HAVANA CLIMA

Cuba se viste de Son (+Video)

«Tengo la fe y la esperanza de que para el año próximo tendremos otras condiciones, y celebraremos esta gran fiesta como se soñó en un principio, a lo largo y ancho de nuestra isla, con todo el mundo en las calles, bailando el son», dijo el maestro Adalberto Álvarez, una vez concluida la primera celebración del Día del Son Cubano, el 8 de mayo de 2021, que se dedicó a Miguel Matamoros y a Miguelito Cuní, una vez declarado el género como Patrimonio Inmaterial de la Nación.

Entonces el maestro anunció que la segunda celebración se dedicaría a Ignacio Piñeiro, puntal fundamental en la historia del son cubano y en el mundo, sin imaginar que él, principal inspirador de esta fiesta de la música cubana, no estaría presente físicamente.

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Sentenciando a una comunidad empobrecida

La justicia es igual a las serpientes: 
Sólo muerden a los que están descalzos.

Monseñor Romero
***
El 12 de julio del 2021 la ciudadanía protestó de forma masiva en La Güinera, barrio del municipio habanero de Arroyo Naranjo. Esta manifestación se debe situar en el contexto del estallido social que sacudió el archipiélago desde la jornada anterior, y que tuvo como resultado más de mil personas detenidas en los días siguientes, la muerte del ciudadano Diubis Laurencio, así como un amplio despliegue de la violencia de Estado.
A estos hechos ha seguido el desarrollo de varias causas judiciales contra un total de 161 ciudadanos residentes en la comunidad en cuestión, según datos aportados por la ONG Justicia 11J. Los delitos más frecuentes en las condenas han sido sedición, propagación de epidemias, desacato, desordenes públicos y atentado.
Un patrón que se repite en las sentencias se basa en que los testigos presentados por fiscalía, en su inmensa mayoría, fueron oficiales del Ministerio del Interior o la Policía Nacional Revolucionaria. Además, si bien se observan en estos documentos referencias a los episodios de violencia por parte de los manifestantes, se omite toda información concerniente al ejercicio de la fuerza policial y de los funcionarios gubernamentales, visibles en los videos grabados por la ciudadanía y en el testimonio de los familiares.
Aun cuando existe un alto cúmulo de información sobre los sucesos del 11 y 12 de julio, en este texto nos concentraremos en analizar la compleja situación social de la comunidad La Güinera, reflejada en los propios dictámenes judiciales y en la información aportada por los familiares de los presos. Con ese fin se seleccionaron como muestra las sentencias de las causas 13/21; 14/21 y 19/21. En esos procesos fueron juzgados sesenta y un ciudadanos, con edades comprendidas entre los diecisiete y los sesenta y cuatro años. Las penas impuestas por los jueces oscilaron entre seis y veintiséis años de prisión.
Durante la visita del presidente Miguel Díaz Canel a La Güinera, el 20 de agosto del 2021, los medios oficiales intentaron presentar al barrio «como un espacio social donde las problemáticas poblacionales estaban resueltas o en vías de solución». En cambio, las sentencias ofrecen información que permite constatar la enorme complejidad de las dificultades existentes en el tejido social y la vida comunitaria, que tienen como denominadores comunes la agudización de la pobreza y la exclusión social.
Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)
Escolarización, empleo y relación con las instituciones gubernamentales
En el texto que publiqué en este espacio el pasado mes de marzo, afirmé que los efectos de las continuas crisis económicas y del deterioro del modelo socio-político cubano, han influido en el débil mercado laboral de los residentes en este barrio. Tal proceso tiene su expresión más apreciable en tres características comunitarias: elevada tasa de abandono del sistema educativo al concluir la enseñanza media, auge del empleo informal y desconfianza en las instituciones públicas o gubernamentales.
Si bien en la sentencia de la causa 13/21 no se ofrece información sobre el nivel educativo de los imputados, los expedientes 19/21 y 14/21 aportan datos que permiten develar la naturaleza social del estallido en cuestión. El alto índice de abandono escolar se encuentra motivado por la precarización del nivel de vida, la disfuncionalidad de los hogares y la falta de acceso a elementos tecnológicos, como computadoras o discos externos, que permitan responder a las necesidades de los procesos docentes en la educación superior. Esta tesis es verificable a simple vista en las sentencias, pues de los acusados analizados ninguno posee titulación universitaria.
En un país en que la escolaridad obligatoria es hasta el noveno grado, los datos presentes en las sentencias ofrecen un panorama educativo desolador: cuatro detenidos poseen 6to grado de escolaridad, veintisiete concluyeron el 9no grado y solo nueve poseen el duodécimo grado. Dicha información muestra la presencia de un alto índice de escolarización elemental, pero también revela una abrupta deserción escolar, que, lejos de favorecer la continuidad de estudios al menos hasta el preuniversitario, potencia la incorporación de adolescentes al mercado laboral, en especial en el sector informal.
El otro elemento que evidencia la situación de vulnerabilidad económica que incentivó a la ciudadanía a tomar el espacio público, es la informalidad del mercado laboral, que se agudizó aún más con la «Tarea Ordenamiento», la crisis de desabastecimientos y el proceso de hiperinflación que se vive en el país. El agravamiento de esta realidad condujo a las protestas, pues empeoraron el acceso a la alimentación, los medicamentos y otros insumos básicos en medio del peor pico de la pandemia de covid-19.
