HAVANA CLIMA

Consideran “inexplicable” en la ONU demora en visados a corresponsales de Prensa Latina

Edificio de Naciones Unidas, Nueva York. Foto: AP.

La presidenta de la Asociación de Corresponsales de Naciones Unidas (UNCA, por sus siglas en inglés), Valeria Robecco, declaró que le sorprende la “inexplicable demora” de las autoridades de Estados Unidos en la entrega de visas a periodistas de Prensa Latina acreditados ante la ONU, quienes llevan más de dos años de espera sin recibir respuesta.

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Sentenciando a una comunidad empobrecida

La justicia es igual a las serpientes: 
Sólo muerden a los que están descalzos.

Monseñor Romero
***
El 12 de julio del 2021 la ciudadanía protestó de forma masiva en La Güinera, barrio del municipio habanero de Arroyo Naranjo. Esta manifestación se debe situar en el contexto del estallido social que sacudió el archipiélago desde la jornada anterior, y que tuvo como resultado más de mil personas detenidas en los días siguientes, la muerte del ciudadano Diubis Laurencio, así como un amplio despliegue de la violencia de Estado.
A estos hechos ha seguido el desarrollo de varias causas judiciales contra un total de 161 ciudadanos residentes en la comunidad en cuestión, según datos aportados por la ONG Justicia 11J. Los delitos más frecuentes en las condenas han sido sedición, propagación de epidemias, desacato, desordenes públicos y atentado.
Un patrón que se repite en las sentencias se basa en que los testigos presentados por fiscalía, en su inmensa mayoría, fueron oficiales del Ministerio del Interior o la Policía Nacional Revolucionaria. Además, si bien se observan en estos documentos referencias a los episodios de violencia por parte de los manifestantes, se omite toda información concerniente al ejercicio de la fuerza policial y de los funcionarios gubernamentales, visibles en los videos grabados por la ciudadanía y en el testimonio de los familiares.
Aun cuando existe un alto cúmulo de información sobre los sucesos del 11 y 12 de julio, en este texto nos concentraremos en analizar la compleja situación social de la comunidad La Güinera, reflejada en los propios dictámenes judiciales y en la información aportada por los familiares de los presos. Con ese fin se seleccionaron como muestra las sentencias de las causas 13/21; 14/21 y 19/21. En esos procesos fueron juzgados sesenta y un ciudadanos, con edades comprendidas entre los diecisiete y los sesenta y cuatro años. Las penas impuestas por los jueces oscilaron entre seis y veintiséis años de prisión.
Durante la visita del presidente Miguel Díaz Canel a La Güinera, el 20 de agosto del 2021, los medios oficiales intentaron presentar al barrio «como un espacio social donde las problemáticas poblacionales estaban resueltas o en vías de solución». En cambio, las sentencias ofrecen información que permite constatar la enorme complejidad de las dificultades existentes en el tejido social y la vida comunitaria, que tienen como denominadores comunes la agudización de la pobreza y la exclusión social.
Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)
Escolarización, empleo y relación con las instituciones gubernamentales
En el texto que publiqué en este espacio el pasado mes de marzo, afirmé que los efectos de las continuas crisis económicas y del deterioro del modelo socio-político cubano, han influido en el débil mercado laboral de los residentes en este barrio. Tal proceso tiene su expresión más apreciable en tres características comunitarias: elevada tasa de abandono del sistema educativo al concluir la enseñanza media, auge del empleo informal y desconfianza en las instituciones públicas o gubernamentales.
Si bien en la sentencia de la causa 13/21 no se ofrece información sobre el nivel educativo de los imputados, los expedientes 19/21 y 14/21 aportan datos que permiten develar la naturaleza social del estallido en cuestión. El alto índice de abandono escolar se encuentra motivado por la precarización del nivel de vida, la disfuncionalidad de los hogares y la falta de acceso a elementos tecnológicos, como computadoras o discos externos, que permitan responder a las necesidades de los procesos docentes en la educación superior. Esta tesis es verificable a simple vista en las sentencias, pues de los acusados analizados ninguno posee titulación universitaria.
En un país en que la escolaridad obligatoria es hasta el noveno grado, los datos presentes en las sentencias ofrecen un panorama educativo desolador: cuatro detenidos poseen 6to grado de escolaridad, veintisiete concluyeron el 9no grado y solo nueve poseen el duodécimo grado. Dicha información muestra la presencia de un alto índice de escolarización elemental, pero también revela una abrupta deserción escolar, que, lejos de favorecer la continuidad de estudios al menos hasta el preuniversitario, potencia la incorporación de adolescentes al mercado laboral, en especial en el sector informal.
El otro elemento que evidencia la situación de vulnerabilidad económica que incentivó a la ciudadanía a tomar el espacio público, es la informalidad del mercado laboral, que se agudizó aún más con la «Tarea Ordenamiento», la crisis de desabastecimientos y el proceso de hiperinflación que se vive en el país. El agravamiento de esta realidad condujo a las protestas, pues empeoraron el acceso a la alimentación, los medicamentos y otros insumos básicos en medio del peor pico de la pandemia de covid-19.
