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Nadia Ferreira está de celebración de cumpleaños, pero la víspera lo hizo desde el interior de un avión junto a Marc Anthony

La modelo paraguaya Nadia Ferreira está de cumpleaños este martes 10 de mayo, pero la víspera lo celebró desde el interior de un avión privado junto a su novio el cantante Marc Anthony, desde Instagram compartieron una imagen que quedará en el recuerdo sus 23 añitos con una linda tarta y...

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Tan sagrados como los niños deben ser también sus derechos

Granma.–Tras un proceso de consulta popular que a lo largo de toda la Isla involucró a más de seis millones de cubanos en los debates sobre el proyecto del Código de las Familias, uno de los asuntos medulares que ha generado opiniones diversas en torno a la novedosa norma jurídica ha sido el abordaje de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en un contexto en el cual la protección de la infancia exige, cada vez más, una mirada aguda.

Tal perspectiva busca respaldar en letra de ley la prioridad conocida que Cuba le otorga al crecimiento saludable de los menores de edad, así como al cuidado de su integridad física y sicológica, tanto en el ámbito familiar como fuera de este.

Sin embargo, ante la introducción, en el proyecto del Código de las Familias, de derechos específicos para los infantes y adolescentes, una interrogante común ha surgido entre muchos padres y abuelos: ¿se pierden facultades sobre los menores?

La respuesta es no, y aunque la norma es explícita al determinar el alcance en el entorno familiar de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sin que ello invalide los deberes y derechos de sus progenitores, este diario indagó en los argumentos que, desde la experiencia legal existente en Cuba, refrendan la urgencia de hacer valer lo propuesto en la normativa jurídica.

CRECER CON MAYOR AMPARO LEGAL

Yamile González Cabrales, presidenta de la Sala de lo Civil, Administrativo y Laboral del Tribunal Provincial Popular de la provincia de Granma, y vicepresidenta del Capítulo de Derecho Civil y de Familia en la sede de la Unión Nacional de Juristas de Cuba en ese territorio, refiere que el tratamiento legal a los asuntos que involucran a niños, niñas y adolescentes suelen ser complejos y muy sensibles, por lo que disponer de un marco jurídico actual que contemple sus deberes y derechos es una condición indispensable.

En tal sentido, precisa, el proyecto del Código de las Familias viene a convertirse en punto de partida para ampliar el horizonte afectivo y educativo de las familias, además de robustecer la comunicación entre adultos y menores de edad.

–A partir de esta premisa, ¿qué impacto tiene para la familia la incorporación del concepto de interés superior del niño?

–Ese término lo enarbola la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que data de 1989, y de la cual Cuba es signataria. Dicha norma transversaliza todas las disposiciones que tengan que ver con los menores de edad porque tiene un cauce procesal en el cual la premisa es proteger sus derechos.

«Es decir, que cuando haya que tomar una decisión en un tribunal, siempre se tendrá en cuenta aquella que vele, proteja y reconozca los derechos de los niños.

«No obstante, hay que tener en cuenta que el Código de la Familia vigente en Cuba es del año 1975, y que si bien las políticas públicas que se han establecido y dispuesto desde entonces hasta la fecha han velado por los derechos de los infantes, normativamente no estaba reconocido el interés superior del niño hasta la aprobación de la Constitución de la República en 2019.

«Se considera que este principio establece un antes y un después en el marco legal cubano, porque busca cambiar el paradigma en la concepción del niño, al dejar de verse como un objeto de protección para convertirse en un sujeto de derechos.

«De hecho, en la norma jurídica vigente está concebida la comunicación con los menores solo a partir de los intereses de los adultos. Por ejemplo, puede darse el caso de un padre que desea comunicarse con su hijo y la madre del menor lo limita, pero ambos sin escuchar realmente qué es lo que quiere el niño.