La inestabilidad del mercado laboral se observa en el alto nivel de desocupación declarado en los procesos judiciales. Esta información ha sido empleada por el Gobierno para criminalizar a los manifestantes, sin ofrecer las causas sociológicas y económicas que la originaron. Los datos y la realidad de la comunidad demuestran el difícil panorama laboral de sus habitantes: en el momento de la manifestación, treinta siete personas se encontraban desempleadas, solo quince tenían vinculación laboral reconocida, tres eran estudiantes y uno estaba atendido por la Seguridad Social.
Estos datos deben ser contrapuestos con la información aportada por los familiares de los detenidos. De las ocho familias consultadas, se pudo constatar que sus hijos realizaban distintas actividades en el sector de la economía informal, obligados por la situación de vulnerabilidad de sus núcleos familiares, integrados por madres solas o compuestos por un elevado número de miembros.  
A este panorama debe añadirse el efecto causado entre esas personas por la apertura de tiendas en monedas libremente convertibles (MLC), que complejizó aún más su situación. Estos comercios expiden productos en una moneda a la que no tiene acceso la mayoría de los manifestantes, y habían reforzado el mercado informal de reventa de insumos básicos para una vida digna, los cuales llegaron a precios inconcebibles para familias que, en muchos casos, están en el umbral de la pobreza extrema.
Elizabeth León (Foto: María Lucía Expósito)
Si analizamos la composición de los grupos etarios predominantes en las causas, es patente que el grupo más numeroso de manifestantes oscila entre los dieciocho y los treinta años, con un total de treinta y cuatro enjuiciados; mientras, entre los treinta y uno y cuarenta años fueron sentenciados catorce.  Únicamente trece detenidos exceden las cuatro décadas de vida.
La presencia mayoritaria de una ciudadanía joven, millennials, que ha vivido en carne propia las continuas crisis de la economía y se ha distanciado de los metarrelatos políticos gubernamentales, demuestran un panorama distinto en los posicionamientos cívicos y políticos de los manifestantes, que se alejan del discurso que atrajo a sus abuelos.
El otro aspecto que llevó a la ciudadanía al espacio público el 12 de julio, fue la desconfianza en las instituciones públicas y los poderes del Estado. La situación de fragilidad presente en los escenarios de la vida cotidiana de estas personas, las ha obligado en distintos momentos a acercarse a las dependencias gubernamentales para solicitar ser beneficiarios de políticas sociales, que pueden ir desde requerir círculos infantiles para sus hijos hasta subsidios por concepto de familias numerosas o por el mal estado de sus viviendas. Según refieren estas personas en nuestros intercambios, sus planteamientos han sido desoídos la mayor parte de las veces, lo cual les demostró la ineficacia de «los canales establecidos».
Esta situación ha cobrado mayor intensidad después del 12 de julio, pues los padres y familiares han remitido quejas sobre la instrucción de causas o sobre el propio proceso legal a instancias fiscales y a la presidencia de la República, que solo en algunos casos han tenido contestaciones escuetas; en otros, aún esperan respuesta.
Disenso político y criminalización gubernamental
A raíz del estallido social de julio pasado, importantes figuras políticas han empleado una serie de calificativos peyorativos para referirse a los manifestantes: «mercenarios, vándalos, lacayos o pagados del imperialismo». Tales expresiones han sido usadas indistintamente por Miguel Díaz Canel y otros funcionarios públicos con el fin de criminalizar el disenso, pero lo que hacen en realidad con estas etiquetas es pasar por alto la situación de pobreza y marcada desigualdad social de gran parte de los sectores que se manifestaron esos días. Para caracterizarlos, utilizan el suave término de «población vulnerable».   
María Luisa Fleitas y Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)María Luisa Fleitas (Foto: María Lucía Expósito)
En el firme intento de incluir a los manifestantes de La Güinera en la categoría de vándalos, uno de los aspectos alegados por el discurso político y los medios oficiales, es que la mayoría de los procesados de esa comunidad poseían antecedentes penales. No obstante, al examinar las tres causas seleccionadas, se verifica que, de un total de sesenta y un ciudadanos, cuarenta y cuatro, poco más de las dos terceras partes, no posee antecedentes penales; mientras, diecisiete de ellos sí ha tenido en algún momento de sus vidas una condena judicial.
En el caso de estos últimos, en su inmensa mayoría habían cumplido las sentencias, lo cual motiva dos cuestionamientos: ¿tener antecedentes penales constituye causa de limitación de los derechos políticos?, ¿acaso la justicia no debe tener carácter reeducativo, por qué criminalizar el disenso político, cuando el ciudadano ya ha pagado su pena?
Las condenas a los ciudadanos de esta comunidad reflejan la ausencia de una capacidad de negociación política, que, en lugar de apuntar a la búsqueda de soluciones para revertir la fragilidad social y económica presentes en dicha colectividad, optan por el uso punitivo de la justicia, sentenciando y criminalizando a los habitantes de barrios empobrecidos a penas ejemplarizantes.
Este panorama, lejos de resolver conflictos, agudiza la vida comunitaria y sienta precedentes en la mentalidad de una ciudadanía que hace décadas vive bajo el efecto de la crisis del modelo político y económico imperante en Cuba.

