En días pasados, el ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil presentó un informe sobre el desempeño de las empresas estatales en los dos primeros meses del año que, de alguna manera, muestra los graves desequilibrios del sistema empresarial cubano en condiciones de fuertes presiones inflacionarias y mercados desabastecidos.
De acuerdo con el informe, entre enero y febrero de 2022, de 1.355 empresas estatales informadas, 479 (35,4%) reportaron utilidades superiores al 150% por encima de su plan, en tanto 467 (34,4%) reportaron pérdidas. De ellas, 124 en la agricultura, 55 en industria azucarera, 27 en alimentaria, 19 en construcciones, 14 en industria manufacturera, 15 en transportes y 136 de subordinación local.
Así las cosas, dos tercios de las empresas estatales fueron rentables, aunque con resultados notablemente dispares, debido a que 849 obtuvieron niveles de utilidades superiores al 15% de las ventas y de ellas 129 superaron el 50%, mientras que 297 solo tuvieron beneficios inferiores al 2%. Resulta inexplicable entonces que con tales niveles de ganancias los mercados en Cuba continúen desabastecidos en una amplia gama de bienes.
Alejandro Gil (Foto: Estudios Revolución)
Si bien los resultados del ejercicio de los dos primeros meses del año no son suficientes para evaluar al sector empresarial, sí constituyen indicios de una serie de problemas estructurales que lo afectan.
Entre los más importantes, resulta necesario mencionar: 1) el predominio de estructuras monopólicas de las que disfrutan las empresas estatales en una parte muy importante de la economía nacional; 2) persistencia de altos niveles de ineficiencia en una parte considerable del sector; 3) sobrecostos debidos al sostenimiento de estructuras burocráticas; 4) insuficiente autonomía económica, financiera y de gestión; y 5) ausencia de una cultura de emprendimiento empresarial.
Las empresas estatales que disponen de condiciones de monopolios se benefician de la ausencia de competencia en el sentido de que no se ven retadas por otras empresas que produzcan con menores costos, mejor calidad u ofrezcan mejores servicios o menores tarifas. Eso les permite obtener utilidades extraordinarias incluso cuando no satisfacen la demanda del mercado. ETECSA es un ejemplo de esta situación.
Los altos niveles de ineficiencia están asociados con altos costos de producción, insuficiencia de disponibilidad de materias primas que en muchas ocasiones producen la interrupción de los procesos productivos, mientras deben asumir los costos fijos, así como una grave obsolescencia tecnológica que afecta a gran parte del sector productivo del país.
Las empresas estatales carecen de autonomía en su gestión, lo cual tampoco les permite asumir la responsabilidad que deriva de esa autonomía. La tradición directiva desde los ministerios y las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) y las escasas competencias de que disponen los gerentes han determinado una ausencia de cultura de emprendimiento empresarial en el sector estatal cubano.
La solución de estos problemas no puede lograrse con cambios cosméticos o parciales, sino con una profunda reforma de los mecanismos de funcionamiento del sistema económico.
Los problemas del naciente sector empresarial privado y cooperativo
En agosto de 2021 se adoptaron los decretos leyes que regulan el funcionamiento de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) y cooperativas no agropecuarias (CNA). De acuerdo con las cifras publicadas por Cubadebate, hasta mediados de enero de 2022 se habían aprobado 1.422 MiPymes privadas, 27 estatales y 22 CNA.
El 58% de las MiPymes provienen de antiguos trabajadores por cuenta propia. El 22% se dedica a la producción y comercialización de alimentos, 25% a otras producciones, 9% a servicios informáticos y 31% a otros servicios y solo 32 de ellas realizaron operaciones de exportación. Mientras tanto, aún no se observa un impacto notorio en el empleo, puesto que se reportaron 36.650 trabajadores entre socios y contratados.
Entre los problemas de este naciente sector en la economía cubana están las excesivas restricciones en actividades permitidas, pues se prohíben 112 de ellas, entre las cuales están una lista considerable de categorías profesionales.
Solo se considera la figura de «sociedades con responsabilidad limitada» como forma de organización mercantil, descartando la posibilidad de crear «sociedades anónimas» que podrían conducir al surgimiento de un mercado de capitales en el país.