«Ante esta realidad, no he visto, en mi experiencia como jueza, un proceso encaminado a establecer obligaciones para que un progenitor o progenitora ausente tenga mayor participación en la vida del menor a partir de sus necesidades, como lo es el hecho de contar con su presencia en las reuniones de la escuela, en sus actividades extracurriculares o en cualquier otro ámbito de su vida.

«En definitiva, ahora se considera al niño como una persona con derechos y deberes, los cuales se van a ir adquiriendo en la medida en que el menor crezca y su capacidad intelectual madure».

–En esa misma línea, un tema controvertido que ha incorporado el Código es el derecho de los menores a ser escuchados de acuerdo con su capacidad y autonomía progresiva. ¿Significa este concepto un cambio en el modelo tradicional de educación y formación dentro de los hogares cubanos?

–Para el disfrute pleno de todos los derechos y del ejercicio de la capacidad se ha definido que desde el punto de vista jurídico hay que alcanzar la mayoría de edad, establecida a los 18 años; pero biológicamente eso no funciona así.

«En ese sentido, el concepto de autonomía progresiva busca que legalmente la adquisición de la capacidad se parezca a como ocurre en el organismo del menor. No se evaluará nunca con el mismo rigor a un niño de seis años que a un adolescente de 13.

«También hay que aclarar que el grado de madurez intelectual puede ser distinto en niños de una misma edad. De ahí que se tenga que particularizar en cada infante. Y ello no significa, en modo alguno, que los niños van a hacer lo que quieran, ni que los padres tendrán limitadas sus facultades.

«Existen circunstancias que lo demuestran, como puede ser el caso de un niño que no quiera someterse a un tratamiento médico por temor, y entonces se impone la responsabilidad parental de cuidar al infante porque prima el derecho a la vida.

«Se trata, en todo caso, de legitimar la participación activa de los niños en la dinámica familiar a partir de la posibilidad que tienen no solo de ser escuchados, sino también de que se les tenga en cuenta su opinión. Y a los padres se les suman responsabilidades.

–Dentro de esa responsabilidad parental se incluye el deber de velar por la seguridad de los niños en el entorno digital, ¿es un paso de avance que el Código reconozca como un derecho de los menores de edad su acceso a las plataformas virtuales?

–En primer lugar sería ingenuo pensar que, con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, se pueda concebir el crecimiento de niños, niñas y adolescentes alejados del mundo digital. No es una concepción solo de Cuba, es una realidad latente en la mayoría de los países, por lo que el acceso a las plataformas digitales tiene que ser un derecho de los menores de edad.

«Pero con este ámbito sucede como con cualquier otro escenario de la vida. O sea, el acceso de los niños a internet pasa por el contenido y el uso adecuado de la web de acuerdo con su autonomía progresiva y bajo la conducción de sus padres y profesores.

«Hoy estamos enfrentando muchas situaciones desagradables en internet que no tienen solución en una norma jurídica. Al respecto, el proyecto del Código de las Familias asume lo que le corresponde, pero para las conductas negligentes asociadas a figuras delictivas en la red de redes, se ha actualizado el Código Penal de reciente aprobación».

–Si tuviera que definir el mayor aporte que ofrece el Proyecto de Código de las Familias al desarrollo integral de los infantes y adolescentes, ¿qué destacaría?

–Lamentablemente, por ser un grupo vulnerable, los menores de edad pueden ser víctimas de diversas situaciones en las que los colocan los adultos –ya sean padres, familiares, o conocidos– y el hecho de tener garantizados sus derechos en una norma jurídica permite dar cauce de forma más ágil a cualquier conflicto que los involucre, al tiempo que los ampara antes, durante y después del proceso.

«Incluso, si por determinadas causas los padres no están presentes, los menores contarán con la defensoría familiar. Es decir, que cuando los padres no respondan a los intereses del niño, él tendrá la oportunidad de buscar la protección y defensa de sus derechos.