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La industria eléctrica nacional trabaja las 24 horas para enfrentar la difícil situación de generación

La industria eléctrica nacional trabaja organizadamente, las 24 horas del día, en los mantenimientos de los bloques energéticos desconectados del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y para solucionar las averías reportadas en otros a fin de sincronizarlos en el menor tiempo posible, a pesar de la situación compleja enfrentada por el sector.
Este jueves, la Unión Eléctrica (UNE) informó que se trabajaba en el montaje y prueba del rotor de baja presión de la turbina del bloque número dos de la termoeléctrica holguinera Lidio Ramón Pérez, para su capitalización, según actualizó la entidad en su página de Facebook.
Además, se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6 y 7 de la CTE Máximo Gómez, de Mariel, provincia de Artemisa; la unidad 4 de la CTE Diez de Octubre, de Nuevitas, Camagüey, y las unidades 3 y 4 de la CTE Antonio Maceo de Santiago de Cuba, mientras en mantenimiento figuran la unidad 8 de la cte Máximo Gómez, la unidad de la cte Otto Parellada, de la capital, y la unidad 2 de la cte Lidio Ramón Pérez, de acuerdo con la web de la UNE.
Igualmente, se reportan afectaciones en la generación distribuida, por averías y mantenimientos.
Al respecto, Edier Guzmán Pacheco, director de Generación Térmica de la une, explicó en el programa Mesa Redonda que se cuenta con el personal de las termoeléctricas, los más de 4 000 trabajadores de la Empresa de Mantenimiento a las Centrales Eléctricas y con los talleres de fabricación y reparación de piezas en todo el país.
«Los bloques están generando potencia en limitación; es decir, no producen todo lo que pueden, debido, fundamentalmente, a que no han recibido los mantenimientos que requieren», alertó.
Como «una condición muy compleja y difícil» definió Guzmán Pacheco la situación de las termoeléctricas, en las cuales recaen, además, otros factores como el envejecimiento de los bloques térmicos, y las limitaciones derivadas del bloqueo económico del Gobierno de EE. UU. contra Cuba.
DEL ENVEJECIMIENTO DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
Sobre el envejecimiento de los bloques térmicos, explicó que la edad promedio de envejecimiento de las unidades es de 37 años; el más antiguo tiene 50 años, mientras que el más nuevo es el bloque 6 de la CTE de Mariel, que sincronizó en 2021.
Indicó que se «considera que una unidad que llegue a las 200 000 horas de explotación es vieja, pues se deprime su capacidad de generación. Nosotros tenemos 13 unidades con más de 200 000 horas de explotación. Es decir, más del 50 % de nuestros bloques están envejecidos», significó.
Guzmán Pacheco señaló que esas unidades «necesitan ciclos de mantenimientos parciales y ligeros, que son los que dan el sostenimiento de la potencia y la confiabilidad del bloque para evitar averías. Tenemos 18 bloques fuera de ciclo de mantenimiento parcial y ligero, y 16 están fuera de ciclo de mantenimiento capital, que se debe realizar cada cinco años, y depende también del financiamiento», explicó.
Refirió que en los últimos años no se han podido realizar los mantenimientos capitales porque llevan procesos de preparación complejos.
El Director de Generación Térmica de la UNE puntualizó que los mantenimientos capitales son establecidos por el fabricante, pero, teniendo en cuenta que son bloques viejos, a veces hay que hacer modificaciones. «Su costo aproximado es de 90 millones de euros y se estima la preparación en casi dos años, para construcción y ordenamiento de piezas, y para ejecución, más de 200 días».
Profundizó en que parte importante de las piezas de repuesto se adquieren en la industria nacional, y otra parte con los fabricantes, por lo que hay que importarlas.
El directivo agregó que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por la administración estadounidense constituye un obstáculo, tanto para la adquisición de materiales, como para la adquisición, en específico, de piezas que fabrican determinadas compañías en el mundo, muchas de las cuales están bajo el control de empresas estadounidense.
Denunció que esa guerra económica también limita las transacciones y las operaciones con los bancos, y hay empresas que fabrican equipos, o piezas específicos que se niegan a suministrarlos a Cuba. Cuando hay un intermediario, ayuda, pero ello implica una remuneración, un costo extra.
