En una soberana decisión, el gobierno izquierdista de Nicaragua rompió relaciones con la Organización de Estados Americanos (OEA), expulsó a sus funcionarios y le cerró sus oficinas en Managua, en respuesta a las continuas agresiones y posiciones golpistas contra su pueblo y la Revolución Sandinista.
Nicaragua había solicitado su salida oficialmente de esa agrupación controlada por Estados Unidos (EE. UU.) en noviembre del pasado año, y cumplía los trámites para hacerla efectiva, pero en una sorpresiva decisión debido a nuevas amenazas, aceleró el proceso que puso punto final a esa historia de infamias e injerencias de un foro considerado instrumento de agresión contra los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina.
El pasado día 24, el canciller nicaragüense Denis Moncada anunció que el gobierno presidido por Daniel Ortega retiró las credenciales de sus representantes Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michel Campbell, ante la institución con sede en Washington, muy próxima a los gabinetes de sus verdaderos jefes desde que fue fundada en 1948.
En un comunicado, Nicaragua confirmó su denuncia y renuncia irrevocables, ante lo que calificó de “calamitosa, truculenta y mentirosa dependencia del Departamento de Estado del imperialismo yanqui. A partir de esta fecha dejamos de formar parte de todos los engañosos mecanismos de este engendro, llámense Consejo Permanente, llámense comisiones, llámense reuniones, llámense Cumbre de las Américas”.
Moncada, quien leyó la nota oficial, precisó que la sede local de la OEA fue cerrada y en el edificio de tres plantas situado en una zona exclusiva capitalina se instalará el llamado Museo de la Infamia, sin que se conozcan aún detalles de la nueva institución.
De momento, agentes de la Policía Nacional protegen el inmueble, donde ya no aparecen los símbolos del bautizado “ministerio de colonias” por el fallecido canciller de Cuba, Raúl Roa García, cuando la isla fue expulsada de la OEA en 1962 por órdenes de la Casa Blanca, incapaz de permitir la presencia de una Revolución a solo 90 millas de sus costas.
La reacción de la OEA con respecto a Nicaragua fue clara y poco convincente. Su desprestigiado secretario general, el exdiplomático uruguayo Luis Almagro, afirmó que, con su actitud, la nación centroamericana contradecía las normas internacionales, en una actitud hipócrita y olvidadiza, pues nadie mejor que él conoce el rol jugado para destruir el sandinismo, su apoyo a las intenciones golpistas de 2018 y su desaprobación de la reelección de Ortega en 2021.
En otro acto impositivo contra el gobierno de Managua, Almagro expresó que la decisión de Nicaragua “es una violación de las relaciones más básicas” y exigió a su gobierno (como si se sintiera con derecho para hacerlo) “que respete las obligaciones que actualmente rigen su relación con la OEA y con todas las organizaciones internacionales de las que Nicaragua forma parte”.
Al parecer, para que no vieran la luz pública documentos comprometedores, el secretario general advirtió que tanto las oficinas como todo su contenido “gozan de la más absoluta inviolabilidad y si son tocados por las autoridades locales les hace internacionalmente responsables por sus consecuencias”.
Pero no solo fue Almagro quien intentó imponer de nuevo sus reglas. El representante de EE. UU. ante la OEA, Bradley Freden, solicitó “otras respuestas” al organismo tras el cierre de sus oficinas en el país. “No podemos encogernos de hombros y mirar hacia otro lado”, argumentó Freden en la última reunión del Consejo Permanente de la entidad.
Sin dar más detalles, el delegado estadounidense aseguró que la OEA no debe temer “aplicar las reglas” en casos como este, ya que, aunque Nicaragua formalizó su salida el pasado domingo, continúa legalmente sujeto a obligaciones hasta 2023.
EE. UU. ha impuesto numerosas sanciones a Nicaragua y sus dirigentes. Lo que Ortega califica como un golpe de Estado financiado y organizado por Washington —el supuesto descontento de una parte de la juventud fue aprovechado para el escalonamiento de una intervención cada vez más clara y una actuación directa en los asuntos internos del país volcánico.
Estos hechos fueron investigados por periodistas estadounidenses, como Max Blumenthal, quien puso al descubierto el rol de entidades como la USAID, Freedom House y la NED en el financiamiento de ONG nicaragüenses, que llamaron al derrocamiento de Ortega.
Ahora usa también la aplicación de la llamada Global Magnitsky Act, una ley que permite operar en contra de figuras claves afines a Ortega. Al amparo de este ordenamiento, el 5 de julio de 2018, el Departamento del Tesoro incluyó en su “lista negra” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus en inglés) a Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional, Fidel Moreno, secretario de la alcaldía de Managua, y José Francisco López Centeno, vicepresidente del ALBA de Nicaragua S. A. (Albanisa).