«En general estamos ante una norma que viene a atemperarse a lo que realmente pasa en nuestra sociedad. No pretende cambiar nada que ya no exista dentro de los hogares; en todo caso, busca que podamos vernos representados todos, y en especial los niños, cuyos derechos son tan sagrados como ellos mismos».

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El Código Penal cubano contra la delincuencia económica, una pelea contra los demonios

La realidad socioeconómica en Cuba se ha trasformado vertiginosamente, desde la orientación de un modelo de desarrollo autóctono, que enfrenta duros retos, tanto internos como externos y que transita entre los postulados de la Constitución de la República, los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido Comunista y la Revolución y la Estrategia Nacional de Desarrollo. No obstante, frente a ese propósito se alzan determinados escollos que requieren un enfoque integral para aportar soluciones idóneas, que permitan, de manera consensuada y precisa, proteger los intereses tutelados por la sociedad en un Estado socialista de derecho y justicia social.
Precisamente, uno de tantos problemas deviene de la delincuencia económica también denominada de cuello blanco, entendida de manera directa como la criminalidad que comete hechos delictivos que afectan a la regulación de la producción, distribución, cambio y consumo de bienes y servicios. Criminalidad que requiere de una renovada perspectiva de enfrentamiento, que tenga en cuenta los nuevos sujetos económicos y los fundamentos constitucionales de funcionamiento de la nación, donde se reconoce al mercado como espacio de intercambio legítimo y se describen las conductas de mayor lesividad social, como oportunamente trae aparejado el nuevo Código Penal, que protege el orden económico como uno de sus intereses primordiales.
En nuestro actual contexto cabría preguntarse: ¿Qué características identifican a este tipo de delincuencia? ¿Qué dificultades inciden en el enfrentamiento a esta criminalidad? y ¿Qué nuevas soluciones aporta la nueva regulación sobre este complejo fenómeno? 
Características de la delincuencia económica
Desde la Criminología, se han compilado sus caracteres en perspectiva a las personas involucradas, así como al tipo de acciones que desarrollan, las que se pueden enumerar por:

La Comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal.

Este detalle permite ubicar que tales conductas deben tener una representación en la norma penal, donde se debe reconocer un bien específico tutelado (dirigido a una esfera concreta del orden económico), que señale los sujetos en posición de cometer esta afrenta, con una descripción de la acción u omisión que es reprochable para la sociedad, la afectación o riesgo provocado y el castigo por su actuar censurable.

Pertenencia del autor de los hechos a un estatus social elevado

Los estudios iniciales de estas conductas circunscribieron a sus comisores a espacios reducidos de actuación, donde priman sujetos profesionales o de un nivel alto de calificación laboral, vinculados a diferentes sectores productivos, en áreas de responsabilidad y poder, de disponibilidad de recursos financieros o materiales y que presentan usualmente un alto poder adquisitivo. Son considerados pilares de la sociedad, por sus logros en distintos ámbitos y exponen una imagen positiva frente a los demás miembros de la comunidad. 

Desarrollo de la conducta delictiva en el ejercicio de las actividades profesionales

Vinculado con la característica previa, las personas involucradas ejercitan sus actuaciones contrarias a Derecho, aprovechando los propios mecanismos económicos, en los cuales es usual se especialicen, sea por formación técnica o por la asunción de responsabilidades administrativas o de similar índole que les permite encubrir sus fechorías bajo un aparente actuar lícito y diligente.

El sujeto del delito es una persona respetable y existe abuso de confianza 

Uno de sus caracteres típicos, es que sobre ellos, por los méritos o los logros alcanzados, se deposita una gran confianza, al asignárseles determinadas prerrogativas por cuestión de sus funciones o cargos, de las que abusan o se aprovechan para cometer conductas reprochables y con las que ocasionan altos costes, los que no se reducen solo al ámbito patrimonial, pues también inciden en el respeto a la institucionalidad, que queda en entredicho por el incumplimiento de su encargo social y por estar involucrados personal que debía mantener un actuar honrado. 