Subrayó que la falta de mantenimiento lleva, en los últimos tiempos, a la salida de servicio de las plantas por emergencias, y a las averías reiteradas. «Cada dos días tenemos casi tres bloques fuera de servicio».
Informó que se realizaron 60 mantenimientos ligeros en 2021 en los bloques térmicos.
«Tenemos limitaciones de potencia de 600 megawatts (MW). Los bloques no alcanzan su potencia máxima. El combustible crudo lo tenemos, pero es más agresivo para la tecnología, acelera los procesos de suciedad. El azufre crea un nivel de corrosión muy alto en las calderas, los tubos pierden espesor», detalló.
«La situación es tensa. Cuando se incorporen estos bloques, tenemos planificado mantenimientos para encarar la etapa de verano con menos afectaciones. Las limitaciones se irán superando en la medida en que se den los mantenimientos, se incorporen estas unidades y se resuelva la situación del combustible», aseveró el directivo.

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Brazilian man allegedly gassed to death in police car boot

SharecloseShare pageCopy linkAbout sharingImage source, Getty ImagesThe death of a black man who was forced into a police car boot where a gas grenade was set off has sparked outrage in Brazil.Police stopped Genivaldo de Jesus Santos, 38, in the street in the north-eastern city of Umbaúba, Sergipe state, on Wednesday.Video footage showed two officers holding down the boot the man was in as thick smoke billowed from the car.An autopsy report on Thursday confirmed Mr Santos died of asphyxiation.Brazil’s federal highway police said a disciplinary proceeding has been opened to investigate the officers’ conduct. An investigation has also been opened by the federal police into the circumstances of Mr Santos’ death.There are conflicting reports of the incident.A police statement said that Mr Santos had been arrested because he had “actively resisted” the police’s approach, and that because of his “aggressiveness… immobilization techniques and instruments of less offensive potential” were used to restrain him.But Mr Santos’ nephew, Wallison de Jesus, told local media he had been at the scene, and his uncle had been riding a motorcycle when federal highway police officers stopped him and asked him to lift his shirt.He said his uncle took prescription medication for schizophrenia, and got nervous when the officers found the medication.He claimed that he had warned the police about his uncle’s condition, and “then the torture began”. He said the officers pinned him to the ground and bundled him into the vehicle’s boot.Don’t kill me, kill racism, black Brazilians pleadRio police accused of executing suspects in raidThe video footage, widely circulated online, shows Mr Santos’ legs dangling from the car, with the rest of his body inside. As he kicks and screams, two officers are seen pushing down on the boot door, while a gas grenade appears to be released inside.”They’re going to kill the guy,” a bystander can be heard saying as Santos’s legs stop moving.His nephew said the officers left for the police station, and took him to the hospital when they realised he was unconscious. A police statement said Mr Santos was pronounced dead at the hospital.An autopsy by the state forensic medical institute said he had died of asphyxia but that it could not determine what had caused it.But Mr Santos’ widow, Maria Fabiana dos Santos, described the incident as “a crime” and told local newspaper G1 that her husband had never been violent.The incident has led to widespread condemnation across Brazil, with many criticising the police’s alleged actions as an act of racism. The incident happened on the two-year anniversary of the killing of George Floyd, a black man, by police in the United States.Renata Souza, a black activist and politician, tweeted: “Another black body executed by the hands of the State. It is unacceptable.”A protest was also staged before Mr Santos’ funeral in Umbaúba on Thursday, G1 reports, where tyres were set on fire on the road where he was killed.Police violence is not uncommon in Brazil. Earlier this week, more than 20 people died in a police raid in a Rio de Janeiro slum. Police have since faced accusations of using excessive force against the deceased, which one human rights lawyer claimed amounted to torture.You may also be interested in:This video can not be playedTo play this video you need to enable JavaScript in your browser.More on this storyRio police accused of executing suspects in raidRio de Janeiro drugs raid shootout leaves 25 deadDon’t kill me, kill racism, black Brazilians plead