También resulta negativa la imposibilidad de participar como socio en más de una MiPyme o CNA y la obligatoriedad de residir en el territorio nacional para crear una empresa.
La primera de estas restricciones, unida a las limitaciones impuestas al tamaño y magnitud de los negocios constituyen barreras al desarrollo de dichas empresas y de la capacidad que podría tener un inversionista exitoso de combinar su prosperidad personal con un mayor aporte al empleo y al desarrollo de la economía nacional. La segunda, obliga a los cubanos residentes fuera de Cuba a actuar a través de familiares y amigos, lo cual lesiona la transparencia de los negocios o a actuar como inversionista extranjero siendo cubano. En este último caso, hasta ahora al gobierno cubano no parecen interesarle pequeñas inversiones extranjeras.
Los nuevos negocios privados y cooperativos carecen de la posibilidad de operar directamente en el comercio exterior, debido a que el gobierno persiste en mantener el monopolio de esta actividad en empresas estatales, las cuales ofrecen sus servicios a un mercado cautivo ausente de competencia.
Por otro lado, aunque no se prohíbe expresamente la creación de empresas privadas y CNA en el comercio mayorista y minorista, el Estado, con la discrecionalidad de sus decisiones, asegura su monopolio mientras que sus limitados recursos no permiten abastecerlos adecuadamente. Esta posición de monopolio en el comercio doméstico conlleva al establecimiento de precios altos que aseguran beneficios, aunque no se satisfagan las demandas del mercado.
Los problemas de los mercados en Cuba
Los mercados en Cuba adolecen de graves problemas, unos de carácter estructural y otros derivados de las decisiones de política económica.
La persistencia de los monopolios estatales en diversos tipos de producciones, servicios básicos, acopio, comercio mayorista, minorista y exterior, banca, entre otros, es un pesado lastre sobre el desarrollo de la economía nacional, la productividad y la eficiencia. Como quiera que las entidades monopolistas disponen de un mercado cautivo, no se ven obligadas a la innovación tecnológica, a la reducción de los costos y precios, y a la calidad de la producción o los servicios. Adicionalmente, en muchos casos conduce a la dilapidación de recursos y a prácticas corruptas.
La ausencia de un marco legal adecuado para el desarrollo de la actividad empresarial y la amplia discrecionalidad con la que cuenta el gobierno para autorizar tanto la creación de nuevas MiPymes y CNA, como proyectos de inversión extranjera otorga a los decisores un poder inmenso que en muchas ocasiones ejercen a partir de consideraciones subjetivas, lo cual puede acarrear decisiones erróneas frente a las cuales la sociedad carece de mecanismos para controlar.
A ello se suma que el mercado cubano se caracteriza por falta de transparencia y asimetría de la información. En él participan empresas que disponen de condiciones especiales de funcionamiento, integradas horizontalmente en varios sectores de la economía nacional que, además, están por fuera de la auditoría de los órganos de control del Estado, como es el caso del Grupo de Administración Empresarial S. A. (GAESA).
El mercado cubano sufre una persistente escasez de capitales, que se agrava con un insuficiente ahorro bruto interno, ambos aspectos limitan el desarrollo de las inversiones con recursos domésticos. Frente a esto la opción es promover la inversión extranjera directa. Sin embargo, para lograrlo debe mejorar considerablemente el riesgo-país, afectado en la actualidad por fenómenos como la incertidumbre, inestabilidad e inconsistencia de las políticas económicas, además de las limitaciones que ciertamente imponen las sanciones económicas desde los Estados Unidos.
Finalmente, en los últimos tiempos se han cometido graves errores políticos y de política económica que he analizado en otros textos, tales como la creación de las tiendas en moneda libremente convertible; la llamada Tarea Ordenamiento que estableció un tipo de cambio fijo sobrevaluado y sin un adecuado fundamento económico; las restricciones impuestas a los sectores privado y cooperativo; así como la alta concentración de las inversiones en el sector hotelero que ha contribuido al severo estancamiento y/o el deterioro de la industria, la agricultura, la infraestructura y los servicios sociales, incluso en las condiciones de la pandemia.
La solución de estos problemas no se asegura solo con reformas económicas, sino que requiere un profundo cambio institucional que permita la democratización de la sociedad y haga valer el principio constitucional según el cual la soberanía reside en el pueblo.