La infracción debe ser apta para poner en riesgo o lesionar al orden económico

No cualquier comportamiento que sea delito y cometido por estos sujetos queda en los límites de la delincuencia económica, esta debe, además, afectar el correcto funcionamiento de la Economía, al dañar o poner en riesgo los principales motores de funcionamiento del país y sus ciudadanos, fuera de aquellas conductas que sean espacio de la delincuencia tradicional. 
Dificultades del enfrentamiento a la delincuencia económica
Todo el entramado de características enumeradas permite comprender muchas de las dificultades de detección, procesamiento, juzgamiento y sanción de estas conductas antijurídicas, las cuales, se trató de ubicar en tres direcciones esenciales, aunque no las únicas a señalar. En primer lugar, debido a la preparación técnica que ostentan muchos de los sujetos que incurren en estas acciones, logran encubrir muchos de estos comportamientos ilícitos, burlando los controles económicos y administrativos, a la vez que pueden corromper el entorno en el que se desarrollan, lo que favorece un ambiente de impunidad y descontrol además de dificultar la obtención de medios probatorios para inculpar a los participantes. 
En segundo lugar, se considera que a esta problemática se suma la escasa percepción de la ciudadanía acerca de su existencia o su real peligro para todos. Este asunto viene ocasionado porque, en general, se considera más lesiva la delincuencia tradicional: el ladrón, el violador, el homicida, entre otros, pues la comunidad ve reflejado en ellos el riesgo de perder o ver afectados sus bienes individuales. Sin embargo, en el caso de la criminalidad económica, como su incidencia para el ciudadano es indirecta: pues contribuye al desabastecimiento, al encarecimiento de los productos o servicios, a la defraudación en el consumo, entre otras múltiples acciones, provoca un menor rechazo social, muchas veces trasladado a otros factores de justificación de la insuficiencia.  
En tercer lugar, porque muchas de estas conductas económicas son la fuente abastecedora del mercado negro, lo que crea comprometimiento en sectores de la sociedad, la cual, ante los problemas de desabastecimiento o insuficiencias en el acceso a bienes y servicios, acuden a los receptores de las mercancías o servicios que tienen origen en la economía legal. Bienes que son sustraídos por la delincuencia económica, trastocando los cometidos de las entidades responsables de proveer a la propia ciudadanía, que prefiere en muchas ocasiones mirar a otro lado para poder satisfacer sus necesidades sociales, desde la aceptación, la tolerancia o la indiferencia ante estas conductas delictivas. 
Novedades del Código penal frente al delito económico
Algunos de los principales cambios de la nueva normativa, devienen de una reformulación del bien tutelado; una reorganización de las figuras delictivas que afectan a la economía, con vistas a lograr un castigo justo y proporcional al daño ocasionado, así como un reforzamiento de los mecanismos de restauración de los perjuicios ocasionados, a lo que se suma un agravamiento de las sanciones a imponer como respuesta del reproche social que merecen estos comportamientos particularmente lesivos.

Reformulación del bien tutelado

Como aspiración de un Derecho Penal de mínimos, que proteja los bienes de mayor relevancia de las conductas más lesivas, es que se cambió la anterior formulación de “economía nacional”, término muy criticado por su amplitud y consecuente imprecisión, que ciertamente en ocasiones impedía total claridad en cuanto a aquello que ameritaba protección. Aquel fue subrogado en el recientemente promulgado Código Penal por la expresión “orden económico nacional”, que defiende el funcionamiento en la producción, distribución, cambio y consumo de bienes y servicios en la sociedad cubana, está en consonancia con los fundamentos económicos constitucionales y ampara las principales actividades y rubros económicos que pueden ser objeto de conductas delictivas, lo que permite reforzar la jerarquía constitucional, al sistematizar en la normativa penal los intereses tutelados desde la Constitución patria.  