La inestabilidad del mercado laboral se observa en el alto nivel de desocupación declarado en los procesos judiciales. Esta información ha sido empleada por el Gobierno para criminalizar a los manifestantes, sin ofrecer las causas sociológicas y económicas que la originaron. Los datos y la realidad de la comunidad demuestran el difícil panorama laboral de sus habitantes: en el momento de la manifestación, treinta siete personas se encontraban desempleadas, solo quince tenían vinculación laboral reconocida, tres eran estudiantes y uno estaba atendido por la Seguridad Social.
Estos datos deben ser contrapuestos con la información aportada por los familiares de los detenidos. De las ocho familias consultadas, se pudo constatar que sus hijos realizaban distintas actividades en el sector de la economía informal, obligados por la situación de vulnerabilidad de sus núcleos familiares, integrados por madres solas o compuestos por un elevado número de miembros.  
A este panorama debe añadirse el efecto causado entre esas personas por la apertura de tiendas en monedas libremente convertibles (MLC), que complejizó aún más su situación. Estos comercios expiden productos en una moneda a la que no tiene acceso la mayoría de los manifestantes, y habían reforzado el mercado informal de reventa de insumos básicos para una vida digna, los cuales llegaron a precios inconcebibles para familias que, en muchos casos, están en el umbral de la pobreza extrema.
Elizabeth León (Foto: María Lucía Expósito)
Si analizamos la composición de los grupos etarios predominantes en las causas, es patente que el grupo más numeroso de manifestantes oscila entre los dieciocho y los treinta años, con un total de treinta y cuatro enjuiciados; mientras, entre los treinta y uno y cuarenta años fueron sentenciados catorce.  Únicamente trece detenidos exceden las cuatro décadas de vida.
La presencia mayoritaria de una ciudadanía joven, millennials, que ha vivido en carne propia las continuas crisis de la economía y se ha distanciado de los metarrelatos políticos gubernamentales, demuestran un panorama distinto en los posicionamientos cívicos y políticos de los manifestantes, que se alejan del discurso que atrajo a sus abuelos.
El otro aspecto que llevó a la ciudadanía al espacio público el 12 de julio, fue la desconfianza en las instituciones públicas y los poderes del Estado. La situación de fragilidad presente en los escenarios de la vida cotidiana de estas personas, las ha obligado en distintos momentos a acercarse a las dependencias gubernamentales para solicitar ser beneficiarios de políticas sociales, que pueden ir desde requerir círculos infantiles para sus hijos hasta subsidios por concepto de familias numerosas o por el mal estado de sus viviendas. Según refieren estas personas en nuestros intercambios, sus planteamientos han sido desoídos la mayor parte de las veces, lo cual les demostró la ineficacia de «los canales establecidos».
Esta situación ha cobrado mayor intensidad después del 12 de julio, pues los padres y familiares han remitido quejas sobre la instrucción de causas o sobre el propio proceso legal a instancias fiscales y a la presidencia de la República, que solo en algunos casos han tenido contestaciones escuetas; en otros, aún esperan respuesta.
Disenso político y criminalización gubernamental
A raíz del estallido social de julio pasado, importantes figuras políticas han empleado una serie de calificativos peyorativos para referirse a los manifestantes: «mercenarios, vándalos, lacayos o pagados del imperialismo». Tales expresiones han sido usadas indistintamente por Miguel Díaz Canel y otros funcionarios públicos con el fin de criminalizar el disenso, pero lo que hacen en realidad con estas etiquetas es pasar por alto la situación de pobreza y marcada desigualdad social de gran parte de los sectores que se manifestaron esos días. Para caracterizarlos, utilizan el suave término de «población vulnerable».   
María Luisa Fleitas y Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)María Luisa Fleitas (Foto: María Lucía Expósito)
En el firme intento de incluir a los manifestantes de La Güinera en la categoría de vándalos, uno de los aspectos alegados por el discurso político y los medios oficiales, es que la mayoría de los procesados de esa comunidad poseían antecedentes penales. No obstante, al examinar las tres causas seleccionadas, se verifica que, de un total de sesenta y un ciudadanos, cuarenta y cuatro, poco más de las dos terceras partes, no posee antecedentes penales; mientras, diecisiete de ellos sí ha tenido en algún momento de sus vidas una condena judicial.
En el caso de estos últimos, en su inmensa mayoría habían cumplido las sentencias, lo cual motiva dos cuestionamientos: ¿tener antecedentes penales constituye causa de limitación de los derechos políticos?, ¿acaso la justicia no debe tener carácter reeducativo, por qué criminalizar el disenso político, cuando el ciudadano ya ha pagado su pena?
Las condenas a los ciudadanos de esta comunidad reflejan la ausencia de una capacidad de negociación política, que, en lugar de apuntar a la búsqueda de soluciones para revertir la fragilidad social y económica presentes en dicha colectividad, optan por el uso punitivo de la justicia, sentenciando y criminalizando a los habitantes de barrios empobrecidos a penas ejemplarizantes.
Este panorama, lejos de resolver conflictos, agudiza la vida comunitaria y sienta precedentes en la mentalidad de una ciudadanía que hace décadas vive bajo el efecto de la crisis del modelo político y económico imperante en Cuba.