En ese contexto, el gobierno estadounidense bloqueó el 5 de julio de ese año todos los bienes de los funcionarios nicas que están dentro de la jurisdicción de ese país, según informó el vocero del Departamento de Estado, Heather Nauert.
El pueblo nicaragüense brinda constantes muestras de apoyo a su presidente Daniel Ortega, quien fue reelecto con más del 70% de los votos. (Tomada de Resumen Latinoamericano).
Pero los nicaragüenses, con su historia de lucha por la liberación nacional y su resistencia a los continuos ataques de la Casa Blanca y sus medidas coercitivas, no considera dar un paso atrás. Con su digna actitud, Nicaragua rompió los esquemas que dibuja EE. UU. para los países del área, a los que ya no puede manejar a su antojo y que, en el seno de la OEA, muestran sus diferencias con los designios de Washington, como ocurrió en numerosas ocasiones cuando Almagro quiso imponer resoluciones de castigo a la soberana y socialista Venezuela, que también solicitó su baja de la entidad.
INTROMISONES DE LA OEA
El gobierno sandinista solicitó su renuncia a la carta de la OEA a petición de la Asamblea Nacional, luego de que sus miembros condenaran la actitud adoptada en Washington días antes por Almagro y sus acólitos.
La demanda tiene como antecedente la resolución aprobada durante la 51 asamblea de ese organismo, donde se desconocen los resultados de las elecciones generales celebradas el 7 de noviembre del 2021.
En la reunión, los diputados rechazaron la medida, considerada como una clara falta de respeto a la independencia y autodeterminación del pueblo, y emitida por un organismo sin prestigio internacional, mucho más luego de su activa participación en el golpe de Estado contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, al descalificar sus observadores su triunfo en las urnas.
Incluso, miembros del Partido Liberal Constitucionalista y de otras bancadas opositoras señalaron que, aunque existen diferencias en el terreno ideológico entre las organizaciones políticas nicaragüenses, ellas defienden de manera unitaria la soberanía, libertad e independencia del país.
La actitud injerencista de la OEA en Bolivia, donde fue implantado un gobierno de facto y Morales obligado a abandonar su país en 2019, puso al desnudo la injerencia de la OEA en los asuntos internos de los países. Al parecer, la Casa Blanca quiso repetir la experiencia de Bolivia en Nicaragua dos años más tarde, usando como trampolín a Almagro y sus secuaces.
Al desconocer la victoria de Ortega, la OEA creaba las condiciones para una intromisión directa en el terreno. Su rechazo a los resultados de los comicios parecía una copia al calco de su rol fundamental en el derrocamiento de Morales. Sin embargo, el rechazo enérgico y rotundo de todos los poderes estatales a esa acción irrespetuosa constituyó el inicio del proceso de desvinculación de la carta constitutiva de la OEA, creada en 1948, inicialmente con el propósito de mantener la paz, justicia, solidaridad, colaboración y defensa de la soberanía.
La declaración de inconformidad incluyó el rechazo a las actitudes violatorias y de intromisión en los asuntos internos de Nicaragua y la exigencia de respeto a las decisiones adoptadas por ese país, en especial, la victorial electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Para Nicaragua, el principal vehículo de EE. UU. para aplicar presión económica para desestabilizar el gobierno y la economía nacional es la Nica Act (Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua), introducida por el expresidente Donald Trump en diciembre de 2018.
Esto siguió al fracaso de las fuerzas de oposición financiadas por la Casa Blanca para asegurar el cambio de gobierno mediante un intento de golpe de Estado violento en la primavera de ese año, que causó 200 muertes y un daño económico incalculable.
El objetivo de la Nica Act es invalidar a Nicaragua para recibir posibles préstamos y la asistencia financiera o técnica por parte de instituciones multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La Ley también otorga al presidente estadounidense poderes para bloquear y prohibir transacciones financieras y de otros activos, y sanciona a los funcionarios gubernamentales. Junto con estas medidas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) comprometió en 2018 otros $1,5 millones en asistencia “para continuar apoyando la libertad y la democracia en Nicaragua”.
Nicaragua sigue su línea política de desarrollo local, con igualdad y justicia. A la vez que recibe la solidaridad de instituciones, como el ALBA-TCP por su digna actitud, acaba de firmar memorandos de entendimientos con China y Rusia, países que trabajan sobre la base de la solidaridad y la igualdad de derechos, en proyectos de gran envergadura económica.
La OEA, ese macabro disfraz que usa la Casa Blanca, tendrá que desaparecer, pues no representa —como bien dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador— los intereses de los pueblos sino de sus amos imperiales.