Reorganización de las figuras delictivas que afecten a la economía

Se reorganizó el título dirigido a la regulación de los delitos que afectan el orden económico nacional, al insertarse en sus postulados nuevos tipos penales, como la malversación, la evasión fiscal y el lavado de activos, que tradicionalmente estaban dispuestos en los delitos que afectan a los derechos patrimoniales y los que atentan contra la hacienda pública respectivamente. A esto se suma la introducción de los delitos laborales y se racionaliza la tutela penal, dejando fuera comportamientos de escasa lesividad como parte de algunas de las modalidades de los delitos de actividades económicas ilícitas y hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor.

Reforzamiento de los mecanismos restauradores

Como parte de los elementos perfeccionados de la disposición norma penal se establece un conjunto de circunstancias de adecuación de la pena, que permiten reducir las condenas penales en caso que los comisores de las conductas delictivas reparen el daño ocasionado. Tal posibilidad es clave en este tipo de delitos, pues, aunque se sancionen a los involucrados, queda muchas veces pospuesta la devolución de los bienes sustraídos hasta mucho tiempo después de cumplidas las condenas impuestas, lo que atenta contra la oportunidad y celeridad en la impartición de la justicia en Cuba.

Agravamiento de las sanciones 

Como mismo implica una readecuación del tratamiento al delito económico, con la protección de un interés bien delimitado, contextualizado con la Constitución y los fundamentos económicos y tomando en cuenta a los sujetos involucrados, las penas que den respuesta a este fenómeno se agravan, pero siempre manteniendo la proporcionalidad debida y contando con las garantías del debido proceso penal. 
Finalmente se puede afirmar que la nueva normativa sustantiva penal crea oportunidades para perfeccionar el enfrentamiento a la delincuencia económica, que en el contexto cubano cobra especial importancia, porque daña la economía cubana, y pone en riesgo el proyecto social nacional, al defraudar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el personal que labora en ellas, tanto en las entidades públicas como en las de gestión no estatal como sujetos legítimos en el escenario contemporáneo. 
No se erige esta como la única vía de enfrentamiento, por lo que debe ser complementada por los diferentes mecanismos de control y supervisión de que dispone el Estado, así como por la actuación fundamental de todos los agentes de control social. Pero, ciertamente será otra herramienta en la defensa de los intereses económicos fundamentales de la nación cubana, que son la base del desarrollo sostenible por el que se trabaja, se lucha y se sueña para el bien de todos.

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Mipyme Mercasa no deja promesas sin cumplir (+ Fotos)

Si de buscar alternativas para ofrecer un mejor servicio al pueblo de Las Tunas se trata la mediana empresa Mercasa, productora y comercializadora de productos agropecuarios, no deja de ser noticia, así lo avalan sus acciones para abaratar precios y llegar a más familias.
Argel Frank Fundora Acosta, director general de la entidad, hizo pública en redes sociales la decisión de disminuir significativamente y a corto plazo los precios en el municipio de Las Tunas .
Mercasa, con sede en el mercado urbano El Mambí, varios puntos de venta y una notable incursión en el comercio electrónico a través de la aplicación Mercazona, propone alternativas de precios diferenciados, ejemplo de ello resulta la venta de plátano vianda por racimos, sueltos y empaquetados.

Fundora Acosta sostiene lo que ya había declarado como proyecciones de Mercasa antes de constituir un nuevo actor de la economía cubana, cuando soñaba conque en el mercado confluyeran todo tipo de precios.
En exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias, el usufructuario dijo que para lograr estos objetivos quedará abierto un centro mayorista en las cercanías de la estación del Ferrocarril, espacio remodelado recientemente y que el pueblo tunero conoce por tradición.
Además, una decena de placitas serán entregadas a Mercasa en ese propósito de acercar las producciones al barrio, y ante la escasez en el mercado agropecuario urbano El Tunero, la mediana empresa privada asumió las ventas en dos de sus cubículos.
Pero las acciones no sólo se circunscriben a la ciudad capital, pues recientemente llegó hasta el norteño municipio de Puerto Padre con una feria que generó un gran impacto.

