido verdaderos montajes en los que apenas se presentan pruebas para incriminar a los acusados y, con frecuencia, están manipuladas.