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Nicolás Maduro sobre el ALBA: «Aquí nadie se considera el jefe, el que pone, el que quita»

Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, una de las naciones que Estados Unidos excluye de la Cumbre de las Américas junto a Cuba y Nicaragua, tomó la palabra durante la la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
De manera contundente, señaló en su discurso que los participantes en la reunión han sostenido una jornada previa de «debates intensos, abiertos y francos» sobre los caminos de Nuestra América en esta etapa, con el espíritu del diálogo entre iguales.
Con el espíritu entre hermanos e iguales somos capaces de debatir, dijo Maduro. El ALBA tiene ya un patrimonio y una doctrina clara de la relación de los pueblos. Puede demostrar resultados concretos de nuestra agenda de trabajo desde que fuimos fundados hace 18 años. Añadió que la organización ha logrado expandir el concepto de unión latinoamericanista y caribeña.
«Aquí nadie se considera el jefe, el que pone, el que quita», señaló el Jefe de Estado en clara referencia a lo ocurrido con la IX Cumbre de las Américas, prevista para celebrarse en Los Ángeles.
«Hemos debatido sobre la convocatoria de la llamada Cumbre de las Américas, y decimos que es errática porque se pretende excluir de esa reunión a Nicaragua, Cuba y Venezuela», agregó.
También alertó sobre la protesta de los pueblos ante esta exclusión y el levantamiento de voces importantes como la de la Comunidad del Caribe (Caricom), donde los 14 gobiernos se pronunciaron. Otra voz firme y valiente, dijo, fue la de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a quien agradeció por estar al frente de esta lucha por la verdad.
«Ha valido la pena la lucha de los latinoamericanos por levantar la bandera de la unidad. Nuevos y mejores tiempos vienen para los pueblos de América Latina y el Caribe y esos tiempos vendrán de nuestras batallas porque se respeten nuestros derechos», significó Nicolás Maduro.
Detalló que recientemente han salido en los Estados Unidos declaraciones de altos cargos de la era del exmandatario, Donald Trump, donde se dibujan los planes que se desarrollaron para invadir Venezuela con mercenarios y provocar un conflicto armado, con el apoyo del Gobierno venezolano.

XXI Cumbre del ALBA-TCP en La Habana .Fragmentos de la intervención del Presidente de #Venezuela , @NicolasMaduro.#ALBAUnida pic.twitter.com/AyGloA9ers
— Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) May 27, 2022
Denunció como la nación norteña ha intentado boicotear la industria petrolera de su país, pero a pesar de ello, hoy Venezuela sale adelante económica y socialmente. Y esa Venezuela en ritmo de recuperación, no la excluye nadie: «la voz de Cuba, Nicaragua y la ALBA retumbará en la Cumbre de las Américas», enunció.
Agradeció las declaraciones valientes de Alberto Fernández, presidente de Argentina, para condenar la política de desunión.
Denunció el intento de exclusión como una posición errática. «No perdamos la perspectiva real, el siglo XXI es el de la unión y de la soberanía», subrayó.
Este es nuestro camino, el de los iguales, del respeto, de la inclusión, y de la integración, de la convocatoria unitaria en su compromiso con el camino de la unión y la inclusión, concluyó el mandatario venezolano.

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