De igual forma, más de un centenar de empresas y entidades del territorio han solicitado la venta de módulos a sus trabajadores, a lo que el negocio responde con facilidades de pago.
Ante el anuncio en Facebook de la disminución de precios en los establecimientos de Mercasa muchas fueron las muestras de aceptación entre internautas, pero la ACN llegó hasta El Mambí para conocer las opiniones de sus clientes.

Martha y Emilia, quienes residen en las inmediaciones del mercado autoservicio, conversaban frente a la tablilla cuando afirmaron que para ellas, ambas jubiladas, urge una disminución de los costos de viandas, frutas y vegetales.
En el renovado local, la clienta Masdey Rodríguez comentó sobre lo positivo que resulta para la población que Mercasa establezca estrategias de este tipo, pues sus productos siempre gozan de buena calidad y eso reduce las oportunidades de revendedores que proponen precios verdaderamente astronómicos.

Lea más: Garantiza mobiliario para el turismo entidad avileña
Para Argel Fundora Acosta, un trabajador incansable, las palabras del Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, son un verdadero impulso cuando afirmó en su última visita a Las Tunas: “Mercasa está demostrando lo que es la verdadera empresa socialista” .

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Sincronizan unidades generadoras de energía con el Sistema Eléctrico Nacional

Este domingo sincronizó la unidad 3 de la Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos, para aportar 158 megawatts al Sistema Eléctrico Nacional
Central Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, de Holguín, genera establemente 185 megawatts. (Foto: Juan Pablo Carreras)

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Ya se encuentra en línea con el Sistema Eléctrico Nacional, el bloque 1 de la Central Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, en la provincia de Holguín que genera establemente 185 megawatts, informó a Granma el director general de la planta, ingeniero Osmel Maturell Reyes. 

La capacidad máxima del bloque, de 260 megawatts, se alcanzará una vez que se ejecute el mantenimiento programado que requiere el mismo, agregó. Como se ha dado a conocer en otras ocasiones, prosigue la reparación parcial capitalizable del bloque 2, emprendida en marzo de este año, con el fin de elevar la confiabilidad de la caldera, la turbina y del generador. 

Este domingo sincronizó la unidad 3 de la Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos, para aportar 158 megawatts al Sistema Eléctrico Nacional. 

El bloque 6 de la Central Termoeléctrica 10 de Octubre, en Nuevitas, Camagüey, también sincronizó con el Sistema Eléctrico Nacional, luego de haberse detenido, por causas técnicas.

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Cuba was sixth in Canoe Sprint World Cup

 HAVANA, Cuba, May 22 (ACN) Cuba said goodbye today to the 2022 Canoe Sprint World Cup in Racice, Czech Republic, with a gold, a silver and a bronze medal, good enough to finish sixth in the competition (2-2-1).Saturday’s golden metal was won by Yarisleidis Cirilo won the 200 m final A (C-1) with a time of 45.08 seconds—the best of the women’s results (2-1-0)—whereas her fellow countrywoman Khaterin Nuevo finished ninth with 46.93 seconds. Cirilo had already won the gold in 200m C-2 and the silver medal in the 500m C-2, in both cases together with Nuevo.Meanwhile, Serguei Torres (22:58.75 min) and José Ramón Pelier (23:26.23 min) won the silver and bronze medals in the 5,000 meter C-1. Pelier also rowed in the 1,000 m C-1 final A final, but finished seventh, while Torres was sixth in the final B.Spain (3-4-2) finished first in the Racice competition—which gathered 500 athletes from 50 countries, including several Olympic and world medalists—followed by China (3-2-2), Germany (3-2-1), Ukraine (3-2-1), Poland (2-2-2) and Cuba (2-2-1).

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