CIUDAD DE MÉXICO, México. — La periodista independiente Cynthia de la Cantera Toranzo es la última víctima de la Seguridad del Estado de Cuba que revela públicamente acoso y la violencia que ha sufrido por ejercer el periodismo en medios no controlados por el gobierno.
Según el testimonio que ha compartido a CubaNet y a otros medios independientes, la joven lleva siendo acosada de forma sistemática desde el año 2020 por diversos elementos de la policía política.
De la Cantera, colaboradora habitual del portal YucaByte, único medio independiente enfocado en la tecnología y los derechos digitales, reconoce que ni siquiera sabe con certeza los nombres de sus represores.
“No sé si los nombres con los que se presentan son sus nombres reales. La Seguridad del Estado tiene como práctica usar seudónimos”.
Nominada al premio Gabo 2020, la reportera, asentada en La Habana, pidió a la comunidad internacional que no abandonen a las decenas de periodistas y activistas perseguidos y encarcelados en Cuba.
Cynthia de la Cantera reconoce que ha sufrido interrogatorios y violencia psicológica, pero que las amenazas por parte de la Seguridad del Estado contra ella y su pareja están escalando.
En su último interrogatorio, realizado el 22 de abril, “el 1er Teniente Manuel, oficial operativo de la Seguridad del Estado, me precisó que dijera públicamente que voy a dejar el periodismo. Unas semanas antes me había pedido que redactara a mano esa renuncia”.
La periodista, egresada de la Universidad de La Habana, se negó a firmar el documento que pedía el teniente, así como a publicar en sus redes sociales que dejaba el periodismo.
Previamente, la Seguridad del Estado había multado a Cynthia de la Cantera bajo el Decreto-Ley 370, que criminaliza los contenidos en redes, a pesar de que la reportera apenas publica en estas. Una amenaza reiterada hacia ella ha sido que podría ser encarcelada en virtud del nuevo código penal, que será discutido el 14 de mayo por la Asamblea Nacional.
“El artículo 143 contempla la privación de libertad de 4 a 10 años a quien ´apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional´. Con ese artículo han amenazado en estos primeros meses del año a otros periodistas y activistas”, menciona en su testimonio.
Cuba, “peor país de América Latina en materia de libertad de prensa”
Artículo 19, una organización que monitorea la libertad de expresión, aseguró hace un par de semanas en su informe regional para México, Centroamérica y el Caribe que en Cuba la ley “permite que cientos de personas se encuentren sujetas a procesos criminales que no tienen posibilidades de una justicia efectiva”.
Desde el año 2018 la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) ha documentado 191 agresiones contra periodistas. Solo en el mes de marzo la organización logró documentar nueve agresiones, aunque reconoce que pueden ser más. Al igual que el resto de organizaciones proderechos humanos, la APLP no puede realizar su trabajo abiertamente y es constantemente hostigada por el régimen cubano. De igual forma, muchos de sus miembros han sido detenidos por cortos periodos de tiempo.
Año tras año, Cuba es “el peor país de América Latina en materia de libertad de prensa”, según Reporteros Sin Frontera, y uno de los peores a nivel mundial, junto con Corea del Norte su aliado político. La organización francesa reconoce que hay dos periodistas en la cárcel.
De la Cantera se suma a una larga lista de periodistas violentadas como Anay Remón y Camila Acosta, ambas de CubaNet, y colegas de otros medios como Luzbely Escobar y Yoani Sánchez de 14yMedio, por solo mencionar a algunas.
A continuación, compartimos el testimonio que nuestra colega Cynthia de la Cantera nos ha hecho llegar esperando que no la abandones a ella ni a quienes hacen periodismo sobre Cuba y que “intentamos seguir contando esa parte de la historia que nos han negado, a pesar de toda la violencia que sufrimos y sufren nuestras familias”.
El pasado jueves 21 de abril, durante un interrogatorio, el 1er Teniente Manuel, oficial operativo de la Seguridad del Estado, me precisó que dijera públicamente que voy a dejar el periodismo. Unas semanas antes me había pedido que redactara a mano esa renuncia, con el papel y bolígrafo que tenía preparado sobre el buró de un cuarto en la estación de Zapata y C; algo a lo que me negué. Eso fue el 8 de marzo de este año, cuando Manuel me interrogó durante dos horas luego de felicitarme por el Día de la Mujer.
El 11 de febrero de 2022 Manuel se presentó por primera vez como “el oficial que me atiende”. Me citó ese día en la estación de Zanja, y me comunicó que desde entonces cada vez que me llamen quién estará ahí será él. Es un joven licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana. Ese día en el interrogatorio, en el que también estuvieron el Capitán Ernesto y otro oficial que me presentaron como instructor de Villa Marista, me sancionaron administrativamente con una multa de 3000 CUP por el Decreto Ley 370, artículo 68, inciso i.
No sé si los nombres con los que se presentan son sus nombres reales. La Seguridad del Estado tiene como práctica usar seudónimos.
En ese interrogatorio Manuel me dijo que hacía falta ejercer más presión sobre mí para que yo entendiera “la magnitud del asunto donde estoy metida”. Tanto Manuel como Ernesto me afirmaron varias veces que el valor real de la multa es que sirve como antecedente legal para abrirme un proceso. Manuel me dejó saber también que, si las leyes nos gustan o no eso es asunto nuestro, son las leyes que están, y ellos las aplicarán.
En julio, septiembre y noviembre de 2020 fui igualmente interrogada por varios oficiales de la Seguridad del Estado. Entre ellos el oficial Rolando, quien ha amenazado también a otros periodistas independientes. Desde entonces, hace casi dos años, las agresiones psicológicas contra mí y mi pareja no han parado.
Con estas amenazas la Seguridad del Estado busca frenar el ejercicio de hacer periodismo, y hacer lo que considero ayuda a comprender mejor Cuba, la sociedad que somos y las decisiones que otros, desde el poder, toman por nosotros. Soy otra periodista más, bajo la amenaza de encausarla por el artículo 143 del anteproyecto del Código Penal, que la Asamblea Nacional del Poder Popular analizará el 14 de mayo próximo, y que es seguro que se apruebe. El artículo 143 contempla la privación de libertad de 4 a 10 años a quien “apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”. Con ese artículo han amenazado en estos primeros meses del año a otros periodistas y activistas.
No sé cuáles son las intenciones de la Seguridad del Estado con obligarme a hacer público que es mi intención dejar el periodismo, si desprestigiarme ante mis colegas o exponer que ellos tienen el monopolio de la fuerza, algo que ya sabemos que es así. Lo que sí me queda claro es que ellos, con tal de cumplir su objetivo, logran que otra periodista exponga y denuncie las arbitrariedades y agresiones psicológicas, las violaciones a mis derechos humanos, civiles y políticos que han ejercido contra mí y mi pareja en los dos últimos años.
Pido a la sociedad civil cubana, los medios de comunicación y sociedad civil internacional que nos resistamos a normalizar la represión que sufren activistas, periodistas y cualquier persona que disienta en Cuba. Cada día alguien es citado, interrogado, detenido, multado, encarcelado, impedido de salir o regresar a su país… No abandonen a las decenas de periodistas fuera y dentro de la isla que intentamos seguir contando esa parte de la historia que nos han negado, a pesar de toda la violencia que sufrimos y sufren nuestras familias.
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