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Supera las mil firmas la petición para expulsar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos

El Centro por una Cuba Libre, institución independiente y apartidista dedicada a promover los derechos humanos y la transición a la democracia y el estado de derecho en Cuba, impulsa una petición para expulsar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.La iniciativa fue lanzada en la plataforma Change.org bajo el argumento de que “el régimen de Castro no merece estar en el Consejo socavando los estándares internacionales de derechos humanos”, sino que, por el contrario, “merece ser procesado por la Corte Penal Internacional por sus propias violaciones de derechos humanos cometidas mientras está actualmente en el Consejo”. A la fecha, la petición ha recopilado más de mil firmas electrónicas en la plataforma Change.org.Según la fundamentación de la colecta de firmas, la inclusión de la dictadura en el Consejo de Derechos Humanos en 2020 “convirtió en burla al disfuncional organismo internacional de derechos humanos”, y por tanto considera que “es el momento de limpiar el disfuncional consejo de derechos humanos para que pueda cumplir con sus deberes en este momento crítico”.

Entre los elementos probatorios de las constantes violaciones de los derechos humanos en la isla se hace énfasis en las medidas impulsadas por el Estado cubano tras las protestas antigubernamentales el 11 de julio de 2021. 

Al divulgar la petición en sus redes sociales el Centro por una Cuba Libre declaró este viernes “¿Cómo vota el régimen de Castro en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Da la espalda al pueblo iraní. Una razón más para expulsar a Cuba del organismo internacional de derechos humanos del mundo”.En respuesta, la usuaria Sirley Ávila León dijo: “Los Castro que tienen secuestrado el nombre de Cuba por más de 62 años, son responsables de crímenes de lesa humanidad, muchos son los gobiernos democráticos y gobernantes que se convierten en cómplices por no accionar en su contra para expulsarlos del CNUDH (Consejo DDHH de ONU)”. El pasado 4 de abril Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, denunció en su perfil de Twitter que los gobiernos de Armenia, Bolivia, China, Cuba, Eritrea, India, Indonesia, Kazajstán, Pakistán, Rusia, Uzbekistán y Venezuela le habían “dado la espalda cruelmente al pueblo iraní”.En ese entonces, la internauta Carolina Piris señaló “que son países que siempre votan no” y cuestionó “¿Por qué están en el consejo de la ONU cuando está claro que no les importan los derechos humanos? Seguramente hay razones diplomáticas/políticas detrás”. 

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Completaron vacunación más de nueve millones 962 mil cubanos

 
La Habana, 27 may (ACN) Un total de nueve millones 962 mil 411 personas ya completaron el esquema de vacunación anti-COVID-19 con los inmunógenos desarrollados en Cuba, Soberana 02, Soberana Plus y Abdala.
Según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap), dicha cifra representa el 89,9 por ciento de la población del país.
Al cierre de este 25 de mayo habían recibido al menos una dosis 10 millones 668 mil 396 personas, de ellas tienen segunda dosis nueve millones 408 mil 655, y una tercera, nueve millones 109 mil 759.

