LAS TUNAS, Cuba. — La muerte del mayor general Ignacio Agramonte y Loynaz, ocurrida en Jimaguayú el 11 de mayo de 1873, cumple 149 años este miércoles. De aquel día aciago —en que la nación cubana en eclosión perdió no sólo en el terreno militar y político a uno de sus más destacados estrategas, sino también al jurista brillante, defensor de los derechos civiles— Ramón Roa escribió en su Diario:
“A las 7 de la mañana enemigo de las tres armas en número considerable. Combate. El mayor general, al avanzar la caballería sobre el enemigo y hallándose a la vanguardia con sólo algunos jinetes dirigiendo la acción, antes de que aquella pasase el río, cargó sobre el enemigo valerosamente, sin contar el número, matando a un contrario con su espada, más la infantería enemiga, escondida en la yerba, le hace fuego a quemarropa derribándolo del caballo, cuando solamente había cerca de él tres o cuatro hombres, a quienes fue imposible recogerle…”.
Al día siguiente y cruzado cual una alforja sobre el lomo un mulo, la tropa española llegó con el cadáver de Agramonte a Camagüey. Allí, alrededor de las cuatro de la tarde, luego del reconocimiento en el Hospital de San Juan de Dios, con la anuencia de la Iglesia, pero contrario a sus normas, quemaron el cuerpo esparciéndose sus cenizas en el viento.
Las primeras honras fúnebres por Agramonte tuvieron lugar un mes después, el 11 de junio, lejos de Cuba, en Nueva York, en la iglesia de San Esteban, en la calle 19, entre las avenidas Lexington y Tercera. En presencia de una representación de todas las familias cubanas residentes en la ciudad, la oración fúnebre sería pronunciada por quien quince años después iba a ser el religioso estadounidense más admirado por José Martí: el padre Edward McGlynn.
Agramonte sólo tenía 32 años al morir en combate, pero mucho antes de enfrentar el colonialismo español con las armas en la mano, lo había combatido con la palabra fecunda del jurista certero que llevaba en sí. Siendo todavía estudiante, y como parte de un ejercicio de Derecho Administrativo, pronunció una argumentación en contra del colectivismo y en defensa de los derechos civiles que hoy en Cuba tiene tanta o más vigencia que entonces.
“Tres leyes del espíritu humano encontramos en la conciencia: la de pensar, la de hablar y la de obrar. A estas leyes, para observarlas, corresponden otros tantos derechos imprescriptibles e indispensables para el desarrollo completo del hombre y de la sociedad. Al derecho de pensar libremente corresponden la libertad de examen, de duda, de opinión, como fases o direcciones de aquel…”.
“A pesar de que la razón y la experiencia nos demuestran que no podemos formarnos una opinión exacta en ninguna materia sin examinarla previa y detenidamente, no han faltado hombres y aun clases enteras en la sociedad que con miras interesadas y ambiciosas han querido despojar al hombre de esos derechos revelados por la razón a todos”.
Ignacio Agramonte y Loynaz: El Bayardo, El Mayor, estudiante brillante, jurista agudo, general táctico y estratega, educador de su ejército, arquitecto de nuestra primera Constitución (la de Guáimaro), retador del Padre de la Patria —pero sin permitir que en su presencia se hablara mal de Carlos Manuel de Céspedes—, héroe en el rescate del brigadier Sanguily y mártir de Jimaguayú. Agramonte, el amante perpetuo de Amalia Simoni, que ha sido enaltecido por unos y calumniado por otros.
El 11 de mayo del próximo año se cumplirán 150 años de su muerte en combate. Vista esa fecha redonda cual piedra angular y puntal ético de nuestra nación, la que contribuyó a fundar con la fuerza de su pensamiento y de su acción, debíamos recordarla no como una efeméride más, sino como un lema a seguir: Agramonte: Nación, Estado y Derecho.
Asistido por Antonio Zambrana, Ignacio Agramonte trajo a la Constitución de Guáimaro los conceptos que ya había defendido en su época de estudiante y que ahora llamamos derechos universales. Y si la Cámara de Representantes podía nombrar y destituir al presidente de la República en Armas, al general en jefe del Ejército Libertador y a los secretarios de Despacho, el artículo 28 expresaba: “La Cámara no podrá atacar las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición, ni derecho alguno inalienable del pueblo”.
Pero 150 años después de promulgada la Constitución de Guáimaro, todos esos derechos son vulnerados en Cuba con visos de “legalidad” por el precepto de la Constitución de 2019 que confirma al Partido Comunista como “único” y como “fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”.
Luego, desde ahora, cuando celebramos los 120 años de la República, los cubanos todos, dentro y fuera de Cuba —aun los oficialistas, que contraviniendo los postulados agramontistas hacen usufructo ilegítimo de su nombre—, por deber cívico y bien público, debíamos investigar su vida y su obra, con sus virtudes y defectos, trayéndola al contexto social actual, visto por Ignacio Agramonte cuando en la Universidad de La Habana, en el antiguo convento de San Juan de Letrán, dijo: “La libertad de obrar consiste en hacer todo lo que le plazca a cada uno en tanto que no dañe los derechos de los demás.”
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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