Hasta el 25/5 han recibido una dosis de una de las vacunas cubanas SOBERANA 02, SOBERANA Plus y ABDALA, 10 668 396 personas. De ellas ya tienen 2da dosis 9 408 655 y 3ra dosis 9 109 759.Tienen esquema de vacunación completo 9 962 411 personas.👉https://t.co/MZWfQg7bWZ pic.twitter.com/oHO05ursLL
— Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) May 27, 2022

Informa el Minsap que cuentan con dosis de refuerzo siete millones 235 mil 190 personas, de ellas 323 mil 811 como parte de estudios clínicos, y seis millones 911 mil 379 en la vacunación de refuerzo que se está aplicando a población de territorios seleccionados y grupos de riesgo.
En suma, se acumulan en el país 36 millones 724 mil 691 dosis administradas con las vacunas cubanas.
Desde el inicio de la epidemia en Cuba, en marzo de 2020, se han diagnosticado un millón 105 mil 181 pacientes positivos en coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, de los cuales se han recuperado un millón 096 mil 387 (el 99,2 por ciento).
Indica el parte que se mantienen ingresados 206 pacientes con diagnóstico positivo a la enfermedad, de ellos 203 con evolución clínica estable, y tres se atienden en terapia intensiva, en estado grave.
Lea más: Continúan protegiendo a población de Las Tunas contra la COVID-19
En dicho periodo, son ocho mil 529 los fallecidos por complicaciones asociadas a la enfermedad, para una letalidad del 0,77 por ciento.

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Presidente de Cuba reitera condena a sanciones contra Rusia y Bielorrusia por la invasión a Ucrania

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, condenó este viernes las sanciones occidentales contra Rusia y Bielorrusia, y abogó por una mayor cooperación entre la isla y la Unión Económica Euroasiática (UEE), liderada por Moscú.«Cuba se opone a las medidas coercitivas unilaterales contra Rusia y Bielorrusia, las cuales agravan la situación económica regional e internacional y dificultan las posibilidades de desarrollo para nuestros pueblos», dijo el mandatario cubano en un mensaje de vídeo, emitido durante la cumbre de la UEE en Biskek.Reseña la agencia Efe que el presidente de Cuba, que tiene estatus de observador ante la UEE, formada, además de Rusia y Bielorrusia, por Armenia, Kirguistán y Kazajistán, aseguró que el conflicto militar en Ucrania, por el que Moscú afronta las actuales sanciones «pudo haberse evitado». «El conflicto militar pudo haberse evitado si se hubieran atendido con seriedad y respeto los fundados reclamos de garantías de seguridad de Rusia», dijo.Asimismo, agregó que la Isla «seguirá defendiendo la paz en todas las circunstancias» a través de un diálogo serio entre las partes que ofrezca garantías de seguridad y soberanía para todos.Las palabras del mandatario refuerzan la posición tomada por la Isla desde el inicio de la invasión militar de Rusia en territorio ucraniano, fijada por una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) que abogaba por una solución «diplomática seria, constructiva y realista de la actual crisis» que «garantice la seguridad y soberanía de todos, así como la paz, la estabilidad y la seguridad regional e internacional».Sin condenar la incursión militar rusa, el gobierno de La Habana ha considerado la «progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras del país euroasiático» como el detonante del conflicto, y responsabilizó a EEUU y a la Alianza Atlántica por el «cerco militar progresivo» a Rusia, ante el que, dijo, esta tiene «derecho a defenderse», pues «no es posible conseguir la paz cercando ni acorralando a los Estados».En cuanto a las relaciones con la UEE, Díaz-Canel reafirmó la disposición de su gobierno de participar activamente en las actividades de esa organización, en calidad de país observador. En este sentido, destacó los contactos actuales entre la Cámara de Comercio de Cuba con organismos de la UEE para estrechar la cooperación en distintos ámbitos, agrega Efe.También mencionó las negociaciones entre las autoridades cubanas y rusas para permitir la circulación de las tarjetas bancarias rusas MIR en el país caribeño, lo que «repercutirá favorablemente en el sector turístico».La Habana y Moscú han impulsado en los últimos años su relación bilateral para tratar de restablecer la estrecha cooperación que mantenían hasta la desaparición de la Unión Soviética en 1991. Rusia es uno de los 10 primeros socios comerciales de Cuba, y ambos definen su asociación como “estratégica”.Cuba ofrece a la Unión Económica Euroasiática sus avances en el sector farmacéuticoEn 2014, Moscú condonó el 90 % de la deuda contraída por la isla, valorada en 35 300 millones de dólares. También prorrogó hasta 2027 los créditos que le dio a Cuba entre 2006 y 2019 para financiar proyectos en las esferas de la energía, la industria metalúrgica y el transporte, así como para el suministro de mercancías necesarias para el desarrollo de la economía de la Isla.A finales de enero los presidentes Díaz-Canel y Vladimir Putin sostuvieron una conversación telefónica en la que abordaron temas relacionados con la cooperación estratégica entre ambos países, además de reiterar «la intención de trabajar en estrecha colaboración para fortalecer las relaciones bilaterales» y trabajar para «intensificar los contactos a varios niveles».Efe/OnCuba.

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